FGR indaga fraude en ISSSTE con prótesis de titanio; se pagaron, pero no se entregaron
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro Archivo

FGR indaga fraude en ISSSTE con prótesis de titanio; se pagaron, pero no se entregaron

Los auditores detectaron además sobreprecios, omisiones y hasta la posible falsificación de firmas y sellos en los pedidos.
Cuartoscuro Archivo
26 de diciembre, 2019
Comparte

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por un posible fraude en el ISSSTE relacionado con la adquisición realizada, en 2016, de prótesis de titanio destinadas diversos tratamientos médicos, pero que al final no se entregaron, no usaron o se pagaron con sobreprecios.

Se trata de anomalías descubiertas por la Auditoría superior de la Federación (ASF) luego de una verificación realizada sobre el cumplimiento de más de 40 contratos, que dicho instituto firmó con proveedores para adquirir piezas de titanio que se utilizan con cierta frecuencia en diversos tratamientos y cirugías.

Como resultado de dichas verificaciones se detectaron un cúmulo de irregularidades que no fueron solventadas por el ISSSTE durante el largo proceso de revisión posterior y que por ende dieron paso a una denuncia penal, presentada por la ASF ante el Ministerio Público de la Federación. La denuncia es en contra de los funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables.

El posible desvío de recursos por estos casos en específico ascendería, de acuerdo con las auditorías iniciales, a por lo menos 29 millones de pesos. No obstante, se presume que la investigación ministerial podría arrojar un monto mayor, ya que lo auditado representó solo el 65% del monto total del dinero ejercido en estos contratos, y a que hay anomalías comprobadas, pero no cuantificadas.

Las anomalías detectadas en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) corresponden al ejercicio del presupuesto correspondiente a 2016, año en que dicho organismo era dirigido por José Reyes Baeza Terrazas.

Cabe señalar que fue en la misma gestión de Baeza Terrazas en la que dicho instituto habría adjudicado al menos seis contratos vía convenios con universidades, relacionados con el mecanismo fraudulento para desvío de recursos conocido como La Estafa Maestra. Sin embargo, las investigaciones por este caso no han alcanzado hasta ahora a dicho instituto.

Desvíos y sobreprecios

Como parte del proceso de verificación los auditores identificaron anomalías graves en entregas de piezas de titanio destinadas a 24 hospitales del ISSSTE en el país, entre ellos el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre en Ciudad de México. Se trataba principalmente de prótesis destinadas para rodilla y cadera, tornillos óseos, placas e implantes dentales.

Entre esos casos se identificaron 155 pedidos que tuvieron como destino 23 hospitales por un monto de 13.2 millones de pesos, que fueron pagados por el instituto, pero donde en realidad las piezas no se recibieron ni se utilizaron, como se confirmó al acudir a los referidos nosocomios.

Las irregularidades, detalla el informe de resultados de la ASF, se confirmaron tras encontrarse que las cirugías en las que se utilizarían las prótesis fueron canceladas por el fallecimiento o desistimiento de los pacientes, o por tratamientos reprogramados. El problema es que dichas piezas no fueron devueltas o almacenadas, sino que se pagaron como si se hubieran usado.

Ello podría haber ocasionado que estas piezas pagadas con recursos públicos no terminen siendo aprovechadas por el ISSSTE, sino por el contrario, en el mercado negro.

Por otro lado, los auditores identificaron 430 pedidos de piezas en 18 unidades médicas por los cuales el ISSSTE realizó pagos que ascienden a 11 millones 266 mil pesos. El problema es que al cotejar esto con los registros de los tratamientos, se detectó que las piezas reportadas por el proveedor eran de un precio mayor a las que realmente fueron utilizadas en lo hospitales, sin que exista justificación para ello.

“Además en 9 unidades médicas se observaron 48 casos con pagos, no justificados, por 4 millones 500 mil pesos ya que se trata de materiales que se utilizaron en las cirugías, distintos de los autorizados en los contratos; para su pago, el proveedor realizó equivalencias sin que los términos de éstas se consideraran en los contratos”, añade el informe de los auditores.

A este tipo de anomalías se suma la complicidad o negligencia de los funcionarios responsables de llevar los controles de estos materiales, que no detectaron las irregularidades. O sí las detectaron pero no hicieron nada deliberadamente, permitiendo el presunto fraude al presupuesto público.

Sellos y firmas falsificadas

Como parte de la auditoría se solicitó a los proveedores contratados por el ISSSTE la información relacionada con los insumos de titanio a los hospitales, particularmente lo relacionado con la entrega de los productos y la autorización para que procedieran los pagos por los mismos.

Esto permitió identificar que de un total de 856 pedidos pagados revisados, en 700 de ellos las firmas que avalan el equipo entregado para proceder con su pago no fueron reconocidas, ni por el personal médico ni por el administrativo de los hospitales, que pidieron las prótesis.

Incluso en 510 casos, que representan casi el 60% de los revisados, los hospitales no reconocieron como suyos los sellos que aparecen en los anexos del pedido entregados por el proveedor para su pago.

Tras ser notificados de estas anomalías graves, el ISSSTE indicó a través de la Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria que solicitaría a la Dirección Jurídica del Instituto asesoría para emprender acciones legales contra el proveedor por la presunta presentación de “documentación falsa y cobros en exceso”. Varios de los hospitales en específico también indicaron que presentarían denuncias por posible fraude.

A todo lo anterior se suman omisiones administrativas que los auditores consideraron graves como, por ejemplo, que en los contratos firmados por la entrega de los equipos no se incluyeran las sanciones o penas convencionales por retrasos o fallas con los mismos, pese a que las mismas sí se contemplaron en el proceso de licitación.

De igual firma, se detectó que los equipos descritos en la licitación por el proveedor ganador (cuyo nombre no fue revelado públicamente) no coinciden en algunas características con los requeridos por el Instituto en los anexos técnicos del procedimiento.

Denuncias impunes

Como resultado de las revisiones que realiza al ejercicio del presupuesto la ASF ha presentado hasta ahora 14 denuncias en total ante el Ministerio Público en contra funcionarios o exfuncionarios del ISSSTE, por diversas irregularidades. Hasta ahora ninguno de esos casos ha concluido con alguna sentencia en contra de los probables responsables.

Entre las denuncias presentadas hay casos de convenios realizados con universidades públicas sin licitaciones por insumos o servicios que no fueron entregados, y donde el dinero habría terminado en otras empresas. Se trata del mismo esquema documentado en el reportaje de La Estafa Maestra.

De acuerdo con autoridades de la ASF hay varios convenios más que aun siguen bajo revisión, y no se descarta la presentación de mas denuncias contra el ISSSTE por esta misma situación.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
Comparte

Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

Getty Images
En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=chiWVxreqhU

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.