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Especial

José Martín murió en México por falta de atención médica 3 meses después de ser deportado de EU

Un michoacano con problemas en el riñón murió en Ciudad de México en junio. Apenas llevaba tres meses en el país después de 35 años en Estados Unidos. La organización Otros Dreamers en Acción (OEA) denuncian el abandono de esta población y la falta de políticas públicas.
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16 de diciembre, 2019
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José Marín Delgado Jaimes, de 54 años, murió el 24 de junio en un hospital de Especialidades Doctor Belisario Domínguez, de Ciudad de México.

Murió solo, muy lejos de su familia y de California, el lugar en el que residió durante los últimos 35 años. 

Delgado Jaimes nació en Huetamo, Michoacán, pero pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos, donde residen sus cinco hijos. La vida de este hombre que en su último video aparece con el pelo cano y repeinado hacia atrás, delgado y debilitado, tiene varios puntos de quiebre. Cuando fue encarcelado. Cuando cayó enfermo del riñón. Cuando fue trasladado a un centro de detención para migrantes en EUA. Cuando fue deportado. 

Entre la deportación, que tuvo lugar el 10 de abril, y su fallecimiento, apenas transcurrieron tres meses. Así lo señala la denuncia presentada en noviembre por el laboratorio jurídico de la Universidad Iberoamericana ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR). Con esta iniciativa, los abogados quieren que se investigue si las autoridades cometieron algún tipo de omisión que favoreció el fallecimiento del deportado. 

“El señor Delgado Jaimes se encontraba en una lista de espera para trasplante de riñón en Washington. Además, se encontraba en espera de una audiencia judicial ya programada para aplazar su orden de deportación y poder recibir el trasplante y los cuidados médicos que necesitaba. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, una agencia ejecutiva policial del gobierno federal de los Estados Unidos encargada del cumplimiento de las leyes de inmigración y la investigación de las actividades delictivas y terroristas de ciudadanos extranjeros que residen en los Estados Unidos, aceleró su deportación”, dice la querella.

Sus problemas renales se agravaron nada más pisar México, asegura Margarita Loredo, cofundadora de Otros Dreamers en Acción (ODA), una organización que acompaña a deportados que llegan al que fue su país, pero se encuentran con el abandono de sus instituciones. Este colectivo, fundado por retornados como ella, se encargan de atenciones de las que el Estado no se preocupa: acompañan a los recién llegados a sacar su documentación, les explican los trámites que deben realizar para, por ejemplo, recibir atención médica en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. 

“José Delgado no contaba con ningún familiar en la Ciudad de México, no tenía recursos económicos disponibles y su familia se encontraba en Estados Unidos. Además, no había estado en México por más de 30 años por lo que no contaba con una red de apoyo ni posibilidades efectivas de asegurarse derechos mínimos, atención médica, trabajo e ingreso o vivienda”, dice la denuncia. 

“Existe una doble responsabilidad del Estado”, asegura Loredo, que censura la participación directa de México en la deportación y la falta de alternativas ofrecidas una vez Delgado James fue retornado. 

Según datos de la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración, hasta el mes de septiembre un total de 176 mil 220 mexicanos fueron deportados desde EUA. El gobierno de Donald Trump debería pisar el acelerador en las expulsiones si quiere alcanzar la cifra de 2018, cuando 203 mil 669 mexicanos fueron devueltos al país. 

No hay cifras sobre cuántos de ellos llegaron enfermos. 

Animal Político preguntó al Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) sobre los programas de apoyo a los repatriados. Las diferentes instituciones se pasaron la pelota la una a la otra, sin especificar cómo ayudan a un colectivo que tiene una gran relevancia. En la última década se registraron más de tres millones de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos.

A pesar de la retórica xenófoba con la que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, los números más elevados de la última década se los lleva Barack Obama, que en 2009 expulsó a 601 mil 356 mexicanos. 

Las deportaciones se han reducido cerca de dos tercios desde entonces. Sin embargo, Loredo percibe dos fenómenos: que ahora se habla mucho más de las devoluciones y que no existen políticas públicas que atiendan las necesidades del colectivo.

“Se asumen muchas cosas por parte del estado que no son correctas. Se asume que tienes familia, que tienes una casa, que tienes un lugar donde ir. Pero no es cierto”, dice Loredo. Ella misma retornó a México en 2008, harta de que su condición de irregular fuese una traba para hacer su vida diaria. Junto a Jill Anderson, fundó ODA en 2016 como espacio de unión para la comunidad de repatriados.

Dinero en efectivo del que nadie se hace responsable

José Marín Delgado Jaimes es un ejemplo extremo de la soledad del deportado. Un mexicano que hizo su vida en Estados Unidos, que fue obligado a retornar a un país que no conocía y que murió sin apenas recursos.

Según consta en la denuncia ante la FGR, Delgado Jaimes fue trasladado el 10 de abril desde el centro de detención de Tacoma, donde había permanecido los últimos cuatro años, hasta Ciudad Juárez, en la frontera. Junto a él se encontraba, entre otros, Eladio Clemente Pacheco, un oaxaqueño de 35 años al que lo deportaron después de seis años encerrado en la cárcel para extranjeros en situación irregular.

Delgado James y Pacheco tienen varias cosas en común. 

Ambos pasaron un tiempo en prisión antes de ser trasladados a Tacoma. Delgado Jaimes por una acusación familiar (“acoso sexual”, dice su compañero). Sus acompañantes de ODA afirman que él siempre sostuvo su inocencia y que se vio forzado a declararse culpable por malos consejos de un abogado de oficio. Pacheco, acusado de “violencia doméstica”, aunque él asegura que fue “una discusión normal”.

Ambos tenían problemas de salud. El primero, la enfermedad renal que terminaría por matarlo e hipertensión. El segundo, una afección cardíaca para la que, según afirma, todavía no ha logrado tratamiento dentro del sistema mexicano.

Por último, los dos fueron trasladados de Ciudad Juárez a Ciudad de México en un vuelo comercial. 

Pacheco relata que la expulsión se llevó a cabo con engaños. “A él nunca le dijeron que le iban a deportar”, dice. El oaxaqueño asegura que una mujer del consulado de México en Seattle les prometió que tendrían apoyo. “Todo era mentira”, se queja.

Los engaños, según esta versión, prosiguieron en frontera, cuando la expulsión era un hecho. “Nos dijeron que nos llevarían a Puebla, donde tendríamos tratamiento. No fue verdad”, afirma.

Finalmente, ambos recalaron en el aeropuerto de Ciudad de México. Ahí les esperaba un funcionario del Instituto Nacional de Migración llamado Héctor Castillo. Según la denuncia interpuesta ante la fiscalía, este les hizo entrega de 9 mil pesos en metálico y les condujo a Constitución de 1917. Alcoholismo y Drogadicción A.C, un centro de rehabilitación ubicado en Iztapalapa que, en ocasiones, también acoge a recién llegados de EUA.

“No nos dio recibo de nada”, dice Pacheco.

Fuentes del INM confirmaron la pertenencia de Castillo a la institución que dirige Francisco Garduño. Sin embargo, negaron que exista protocolo alguno por el que sus funcionarios entreguen dinero en efectivo. 

Delgado Jaimes debía someterse a hemodiálisis cada tres días. Pero no disponía de documentación, ya que a los deportados los dejan en México solo con la “Constancia de recepción de mexicanos repatriados” que emite el INM y el “Certificado de Presunción de Nacionalidad Mexicana” que entrega el consulado. Ninguno de estos documentos sirve para identificarse o para acceder al sistema sanitario. Para ello es imprescindible la Clave Única de Registro de Población (CURP), y eso toma su tiempo. 

Así que Delgado Jaimes gastó rápidamente el dinero que Castillo le entregó. Cada sesión en la clínica privada Médica Santa Carmen cuesta 1,860 pesos, por lo que para el 22 de abril el deportado tenía los bolsillos vacíos y mucha urgencia. 

Sin dinero y sin apoyo, su historia a partir de entonces es la de un hombre que depende del voluntarismo para salir adelante. Duerme en el albergue de Constitución 1917, que le permite seguir ahí por un tiempo indefinido, según su vicepresidente, José Luis Gutiérrez. Recibe el apoyo de ODA para obtener su documentación y se enfrenta a un penoso peregrinaje a través de las instituciones.

La primera dificultad fue obtener su CURP y su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE). En diversas ocasiones fue rechazado ya que las instituciones no reconocían su acta de nacimiento. Finalmente, ODA terminó interponiendo una denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Posteriormente también se interpuso otra denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Finalmente, “logró la afiliación al Seguro Popular y acceder a servicios y atención médica, pero dicho esquema no cubría la hemodiálisis por lo que se mantuvo el tratamiento en la clínica privada. Durante todo el periodo siguió alojado en el albergue y centro de rehabilitación “Constitución de 1917. Alcoholismo y Drogadicción A.C”, indica la denuncia. 

Dependiente de una institución privada para su tratamiento, las últimas semanas del señor José fueron un calvario y transcurrieron entre el albergue y diversos centros hospitalarios.

El 25 de junio es hospitalizado por última vez en el Belisario Domínguez. Fallece a las pocas horas. 

Margarita Loredo, una de las pocas personas que acompañó a Delgado Jaime en sus últimos tres meses de vida, señala directamente al Estado y denuncia que su abandono no es una excepción. 

Clemente Pacheco, su compañero, teme por propia vida y dice que, tres meses después de su deportación, nadie le ha dado soluciones para su padecimiento de corazón.

Los deportados son miles, cientos de miles. Pero sin el voluntarismo de gente como Loredo, muchos están abandonados a su suerte.

 

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Qué implica que García Luna se declarara 'no culpable' de narcotráfico en EU

El otrora hombre fuerte de la policía en México apareció en una corte de Nueva York acusado de conspiración para el narcotráfico y otros cargos que rechazó. Permanecerá detenido mientras se define si va a juicio.
5 de enero, 2020
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Genaro García Luna

Getty Images
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública de México.

Fue una escena con ribetes surrealistas: Genaro García Luna, arquitecto de la guerra contra el narco en México, entró a una corte de Nueva York este viernes acusado de conspiración para traficar cocaína.

En una audiencia que duró menos de media hora, García Luna se declaró “no culpable” de los cargos que enfrenta, que podrían costarle entre 10 años de prisión y cadena perpetua.

Vestía un jersey gris de algodón, pantalones beige y, tras casi un mes detenido, lucía algo demacrado respecto a su imagen de secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano de Felipe Calderón (2006-2012).

Al ingresar y retirarse de la sala custodiado por guardias, buscó con su mirada a su esposa e hijos presentes entre el público, que lo despidieron con gestos de fuerza con sus puños.

La audiencia transcurrió en la misma corte federal de Brooklyn donde el año pasado fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa que según la acusación entregó millones de dólares en sobornos a García Luna para “operar con impunidad” en México.

Después que la fiscalía advirtiera que hay un “riesgo inaceptable de fuga” si fuera liberado, la jueza Peggy Kuo decidió que García Luna, de 51 años, permanezca preso mientras su defensa trabaja en un pedido de fianza.

La próxima audiencia quedó fijada para el 21 de enero y se abren distintos escenarios para el otrora hombre fuerte de la policía mexicana.

¿Habrá juicio?

Además de los cargos por conspiración para el narcotráfico, García Luna también está acusado de formular declaraciones falsas en 2018, al pedir su naturalización para obtener la ciudadanía de EE.UU.

El exfuncionario mexicano se mudó en 2012 a Florida, donde obtuvo estatus de residente y fundó una empresa de seguridad con sus iniciales.

García Luna y Felipe Calderón

Getty Images
García Luna fue pieza clave en la estrategia contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón (derecha).

Fue detenido el mes pasado en Dallas, Texas, después que la justicia de EE.UU. emitiera una orden de arresto en su contra, una noticia que causó asombro a ambos lados de la frontera.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló esta semana el arresto de García Luna como la “prueba” de que el narcotráfico convivía con el poder en su país.

“Nada más esa prueba o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha (de Calderón) está acusado de proteger a una organización delictiva”, sostuvo AMLO en el Palacio Nacional de México.

Además de su cargo como secretario de Seguridad Pública, desde el que trazó la estrategia de la guerra contra los carteles de la droga, García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la desaparecida Agencia Federal de Investigación, que combatía el crimen organizado y la corrupción en México.

Aunque se declaró “no culpable”, García Luna aún podría evitar ir a juicio si llegase a algún tipo de acuerdo con el gobierno estadounidense.

De hecho, la jueza y la fiscalía sugirieron esa posibilidad en la audiencia de este viernes.

“Una pregunta es si el gobierno estaría dispuesto a retirar esos cargos” para alcanzar un acuerdo, dice Rob Heroy, un abogado que ha defendido a acusados de narcotráfico en EE.UU. y antes fue asistente de fiscal de distrito en Carolina del Norte.

“Estoy seguro de que (García Luna) tiene mucha información que al gobierno le encantaría conocer”, añade Heroy en diálogo con BBC Mundo.

¿Habrá acuerdo?

Parte de las pruebas de la fiscalía de EE.UU. contra García Luna provienen del juicio a “El Chapo” Guzmán, y en particular del testimonio del hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, otro líder del cartel de Sinaloa.

Jesús Zambada aseguró en el juicio que se reunió personalmente en dos ocasiones con García Luna en un restaurante para entregarle carteras con entre tres y cinco millones de dólares en efectivo.

Y especificó que esos sobornos eran para asegurarle a su hermano que García Luna no iba a arrestarlo ni interferir con las operaciones del cartel.

En ese momento García Luna respondió en un largo comunicado que esas afirmaciones eran “mentira, difamación y perjurio” en su contra y negó haber tenido contacto “con personas vinculadas con actividad delictiva”.

Zambada

Reuters
Jesús Zambada acusó a Garcia Luna de recibir dinero del narco.

Pero la fiscalía de EE.UU. insiste ahora en que García Luna ha “amasado una fortuna personal” de millones de dólares inconsistente con el salario de un servidor público en México.

La propuesta de fianza que haría su defensa en los próximos días podría servir como indicación de su situación financiera, aunque no revele de dónde proviene el dinero.

Heroy advierte que aún faltan conocerse todas las pruebas con que contarían los fiscales y que García Luna podría evitar un acuerdo de cooperación por razones de seguridad.

Proporcionar información sería muy peligroso para su familia. Incluso si toma protección de testigos, tendrá familia en México, así que creo que es poco probable que coopere con el gobierno”, dice el abogado.

“Si negociara un trato, sería uno que no implique cooperación”, agrega. Es decir, aceptar pasar un tiempo en prisión sin proporcionar información al gobierno.

Esto podría comenzar a despejarse a partir de la próxima audiencia de García Luna en la corte de Brooklyn, que estará a cargo del juez Brian Cogan, el mismo que dirigió el juicio a “El Chapo” y limitó los testimonios sobre presunta corrupción en México.


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