Más allá del río Suchiate y Tapachula, las otras fronteras en Chiapas que ninguna autoridad mira
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Alejandro Ponce

Más allá del río Suchiate y Tapachula, las otras fronteras en Chiapas que ninguna autoridad mira

La militarización en algunas partes de la frontera entre Guatemala y México obliga a los migrantes a buscar otras vías menos vigiladas, pero también más peligrosas, para cruzar.
Alejandro Ponce
20 de diciembre, 2019
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—¿Ustedes van para el norte?

—No. Hemos venido a comprar ropa en el mercado.

En Gracias a Dios, una pequeña aldea guatemalteca en la frontera con México, pareciera que muchos hombres han decidido renovarse el vestuario a la misma hora. 

Pasan algunos minutos de las 16:00 horas del martes 10 de diciembre, y varios grupitos están reunidos junto a un desangelado campo de futbol. Prácticamente todos son hombres, la mayoría muy jóvenes, casi imberbes. Cada uno de ellos carga una mochila llena a reventar y tiene actitud desconfiada, huraña. En un rincón, varios han formado un círculo y observan atentos las explicaciones de alguien en un celular, sin levantar la vista. Bajo un árbol, detrás de las mesas con ropa de segunda mano a las que nadie presta atención, otros siguen sentados. 

En algo más de una hora comenzará a anochecer.

Da la sensación de que todos quieran pasar desapercibidos. 

“Hemos venido a comprar ropa en el mercado. Lo ponen aquí todos los días”, insiste el hombre, el más mayor, el único que habla. Dice que es guatemalteco, de un municipio cercano. No dice nada más porque, asegura, ha venido a comprar ropa y eso no merece otro tipo de explicación. 

Se trata de uno de los ochos pasos formales entre Guatemala y México. También existen al menos otros 68 cruces que no vigila nadie, según aseguró en junio el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Por ahí pasa de todo: personas que quieren llegar a Estados Unidos como trabajadores irregulares, personas que serán explotadas aquí, en México, y todo tipo de mercancías sin control, desde gasolina que se vende en las orillas de la carretera hasta drogas que siguen el mismo camino que los migrantes hacia el norte. 

Según datos de la subdelegación de San Cristóbal de las Casas de la Fiscalía General de la República —que abarca Comitán, Palenque y Ocotzingo—, en 2019 se abrieron 79 carpetas de investigación relacionadas con la venta irregular de hidrocarburos, 73 por delitos contra la salud —desde narcomenudeo a tráfico a gran escala—, 53 por el paso de indocumentados —migrar en México no es un delito, pero sí la trata— y solo una en relación con la explotación sexual. 

El de Carmen Xhan y Gracias a Dios, según autoridades, es uno de los ocho pasos plenamente controlados por el Estado, pero no hay policía de ninguno de los dos países, ni ejército ni guardia nacional. En el lado mexicano, una pequeña oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) que cierra en horario de tarde. Sus homólogos guatemaltecos se encuentran en una destartalada casucha que se diferencia de los abarrotes porque no tienen papitas expuestas en la fachada. Frente a ellos, una minúscula caseta de aduana con una mesa y dos funcionarios en su interior se encargan de vigilar que los camiones paguen impuestos y son los únicos con ganas de reconocer que este, además de un “paso formal”, es uno de los caminos escogidos por los polleros guatemaltecos para iniciar el tránsito en México.  

Lee: Tercer país seguro: cómo el pacto entre EU y Guatemala perjudica a migrantes de Honduras y El Salvador

Según la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), entre enero y octubre de este año fueron atrapados 72 mil 449 migrantes indocumentados en Chiapas, de los cerca de 170 mil que fueron detenidos en todo el país. De los que cayeron, 42 mil 333 fueron devueltos desde el estado sureño, que está a la cabeza en cuanto a número de detenciones de migrantes. De ellos, 3 mil 163 fueron atrapados en Comitán y otros 853 en Comalapa. Pocos, si se comparan con los 34 mil 019 detenidos en Tapachula, convertida en la capital mexicana del muro de contención de migrantes. 

“Si quieren ver a los que van hacia el norte solo tiene que ir al campo de fútbol, allí salen todos los días. Se ponen más o menos a esta hora y los vienen a recoger. Los trasladan unos y se los entregan a otros. No hay más que tener paciencia. Pueden esperar y verlos”, dice uno de los funcionarios. 

Se refiere a esos tipos con mochilas y gesto huidizo que se decían compradores de ropa.

El acuerdo entre México y Estados Unidos para frenar el tránsito de migrantes puso el foco en el río Suchiate y Tapachula, que se convirtió en la capital de la fortaleza que impide el paso de centroamericanos. 

Pero existen otras fronteras mucho menos mediáticas. 

Carmen Xhan.

Ciudad Cuauhtémoc.

Comalapa.

“Son zonas desprotegidas en las que se expanden los grupos del crimen organizado, ya sea a través de la trata de personas, como para extorsionar, robar o secuestrar”, explica Maya Casillas, abogada que hace cuatro años fundó Kaltsilaltik, una de las pocas organizaciones que se preocupan de los migrantes en este cruce olvidado. Esta mujer monitorea que se garanticen los derechos humanos de las familias en tránsito, vigila las condiciones de las estaciones migratorias, asesora a solicitantes de asilo y apoya a familias guatemaltecas a las que el incremento de la presión migratoria impide transitar por México como habían hecho durante décadas. 

En opinión de Casillas, la militarización, la llegada de la Guardia Nacional, el incremento de los controles tiene varias consecuencias: por un lado, obliga a los migrantes a adoptar rutas más peligrosas, ya que las condiciones de violencia y pobreza en origen no han cambiado. Por otro, dificulta el acceso al refugio a quienes llegan para poner a salvo su vida. Por último, complican la vida en la frontera, ya que ponen fin a rutinas de tránsito habituales, como la de los guatemaltecos que acuden al hospital en Comitán. 

“Tapachula está reconocida a nivel internacional como la frontera. Esto vulnerabiliza todavía el resto de la frontera, el resto de la población migrante que está cruzando por el resto de la frontera, porque no se ve, no se reconoce, y al no reconocerse, no hay organismos, no hay organizaciones, no hay instancias pro-derechos”, dice Casillas. 

***

“Se presentaron a mi trabajo, me pusieron una pistola en la cabeza, me dijeron que como no había colaborado, que no me querían ver en esa zona. Se acercaron así, lo mismo, como 6 pandilleros, unos 7 por otro”. Juan “N” es salvadoreño y también una excepción: llegó a México en marzo de 2018 buscando asilo, no pensando en seguir hacia Estados Unidos. Junto a su esposa y sus tres hijos, abandonaron una vida de infierno y la cambiaron por el infierno en tránsito. Es posible que si se hubiese quedado en su país ya estaría muerto. Por suerte, reside en Comitán, Chiapas, y su gran preocupación es recuperar a su hijo mayor, con quien perdió contacto después de que las autoridades migratorias se lo entregasen a su propia madre en Nueva York.  El último año y medio de esta familia recoge todo el dolor, la angustia, la arbitrariedad y las complicaciones de un viaje no deseado, el que te obliga a escapar para salvar tu vida.

Entérate: El gobierno envía a la frontera con Guatemala a solicitantes de asilo devueltos por EU

Juan “N” habla desde la oficina de Kaltsilaltik porque le da pena que le filmen en su casa. Lleva poco tiempo instalado y no quiere dar mala imagen. Esta es, posiblemente, una de las últimas entrevistas que se celebren en este despacho: la falta de financiamiento obliga a Maya Casillas a regresar a la precariedad, a partir de enero no tendrán un espacio físico porque no tienen con qué pagarlo. 

Por el momento, en dos de sus sillas se sientan Juan “N” y su esposa. 

Relatan que llegaron a Comitán a través de la frontera entre Ciudad Cuauhtémoc, en México, y La Mesilla, en Guatemala. Se trata de un paso comercial, delimitado por un portón en medio de un largo camino comercial. Ropa interior femenina, celulares, zapatillas. En paralelo existe un “extravío” que permite cruzar sin ser visto por los agentes migratorios. Pero en realidad da igual. Aquí se puede cruzar caminando y nadie va a preguntar de dónde vienes. El gran obstáculo llega en el punto de revisión migratoria a diez kilómetros de Comitán. Fue instalado en 2014, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha el denominado “Plan Frontera Sur” para cazar y deportar migrantes. 

La frontera la Mesilla, en Guatemala, es un cruce con alto flujo comercial

La frontera la Mesilla, en Guatemala, es un cruce con alto flujo comercial muy frecuentado por los habitantes de la región.

“Nos retiramos de El Salvador porque había como mucho acoso de parte de pandillas y abuso de parte de la policía. Y, pues más de una ocasión atentaron contra mi vida y la de mi familia”, explica Juan “N”.

Para comprender la vida de este antiguo comerciante y su familia hay que volver a una guerra estancada en Centroamérica. Un conflicto que ha dejado miles de muertos, que se desarrolla entre trincheras invisibles y que enfrenta a dos estructuras nacidas en Estados Unidos pero que se desarrollaron de forma brutal en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Por un lado, la Mara Salvatrucha o MS-13. Por el otro, el Barrio 18, que en El Salvador se dividió entre “Sureños” y “Revolucionarios”. Dos pandillas juveniles que evolucionaron hasta convertirse en estructuras criminales que matan, secuestran y extorsionan. 

“Letras” y “números”, en la jerga centroamericana, que así se refiere a las pandillas cuando no quiere ni mentar sus nombres. 

“Por dónde vivía, las letras querían que les ayudase a detectar números. Y, por dónde trabajaba, los números querían que les ayudase a detectar letras”, explica.

La lógica es demencial. Te piden que colabores. Si te niegas, pueden matarte. Si huyes, pueden encontrarte. Si te encuentran, pueden matarte. El gobierno salvadoreño estima en 60 mil el número de pandilleros —MS-13 y Barrio 18 en sus dos vertientes, “sureños” y “revolucionarios”— y colaboradores. En un país de apenas seis millones de habitantes, el margen para escapar es muy limitado.

La historia de Juan “N” es de esas que uno tiene que relatar intentando contener la respiración: arrestado en México y encerrado en la estación migratoria de Comitán, de ahí trasladado a Siglo XXI, el mayor centro de detención para extranjeros de América Latina. Liberado para seguir su trámite en Tapachula y, posteriormente, en Comitán. Aterrorizado al ver pandilleros salvadoreños paseando tranquilamente en Chiapas. Obligado a formar parte de un “colectivo social” para obtener trabajo. Solicitante de asilo en Estados Unidos. Sobreviviente a un intento de secuestro en Reynosa, Tamaulipas. Detenido y separado de su familia tras pedir refugio por la vía legal en Estados Unidos. Deportado voluntariamente a los cinco meses, tras desistir de su proceso, agotado de estar encerrado lejos de su familia, que se encontraba en libertad en casa de su madre soportando abusos y vejaciones. 

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Todo este penoso tránsito tuvo que sufrirlo un hombre, una mujer y sus tres hijos que lo único que buscaban era un lugar en el que vivir sin el miedo a que alguien les metiese un balazo en la cabeza.

Gente como Juan “N” huyen de un país violento para quedarse en otro país también violento y en el que incluso pueden encontrar a compañeros de los tipos que quisieron matarlos. En este proceso, además, encuentran separación familiar, mal trato institucional y un racismo creciente. 

“Me ha tocado escuchar criticas super fuertes con las mujeres que dicen, pues “pues para qué se exponen”. Si viene una familia, y viene la mamá con sus hijas, ya la hija fue violada, decir, ¿no?, incluso a médicos: “ay, ¿y para qué se vienen?, ¿para qué se exponen? Como casi casi diciéndole: pues esto es lo que se ganan por haberse venido. Sin entender, que esta es una situación que va mucho más allá, y que si se están viniendo las familias y que si se están viviendo niñas, niños solos es porque hay algo, hay un detonante muy fuerte que tengan que huir de su país”, dice Maya Casillas.

Su intervención fue clave para que los solicitantes de asilo puedan ahora esperar la resolución de su caso en libertad. 

Entre enero y noviembre de 2019, México registró 66 mil 915 solicitudes de asilo. Los datos casi triplican las 26 mil 380 peticiones del año pasado. Los salvadoreños, con 8 mil 711, son la segunda nacionalidad que más refugio pide en México, por detrás de los hondureños.

Actualmente, Juan “N” vive con su esposa y dos de sus hijos, dos niños pequeños. Su gran preocupación es recuperar a su hijo mayor, que se quedó en casa de su madre, residente en Estados Unidos. Tiene miedo de que, por haber pedido el refugio en Estados Unidos, le nieguen la protección en México. Tiene miedo de que, si devuelven a su hijo, lo envíen a El Salvador, donde no hay nadie que pueda recibirlo. Tiene miedo de muchas cosas y, en verdad, lo único que lleva buscando desde que salió de su país es, precisamente, dejar de tener miedo. 

***

Fabiola N. se encuentra temporalmente en un albergue en Comitán, Chiapas, a la espera de continuar su viaje desde Honduras hasta Estados Unidos.

Fabiola N. se encuentra temporalmente en un albergue en Comitán, Chiapas, a la espera de continuar su viaje desde Honduras hasta Estados Unidos.

“Nosotros salimos el 17 de octubre, bueno, con el objetivo de lograr ese sueño de estar en Estados Unidos y, salimos así pues, dejando nuestros hijos allá, a la dispensa de nadie, pues. Y arriesgándonos a que cualquier cosa nos puede pasar en el camino, pero lo hacemos todo por un bienestar de nuestros hijos y también por mucha pobreza que hay en nuestro país. Que si nosotros supiéramos de que tenemos todo pues, no nos moveríamos, no nos arriesgamos a tantas cosas que suceden en este camino. Pero como somos tan pobres, de escasos recursos, entonces por eso es el motivo que nosotros andamos ahora acá”. 

Fabiola “N” se ha pasado unos minutos pensando qué nombre quiere que se utilice en esta nota. Esta mujer hondureña, de Trujillo, departamento de Colón, se ríe por la idea de aparecer en cámara. No tiene miedo. No huye de nadie. Donde ella reside no hay pandillas o grupos criminales. O, al menos, ella no ha tenido problemas con ellos. Ella escapa porque le persigue el hambre. Y el hambre también mata. 

En Honduras, seis de cada diez personas están bajo el umbral de la pobreza, según datos del Banco Mundial.

Entre ellos se encuentra Fabiola “N”, que un día salió con su esposo y se dirigió al norte sin tener muy claro con qué se iba a encontrar. No han decidido qué ruta tomarán. Tampoco saben muy bien cómo evitar los retenes del INM y de la Guardia Nacional. El primero, el gran centro de tratamiento ubicado a diez kilómetros de Comitán, lo rodearon a pie, como se ha hecho toda la vida. Esta es una rutina habitual en todo Chiapas. Los migrantes suben a una combi y piden bajarse 500 metros antes de que llegue el control. Lo rodean caminando y, si hay suerte, vuelven a subirse al camión cuando no hay peligro. Alejarse de la carretera a través de veredas es también exponerse. Muchos han sido secuestrados, asaltados, violadas, por tratar de evitar a los agentes migratorios.

La pareja explica que llegó a México caminando a través de La Mesilla. Que las acompañaba una muchacha hondureña que trabaja en uno de los clubs de Comalapa. “Los primeros días que llegamos, dos días tuvimos que, pedíamos para comer porque no traíamos dinero”, dice.

Lee: México es responsable de la seguridad de los migrantes estén de paso o esperando asilo: ACNUR

Su objetivo es llegar a Estados Unidos, pero, siendo honestos, es muy difícil que superen Chiapas. Por delante tendrán, al menos, tres retenes fijos en su camino Tuxtla-Gutiérrez. Todo ello si los autobuses acceden a subirles. Desde el acuerdo entre México y Estados Unidos de junio hay empresas que piden documentos migratorios para poder acceder al camión. En realidad, se pide estos documentos solo a quien pueda resultar sospechoso de ser centroamericano.

“A mí me gustaría estar en los Estados Unidos, porque ese es el objetivo que traigo, de poder estar allá y poderle dar una vida mejor a mi familia”, dice Fabiola “N”, con un optimismo que raya la inconsciencia.

No está hecho este camino para los pobres que transitan en bus y a pie. 

Si uno quiere tener éxito en su tránsito es mucho más efectivo convertirse en una de las sombras que decían que iban a comprar ropa en Gracias a Dios. 

Eso lo sabe Fabiola “N”, que no tiene dinero para pagarse un coyote y, por eso, es posible que ya esté en una estación migratoria, preparada para ser deportada.

El día de esta entrevista, el miércoles 11 de diciembre, esperaba en el albergue para migrantes ubicado en las afueras de Comitán. Hoy son los dos únicos inquilinos. Su responsable explica las reglas: dos noches máximo. Ya platicando en corto detalla alguna más: los polleros no son bienvenidos.

Aunque lo habitual es que los coyotes dispongan de su red de hoteles, hay espabilados que utilizan los albergues para ahorrar. Un migrante puede llegar a pagar entre 8 mil y 12 mil dólares por realizar el camino. Dispone de tres intentos para alcanzar Estados Unidos. Si no lo consigue, si es arrestado por los agentes del INM o la Patrulla Fronteriza, regresará a casa endeudado y con la culpa del fracaso. Buena parte de este dinero se gasta en pagar sobornos a lo largo del camino. 

Pero no solo los polleros pagan sobornos.

Pagar a los agentes del INM es una obligación terriblemente habitual.

Lo cuentan, por ejemplo, los habitantes de Quetzal, una minúscula y pobre aldea ubicada en Guatemala, a unos metros caminando de México. En la década de 1980, el conflicto interno, la lucha entre la guerrilla y el ejército, obligó a sus habitantes a refugiarse en México. Por eso, aunque guatemaltecos, muchos nacieron mexicanos. En una frontera porosa las relaciones entre uno y otro lado son estrechas. Por eso, los habitantes de Quetzal acuden al hospital en Comitán. Porque tiene mejores servicios y porque está más cerca. Sin embargo, el incremento de la presión de la Guardia Nacional ha provocado que muchas de estas personas sean detenidas y, si no pagan la mordida de 500 pesos, deportadas a través de Tapachula, ubicada a cerca de 300 kilómetros.

Ese es el precio, 500 pesos para no ser deportado.

Alejada del foco mediático, las fronteras cercanas a Comitán son las fronteras “de los invisibles”, los que recurren a un pollero y tratan de pasar desapercibidos. 

“Tenemos flujos migratorios desde los años 80, cuando se reconoció como una frontera, pero con el retorno de los guatemaltecos dejó de verse como frontera y pareciera que ya no hay flujo migratorio. Esto no es cierto. Hay flujo migratorio y hay una serie de vulnerabilidades más a la población”, dice Maya Casillas.

Mientras ella desmonta su oficina, Juan “N” busca la manera de recuperar a su hijo, es probable que Fabiola “N” haya sido ya detenida por la migración y seguro que cientos de personas han cruzado a través de la ruta invisible. Algunos llegarán a Estados Unidos. Otros serán explotados aquí, en México. En ambos casos es más que probable que nunca sepamos nada de ellos.

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"Perdí el mejor empleo de mi vida por una foto en redes sociales": los peligros de la cultura de la cancelación

Los llamados al boicot a empresas o personas que tengan comportamientos considerados “errados” o inadecuados divide a los progresistas y aviva el debate en Estados Unidos.
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23 de julio, 2020
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El pasado 3 de junio, el estadounidense Emmanuel Cafferty, de 47 años, volvía a su casa después de una jornada más de trabajo.

Su rutina consistía en pasar entre 8 y 12 horas al día inspeccionando las redes subterráneas de gas y electricidad de la ciudad de San Diego, California.

Caía la tarde y hacía calor.

Al volante de la camioneta de la empresa, mantenía la ventanilla abierta y el brazo izquierdo en el exterior.

Según Cafferty, juntaba dos dedos de la mano distraídamente, en un gesto que repitió varias veces durante la entrevista con BBC News Brasil.

“En ese momento, un desconocido con un celular y una cuenta de Twitter puso mi vida del revés“, cuenta Cafferty.

Una fotografía dañina

Hacía apenas una semana que George Floyd, un hombre negro desarmado, moría después de que un policía blanco le retuviera en el suelo durante varios minutos presionándole el cuello con la rodilla en Mineápolis.

Las imágenes de la muerte de Floyd desencadenaron lo que se considera la mayor ola de protestas contra el racismo en Estados Unidos en la historia reciente.

En ese contexto, el chasquido de dedos de Cafferty fue interpretado por otro conductor como un gesto específico: un símbolo usado por supremacistas blancos.

“Ese hombre comenzó a tocar la bocina y a insultarme. Gritaba: ‘¿va a seguir haciendo eso?’ y sacó el celular para fotografiarme. Pensé que tal vez le había cerrado el paso en el tráfico, por accidente. Pero estábamos los dos parados en el semáforo y yo no entendía nada”, relata.

Dos horas después del incidente, su supervisor le llamó para decirle que había sido denunciado como racista en las redes sociales y que le suspendía del trabajo sin sueldo.

Una hora más tarde, sus colegas llegaron a su casa para llevarse la camioneta y la computadora de la empresa. Cinco días después fue despedido.

“Así fue como perdí el mejor empleo de mi vida“, dice Cafferty. Sin estudios superiores, hijo de inmigrantes mexicanos, vivía su versión del sueño americano.

Ganaba 41 dólares la hora, el doble que en su empleo anterior, y tenía cobertura de salud y de jubilación por primera vez en su vida.

Cuando consiguió la plaza, seis meses atrás, él, sus tres hijas y sus nietos salieron a comer para celebrarlo.

¿Ok o supremacía blanca?

Cafferty explica que no tenía ni idea de que el gesto que se le atribuye, comúnmente asociado con un “OK” en Estados Unidos, pudiese tener connotaciones racistas.

De acuerdo a la Liga contra la Difamación, una organización centenaria que combate los discursos de odio en Estados Unidos, el símbolo del “OK” fue adoptado en 2017 por usuarios racistas en foros de internet como 4chan. La propia organización recomienda tener cuidado con la interpretación de la señal.

“La abrumadora mayoría de las veces el gesto significa consentimiento o aprobación. Por eso no se puede presumir que alguien que lo haga lo esté usando en un contexto de racismo, a menos que exista otra prueba para apoyar esa percepción. Desde 2017, muchas personas fueron acusadas erróneamente de ser racistas o supremacistas por usar el gesto en el sentido tradicional e inocuo”, alerta la organización.

George Floyd

Twitter/Ruth Richardson
George Floyd dijo en repetidas ocasiones que no podía respirar.

Eso es exactamente lo que le pasó a Cafferty. O peor.

“En mi caso, no era un símbolo. Solo estaba chasqueando los dedos. Pero un hombre blanco lo interpretó como un gesto parecido al ‘OK’, que sería racista, y se lo dijo a mis jefes, también blancos, que decidieron creerle a él, no a mí, que no soy blanco”, afirma exasperado, al tiempo que se frota los brazos para mostrar el color de su piel.

El autor de la fotografía y del primer post contra Cafferty admitió ante el equipo local de la cadena estadounidense NBC que quizá exageró en la interpretación que hizo del supuesto gesto y que, a pesar de haber etiquetado en su publicación a la empresa en la que Cafferty trabajaba, no quería que fuera despedido.

El usuario borró el mensaje original e incluso la cuenta de Twitter. Pero ya era tarde, el post se había viralizado y el empleo estaba perdido.

BBC News Brasil no logró localizar al autor del post original.

“Una multitud de Twitter me canceló. Ya llamé a todos mis exempleadores en las seis semanas desde que aconteció el episodio y nadie me llama de vuelta. Lo primero que hace un empleador a la hora de contratar es poner el nombre en Google. El mío quedó ligado a este episodio, sin importar si era cierto o no. No sé cómo voy a seguir con mi vida de aquí para adelante”, se desahoga.

Ha tenido que acudir a terapia semanal para lidiar con el dolor y el miedo que ha sentido.

Multitud online, efectos offline

El caso de Cafferty es emblemático de lo que se considera un peligroso efecto colateral de la llamada cultura de la cancelación.

El movimiento comenzó hace algunos años como una forma de llamar la atención sobre causas de justicia social y preservación medioambiental, como una manera de amplificar la voz de los grupos oprimidos y forzar acciones políticas de marcas o figuras públicas.

Funciona así: un usuario de redes sociales como Twitter o Facebook, presencia un acto que considera equivocado, lo graba en video o lo fotografía y lo publica en su cuenta, con el cuidado de etiquetar a la empresa empleadora del denunciado y autoridades públicas u otros influencers digitales que puedan amplificar el alcance del mensaje. Es común que, en cuestión de horas, el post haya sido replicado miles de veces.

La cascada de menciones a una empresa suele precipitar actitudes sumarias para frenar el desgaste de imagen, sin que la persona a la que se denuncia pueda defenderse adecuadamente.

“En mi caso, me escucharon una vez y luego ya me despidieron. Parece que concluyeron que era un racista”, señala Cafferty.

BBC News Brasil intentó hablar con la empresa SDG&E, donde trabajaba Cafferty, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de este reportaje.

Como reacción a las primeras denuncias de usuarios contra Cafferty en Twitter, la empresa afirmó: “Creemos firmemente que no hay espacio en la sociedad para ningún tipo de discriminación” y añadió que inició una investigación sobre la conducta del entonces todavía empleado.

La cancelación va más allá del típico troleo de internet, con insultos coordinados, frecuente en disputas de opinión entre usuarios de redes.

Es un ataque a la reputación que amenaza el empleo y los medios de subsistencia actuales y futuros de la persona cancelada.

Extremadamente frecuente en Estados Unidos, hoy desprestigia también a personas anónimas, gente común como Cafferty.

“Usted puede ser cancelado por algo que diga en medio de una multitud de completos extraños si alguno de ellos lo graba en video, o por un chiste que suene mal en las redes sociales, o por algo que usted dijera o hiciera hace mucho tiempo y de lo que quede algún registro en internet”, escribió el columnista del diario The New York Times Ross Douthat en un artículo sobre el fenómeno de la cancelación.

“Y no hace falta que sea prominente, famoso o político para ser públicamente avergonzado y permanentemente marcado: todo lo que usted necesita hacer es tener un día particularmente malo y las consecuencias pueden durar mientras Google exista

¿Injusticias en el movimiento por la justicia social?

El alcance de la cultura de la cancelación en Estados Unidos ha despertado dudas ante la posibilidad de que se cometan injusticias.

El de Cafferty no es un caso único.

A finales de mayo, un investigador contratado por una consultora política progresista compartió en Twitter el resultado de un estudio que indicaba que, en los años 60, las protestas raciales violentas aumentaron el porcentaje de votos para candidatos republicanos, en cuanto que los actos pacíficos favorecieron a los políticos demócratas en las urnas.

Activistas consideraron que su comentario era una reprimenda a los actos de protesta por la muerte de George Floyd y pasaron a exigir su dimisión. El investigador fue despedido días más tarde.

El mes pasado, una profesora de teatro en Nueva York fue acusada de haberse adormecido durante una reunión online en la que se hablaba de acciones a favor de la justicia racial en el curso.

Una petición firmada por casi 2.000 personas pidió su dimisión, acusándola de racista. La profesora lo niega y alega que estaba descansando la vista mirando para abajo momentáneamente cuando se hizo la foto.

Cruce de cartas

Ante lo que calificaron como “atmósfera sofocante”, un grupo de 150 periodistas, intelectuales, académicos y artistas, considerados progresistas, decidieron publicar en Harper’s Magazine un texto titulado “Una carta sobre la justicia y el debate abierto”.

Firmada por nombres de peso como el lingüista Noam Chomsky, los escritores JK Rowling y Andrew Solomon, la activista feminista Gloria Steinem, la economista trans Deirdre McCloskey, y el analista político Yascha Mounk, la carta afirma que “el libre intercambio de informaciones e ideas, fuerza vital de una sociedad liberal, se vuelve cada día más restringido”.

Y continúa: “Si bien esperábamos esto de la derecha radical, la censura también se está esparciendo ampliamente en nuestra cultura: una intolerancia a las visiones opuestas, una moda del señalamiento público y el ostracismo, y la tendencia a disolver cuestiones políticas complejas en una certeza moral cegadora”.

JK Rowling

Reuters
Acusada de transfobia, JK Rowling firmó una carta contra la cultura de la cancelación.

En la misma línea, una de las editoras de opinión de The New York Times, Bari Weiss, renunció esta semana por medio de una carta abierta en la que acusa a la publicación de promover un “nuevo macartismo”, en referencia a la patrulla ideológica anticomunista de los años 50 en Estados Unidos.

“Artículos que eran fácilmente publicados hace apenas dos años, ahora colocan a un editor o autor en problemas. Eso si no hace que sea despedido. Si un texto se percibe como probable fuente de reacción interna o en las redes sociales, el editor ni siquiera lo publica”, escribió Weiss, contratada por The New York Times poco después de la elección de Trump en 2016, en un esfuerzo por amplificar la diversidad de voces en el diario.

En un artículo para la publicación The Atlantic, en la que cita el caso de Cafferty, el analista político Yascha Mounk explica por qué firmó el manifiesto.

Mounk aplaude lo que llama “la nueva determinación estadounidense” para desenraizar preconceptos de la sociedad.

“No obstante, sería un enorme error, especialmente para quienes se preocupan por la justicia social, considerar lo que sucedió con Cafferty como un detalle menor o el precio a pagar por el progreso”, escribió Mounk.

La respuesta a la carta dentro del movimiento progresista no tardó en llegar.

Un grupo de periodistas, artistas e intelectuales acusó a los autores de la primera carta de, desde lo alto de su éxito profesional y cómoda posición en el mercado, ignorar las dificultades de las minorías -como la comunidad negra o la comunidad LGBTIQ- en el debate público, en el mundo académico, en las artes, en el periodismo, en el mercado editorial.

“Los firmantes, muchos de ellos blancos, ricos y dotados de grandes plataformas, argumentan que tienen miedo de ser silenciados, que la llamada cultura de la cancelación está fuera de control y que temen por sus empleos y por el libre intercambio de ideas, al mismo tiempo que se expresan en una de las revistas de mayor prestigio del país”, señalan los firmantes del nuevo documento, titulado “Una carta más específica sobre la justicia y el debate abierto“.

Algunos de los que suscribieron el texto prefirieron permanecer anónimos, citando apenas la institución en la que trabajan, por miedo a las represalias.

Los autores citan por su nombre a algunos de sus antagonistas: mencionan que la escritora JK Rowling estuvo involucrada recientemente en un debate sobre la palabra “mujer”.

Una protesta por los derechos de las personas transgénero

Getty Images
Las activistas transgénero defienden su derecho a autodefinirse como mujeres.

Al comentar un texto que hablaba de “personas menstruantes”, Rowling afirmó: “Si el sexo biológico no es real, la realidad que viven globalmente las mujeres queda borrada. Yo conozco y amo a personas trans, pero borrar el concepto de sexo biológico elimina la capacidad de muchas personas de analizar el significado de sus vidas. Decir la verdad no es discurso de odio”.

Su afirmación fue tachada de transfóbica y fue duramente criticada.

La discusión política en torno a la cuestión será larga y beligerante.

Ajeno a ella, Cafferty intenta recuperar su empleo. Demandó a la empresa en la que trabajaba y al hombre que lo fotografió, pero no espera que haya un veredicto antes de un año.

Cafferty dice simpatizar con los movimientos por la justicia racial, pero indica que nunca realizó activismo político en su vida.

“Ni cuenta de Twitter tenía antes de ser cancelado”, subraya.


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