'Tenía todo y me lo quitaron': una omisión le costó a un indígena chiapaneco más años de cárcel
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'Tenía todo y me lo quitaron': una omisión le costó a un indígena chiapaneco más años de cárcel

Juan de la Cruz Ruiz estuvo preso 13 años de su vida pese a ser inocente. "Salí sin nada. Tengo que empezar de cero", acusa.
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17 de diciembre, 2019
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El indígena chiapaneco Juan de la Cruz Ruiz estuvo preso 13 años de su vida pese a ser inocente. Los últimos 4 años fue por una doble injusticia. Desde febrero de 2016, el entonces magistrado y actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, firmó una recomendación para dejarlo en libertad, al admitir que hubo irregularidades en su proceso penal, entre ellas tortura para obligarlo a inculparse. Pero Escandón se fue a la campaña por la gubernatura y la recomendación no se ejecutó. Los motivos de la omisión aún se desconocen.

Apenas el pasado 9 de diciembre Juan de la Cruz, integrante del pueblo maya tsotsil y originario de San Juan Chamula, Chiapas, a quien se le acusó de homicidio calificado y extorsión, obtuvo su libertad. 

Él es uno de los seis presos que se mantuvo en huelga de hambre y ayuno durante 130 días, a partir del 15 de marzo de 2019, como parte de la protesta para exigir su liberación, después de años en los que las autoridades no atendieron sus denuncias respecto a que policías ministeriales de Chiapas los torturaron durante días, en casas de seguridad, para obligarlos a autoinculparse.

Entérate: A un año del gobierno de AMLO, aún hay 99% de impunidad en casos de tortura, dice informe

El Grupo de Trabajo No Estamos Todos, organización que acompaña a los presos y sus familias, afirmó que los casos de estos reclusos son un ejemplo de cómo se incrimina y se castiga a indígenas para llegar a una cierta cuota de detenidos o para encubrir a los verdaderos culpables.

En todos estos casos, explicaron, “la única prueba que presentaron las autoridades fue la confesión autoincriminatoria de los acusados, no hubo ninguna investigación. A pesar de eso los declararon culpables y han pasado hasta 15 años en la cárcel”.

Juan pasó 130 días en huelga de hambre y ayuno, junto a otros cinco compañeros, tendidos en lonas cerca del área de enfermería del penal. En varias ocasiones acabaron en el hospital. Pero las autoridades tuvieron oídos sordos a todo eso, algo mucho peor en el caso de Juan, quien no solo no debía estar en la cárcel en ese momento por ser inocente, sino porque ya había un documento que avalaba su libertad.

El 11 de febrero de 2016, la Mesa de Reconciliación –un órgano permanente que opera en Chiapas, y en el que participan diversas instancias para garantizar la legalidad en el debido proceso, respeto a los derechos humanos y garantías individuales de los inculpados– emitió la recomendación de libertad a favor de Juan al encontrar violaciones graves a sus derechos humanos desde su arresto y a lo largo del proceso penal en su contra.

La recomendación quedó asentada en el cuadernillo 387/MR/2012 y está firmada por Rutilio Escandón Cadenas, en ese entonces Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, y por Juan Oscar Trinidad Palacios expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), entre otros funcionarios.

La recomendación se envió para su trámite a la Subsecretaría de Ejecuciones de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado. Esa instancia debió expedir la boleta de libertad. Pero no lo hizo y la omisión le costó a Juan tres años y 9 meses más de prisión. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien lleva la defensa de Juan desde hace un año, encontró la recomendación apenas el pasado 19 de noviembre y lo notificó a las autoridades correspondientes, entre ellas la Subsecretaría de Gobierno y al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con la solicitud de proceder inmediatamente a la liberación del detenido. Fue así que Juan obtuvo por fin su libertad.

Animal Político solicitó al gobierno del estado de Chiapas una explicación sobre esta omisión, puesto que el secretario de gobierno, Ismael Brito, se reunió con los familiares de los presos en huelga de hambre y ofreció que se revisarían los expedientes, lo que jamás sucedió.

El área de comunicación del gobierno del estado solo respondió que la omisión por la que Juan permaneció casi cuatro años más en la cárcel debió ser responsabilidad de una sala o de un juzgado, sin precisar cuál y solicitó pedir la aclaración al Poder Judicial.

Esta contestó, a través de su vocero, que en efecto la recomendación de libertad existía desde 2016, pero que quien debía cumplirla era la Subsecretaría de Ejecuciones de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad.

El Frayba denunció el alto riesgo a la vida, la integridad y seguridad personal de quienes conforman el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha y el equipo Frayba, quienes han recibido desde noviembre y lo que va de diciembre “amenazas de muerte, vigilancia, hostigamiento e intimidación”, en el contexto de la lucha por la libertad de presos de pueblos originarios, en particular del indígena tsoltsil Juan de la Cruz Ruiz.

¿Qué le quitó la justicia a Juan?

En 2006 Juan tenía una familia, una compañera, dos hijas y uno más en camino, su pareja tenía cuatro meses de embarazo. Juan también tenía un negocio de artesanías de lana, en el que vendía las piezas que confeccionaba su madre y un grupo de mujeres de San Juan Chamula.

La vida para Juan marchaba bien. Pero entonces la justicia se cruzó en su camino y lo torció. El 28 de febrero de 2007, Juan fue detenido por policías del estado y trasladado a una casa de seguridad, donde lo torturaron para que se auto inculpara de un secuestro y un homicidio que él no cometió. 

En esa auto inculpación se basó el proceso de Juan, que lo mantuvo en la cárcel durante casi 13 años, y por el que se emitió una sentencia condenatorio de 30.

Por estar en prisión perdió a su pareja, que se alejó de él y no pudo estar con sus hijos. Apenas el viernes pasado los vio ya en libertad. “Estuve con ellos una hora. Ya son adolescentes, tienen 12, 14 y 16 años. El más pequeño nació mientras yo estaba en prisión. No estuvo con ellos mientras crecían. Recibieron bien mi visita. No lo podían creer. Ahora hay mucho que reconstruir. Y nada me va a regresar el tiempo que no pude darles mi cariño, mi apoyo, mi compañía”, dijo.

Juan ya no puede vivir con ellos porque la familia que tenía antes de entrar a prisión ya no existe. Le queda poder visitarlos de vez en cuando.

Tampoco tiene ya su negocio de artesanías. Su madre y sus hermanos quedaron endeudados por pagar abogados que en nada ayudaron para que Juan consiguiera su libertad. Ahora, además, tiene secuelas físicas de la cárcel y la huelga de hambre. 

“Tenía todo, familia, negocio, muchos sueños, todo me lo quitaron. Salí sin nada. Tengo que empezar de cero después de casi 13 años en la cárcel. Me siento muy cansado a veces, pero voy a luchar, y voy a luchar también por la nueva familia que hice en la cárcel y que sigue ahí adentro, mis compañeros de la huelga de hambre y muchos otros que son inocentes y están ahí por la injusticia y la ineptitud de las autoridades. Desde afuera voy a pelear ahora porque salgan”.

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Fármacos usados para la pena de muerte en EU ayudan a enfermos de COVID-19 y ahora se están agotando

De forma paradójica, los fármacos que se usan en EU para aplicar la inyección letal podrían ayudar a salvar vidas de pacientes con el nuevo coronavirus.
Getty Images
14 de abril, 2020
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Son usados para matar, pero ahora pueden ayudar a salvar vidas.

Varios medicamentos que se usan para aplicar la inyección letal a condenados a muerte en Estados Unidos se están agotando en hospitales que tratan a pacientes de COVID-19.

Por ello, un grupo de médicos de cuidados intensivos, expertos en salud pública y farmacéuticos hizo un llamado urgente a autoridades estatales de EU a donar una serie de sedantes y paralizantes a los hospitales.

“Muchos de los medicamentos necesarios durante este tiempo crítico son los mismos medicamentos utilizados en las ejecuciones de inyección letal”, dicen los médicos en una carta abierta.

“Estos medicamentos nunca se fabricaron o desarrollaron para causar la muerte; por el contrario, muchos fueron formulados para conectar a los pacientes con respiradores que salvan vidas y disminuir la incomodidad de la intubación”, añaden.

Dibujo de respirador

Getty Images
“El respirador no es algo que cure por sí, lo que nos permite es ganar tiempo para que el tratamiento haga efecto”, explica el Dr. Roca.

El uso de los fármacos facilita que los pacientes de COVID-19 que ya no pueden respirar por sí mismos sean conectados a respiradores artificiales.

En Estados Unidos, la pena de muerte ha sido aplicada en 35 de los 50 estados desde que el castigo fue reinstaurado en la década de 1970, lo que ha llevado a la ejecución de más de 1,500 personas.

Sigue vigente en 28 estados.

¿Qué fármacos se necesitan?

De acuerdo con un informe de la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, cuatro son los fármacos usados en la aplicación de la inyección letal que están siendo necesitados en hospitales por la pandemia del coronavirus.

Se trata del midazolam, el bromuro de vecuronio, el bromuro de rocuronio y el fentanilo.

De ellos, el midalozam y el fentanilo están en la lista de escasez de medicamentos que elabora la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), la autoridad sanitaria de EE.UU.

Una botella de midazolam

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El midazolam es uno de los fármacos en la lista de escasez de las autoridades sanitarias de EU.

Los especialistas también mencionan que el rocuronio, el besilato de cisatracurio y el etomidato son empleados comúnmente en los procedimientos de ejecución de reos y que pueden ser usados para la intubación de pacientes con el nuevo coronavirus.

“Respetuosamente solicitamos que entregue estos medicamentos a los centros de salud en sus estados para que puedan usarse para tratar a los pacientes con COVID-19”, dicen en la carta.

“Al lado de las camas, ya estamos racionando el uso de midazolam y fentanilo, medicamentos que son fundamentales para la sedación necesaria para pacientes con COVID-19 ventilados mecánicamente”, añaden.

Gráfico respiradores

BBC

¿Cuántas vidas se pueden salvar?

Debido a que las autoridades penitenciarias de muchos estados de EU no reportan cuál es la cantidad de fármacos que poseen, los expertos han tenido dificultades para evaluar cuánta ayuda médica puede haber ahí.

Sin embargo, basados en la información de “un puñado” de estados, consideran que se podrían tratar a por lo menos 137 pacientes de COVID-19 con los sedantes destinados para el corredor de la muerte.

Y considerando los suministros de los estados que no reportan datos, los especialistas consideran que “es probable” que ese número se duplique.

“Sus reservas podrían salvar la vida de cientos de personas; aunque esto puede ser una pequeña fracción del total de muertes que se espera, es una directriz ética que la medicina valora cada vida. Entre los que podrían salvarse puede estar un colega, un ser querido o incluso usted”, dicen a los jefes de los sistemas penitenciarios.

Cámara de ejecuciones en Florida

Departamento de Prisiones de Florida
Más de 1.500 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos desde que se reinstauró la pena de muerte.

El anestesiólogo Joel Zivot, uno de los firmantes de la carta, dijo al sitio Newsweek que recibió respuesta de las autoridades del estado de Wyoming, donde aseguraron no tener los fármacos mencionados en la petición.

Estados Unidos es el país con más casos confirmados de COVID-19 y más muertes por la enfermedad en el mundo.

El gobierno de Donald Trump ha calculado que varias decenas de miles de personas fallecerán por la enfermedad.

Hasta este 13 de abril había más de 560,000 pacientes con la enfermedad, así como casi 23,000 fallecimientos, según el conteo de la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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