José Martín murió en México por falta de atención médica 3 meses después de ser deportado de EU
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José Martín murió en México por falta de atención médica 3 meses después de ser deportado de EU

Un michoacano con problemas en el riñón murió en Ciudad de México en junio. Apenas llevaba tres meses en el país después de 35 años en Estados Unidos. La organización Otros Dreamers en Acción (OEA) denuncian el abandono de esta población y la falta de políticas públicas.
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16 de diciembre, 2019
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José Marín Delgado Jaimes, de 54 años, murió el 24 de junio en un hospital de Especialidades Doctor Belisario Domínguez, de Ciudad de México.

Murió solo, muy lejos de su familia y de California, el lugar en el que residió durante los últimos 35 años. 

Delgado Jaimes nació en Huetamo, Michoacán, pero pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos, donde residen sus cinco hijos. La vida de este hombre que en su último video aparece con el pelo cano y repeinado hacia atrás, delgado y debilitado, tiene varios puntos de quiebre. Cuando fue encarcelado. Cuando cayó enfermo del riñón. Cuando fue trasladado a un centro de detención para migrantes en EUA. Cuando fue deportado. 

Entre la deportación, que tuvo lugar el 10 de abril, y su fallecimiento, apenas transcurrieron tres meses. Así lo señala la denuncia presentada en noviembre por el laboratorio jurídico de la Universidad Iberoamericana ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR). Con esta iniciativa, los abogados quieren que se investigue si las autoridades cometieron algún tipo de omisión que favoreció el fallecimiento del deportado. 

“El señor Delgado Jaimes se encontraba en una lista de espera para trasplante de riñón en Washington. Además, se encontraba en espera de una audiencia judicial ya programada para aplazar su orden de deportación y poder recibir el trasplante y los cuidados médicos que necesitaba. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, una agencia ejecutiva policial del gobierno federal de los Estados Unidos encargada del cumplimiento de las leyes de inmigración y la investigación de las actividades delictivas y terroristas de ciudadanos extranjeros que residen en los Estados Unidos, aceleró su deportación”, dice la querella.

Sus problemas renales se agravaron nada más pisar México, asegura Margarita Loredo, cofundadora de Otros Dreamers en Acción (ODA), una organización que acompaña a deportados que llegan al que fue su país, pero se encuentran con el abandono de sus instituciones. Este colectivo, fundado por retornados como ella, se encargan de atenciones de las que el Estado no se preocupa: acompañan a los recién llegados a sacar su documentación, les explican los trámites que deben realizar para, por ejemplo, recibir atención médica en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. 

“José Delgado no contaba con ningún familiar en la Ciudad de México, no tenía recursos económicos disponibles y su familia se encontraba en Estados Unidos. Además, no había estado en México por más de 30 años por lo que no contaba con una red de apoyo ni posibilidades efectivas de asegurarse derechos mínimos, atención médica, trabajo e ingreso o vivienda”, dice la denuncia. 

“Existe una doble responsabilidad del Estado”, asegura Loredo, que censura la participación directa de México en la deportación y la falta de alternativas ofrecidas una vez Delgado James fue retornado. 

Según datos de la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración, hasta el mes de septiembre un total de 176 mil 220 mexicanos fueron deportados desde EUA. El gobierno de Donald Trump debería pisar el acelerador en las expulsiones si quiere alcanzar la cifra de 2018, cuando 203 mil 669 mexicanos fueron devueltos al país. 

No hay cifras sobre cuántos de ellos llegaron enfermos. 

Animal Político preguntó al Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) sobre los programas de apoyo a los repatriados. Las diferentes instituciones se pasaron la pelota la una a la otra, sin especificar cómo ayudan a un colectivo que tiene una gran relevancia. En la última década se registraron más de tres millones de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos.

A pesar de la retórica xenófoba con la que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, los números más elevados de la última década se los lleva Barack Obama, que en 2009 expulsó a 601 mil 356 mexicanos. 

Las deportaciones se han reducido cerca de dos tercios desde entonces. Sin embargo, Loredo percibe dos fenómenos: que ahora se habla mucho más de las devoluciones y que no existen políticas públicas que atiendan las necesidades del colectivo.

“Se asumen muchas cosas por parte del estado que no son correctas. Se asume que tienes familia, que tienes una casa, que tienes un lugar donde ir. Pero no es cierto”, dice Loredo. Ella misma retornó a México en 2008, harta de que su condición de irregular fuese una traba para hacer su vida diaria. Junto a Jill Anderson, fundó ODA en 2016 como espacio de unión para la comunidad de repatriados.

Dinero en efectivo del que nadie se hace responsable

José Marín Delgado Jaimes es un ejemplo extremo de la soledad del deportado. Un mexicano que hizo su vida en Estados Unidos, que fue obligado a retornar a un país que no conocía y que murió sin apenas recursos.

Según consta en la denuncia ante la FGR, Delgado Jaimes fue trasladado el 10 de abril desde el centro de detención de Tacoma, donde había permanecido los últimos cuatro años, hasta Ciudad Juárez, en la frontera. Junto a él se encontraba, entre otros, Eladio Clemente Pacheco, un oaxaqueño de 35 años al que lo deportaron después de seis años encerrado en la cárcel para extranjeros en situación irregular.

Delgado James y Pacheco tienen varias cosas en común. 

Ambos pasaron un tiempo en prisión antes de ser trasladados a Tacoma. Delgado Jaimes por una acusación familiar (“acoso sexual”, dice su compañero). Sus acompañantes de ODA afirman que él siempre sostuvo su inocencia y que se vio forzado a declararse culpable por malos consejos de un abogado de oficio. Pacheco, acusado de “violencia doméstica”, aunque él asegura que fue “una discusión normal”.

Ambos tenían problemas de salud. El primero, la enfermedad renal que terminaría por matarlo e hipertensión. El segundo, una afección cardíaca para la que, según afirma, todavía no ha logrado tratamiento dentro del sistema mexicano.

Por último, los dos fueron trasladados de Ciudad Juárez a Ciudad de México en un vuelo comercial. 

Pacheco relata que la expulsión se llevó a cabo con engaños. “A él nunca le dijeron que le iban a deportar”, dice. El oaxaqueño asegura que una mujer del consulado de México en Seattle les prometió que tendrían apoyo. “Todo era mentira”, se queja.

Los engaños, según esta versión, prosiguieron en frontera, cuando la expulsión era un hecho. “Nos dijeron que nos llevarían a Puebla, donde tendríamos tratamiento. No fue verdad”, afirma.

Finalmente, ambos recalaron en el aeropuerto de Ciudad de México. Ahí les esperaba un funcionario del Instituto Nacional de Migración llamado Héctor Castillo. Según la denuncia interpuesta ante la fiscalía, este les hizo entrega de 9 mil pesos en metálico y les condujo a Constitución de 1917. Alcoholismo y Drogadicción A.C, un centro de rehabilitación ubicado en Iztapalapa que, en ocasiones, también acoge a recién llegados de EUA.

“No nos dio recibo de nada”, dice Pacheco.

Fuentes del INM confirmaron la pertenencia de Castillo a la institución que dirige Francisco Garduño. Sin embargo, negaron que exista protocolo alguno por el que sus funcionarios entreguen dinero en efectivo. 

Delgado Jaimes debía someterse a hemodiálisis cada tres días. Pero no disponía de documentación, ya que a los deportados los dejan en México solo con la “Constancia de recepción de mexicanos repatriados” que emite el INM y el “Certificado de Presunción de Nacionalidad Mexicana” que entrega el consulado. Ninguno de estos documentos sirve para identificarse o para acceder al sistema sanitario. Para ello es imprescindible la Clave Única de Registro de Población (CURP), y eso toma su tiempo. 

Así que Delgado Jaimes gastó rápidamente el dinero que Castillo le entregó. Cada sesión en la clínica privada Médica Santa Carmen cuesta 1,860 pesos, por lo que para el 22 de abril el deportado tenía los bolsillos vacíos y mucha urgencia. 

Sin dinero y sin apoyo, su historia a partir de entonces es la de un hombre que depende del voluntarismo para salir adelante. Duerme en el albergue de Constitución 1917, que le permite seguir ahí por un tiempo indefinido, según su vicepresidente, José Luis Gutiérrez. Recibe el apoyo de ODA para obtener su documentación y se enfrenta a un penoso peregrinaje a través de las instituciones.

La primera dificultad fue obtener su CURP y su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE). En diversas ocasiones fue rechazado ya que las instituciones no reconocían su acta de nacimiento. Finalmente, ODA terminó interponiendo una denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Posteriormente también se interpuso otra denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Finalmente, “logró la afiliación al Seguro Popular y acceder a servicios y atención médica, pero dicho esquema no cubría la hemodiálisis por lo que se mantuvo el tratamiento en la clínica privada. Durante todo el periodo siguió alojado en el albergue y centro de rehabilitación “Constitución de 1917. Alcoholismo y Drogadicción A.C”, indica la denuncia. 

Dependiente de una institución privada para su tratamiento, las últimas semanas del señor José fueron un calvario y transcurrieron entre el albergue y diversos centros hospitalarios.

El 25 de junio es hospitalizado por última vez en el Belisario Domínguez. Fallece a las pocas horas. 

Margarita Loredo, una de las pocas personas que acompañó a Delgado Jaime en sus últimos tres meses de vida, señala directamente al Estado y denuncia que su abandono no es una excepción. 

Clemente Pacheco, su compañero, teme por propia vida y dice que, tres meses después de su deportación, nadie le ha dado soluciones para su padecimiento de corazón.

Los deportados son miles, cientos de miles. Pero sin el voluntarismo de gente como Loredo, muchos están abandonados a su suerte.

 

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Lilly

Cómo funciona el bamlanivimab, el primer medicamento diseñado específicamente contra la COVID-19

La terapia, aprobada por la FDA en Estados Unidos para uso de emergencia, consiste en anticuerpos monoclonales que se unen al virus para bloquear la infección.
Lilly
16 de noviembre, 2020
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La agencia reguladora de medicamentos norteamericana, FDA (Food and Drug Administration), acaba de emitir una autorización de uso de emergencia (EUA, Emergency Use Authorization) para el tratamiento de la COVID-19 de intensidad leve a moderada en pacientes adultos y pediátricos que no han sido hospitalizados.

La terapia, todavía en investigación, está basada en anticuerpos monoclonales y tiene el nombre de bamlanivimab.

Este agente terapéutico, desarrollado por la compañía farmacéutica Eli Lilly, es un anticuerpo monoclonal similar a los que formaban parte del cóctel de medicamentos para la COVID-19 que se administró a Donald Trump.

¿Qué son los anticuerpos monoclonales?

Por lo general, los anticuerpos son grandes proteínas integrantes del sistema inmunológico necesarias para identificar y neutralizar objetos extraños al organismo, como bacterias y virus.

En el caso concreto de los anticuerpos monoclonales (mAbs, del inglés monoclonal antibodies), se trata de glicoproteínas producidas por el clon de una célula híbrida (creada a partir de la fusión de una sola célula madre del sistema inmune y una célula plasmática tumoral) y diseñada para atacar a un antígeno concreto.

Su producción se basa en el establecimiento de linfocitos B inmortales modificados para producir una inmunoglobulina específica.

Según el nivel de pureza de la inmunoglobulina, ésta puede ser completamente murina, quimérica, humanizada o completamente humana.

Los anticuerpos monoclonales se seleccionan cuidadosamente y se dirigen contra una molécula concreta que desempeña una función clave en un proceso patológico, y suelen utilizarse en el tratamiento de ciertas enfermedades como el cáncer o la artritis reumatoide.

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Pruebas de estabilidad de los materiales de los ensayos clínicos.

¿Y los anticuerpos neutralizantes?

Los anticuerpos neutralizantes constituyen una de las posibles defensas que tiene el sistema inmunitario frente a las infecciones.

Estos anticuerpos permiten contrarrestar y eliminar el efecto de microorganismos invasores, y su actividad se desencadena, por ejemplo, gracias a proteínas situadas en la superficie de los virus, a las que se unen para “bloquear” la infección.

En este sentido, la comunidad científica lleva tiempo estudiando si la respuesta defensiva mediante anticuerpos neutralizantes puede inducir inmunidad efectiva y duradera.

Y, más concretamente, se está investigando si los anticuerpos generados por pacientes que han estado en contacto con el coronavirus SARS-CoV-2 podrían utilizarse como base para nuevos tratamientos de la COVID-19.

Sin embargo, aunque los anticuerpos neutralizantes se generan cuando una persona sufre una infección y parece que juegan una función importante en la respuesta inmunitaria, su papel concreto en los engranajes de la COVID-19 no está del todo dilucidado.

Los estudios llevados a cabo hasta el momento con el virus SARS-CoV-2 señalan que los anticuerpos neutralizantes aparecen unas dos semanas tras comenzar la infección, y que su pico máximo de actividad se situaría entre las semanas 4 y 6.

Pero existen aún muchas incógnitas: no se ha confirmado si todos los pacientes infectados generan anticuerpos neutralizantes; qué factores determinan su aparición y actividad (edad del paciente, gravedad de la infección).

Tampoco si sus niveles de neutralización son siempre suficientes para conferir protección, ya que estos niveles son muy variables y no se detectan en el 10-30 % de los pacientes.

La entrada de SARS-CoV-2 en las células se inicia por la interacción del dominio de unión al receptor (RBD) de la glicoproteína viral Spike (S) con la enzima convertidora de angiotensina-2 (ACE2), que actúa como receptor del virus en la superficie de la célula diana.

Los mAb neutralizantes más potentes se dirigen al RBD y algunos pueden actuar simplemente compitiendo con el receptor para unirse a la proteína S.

¿Qué es el bamlanivimab?

El bamlanivimab es un anticuerpo monoclonal IgG1-kappa humano recombinante neutralizante contra la proteína Spike del virus SARS-CoV-2, y no está modificado en la región Fc.

Este agente está autorizado para el tratamiento de pacientes con resultados positivos en las pruebas del SARS-CoV-2 que tengan 12 años de edad o más y pesen al menos 40 kilogramos y que tengan un alto riesgo de progresar a COVID-19 grave u hospitalización.

Esto incluye a aquellos pacientes que tienen 65 años de edad o más, o que presenten ciertas afecciones médicas crónicas.

El bamlanivimab es un medicamento que debe ser aplicado por vía intravenosa, por lo que los pacientes deben acudir a un centro hospitalario para que les sea administrado.

Si bien se sigue evaluando la seguridad y la eficacia de esta terapia en fase de investigación, los ensayos clínicos han confirmado que el bamlanivimab, en comparación con placebo, reduce las hospitalizaciones o las entradas a los servicios de urgencia relacionadas con la COVID-19 en pacientes con alto riesgo de progresión de la enfermedad, dentro de los 28 días posteriores al inicio del tratamiento.

Por este motivo, su uso es recomendable en las primeras fases de la enfermedad, a ser posible en los primeros 10 días tras la aparición de los síntomas de la enfermedad.

Sin embargo, el bamlanivimab no está autorizado en el caso de pacientes hospitalizados por COVID-19 o que requieran oxigenoterapia, ya que no se ha demostrado un beneficio significativo del tratamiento con este anticuerpo monoclonal en pacientes hospitalizados con COVID-19.

Y, de hecho, los mAb, como el bamlanivimab, pueden estar asociados con peores resultados clínicos cuando se administran a pacientes hospitalizados con COVID-19 que requieren alto flujo de oxígeno o ventilación mecánica.

Con respecto al perfil de seguridad, los efectos adversos de los mAb, en general, se pueden agrupar en dos tipos diferentes: los derivados de la acción del anticuerpo, como infecciones oportunistas, infecciones comunes o desarrollo de fenómenos autoinmunes; y los derivados de la administración de proteínas: reacciones anafilácticas, síndrome de liberación de citoquinas y desarrollo de anticuerpos.

En el caso concreto del bamlanivimab, las reacciones adversas más frecuentemente comunicadas a la FDA han sido náuseas, mareos, dolor de cabeza, prurito, hipersensibilidad inmediata no grave, diarrea y vómitos.

hospital

Getty Images
Las hospitalizaciones por coronavirus en muchos países han aumentado durante las últimas semanas.

En conclusión

El bamlanivimab constituye una nueva herramienta terapéutica en la lucha contra la COVID-19 que ha sido autorizada de forma condicional en EE.UU., bajo el epígrafe de Emergency Use Authorization, lo que implica, al igual que ocurre en Europa, que satisface una necesidad médica no cubierta, en la medida en que el beneficio para la salud pública de su inmediata disponibilidad es superior a la incertidumbre derivada de la limitación de los datos clínicos disponibles.

Sin embargo, la compañía farmacéutica responsable del desarrollo, Eli Lilly, debe comprometerse a proporcionar más datos clínicos que completen la información sobre eficacia y seguridad del medicamento, a medida que se van obteniendo de los resultados de los ensayos clínicos en marcha.

Y solo cuando estos datos sean positivos se concedería la autorización completa y definitiva, mientras que, en caso contrario, habría que retirar el medicamento del mercado.

El bamlanivimab abre una nueva y esperanzadora ventana en la terapia de la COVID-19, pues, al contrario que otros fármacos disponibles en el mercado para otras enfermedades y que han demostrado una cierta eficacia en esta patología (remdesivir, plitidepsina, dexametasona, hidroxicloroquina, etc.), éste es el primer medicamento desarrollado y autorizado específicamente para el tratamiento de los pacientes de COVID-19.

La batalla final contra el virus ha comenzado.

*Francisco López-Muñoz es profesor de farmacología y vicerrector de investigación y ciencia de la Universidad Camilo José Cela y Jose Antonio Guerra Guirao es profesor de farmacología y toxicología de la Universidad Complutense de Madrid.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la versión original aquí.


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