AMLO vs órganos autónomos: un año de acusaciones, 'castigo' de presupuesto y reacomodos
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AMLO vs órganos autónomos: un año de acusaciones, 'castigo' de presupuesto y reacomodos

El presidente López Obrador acusa que en el pasado se creó "una constelación" de órganos autónomos, muy costosos para el país, mientras la oposición señala el intento de desmantelar los contrapesos a su gobierno.
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5 de diciembre, 2019
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Durante su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado varias críticas contra el papel que han tenido en los últimos sexenios órganos autónomos y reguladores como el INE, el INAI, la Comisión Reguladora de Energía y la CNDH. 

Los tachó de haber sido una simulación, un gobierno paralelo que ha sido muy costoso para el país. Pero además de denostarlos en las conferencias mañaneras, los legisladores de su partido -con mayoría en el Congreso- ‘castigaron’ en el presupuesto a estos organismos de contrapeso, tanto en 2019 como para 2020. Además, cuando tuvo oportunidad, el Ejecutivo buscó designar en ellos a funcionarios afines a su proyecto político. 

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Para 2020, el INE recibió 6.4% menos de lo que pidió; la CNDH, 1.94% menos; la Comisión Federal de Competencia, 1.40% menos de lo que solicitó; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 10.91% menos; el INAI, 5.39% menos; la Fiscalía General de la República, 8.24% menos; la Suprema Corte de Justicia, 3.99% menos, y el TEPJF, un recorte de 3.26%. 

Al hacer la comparación de 2019 con 2018, los autónomos ya habían tenido recortes. El INAI recibió 17.9% menos; el IFT 14.2% menos; la Comisión Federal de Competencia Económica, 9.2% menos; la CNDH, 6.6% menos, y el INE 35.1% menos, considerando que el año previo había tenido el gasto de las elecciones federales. 

En el caso específico del Poder Judicial, donde el presidente ha hablado de que está en proceso “una limpia” contra la corrupción, incluyó en sus ternas para la Suprema Corte de Justicia a personajes que también fueron cuestionados por ser cercanos a él, o a su círculo de colaboradores.

De hecho en la sucesión que se avecina, tras la salida de la Corte de Eduardo Medina Mora, una de las mujeres que postuló para ministra, Margarita Ríos-Farjat, trabaja actualmente en su gobierno como titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

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Ante los señalamientos de analistas y opositores sobre un intento de socavar la autonomía o la imparcialidad del Poder Judicial, su partido en el Senado, Morena, ha defendido que los dos nombramientos de ministros que se han concretado hasta ahora, del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, han privilegiado la capacidad jurídica, más allá de tener cercanía o simpatía con el presidente.

Renuncias, nombramientos y adiós al INEE

La llegada de López Obrador al gobierno sacudió a los órganos autónomos, de evaluación y regulación y al Poder Judicial, por las reducciones de presupuesto, limitaciones a los salarios, las nuevas designaciones y reformas como la educativa, que implicó la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE).

Uno de los casos más polémicos se dio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Después de las críticas de López Obrador a la Comisión bajo el mandato de Raúl González Pérez, llegó al Senado una terna que incluía a la activista Rosario Piedra, para sucederlo en el cargo.

La oposición criticó que Piedra tuviera en su historial haber sido candidata a diputada por Morena, y luego acusó que había sido elegida para encabezar la CNDH por medio de un fraude en la votación en el Senado, sin haber reunido la mayoría calificada. 

A pesar de dichas críticas, y de que incluso activistas y agrupaciones de víctimas le pidieran que no tomara el cargo hasta aclarar las dudas sobre el proceso, Piedra rindió protesta en medio de gritos y jaloneos, y aún así López Obrador se congratuló por su designación.

Otro cambio de mando se dio en la Comisión Reguladora de Energía. Guillermo García Alcocer dejó la presidencia de dicho organismo en junio, cuando aún le quedaban cuatro años a su periodo. Lo hizo después de que el gobierno de López Obrador informara sobre una investigación en su contra, por un posible conflicto de interés como titular de la CRE. En su lugar fue nombrado uno de los personajes propuestos por el presidente, Vicente Melchi García.  

En cuanto al Coneval, encargado de medir la pobreza en México, López Obrador determinó que Gonzalo Hernández Licona dejara el mando de dicho organismo, que había mantenido más de 10 años. 

La decisión del presidente se dio cuatro días después de que Hernández Licona señalara en una columna las afectaciones al Coneval por los recortes de presupuesto que en 2019 le había aplicado el gobierno federal.

“Ya llevaba 13 años y quería seguir ahí. Por cuestiones de honestidad, él debería entender que ya no es la misma política, no somos neoliberales”, mencionó López Obrador, en medio de cuestionamientos en diferentes espacios sobre si la decisión afectaría el desempeño del Coneval, al cortar con la especialización que había logrado Hernández Licona, y sobre si había un intento de debilitar la labor del Consejo de Evaluación, antes de que emitiera evaluaciones de los programas sociales de su gobierno contra la pobreza. 

Al insistir en mencionar que los organismos autónomos habían sido un gasto excesivo para el país (para 2020, los órganos autónomos representan el 3% de todo el gasto programable), el presidente incluso planteó la posibilidad de que el Inegi hiciera la labor del Coneval, aunque el propio Inegi había reclamado en 2019 que no contar con el presupuesto que había solicitado -pidió 17 mil millones de pesos y le dieron 12 mil- lo obligó a cancelar o suspender una decena de proyectos.

Además de los organismos ya mencionados, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos también hubo relevo en el mando este año, y llegó una persona propuesta por el presidente López Obrador, como lo establece la ley, Rogelio Hernández. 

En la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), el presidente nombró a Ángel Carrizales, exintegrante de la llamada Ayudantía de López Obrador. Ante las dudas sobre su experiencia para estar en el cargo, el mandatario dijo que, más que la experiencia, era más importante la honestidad. 

Tres ministros propuestos por AMLO

En lo que va del gobierno de López Obrador, han sido nombrados dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, como resultado de ternas presentadas por el presidente. Y próximamente habrá una tercera designación.

En diciembre de 2018 fue nombrado Juan Luis González Alcántara Carrancá, en sustitución de José Ramón Cossío Díaz. 

Luego en marzo ya de este año, fue nombrada como ministra Yasmín Esquivel Mossa, cuestionada por organizaciones civiles ante un posible conflicto de interés, ya que es esposa del contratista José María Rioboó, empresario cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El siguiente nombramiento resultará de la terna integrada por Ríos-Farjat, que actualmente es titular del SAT, Diana Álvarez Maury y la académica Ana Laura Magaloni. Su designación será para cubrir el sitio que deja Eduardo Medina Mora, quien renunció a la Suprema Corte en medio de los reportes de que enfrenta denuncias en su contra, por presunto lavado de dinero. 

Otro cambio a partir de la llegada de López Obrador al gobierno se dio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde Janine Otálora renunció a la presidencia, señalando que el país vivía una nueva época y el Tribunal debía adaptarse. Su salida se dio después de que otro magistrado del TEPJF amagara con presentar denuncias en su contra, por presuntas prácticas irregulares que llevaron al Tribunal a validar la elección en Puebla y favorecer a la panista Martha Erika Alonso, mientras Morena reclamó fraude. 

El caso del INE

El Instituto Nacional Electoral acusó que el Congreso federal, con mayoría de Morena, no le dio presupuesto suficiente para 2019 y para el próximo año es la misma situación. Los consejeros han advertido que al recibir mil 71.5 millones de pesos de lo que habían solicitado se verán afectadas sus funciones y estará “al límite” su capacidad operativa, de cara a las elecciones federales de 2021. 

Además, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió sobre una iniciativa de legisladores de Morena, partido de López Obrador, para que la presidencia del INE dure solo 3 años y no 9, como está establecido ahora. De concretarse, dijo Córdova, estaría en riesgo la autonomía del Instituto y podría quedar subordinado a los intereses del partido que tenga la mayoría política.

Lo que ha dicho AMLO de los autónomos 

Desde el inicio de su administración, López Obrador acusó que en gobiernos previos fue creada “toda una constelación” de organismos independientes, “supuestamente autónomos”, que en realidad sirvieron para “facilitar el robo”, para entregar contratos y permisos a empresas particulares. 

“Afortunadamente se vencieron plazos en estos organismos autónomos o algunos renunciaron porque ya no les parecieron los sueldos”, dijo sobre las reducciones de salarios que estableció su gobierno y los cambios de funcionarios que comenzaron a darse en dichas instancias.

Apenas al día siguiente, acusó al INAI de operar para “mantener en secreto asuntos” en favor de minorías (aquí puedes leer El Sabueso sobre si en verdad el INAI y la CNDH han sido siempre omisos, como dice el presidente). Y de la Comisión Reguladora de Energía, dijo que sirvió en la etapa neoliberal para proteger intereses particulares.  

Respecto a la CNDH, acusó en otro momento que “nunca vio nada sobre las violaciones graves de los derechos humanos”. Sus críticas hacia la Comisión arreciaron luego de que ésta emitiera una recomendación a su gobierno, para que reconsiderara su decisión de ya no dar recursos a las estancias infantiles.

En cuanto al INE y el TEPJF, López Obrador dijo que no habían estado a la altura de las circunstancias y se habían hecho de la vista gorda en el pasado, avalando fraudes electorales (aquí puedes leer El Sabueso sobre si antes el INE castigó o no las prácticas clientelares), como el que él asegura que ocurrió en su contra, en 2006. 

Respecto al Poder Judicial, mencionó que en él había predominado la corrupción y que era necesario hacerle una reforma integral.  

“Antes en el Poder Judicial no se castigaba a nadie, aquí lo hemos comentado, no sé para qué existía el Consejo de la Judicatura, estaba ahí de florero, de adorno. Se pasaban años sin destituir a un juez, a un magistrado. Entonces, ya no se puede eso, ya hay que poner orden”, dijo en una conferencia del 4 de septiembre. 

Sobre la postura del presidente López Obrador ante los órganos autónomos, el analista Jesús Silva-Herzog Márquez comentó en el diario Reforma el 2 de diciembre que si bien estas instancias en el pasado pudieron incurrir en excesos o fallas, en lugar de socavar su apuesta debió ser la su refundación, como contrapesos al poder presidencial. 

“No idealizo a esas cápsulas institucionales. Su captura fue frecuente, sus excesos ostensibles. Era ocasión para refundar su independencia y procurar su dignificación. Lo que se ha hecho es todo lo contrario: someterlos y vejarlos. Subordinar todo principio administrativo a la política militante”, señaló el columnista.

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¿Por qué AMLO enfrenta una rebelión de gobernadores en la etapa crítica de la pandemia de COVID-19?

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta una creciente rebeldía de varios gobernadores a sus decisiones. Un problema que se profundizó en la actual pandemia de coronavirus
Getty Images
3 de junio, 2020
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Como ningún otro presidente en la historia reciente, Andrés Manuel López Obrador enfrenta la oposición de varios gobernadores del país.

Es una crisis que se profundizó con la pandemia de coronavirus.

Desde el inicio de su gobierno, el 1 de diciembre de 2018, AMLO, como se conoce al presidente en México, enfrenta un creciente rechazo de mandatarios locales a sus decisiones.

Algunos incluso se oponen a participar en las reuniones de seguridad que legalmente se realizan cada día.

Otros no aceptaron formar parte del nuevo sistema nacional de salud, algunos pretenden cambiar las reglas para repartir los impuestos y varios pretenden revisar el Pacto Federal, que es el origen de la República Mexicana.

AMLO

Gobierno de México
López Obrador enfrenta la oposición de varios gobernadores

El viernes 29 de mayo, siete gobernadores acordaron aplicar su propia estrategia para salir de la emergencia sanitaria, al margen de las medidas ordenadas por el gobierno federal.

Los estados que aplicarán sus normas para reabrir actividades son Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Colima y Michoacán.

En lo que va de la pandemia 93. 435 personas se han contagiado de covid-19 y otras 10.167 han muerto,según datos de la Secretaría de Salud.

“No queremos dividir”

El argumento de los mandatarios es que las disposiciones de la Secretaría de Salud para reanudar las actividades en el país no corresponden con la realidad de los estados.

Las medidas, como un semáforo para determinar quiénes y cómo vuelven a la normalidad, se toman “de manera unilateral”, afirman los mandatarios.

“Parece ser que tuviera un propósito político para responsabilizar a los estados por los muertos”, afirma el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Los gobernadores aseguran que no pretenden dividir al país. “No constituimos un frente opositor al gobierno de México ni al presidente”, insiste Aureoles.

Pero algunos especialistas ven una creciente confrontación que se agudizó en esta pandemia.”Es una rebelión”, afirma el politólogo y exconsejero electoral Eduardo Huchim a BBC Mundo.

gobernadores México

Twitter @mrikelme
Los gobernadores de 7 estados acordaron seguir su camino ante la pandemia

“Es algo que no ocurría antes, pero ahora hay un frente de siete gobernadores, entonces es una lectura válida decir que existe una rebelión”.

BBC Mundo solicitó entrevistas sobre el tema a los gobernadores de Jalisco, Chihuahua y Yucatán, pero no hubo respuesta.

Presidencia imperial

Durante casi todo el siglo pasado los gobernadores solían tener una actitud de sumisión ante el presidente en turno, recuerda Huchim.

Así ocurrió en los 70 años que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó al país.

Los gobernadores acataban sin cuestionar las decisiones presidenciales. “Cuando alguien quería asomar la cabeza se la cortaban con el recurso de la desaparición de poderes” dice el analista.

“También estrangulaban a los estados con el reparto de las participaciones fiscales que entrega la Secretaría de Hacienda”, parte del gobierno federal.

Los presidentes eran las figuras con mayor poder político del país, inclusive por encima de los gobiernos locales. Uno de los ejemplos más claros fue el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

En su gobierno (1988-1994) 19 de los 32 gobernadores abandonaron su cargo, algunos porque recibieron la orden de incorporarse al gabinete presidencial y otros porque fueron destituidos.

Carlos Salinas de Gortari

AFP
En el gobierno de Carlos Salinas renunciaron 19 gobernadores

En ese período ningún mandatario local se oponía al presidente. El único caso fue Roberto Madrazo, quien en 1995 se negó a renunciar como pretendía el entonces presidente Ernesto Zedillo.

La situación cambió a partir de 2000 cuando el PRI perdió el poder y el conservador Vicente Fox asumió la presidencia.

La mayoría de los mandatarios locales eran militantes del PRI, pero a pesar de ello no existió un escenario como el que ahora enfrenta López Obrador, coinciden especialistas.

Historia de desencuentros

La oposición de algunos gobernadores empezó en los primeros meses del gobierno de López Obrador.

Todos los días la primera actividad del presidente es reunirse con su Gabinete de Seguridad para analizar el comportamiento de la delincuencia en el país.

Una práctica que se repite en todos los estados. Oficialmente los gobernadores deberían encabezar estas reuniones, pero no todos han cumplido la disposición.

Gobernador de Guanajuato

Gobierno de Guanajuato
“No iré a las reuniones de seguridad” dice el gobernador de Guanajuato

En diciembre pasado, López Obrador informó en una de sus conferencias matutinas que los mandatarios de Guanajuato, Nayarit y Querétaro nunca habían participado en esos encuentros.

En respuesta, el gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo, dijo que no planea asistir a las juntas del gabinete de seguridad. “No he estado ni iré a esas reuniones”, dijo.

El estado, por cierto, es el que registra el mayor número de homicidios en el país, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Otro desencuentro ocurrió con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituyó al Seguro Popular con que se atendía a la población que no cuenta con servicios de seguridad social.

Los gobernadores de Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco no aceptaron participar en el nuevo sistema.

“Es un error desmantelar los sistemas de salud estatales”, dijo el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro.

“La idea de plantear políticas públicas desde la Federación y considerar que todos los estados están en las mismas circunstancias es un error”.

Viejos pactos

El siguiente episodio ocurrió cuando iniciaba la fase más crítica de la pandemia de coronavirus.

Los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila demandaron a López Obrador que se revisara el pacto fiscal con la Federación.

Se trata de un acuerdo firmado en los años 70 para que todos los impuestos federales que se cobran en el país se destinen a una bolsa común.

Gobernador de Jalisco

Gobierno de Jalisco
Enrique Alfaro es uno de los gobernadores que más se oponen a AMLO

El dinero se reparte entre los estados según las necesidades de cada uno y no con base en su recaudación.

Por varias décadas algunas entidades, sobre todo las que generan más riqueza, han rechazado el pacto pues argumentan que reciben menos de lo aportado.

Es una vieja discusión que no tenía sentido revivir a mitad de la emergencia sanitaria, dice el analista Huchim. Hacerlo ahora, añade, es una muestra de la rebelión de algunos mandatarios.

López Obrador aceptó revisar el acuerdo, pero después de superar la contingencia sanitaria.

También durante la fase 3 de la epidemia otros gobernadores como el de Chihuahua, Javier Corral, promovieron revisar las reglas del Pacto Federal.

Es un documento firmado en 1824 donde las entidades aceptaron formar parte de la república. Por eso el nombre oficial del país: Estados Unidos Mexicanos.

Ahora la pandemia puso en evidencia que el modelo actual del federalismo en el país se agotó, asegura el gobernador de Chihuahua, Corral.

“Chihuahua se rasca con sus propias uñas porque, además, no hemos tenido recursos extraordinarios o adicionales” para atender la emergencia de salud, critica.

Política y elecciones

¿Por qué la rebeldía de los gobernadores ante López Obrador?

Una respuesta es la necesidad de algunos mandatarios de crear un contrapeso a la fuerza política del presidente, dice Alberto Aziz Nassif, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide).

El partido en el poder, Movimiento de Regeneración Nacional, tiene siete gubernaturas y la mayoría legislativa en el Congreso.

Gobernador de Chihuahua

Gobierno de Chihuahua
Javier Corral quiere revisar el Pacto Federal de México

Es la primera vez desde 1994 que un solo partido obtiene el control del Senado y la Cámara de Diputados.

Antes de la pandemia, explica el analista, los mandatarios no habían logrado encontrar un tema para formar un frente, hasta ahora que coinciden en la revisión del pacto fiscal.

“Aprovechan el momento muy difícil para el país y para el gobierno federal para plantearlo y lograr tener una agenda común”, dice Aziz a BBC Mundo.

No es todo: el próximo año hay elecciones intermedias en México para renovar la Cámara de Diputados y 15 de las 32 gubernaturas.

Así, los gobernadores que se han opuesto a las decisiones presidenciales buscan mejorar la posición electoral de los partidos políticos donde militan.

“Está clara la apuesta de algunos de ellos para decir: mientras más duro sea mi reclamo voy a quedar bien con mi gente, con el estado” explica el investigador del Cide.

“Todos buscan liderar a la oposición, que está muy desvalida, a ver quién puede ser quien encabece esa posibilidad. En ese contexto hay que ubicar las demandas” de los gobernadores.


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