El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que para atender los efectos en la población dañada por el derrame tóxico en el Río Sonora, provocado por el Grupo México, se desarrollará un plan de seguimiento a 15 años.
El diagnóstico de la Secretaría de Salud respecto al Grupo México y su responsabilidad con los habitantes afectados por el derrame de metales pesados en el afluente, es que no se cumplió con el compromiso de dotar de las condiciones médicas y hospitalarias necesarias, explicó.
Por ello, añadió Alcocer, se propuso un nuevo plan que contará con el seguimiento de los tres niveles de gobierno.
“Será un plan de desarrollo a 15 años; el marco legal está basado en cuatro ejes, legal, multiparticipativo, con programas anuales y políticas de participación amplia y evaluación de metas y resultados”, detalló el secretario de Salud en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Señaló que hubo una reunión el pasado 18 de diciembre, en la que participaron autoridades, ciudadanos, académicos y representantes de la empresa.
“En la reunión aparecieron los afectados por este derrame tóxico”, dijo al mencionar que todos quisieron expresar su opinión y se plantearon exigencias. Con base en ello se planteó el plan de seguimiento, expuso Alcocer.
El derrame ocurrido el 6 de agosto de 2014 empeoró las condiciones de deterioro ambiental que se registra en esa zona; también hay 382 personas afectadas, y existen mil expedientes relacionados con esta problemática.
“El problema se agudizó con el accidente, desde mucho antes hay contaminación de agua, tierra y aire por la actividad minera. No se ha hecho nada por la salud de las personas y los animales”, criticó el secretario.
Las exigencias de los habitantes incluyen que se dé servicio de salud, con el fortalecimiento de los hospitales, ya que el más cercano se localiza a 40 minutos en la capital del estado de Sonora; que haya personal suficiente y especializado, además de equipamiento moderno, y que se mejore el abasto en medicamentos.
“Además, pidieron seguridad en todo el estado y que el fideicomiso para resarcir el medio ambiente sea regulado por el gobierno federal”, señaló el secretario.
Criticó que el Fideicomiso creado por la empresa en 2014 no ha cumplido con lo establecido en el acuerdo inicial.
“Otro compromiso de la empresa minera, lo repetía, fue la creación de una unidad que se encargara de todo eso, se le dio el nombre de Vigilancia Epidemiológica Ambiental, UVEA, que ustedes conocerán, que fuera financiada por el fideicomiso de la empresa y en opinión de la gran mayoría, y comparto esto, ha sido letra muerta desde 2014, nunca se vieron avances”.
Alcocer dijo que se requieren siete millones de pesos para dotar de todo el personal médico y enfermeras que atiendan a la población afectada, entre los que se encuentran incluso siquiatras porque la salud mental de los habitantes también resultó dañada.
Alcocer señaló que además se planteó que debe haber un manejo de las aguas residuales y de las lagunas de oxidación, para ello se contará con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y se promoverá un programa hidroagrícola en el estado de Sonora.
“Hay evidencias de que sigue la contaminación del agua”, señaló el funcionario federal, quien denunció además que el hospital rural comunitario y el inmueble construido por el Grupo México para que funcionara como una unidad de salud no reúnen las condiciones necesarias para servir en este propósito.
“No existió incumplimiento alguno”
Grupo México, ante los señalamientos del gobierno federal, negó haber incumplido con los acuerdos de reparación del daño.
“El derrame de solución acidulada de cobre en 2014 de la mina Buenavista del Cobre fue atendido oportunamente, con estricto apego a la normatividad oficial; a la operación del Fideicomiso Río Sonora y bajo las instrucciones y supervisión de la Semarnat, la Profepa y la Cofepris”, señaló en un comunicado.
“Se aportaron dos mil millones de pesos, más que los 400 millones de pesos inicialmente previstos para la remediación. No existió incumplimiento alguno por parte de Grupo México”.
Actualmente, continuó, “no existe prueba científica que vincule afectaciones al estado de los recursos naturales o la salud en la zona con aquellos hechos. Mediciones de la calidad del agua del Río Sonora posteriores al incidente han sido incluso más bajas que las de diez o más años antes de que ocurriera.
Grupo México ha realizado un esfuerzo sin precedentes, al realizar un programa de monitoreo por cinco años con muestras tomadas en pozos de la región, en colaboración con Conagua. Esa información es pública”.
Con información de Notimex
