El Coneval presentó este 10 de diciembre su Sistema de Información de Derechos Sociales en el que registra información sobre el acceso efectivo a educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad social. Los hallazgos muestran que la cobertura de servicios ligados a estos ámbitos ha crecido en México, pero eso no quiere decir que se proporcionen con suficiencia y calidad.
En educación, entre 2010 y 2018, el porcentaje de población de 15 a 21 años que asistía al nivel medio superior aumentó casi siete puntos porcentuales, al pasar de 56.1% a 62.8%.
Sin embargo, “si bien el rezago educativo ha descendido en el país, la calidad de la educación aún muestra amplios márgenes de mejora”, mencionó José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante la presentación del Sistema.
De acuerdo con la prueba PLANEA, en 2017 los estudiantes de tercer grado de secundaria con niveles satisfactorios o sobresalientes en dominio de campos como el Lenguaje y Comunicación o Matemáticas eran bajos (26.1% y 13.7%).
Estos resultados evidencian la necesidad de redoblar esfuerzos en materia pedagógica, así como de seguir generando información que permita dar cuenta de la calidad del aprendizaje en el país.
En tanto que en salud, entre 2010 y 2018, el porcentaje de población que obtuvo acceso a servicios médicos aumentó de 70.8% a 83.8%.
Pero, explicó Nabor Cruz, la afiliación a los servicios o programas no es condición suficiente.
En 2018, por ejemplo, menos de la mitad de la población derechohabiente (47.8%) recibió servicios preventivos relacionados con padecimientos crónico-degenerativos en instituciones públicas, un servicio básico que es obligación del Estado proporcionar.
Los sistemas de seguridad social, por su parte, desempeñan un papel fundamental en la generación de igualdad de oportunidades y bienestar en distintos momentos del curso de vida de las personas. En el caso de la población de niñas, niños y adolescentes, el porcentaje de personas con acceso a mecanismos de protección social se ubicó en 35.9% en 2010 y aumentó ligeramente a 38.9% en 2018.
Sin embargo, el año pasado, solo tres de cada diez personas de 65 años o más recibió una jubilación o pensión (contributiva o no contributiva) por un monto igual o mayor al valor promedio de la línea de pobreza por ingresos (equivalente al costo de la canasta alimentaria y no alimentaria). Aunque se espera que este indicador mejorará el siguiente año con las pensiones para los adultos mayores que puso en marcha la actual administración federal.
Respecto al derecho a la alimentación, el porcentaje de población que vive en hogares con seguridad alimentaria donde, además, se consume una dieta diversa, mejoró tres puntos porcentuales entre 2014 y 2018.
A pesar de ello, en 2016 cerca de tres de cada diez personas de 20 años o más presentaba sobrepeso u obesidad, principal factor modificable de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cánceres.
La información sugiere la urgencia de mejorar el acceso de las personas a dietas de calidad y servicios de salud, así como de garantizar que este acceso se distribuya de manera equitativo entre todos los miembros del hogar.
Mientras que el porcentaje de población con acceso a servicios básicos en la vivienda en 2018 fue de 80.2%, e incluso hubo una mejoría respecto de 2010, (77.1%), “solo la mitad de la población tiene disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda todos los días”, señaló Nabor Cruz, y esta situación no mostró cambios entre 2010 y 2018 (pasó de 52.5% a 53.6%, respectivamente). Tales índices reflejan la necesidad de sumar esfuerzos desde la política pública en materia de accesibilidad a los servicios básicos de la vivienda.
En cuanto a grupos prioritarios, “las mujeres indígenas están sobrerepresentadas en el decil de ingreso más pobre, por el contrario solo 2 de cada 100 está en el decil de ingresos más ricos”, reveló el secretario ejecutivo del Coneval.
En 2018, 75.3% de las mujeres indígenas rurales residía en viviendas sin acceso a agua entubada o en las que se cocina con leña o carbón, sin tener chimenea. Esta situación afectaba a 6.5% de las mujeres no indígenas que vivían en la ciudad. La brecha (68.8 puntos porcentuales) refleja con claridad la acumulación de desventajas a las que están expuestas, no solo por su pertenencia a un grupo étnico, sino también por su lugar de residencia.
Entre las mujeres adultas mayores solo 2 de cada 10 recibieron una pensión contributiva, como resultado de su baja participación en el mercado laboral formal, así como de las trayectorias laborales interrumpidas por los trabajos domésticos, de crianza y de cuidados de los hijos.
Respecto a la población con discapacidad, en 2018, mientras que 69.4% de la población sin discapacidad realizaba alguna actividad económica, sólo 39.8% de la población con alguna discapacidad lo hacía. Esta diferencia, de casi 30 puntos porcentuales, visibiliza la exclusión de uno de los espacios de participación social más importantes para su desarrollo, puesto que el trabajo no sólo aporta ingresos, sino oportunidades de socialización, aprendizaje y autoestima.
En el caso de los jóvenes, este grupo enfrenta condiciones de precariedad laboral, en 2018 solo 4 de cada 10 jóvenes urbanos ocupados contaron con acceso a prestaciones laborales de seguridad social. Esta situación se agrava para los jóvenes que residen en el ámbito rural, pues solo 15.1% recibieron este beneficio por parte de su empleador.
El sistema de información del Coneval también muestra las brechas por estados. En el total nacional, solo 49.9% de la población tiene viviendas con espacios suficientes, es decir espacios exclusivos para dormir o cocinar y sin hacinamiento. Un porcentaje bajo que empeora en Chiapas, Michoacán, Puebla y Guerrero, donde la población en viviendas con estas características es menor a 27%.
A nivel nacional, el porcentaje de hogares que consumen diariamente frutas y verduras llegó apenas a 21.1%. La situación es más grave en entidades, como Guerrero, Chiapas, Yucatán, Tabasco, Campeche, Veracruz y Oaxaca, donde este porcentaje era menor al 13%.
En esta fase inicial, el Sistema está compuesto por 139 indicadores distribuidos en dos componentes: el primero es el de acceso efectivo a educación, salud, seguridad social, alimentación y vivienda, con 47 indicadores y desagregación a nivel entidad federativa.
El segundo componente es el de brechas de desigualdad en grupos específicos de población. Este tiene 92 indicadores, a nivel nacional, que hacen visibles las brechas en el ejercicio de los derechos entre grupos de población históricamente en desventaja, como mujeres indígenas, población joven (12 a 29 años), población adulta mayor (65 años y más) y población con alguna discapacidad.
En una segunda fase, el Sistema tendrá indicadores relacionados con el derecho al trabajo, al medio ambiente sano y a la no discriminación.
