México, reprobado en acceso a derechos sociales pese a que creció en cobertura: Coneval
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México, reprobado en acceso a derechos sociales pese a que creció en cobertura: Coneval

En 2018, menos de la mitad de la población derechohabiente (47.8%) recibió servicios preventivos relacionados con padecimientos crónico-degenerativos en instituciones públicas, un servicio básico que es obligación del Estado.
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11 de diciembre, 2019
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El Coneval presentó este 10 de diciembre su Sistema de Información de Derechos Sociales en el que registra información sobre el acceso efectivo a educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad social. Los hallazgos muestran que la cobertura de servicios ligados a estos ámbitos ha crecido en México, pero eso no quiere decir que se proporcionen con suficiencia y calidad.

En educación, entre 2010 y 2018, el porcentaje de población de 15 a 21 años que asistía al nivel medio superior aumentó casi siete puntos porcentuales, al pasar de 56.1% a 62.8%.

Sin embargo, “si bien el rezago educativo ha descendido en el país, la calidad de la educación aún muestra amplios márgenes de mejora”, mencionó José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante la presentación del Sistema.

De acuerdo con la prueba PLANEA, en 2017 los estudiantes de tercer grado de secundaria con niveles satisfactorios o sobresalientes en dominio de campos como el Lenguaje y Comunicación o Matemáticas eran bajos (26.1% y 13.7%).

Lee: Mujeres, indígenas, personas LGBTI y adultos mayores tienen los peores salarios en México

Estos resultados evidencian la necesidad de redoblar esfuerzos en materia pedagógica, así como de seguir generando información que permita dar cuenta de la calidad del aprendizaje en el país.

En tanto que en salud, entre 2010 y 2018, el porcentaje de población que obtuvo acceso a servicios médicos aumentó de 70.8% a 83.8%.

Pero, explicó Nabor Cruz, la afiliación a los servicios o programas no es condición suficiente.

En 2018, por ejemplo, menos de la mitad de la población derechohabiente (47.8%) recibió servicios preventivos relacionados con padecimientos crónico-degenerativos en instituciones públicas, un servicio básico que es obligación del Estado proporcionar.

Los sistemas de seguridad social, por su parte, desempeñan un papel fundamental en la generación de igualdad de oportunidades y bienestar en distintos momentos del curso de vida de las personas. En el caso de la población de niñas, niños y adolescentes, el porcentaje de personas con acceso a mecanismos de protección social se ubicó en 35.9% en 2010 y aumentó ligeramente a 38.9% en 2018.

Sin embargo, el año pasado, solo tres de cada diez personas de 65 años o más recibió una jubilación o pensión (contributiva o no contributiva) por un monto igual o mayor al valor promedio de la línea de pobreza por ingresos (equivalente al costo de la canasta alimentaria y no alimentaria). Aunque se espera que este indicador mejorará el siguiente año con las pensiones para los adultos mayores que puso en marcha la actual administración federal.

Respecto al derecho a la alimentación, el porcentaje de población que vive en hogares con seguridad alimentaria donde, además, se consume una dieta diversa, mejoró tres puntos porcentuales entre 2014 y 2018.

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A pesar de ello, en 2016 cerca de tres de cada diez personas de 20 años o más presentaba sobrepeso u obesidad, principal factor modificable de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cánceres.

La información sugiere la urgencia de mejorar el acceso de las personas a dietas de calidad y servicios de salud, así como de garantizar que este acceso se distribuya de manera equitativo entre todos los miembros del hogar.

Mientras que el porcentaje de población con acceso a servicios básicos en la vivienda en 2018 fue de 80.2%, e incluso hubo una mejoría respecto de 2010, (77.1%), “solo la mitad de la población tiene disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda todos los días”, señaló Nabor Cruz, y esta situación no mostró cambios entre 2010 y 2018 (pasó de 52.5% a 53.6%, respectivamente). Tales índices reflejan la necesidad de sumar esfuerzos desde la política pública en materia de accesibilidad a los servicios básicos de la vivienda.

En cuanto a grupos prioritarios, “las mujeres indígenas están sobrerepresentadas en el decil de ingreso más pobre, por el contrario solo 2 de cada 100 está en el decil de ingresos más ricos”, reveló el secretario ejecutivo del Coneval.

En 2018, 75.3% de las mujeres indígenas rurales residía en viviendas sin acceso a agua entubada o en las que se cocina con leña o carbón, sin tener chimenea. Esta situación afectaba a 6.5% de las mujeres no indígenas que vivían en la ciudad. La brecha (68.8 puntos porcentuales) refleja con claridad la acumulación de desventajas a las que están expuestas, no solo por su pertenencia a un grupo étnico, sino también por su lugar de residencia.

Entre las mujeres adultas mayores solo 2 de cada 10 recibieron una pensión contributiva, como resultado de su baja participación en el mercado laboral formal, así como de las trayectorias laborales interrumpidas por los trabajos domésticos, de crianza y de cuidados de los hijos.

Respecto a la población con discapacidad, en 2018, mientras que 69.4% de la población sin discapacidad realizaba alguna actividad económica, sólo 39.8% de la población con alguna discapacidad lo hacía. Esta diferencia, de casi 30 puntos porcentuales, visibiliza la exclusión de uno de los espacios de participación social más importantes para su desarrollo, puesto que el trabajo no sólo aporta ingresos, sino oportunidades de socialización, aprendizaje y autoestima.

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En el caso de los jóvenes, este grupo enfrenta condiciones de precariedad laboral, en 2018 solo 4 de cada 10 jóvenes urbanos ocupados contaron con acceso a prestaciones laborales de seguridad social. Esta situación se agrava para los jóvenes que residen en el ámbito rural, pues solo 15.1% recibieron este beneficio por parte de su empleador.

El sistema de información del Coneval también muestra las brechas por estados. En el total nacional, solo 49.9% de la población tiene viviendas con espacios suficientes, es decir espacios exclusivos para dormir o cocinar y sin hacinamiento. Un porcentaje bajo que empeora en Chiapas, Michoacán, Puebla y Guerrero, donde la población en viviendas con estas características es menor a 27%.

A nivel nacional, el porcentaje de hogares que consumen diariamente frutas y verduras llegó apenas a 21.1%. La situación es más grave en entidades, como Guerrero, Chiapas, Yucatán, Tabasco, Campeche, Veracruz y Oaxaca, donde este porcentaje era menor al 13%.

En esta fase inicial, el Sistema está compuesto por 139 indicadores distribuidos en dos componentes: el primero es el de acceso efectivo a educación, salud, seguridad social, alimentación y vivienda, con 47 indicadores y desagregación a nivel entidad federativa.

El segundo componente es el de brechas de desigualdad en grupos específicos de población. Este tiene 92 indicadores, a nivel nacional, que hacen visibles las brechas en el ejercicio de los derechos entre grupos de población históricamente en desventaja, como mujeres indígenas, población joven (12 a 29 años), población adulta mayor (65 años y más) y población con alguna discapacidad.

En una segunda fase, el Sistema tendrá indicadores relacionados con el derecho al trabajo, al medio ambiente sano y a la no discriminación.

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El país que ya atraviesa una 'tercera ola' de COVID-19

Mientras numerosos países enfrentan la temida "segunda ola" de casos de coronavirus, y todavía hay lugares que no superan la primera, Irán ya está contando los muertos de una tercera oleada.
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16 de octubre, 2020
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Mientras numerosos países enfrentan la temida “segunda ola” de casos de coronavirus, y todavía hay lugares que no superan la primera, Irán ya está contando los muertos de una tercera oleada.

Y en el que ya era uno de los países de Medio Oriente más afectados por la pandemia, esa “tercera ola” es la más letal hasta la fecha.

Irán volvió a romper su récord de contagios diarios a mediados de la semana con los 4,830 nuevos casos de COVID-19 del miércoles 14 de octubre, según los registros de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos).

Pero la nación persa está rompiendo marcas desde el pasado 22 de septiembre, cuando superó por primera vez los 3,574 casos diarios registrados a principios de junio, en lo más alto de su “segunda ola”.

“Aunque la segunda ola de coronavirus fue contenida exitosamente, la tercera ola ha estado emergiendo porque se han ignorado los protocolos sanitarios”, alertó ese mismo día el ministro de Salud iraní, Saeed Namaki, según un reporte de la agencia oficial Iran Press.

Menos de dos semanas después, el 5 de octubre, Irán ya había igualado su récord de muertes diarias, que se remontaba al mes de julio.

Y los 279 muertos registrados este miércoles también son el mayor número diario en un país que, según cifras oficiales, ya suma más de medio millón de contagios y casi 30,000 muertos por la pandemia.

Entierro en Irán

Getty Images
Irán volvió a romper su récord de muertes por COVID-19 en un mismo día.

La cifra real, sin embargo, es mucho mayor: en agosto pasado el servicio persa de la BBC recibió registros gubernamentales filtrados que mostraban que a 20 de julio habían muerto casi 42,000 personas con síntomas de COVID-19, pero el Ministerio de Salud solamente reportaba 14,405 fallecidos.

La cantidad de personas identificadas como infectadas en esos documentos también era casi el doble de las cifras del ministerio.

Y el viceministro de Salud iraní, Iraj Haririchi, finalmente reconoció que el número real de muertos es “significativamente” más alto que el de las cifras oficiales.

Según BBC Persa, Haririchi explicó que las estadísticas oficiales se basan en el número de muertes con prueba de PCR positiva, pero estimó que, dependiendo de la provincia, el número real de víctimas de coronavirus es entre 1.5 y 2.2 veces más alto que el arrojado por esos registros.

El viceministro también advirtió que tanto trabajadores de la salud como suministros médicos están al borde del agotamiento por el empeoramiento de la situación en Teherán y otras regiones del país.

Teherán “cerrada”

En estos momentos, 27 de las 31 provincias del país ya han sido designadas por las autoridades iraníes como zonas “rojas” por el rápido aumento de contagios.

Y la situación en la capital, Teherán, y sus suburbios, ha sido descrita como especialmente “crítica”.

Ambulancia en Teherán

EPA
Los servicios médicos en Teherán están casi al límite de sus capacidades.

El doctor Alireza Zali, quien comanda las operaciones contra el coronavirus en la provincia de Teherán, advirtió este miércoles que la misma vive “los días más difíciles de la tercera ola la enfermedad”.

“Si no se realiza una intervención seria, esta subida no declinará y las condiciones pueden mantenerla así”, agregó Zali, según declaraciones recogidas por BBC Persa.

Para tratar de limitar la propagación del virus, el uso de mascarillas en la capital es obligatorio desde el pasado sábado, con el gobierno anunciando multas de 6.60 dólares para quien salga a la calle sin una.

Y este miércoles también quedaron prohibidos todos los viajes desde o hacia Teherán y otras cuatro grandes ciudades iraníes hasta el mediodía del domingo.

La medida se ordenó un día después de que el líder supremo de Irán, ayatolá Alí Jamenei, pidiera expresamente la prohibición “de ciertas actividades y viajes”.

Mujer con mascarilla en Teherán

EPA
Las mascarillas son obligatorias en Teherán desde el sábado pasado.

“Las regulaciones sobre el corona deben ser soberanas y vinculantes. Hace tiempo que les he dicho al estimado presidente y a los funcionarios que deben hacerse cumplir”, dijo también Jamenei, según su cuenta de Twitter.

El presidente Hassan Rouhani, por su parte, ya había declarado la semana pasada que cualquier persona que oculte una infección por COVID-19 y no se ponga en cuarentena durante 14 días debería enfrentar “el mayor castigo”.

Y el mandatario también advirtió que los empleados del gobierno que incumplan repetidamente las regulaciones podrían ser suspendidos durante un año y que los negocios infractores podrían cerrarse.

Predicciones sombrías

Las nuevas disposiciones son un buen reflejo de la posición oficial, que culpa del resurgimiento del virus a la falta de cumplimiento de medidas como el uso de máscaras y el distanciamiento social.

Y es que aunque el ministro de Salud iraní, Saeed Namaki, insistió esta semana que mantener “sanciones ilegales” durante una pandemia equivale a un genocidio, también aseguró que Irán ha podido satisfacer sus necesidades de medicamentos y equipos de protección, e incluso exportar a otros países.

Iraníes en una celebración religiosa

Reuters
Las autoridades han amenazado con sancionar a quienes no cumplan con las regulaciones.

En un país empobrecido y agotado por años de sanciones, sin embargo, la confianza en la capacidad de las autoridades para lidiar con la pandemia de coronavirus ha ido disminuyendo.

Y hasta el jefe de la Asociación Médica Iraní, quien es nombrado por el gobierno, se ha mostrado crítico, acusando a los funcionarios encargados de lidiar con la crisis de haber ignorado las advertencias de los expertos.

“Algunas decisiones no fueron tomadas por los expertos, como la reapertura de escuelas o el anuncio de protocolos que la gente no estaba obligada a seguir”, dijo Mohammad Reza Zafarghandi, en declaraciones recogidas por el diario The Guardian.

Pero para Mohammad Talebpour, el director del hospital Sina, el más viejo de Teherán, si los iraníes no actúan todos juntos las consecuencias podrían ser todavía más desastrosas.

Talebpour le dijo al mismo The Guardian que, en ese caso, y si la enfermedad persiste por otros 18 meses, el número de muertos podría alcanzar los 300,000.

Más que una ola, un verdadero maremoto para Irán.

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