—¿Ustedes van para el norte?

—No. Hemos venido a comprar ropa en el mercado.

Pasan algunos minutos de las 16:00 horas del martes 10 de diciembre, y varios grupitos están reunidos junto a un desangelado campo de futbol. Prácticamente todos son hombres, la mayoría muy jóvenes, casi imberbes. Cada uno de ellos carga una mochila llena a reventar y tiene actitud desconfiada, huraña. En un rincón, varios han formado un círculo y observan atentos las explicaciones de alguien en un celular, sin levantar la vista. Bajo un árbol, detrás de las mesas con ropa de segunda mano a las que nadie presta atención, otros siguen sentados. 

En algo más de una hora comenzará a anochecer.

“Hemos venido a comprar ropa en el mercado. Lo ponen aquí todos los días”, insiste el hombre, el más mayor, el único que habla. Dice que es guatemalteco, de un municipio cercano. No dice nada más porque, asegura, ha venido a comprar ropa y eso no merece otro tipo de explicación. 

Según datos de la subdelegación de San Cristóbal de las Casas de la Fiscalía General de la República —que abarca Comitán, Palenque y Ocotzingo—, en 2019 se abrieron 79 carpetas de investigación relacionadas con la venta irregular de hidrocarburos, 73 por delitos contra la salud —desde narcomenudeo a tráfico a gran escala—, 53 por el paso de indocumentados —migrar en México no es un delito, pero sí la trata— y solo una en relación con la explotación sexual. 

El de Carmen Xhan y Gracias a Dios, según autoridades, es uno de los ocho pasos plenamente controlados por el Estado, pero no hay policía de ninguno de los dos países, ni ejército ni guardia nacional. En el lado mexicano, una pequeña oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) que cierra en horario de tarde. Sus homólogos guatemaltecos se encuentran en una destartalada casucha que se diferencia de los abarrotes porque no tienen papitas expuestas en la fachada. Frente a ellos, una minúscula caseta de aduana con una mesa y dos funcionarios en su interior se encargan de vigilar que los camiones paguen impuestos y son los únicos con ganas de reconocer que este, además de un “paso formal”, es uno de los caminos escogidos por los polleros guatemaltecos para iniciar el tránsito en México.  

Según la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), entre enero y octubre de este año fueron atrapados 72 mil 449 migrantes indocumentados en Chiapas, de los cerca de 170 mil que fueron detenidos en todo el país. De los que cayeron, 42 mil 333 fueron devueltos desde el estado sureño, que está a la cabeza en cuanto a número de detenciones de migrantes. De ellos, 3 mil 163 fueron atrapados en Comitán y otros 853 en Comalapa. Pocos, si se comparan con los 34 mil 019 detenidos en Tapachula, convertida en la capital mexicana del muro de contención de migrantes. 

“Si quieren ver a los que van hacia el norte solo tiene que ir al campo de fútbol, allí salen todos los días. Se ponen más o menos a esta hora y los vienen a recoger. Los trasladan unos y se los entregan a otros. No hay más que tener paciencia. Pueden esperar y verlos”, dice uno de los funcionarios. 

Se refiere a esos tipos con mochilas y gesto huidizo que se decían compradores de ropa.

El acuerdo entre México y Estados Unidos para frenar el tránsito de migrantes puso el foco en el río Suchiate y Tapachula, que se convirtió en la capital de la fortaleza que impide el paso de centroamericanos. 

Pero existen otras fronteras mucho menos mediáticas. 

Carmen Xhan.

Ciudad Cuauhtémoc.

Comalapa.

“Son zonas desprotegidas en las que se expanden los grupos del crimen organizado, ya sea a través de la trata de personas, como para extorsionar, robar o secuestrar”, explica Maya Casillas, abogada que hace cuatro años fundó Kaltsilaltik, una de las pocas organizaciones que se preocupan de los migrantes en este cruce olvidado. Esta mujer monitorea que se garanticen los derechos humanos de las familias en tránsito, vigila las condiciones de las estaciones migratorias, asesora a solicitantes de asilo y apoya a familias guatemaltecas a las que el incremento de la presión migratoria impide transitar por México como habían hecho durante décadas. 

En opinión de Casillas, la militarización, la llegada de la Guardia Nacional, el incremento de los controles tiene varias consecuencias: por un lado, obliga a los migrantes a adoptar rutas más peligrosas, ya que las condiciones de violencia y pobreza en origen no han cambiado. Por otro, dificulta el acceso al refugio a quienes llegan para poner a salvo su vida. Por último, complican la vida en la frontera, ya que ponen fin a rutinas de tránsito habituales, como la de los guatemaltecos que acuden al hospital en Comitán. 

“Tapachula está reconocida a nivel internacional como la frontera. Esto vulnerabiliza todavía el resto de la frontera, el resto de la población migrante que está cruzando por el resto de la frontera, porque no se ve, no se reconoce, y al no reconocerse, no hay organismos, no hay organizaciones, no hay instancias pro-derechos”, dice Casillas. 

***

“Se presentaron a mi trabajo, me pusieron una pistola en la cabeza, me dijeron que como no había colaborado, que no me querían ver en esa zona. Se acercaron así, lo mismo, como 6 pandilleros, unos 7 por otro”. Juan “N” es salvadoreño y también una excepción: llegó a México en marzo de 2018 buscando asilo, no pensando en seguir hacia Estados Unidos. Junto a su esposa y sus tres hijos, abandonaron una vida de infierno y la cambiaron por el infierno en tránsito. Es posible que si se hubiese quedado en su país ya estaría muerto. Por suerte, reside en Comitán, Chiapas, y su gran preocupación es recuperar a su hijo mayor, con quien perdió contacto después de que las autoridades migratorias se lo entregasen a su propia madre en Nueva York.  El último año y medio de esta familia recoge todo el dolor, la angustia, la arbitrariedad y las complicaciones de un viaje no deseado, el que te obliga a escapar para salvar tu vida.

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Juan “N” habla desde la oficina de Kaltsilaltik porque le da pena que le filmen en su casa. Lleva poco tiempo instalado y no quiere dar mala imagen. Esta es, posiblemente, una de las últimas entrevistas que se celebren en este despacho: la falta de financiamiento obliga a Maya Casillas a regresar a la precariedad, a partir de enero no tendrán un espacio físico porque no tienen con qué pagarlo. 

Por el momento, en dos de sus sillas se sientan Juan “N” y su esposa. 

Relatan que llegaron a Comitán a través de la frontera entre Ciudad Cuauhtémoc, en México, y La Mesilla, en Guatemala. Se trata de un paso comercial, delimitado por un portón en medio de un largo camino comercial. Ropa interior femenina, celulares, zapatillas. En paralelo existe un “extravío” que permite cruzar sin ser visto por los agentes migratorios. Pero en realidad da igual. Aquí se puede cruzar caminando y nadie va a preguntar de dónde vienes. El gran obstáculo llega en el punto de revisión migratoria a diez kilómetros de Comitán. Fue instalado en 2014, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha el denominado “Plan Frontera Sur” para cazar y deportar migrantes. 

“Nos retiramos de El Salvador porque había como mucho acoso de parte de pandillas y abuso de parte de la policía. Y, pues más de una ocasión atentaron contra mi vida y la de mi familia”, explica Juan “N”.

Para comprender la vida de este antiguo comerciante y su familia hay que volver a una guerra estancada en Centroamérica. Un conflicto que ha dejado miles de muertos, que se desarrolla entre trincheras invisibles y que enfrenta a dos estructuras nacidas en Estados Unidos pero que se desarrollaron de forma brutal en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Por un lado, la Mara Salvatrucha o MS-13. Por el otro, el Barrio 18, que en El Salvador se dividió entre “Sureños” y “Revolucionarios”. Dos pandillas juveniles que evolucionaron hasta convertirse en estructuras criminales que matan, secuestran y extorsionan. 

“Letras” y “números”, en la jerga centroamericana, que así se refiere a las pandillas cuando no quiere ni mentar sus nombres. 

“Por dónde vivía, las letras querían que les ayudase a detectar números. Y, por dónde trabajaba, los números querían que les ayudase a detectar letras”, explica.

La lógica es demencial. Te piden que colabores. Si te niegas, pueden matarte. Si huyes, pueden encontrarte. Si te encuentran, pueden matarte. El gobierno salvadoreño estima en 60 mil el número de pandilleros —MS-13 y Barrio 18 en sus dos vertientes, “sureños” y “revolucionarios”— y colaboradores. En un país de apenas seis millones de habitantes, el margen para escapar es muy limitado.

La historia de Juan “N” es de esas que uno tiene que relatar intentando contener la respiración: arrestado en México y encerrado en la estación migratoria de Comitán, de ahí trasladado a Siglo XXI, el mayor centro de detención para extranjeros de América Latina. Liberado para seguir su trámite en Tapachula y, posteriormente, en Comitán. Aterrorizado al ver pandilleros salvadoreños paseando tranquilamente en Chiapas. Obligado a formar parte de un “colectivo social” para obtener trabajo. Solicitante de asilo en Estados Unidos. Sobreviviente a un intento de secuestro en Reynosa, Tamaulipas. Detenido y separado de su familia tras pedir refugio por la vía legal en Estados Unidos. Deportado voluntariamente a los cinco meses, tras desistir de su proceso, agotado de estar encerrado lejos de su familia, que se encontraba en libertad en casa de su madre soportando abusos y vejaciones. 

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Todo este penoso tránsito tuvo que sufrirlo un hombre, una mujer y sus tres hijos que lo único que buscaban era un lugar en el que vivir sin el miedo a que alguien les metiese un balazo en la cabeza.

Gente como Juan “N” huyen de un país violento para quedarse en otro país también violento y en el que incluso pueden encontrar a compañeros de los tipos que quisieron matarlos. En este proceso, además, encuentran separación familiar, mal trato institucional y un racismo creciente. 

“Me ha tocado escuchar criticas super fuertes con las mujeres que dicen, pues “pues para qué se exponen”. Si viene una familia, y viene la mamá con sus hijas, ya la hija fue violada, decir, ¿no?, incluso a médicos: “ay, ¿y para qué se vienen?, ¿para qué se exponen? Como casi casi diciéndole: pues esto es lo que se ganan por haberse venido. Sin entender, que esta es una situación que va mucho más allá, y que si se están viniendo las familias y que si se están viviendo niñas, niños solos es porque hay algo, hay un detonante muy fuerte que tengan que huir de su país”, dice Maya Casillas.

Su intervención fue clave para que los solicitantes de asilo puedan ahora esperar la resolución de su caso en libertad. 

Entre enero y noviembre de 2019, México registró 66 mil 915 solicitudes de asilo. Los datos casi triplican las 26 mil 380 peticiones del año pasado. Los salvadoreños, con 8 mil 711, son la segunda nacionalidad que más refugio pide en México, por detrás de los hondureños.

Actualmente, Juan “N” vive con su esposa y dos de sus hijos, dos niños pequeños. Su gran preocupación es recuperar a su hijo mayor, que se quedó en casa de su madre, residente en Estados Unidos. Tiene miedo de que, por haber pedido el refugio en Estados Unidos, le nieguen la protección en México. Tiene miedo de que, si devuelven a su hijo, lo envíen a El Salvador, donde no hay nadie que pueda recibirlo. Tiene miedo de muchas cosas y, en verdad, lo único que lleva buscando desde que salió de su país es, precisamente, dejar de tener miedo. 

***

“Nosotros salimos el 17 de octubre, bueno, con el objetivo de lograr ese sueño de estar en Estados Unidos y, salimos así pues, dejando nuestros hijos allá, a la dispensa de nadie, pues. Y arriesgándonos a que cualquier cosa nos puede pasar en el camino, pero lo hacemos todo por un bienestar de nuestros hijos y también por mucha pobreza que hay en nuestro país. Que si nosotros supiéramos de que tenemos todo pues, no nos moveríamos, no nos arriesgamos a tantas cosas que suceden en este camino. Pero como somos tan pobres, de escasos recursos, entonces por eso es el motivo que nosotros andamos ahora acá”. 

Fabiola “N” se ha pasado unos minutos pensando qué nombre quiere que se utilice en esta nota. Esta mujer hondureña, de Trujillo, departamento de Colón, se ríe por la idea de aparecer en cámara. No tiene miedo. No huye de nadie. Donde ella reside no hay pandillas o grupos criminales. O, al menos, ella no ha tenido problemas con ellos. Ella escapa porque le persigue el hambre. Y el hambre también mata. 

En Honduras, seis de cada diez personas están bajo el umbral de la pobreza, según datos del Banco Mundial.

Entre ellos se encuentra Fabiola “N”, que un día salió con su esposo y se dirigió al norte sin tener muy claro con qué se iba a encontrar. No han decidido qué ruta tomarán. Tampoco saben muy bien cómo evitar los retenes del INM y de la Guardia Nacional. El primero, el gran centro de tratamiento ubicado a diez kilómetros de Comitán, lo rodearon a pie, como se ha hecho toda la vida. Esta es una rutina habitual en todo Chiapas. Los migrantes suben a una combi y piden bajarse 500 metros antes de que llegue el control. Lo rodean caminando y, si hay suerte, vuelven a subirse al camión cuando no hay peligro. Alejarse de la carretera a través de veredas es también exponerse. Muchos han sido secuestrados, asaltados, violadas, por tratar de evitar a los agentes migratorios.

La pareja explica que llegó a México caminando a través de La Mesilla. Que las acompañaba una muchacha hondureña que trabaja en uno de los clubs de Comalapa. “Los primeros días que llegamos, dos días tuvimos que, pedíamos para comer porque no traíamos dinero”, dice.

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Su objetivo es llegar a Estados Unidos, pero, siendo honestos, es muy difícil que superen Chiapas. Por delante tendrán, al menos, tres retenes fijos en su camino Tuxtla-Gutiérrez. Todo ello si los autobuses acceden a subirles. Desde el acuerdo entre México y Estados Unidos de junio hay empresas que piden documentos migratorios para poder acceder al camión. En realidad, se pide estos documentos solo a quien pueda resultar sospechoso de ser centroamericano.

“A mí me gustaría estar en los Estados Unidos, porque ese es el objetivo que traigo, de poder estar allá y poderle dar una vida mejor a mi familia”, dice Fabiola “N”, con un optimismo que raya la inconsciencia.

No está hecho este camino para los pobres que transitan en bus y a pie. 

Si uno quiere tener éxito en su tránsito es mucho más efectivo convertirse en una de las sombras que decían que iban a comprar ropa en Gracias a Dios. 

Eso lo sabe Fabiola “N”, que no tiene dinero para pagarse un coyote y, por eso, es posible que ya esté en una estación migratoria, preparada para ser deportada.

El día de esta entrevista, el miércoles 11 de diciembre, esperaba en el albergue para migrantes ubicado en las afueras de Comitán. Hoy son los dos únicos inquilinos. Su responsable explica las reglas: dos noches máximo. Ya platicando en corto detalla alguna más: los polleros no son bienvenidos.

Aunque lo habitual es que los coyotes dispongan de su red de hoteles, hay espabilados que utilizan los albergues para ahorrar. Un migrante puede llegar a pagar entre 8 mil y 12 mil dólares por realizar el camino. Dispone de tres intentos para alcanzar Estados Unidos. Si no lo consigue, si es arrestado por los agentes del INM o la Patrulla Fronteriza, regresará a casa endeudado y con la culpa del fracaso. Buena parte de este dinero se gasta en pagar sobornos a lo largo del camino. 

Pero no solo los polleros pagan sobornos.

Pagar a los agentes del INM es una obligación terriblemente habitual.

Lo cuentan, por ejemplo, los habitantes de Quetzal, una minúscula y pobre aldea ubicada en Guatemala, a unos metros caminando de México. En la década de 1980, el conflicto interno, la lucha entre la guerrilla y el ejército, obligó a sus habitantes a refugiarse en México. Por eso, aunque guatemaltecos, muchos nacieron mexicanos. En una frontera porosa las relaciones entre uno y otro lado son estrechas. Por eso, los habitantes de Quetzal acuden al hospital en Comitán. Porque tiene mejores servicios y porque está más cerca. Sin embargo, el incremento de la presión de la Guardia Nacional ha provocado que muchas de estas personas sean detenidas y, si no pagan la mordida de 500 pesos, deportadas a través de Tapachula, ubicada a cerca de 300 kilómetros.

Ese es el precio, 500 pesos para no ser deportado.

Alejada del foco mediático, las fronteras cercanas a Comitán son las fronteras “de los invisibles”, los que recurren a un pollero y tratan de pasar desapercibidos. 

“Tenemos flujos migratorios desde los años 80, cuando se reconoció como una frontera, pero con el retorno de los guatemaltecos dejó de verse como frontera y pareciera que ya no hay flujo migratorio. Esto no es cierto. Hay flujo migratorio y hay una serie de vulnerabilidades más a la población”, dice Maya Casillas.

Mientras ella desmonta su oficina, Juan “N” busca la manera de recuperar a su hijo, es probable que Fabiola “N” haya sido ya detenida por la migración y seguro que cientos de personas han cruzado a través de la ruta invisible. Algunos llegarán a Estados Unidos. Otros serán explotados aquí, en México. En ambos casos es más que probable que nunca sepamos nada de ellos.