La fiscalía de San Luis Potosí deberá volver a analizar el caso de la muerte de Karla Pontigo, esta vez con perspectiva de género. Los magistrados abren la puerta a examinar a las autoridades que participaron en una investigación irregular.
La Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó por unanimidad la reclamación de la familia de Karla del Carmen Pontigo Lucciotto, muerta el 29 de octubre de 2012 en San Luis Potosí. Los cuatro magistrados presentes en la audiencia avalaron el proyecto firmado por el ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y que pide que se anule la investigación que observaba el fallecimiento como un accidente, que se investigue nuevamente con perspectiva de género y que se valore investigar, administrativa o penalmente, a las autoridades que participaron de las pesquisas.
La decisión llega después de siete años en los que Esperanza Lucciotto, madre de la víctima, ha peleado para demostrar que su hija no murió víctima de un accidente, sino que fue asesinada.
Karla Pontigo tenía 22 años, había terminado sus carreras de estilista y sistemas computacionales y estudiaba masaje terapéutico. Todo ello lo compaginaba con trabajo en un spa y en la discoteca Play. Allí la iba a recoger todos los días su hermano. También el fatídico 28 de octubre en el que se la encontró malherida y en medio de un charco de sangre. Al principio, los empleados de seguridad no quisieron dejarle entrar al local.
Un día después, Karla Postigo estaba muerta. Y su familia comenzaba un calvario. Sus intentos por saber qué ocurrió con la joven se encontraron con las irregularidades y omisiones de fiscales, policías y jueces.
La única tesis a la que se dio validez fue la del accidente. Según los investigadores de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí, Karla murió al chocar contra un cristal. Por este motivo, la investigación señaló al gerente del local por “homicidio culposo”, es decir, por cometer una imprudencia. Su familia siempre denunció que se trataba de un feminicidio. Ahora la justicia tendrá que iniciar nuevamente todas las investigaciones.
“Me siento bien, contenta, pero con sentimientos encontrados”, dijo Esperanza Luciotto. La víspera mostraba confianza en la decisión de la Corte. Después de que los ministros le diesen la razón, la mujer sintió una alegría extraña. Tiene que ser difícil explicar ese sentimiento: satisfacción porque siete años después alguien te haga caso, pero todo dentro de la tragedia que es perder a una hija.
Para sobrellevar la tensión, Luciotto se acompañó de Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, la primera víctima de feminicidio cuyo caso tuvo que volver a ser investigado por mandato de la Corte Suprema, y Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, asesinada por su pareja en 2017 y víctima también de un irregular proceso judicial en el que se puso en cuestión la versión de que la mataron por el hecho de ser mujer.
“Ella entiende el dolor tan grande que siento”, dijo.
“Ahora hay que ver cómo va a trabajar la Procuraduría, cómo va a trabajar la Fiscalía y que se pongan a hacer lo que les dijeron”, añadió Lucciotto.
En realidad, el camino que tiene por delante es tremendamente complejo. Implica desandar siete años de investigación irregular y regresar al punto en el que ministeriales, fiscales y policías no hicieron bien su trabajo.
“Ahora vamos empezando con esa justicia que hemos estado luchando, para que ahora sí nos la den de verdad”, dijo.
Animal Político consultó a la Fiscalía de San Luis Potosí sobre los pasos a dar en los próximos meses, así como sobre el estado de la investigación derivada de la recomendación de la CNDH 55/2015, en la que se llega a señalar a ocho funcionarios públicos. Al cierre de la nota no había recibido respuesta.
Lo que tiene Esperanza Lucciotto por delante no es fácil pero, al menos, la Corte le ha dado la razón. Ahora lo que toca es “reiniciar la investigación”, explica Ana Sandra Salinas Pérez, abogada de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
El primer paso es que la Suprema Corte elabore un documento llamado “engrose”, en el que se notifica a todas las partes la sentencia. A partir de ahí, dice la abogada, “comienza la etapa de cumplimiento”.
Por una parte, toca a la Fiscalía revisar todo lo que no hizo desde aquel 28 de octubre de 2012, en el que Karla apareció en la discoteca Play en un charco de sangre. Por otro lado, la familia podrá intervenir en las pesquisas, ya que la sentencia ordena que sean consideradas como lo que son, como víctimas.
“Estamos viviendo un momento de cambios. Entonces era Procuraduría, ahora es Fiscalía, hay una transformación en cómo es la procuración de justicia”, dijo. La abogada demanda equipos interdisciplinarios que puedan agilizar las investigaciones y transparencia hacia los familiares. “Ya no van a poder decir que nos niegan información porque está clasificada”, dijo.
“Una medida de reparación es en sí mismo conocer la verdad y la Corte lo deja claro, que lo que ha habido es una simulación de la justicia”, afirmó. Al mismo tiempo, reivindicó que se conozca qué ocurrió en los últimos momentos de vida de Karla, pero también en el hospital, cuando la familia de la víctima fue coaccionada para donar sus órganos.
La sentencia también ordena analizar el papel de las autoridades. Y esto también corresponderá a la Fiscalía, ya que, según la abogada, no es necesario crear nuevos grupos. “Queremos que se haga investigación efectiva, eficaz, y si alguien incurrió en comisión de delito o responsabilidad administrativa, se le sancione”, sentenció.
