'Tenía todo y me lo quitaron': una omisión le costó a un indígena chiapaneco más años de cárcel
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'Tenía todo y me lo quitaron': una omisión le costó a un indígena chiapaneco más años de cárcel

Juan de la Cruz Ruiz estuvo preso 13 años de su vida pese a ser inocente. "Salí sin nada. Tengo que empezar de cero", acusa.
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17 de diciembre, 2019
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El indígena chiapaneco Juan de la Cruz Ruiz estuvo preso 13 años de su vida pese a ser inocente. Los últimos 4 años fue por una doble injusticia. Desde febrero de 2016, el entonces magistrado y actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, firmó una recomendación para dejarlo en libertad, al admitir que hubo irregularidades en su proceso penal, entre ellas tortura para obligarlo a inculparse. Pero Escandón se fue a la campaña por la gubernatura y la recomendación no se ejecutó. Los motivos de la omisión aún se desconocen.

Apenas el pasado 9 de diciembre Juan de la Cruz, integrante del pueblo maya tsotsil y originario de San Juan Chamula, Chiapas, a quien se le acusó de homicidio calificado y extorsión, obtuvo su libertad. 

Él es uno de los seis presos que se mantuvo en huelga de hambre y ayuno durante 130 días, a partir del 15 de marzo de 2019, como parte de la protesta para exigir su liberación, después de años en los que las autoridades no atendieron sus denuncias respecto a que policías ministeriales de Chiapas los torturaron durante días, en casas de seguridad, para obligarlos a autoinculparse.

Entérate: A un año del gobierno de AMLO, aún hay 99% de impunidad en casos de tortura, dice informe

El Grupo de Trabajo No Estamos Todos, organización que acompaña a los presos y sus familias, afirmó que los casos de estos reclusos son un ejemplo de cómo se incrimina y se castiga a indígenas para llegar a una cierta cuota de detenidos o para encubrir a los verdaderos culpables.

En todos estos casos, explicaron, “la única prueba que presentaron las autoridades fue la confesión autoincriminatoria de los acusados, no hubo ninguna investigación. A pesar de eso los declararon culpables y han pasado hasta 15 años en la cárcel”.

Juan pasó 130 días en huelga de hambre y ayuno, junto a otros cinco compañeros, tendidos en lonas cerca del área de enfermería del penal. En varias ocasiones acabaron en el hospital. Pero las autoridades tuvieron oídos sordos a todo eso, algo mucho peor en el caso de Juan, quien no solo no debía estar en la cárcel en ese momento por ser inocente, sino porque ya había un documento que avalaba su libertad.

El 11 de febrero de 2016, la Mesa de Reconciliación –un órgano permanente que opera en Chiapas, y en el que participan diversas instancias para garantizar la legalidad en el debido proceso, respeto a los derechos humanos y garantías individuales de los inculpados– emitió la recomendación de libertad a favor de Juan al encontrar violaciones graves a sus derechos humanos desde su arresto y a lo largo del proceso penal en su contra.

La recomendación quedó asentada en el cuadernillo 387/MR/2012 y está firmada por Rutilio Escandón Cadenas, en ese entonces Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, y por Juan Oscar Trinidad Palacios expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), entre otros funcionarios.

La recomendación se envió para su trámite a la Subsecretaría de Ejecuciones de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado. Esa instancia debió expedir la boleta de libertad. Pero no lo hizo y la omisión le costó a Juan tres años y 9 meses más de prisión. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien lleva la defensa de Juan desde hace un año, encontró la recomendación apenas el pasado 19 de noviembre y lo notificó a las autoridades correspondientes, entre ellas la Subsecretaría de Gobierno y al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con la solicitud de proceder inmediatamente a la liberación del detenido. Fue así que Juan obtuvo por fin su libertad.

Animal Político solicitó al gobierno del estado de Chiapas una explicación sobre esta omisión, puesto que el secretario de gobierno, Ismael Brito, se reunió con los familiares de los presos en huelga de hambre y ofreció que se revisarían los expedientes, lo que jamás sucedió.

El área de comunicación del gobierno del estado solo respondió que la omisión por la que Juan permaneció casi cuatro años más en la cárcel debió ser responsabilidad de una sala o de un juzgado, sin precisar cuál y solicitó pedir la aclaración al Poder Judicial.

Esta contestó, a través de su vocero, que en efecto la recomendación de libertad existía desde 2016, pero que quien debía cumplirla era la Subsecretaría de Ejecuciones de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad.

El Frayba denunció el alto riesgo a la vida, la integridad y seguridad personal de quienes conforman el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha y el equipo Frayba, quienes han recibido desde noviembre y lo que va de diciembre “amenazas de muerte, vigilancia, hostigamiento e intimidación”, en el contexto de la lucha por la libertad de presos de pueblos originarios, en particular del indígena tsoltsil Juan de la Cruz Ruiz.

¿Qué le quitó la justicia a Juan?

En 2006 Juan tenía una familia, una compañera, dos hijas y uno más en camino, su pareja tenía cuatro meses de embarazo. Juan también tenía un negocio de artesanías de lana, en el que vendía las piezas que confeccionaba su madre y un grupo de mujeres de San Juan Chamula.

La vida para Juan marchaba bien. Pero entonces la justicia se cruzó en su camino y lo torció. El 28 de febrero de 2007, Juan fue detenido por policías del estado y trasladado a una casa de seguridad, donde lo torturaron para que se auto inculpara de un secuestro y un homicidio que él no cometió. 

En esa auto inculpación se basó el proceso de Juan, que lo mantuvo en la cárcel durante casi 13 años, y por el que se emitió una sentencia condenatorio de 30.

Por estar en prisión perdió a su pareja, que se alejó de él y no pudo estar con sus hijos. Apenas el viernes pasado los vio ya en libertad. “Estuve con ellos una hora. Ya son adolescentes, tienen 12, 14 y 16 años. El más pequeño nació mientras yo estaba en prisión. No estuvo con ellos mientras crecían. Recibieron bien mi visita. No lo podían creer. Ahora hay mucho que reconstruir. Y nada me va a regresar el tiempo que no pude darles mi cariño, mi apoyo, mi compañía”, dijo.

Juan ya no puede vivir con ellos porque la familia que tenía antes de entrar a prisión ya no existe. Le queda poder visitarlos de vez en cuando.

Tampoco tiene ya su negocio de artesanías. Su madre y sus hermanos quedaron endeudados por pagar abogados que en nada ayudaron para que Juan consiguiera su libertad. Ahora, además, tiene secuelas físicas de la cárcel y la huelga de hambre. 

“Tenía todo, familia, negocio, muchos sueños, todo me lo quitaron. Salí sin nada. Tengo que empezar de cero después de casi 13 años en la cárcel. Me siento muy cansado a veces, pero voy a luchar, y voy a luchar también por la nueva familia que hice en la cárcel y que sigue ahí adentro, mis compañeros de la huelga de hambre y muchos otros que son inocentes y están ahí por la injusticia y la ineptitud de las autoridades. Desde afuera voy a pelear ahora porque salgan”.

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Quiénes eran las Panteras Negras, el grupo radical de los años 60 en EU que aún tiene integrantes en prisión

La Corte Suprema de Nueva Jersey anunció esta semana que otorgaba la libertad condicional a Sundiata Acoli, el exintegrante de las Panteras Negras de mayor edad que aún queda en la cárcel. El grupo de izquierda reivindicaba los derechos de la minoría afroestadounidense en los 60.
15 de mayo, 2022
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Por casi medio siglo, ha vivido detrás de la rejas en una prisión de Nueva Jersey. Ahora, a sus 85 años, volverá a respirar la libertad.

La Corte Suprema de ese estado anunció esta semana que decidió liberar a Sundiata Acoli, el exintegrante de mayor edad de las Panteras Negras que aún queda en la cárcel. Se trata del controvertido grupo de izquierda que reivindicaba los derechos de la minoría afroestadounidense a finales de 1960.

Acoli era elegible para libertad condicional desde hace 29 años, pero cada vez que sus abogados la solicitaron, se le negó.

Fue considerado sistemáticamente una “amenaza pública”, pese a que su salud, los años y diversos reportes médicos y psiquiátricos sugerían lo contrario.

Lo habían condenado a cadena perpetua en 1974, luego de un extraño incidente un año antes en el que un policía terminó muerto.

Acoli viajaba con Assata y Malik Shakur, otros dos integrantes de las Panteras Negras, cuando dos oficiales pararon el carro para una inspección rutinaria en la autopista de peaje de Nueva Jersey: llevaban una luz rota.

Lo que siguió después nunca ha quedado claro: hubo un tiroteo, Malik y un policía murieron, Acoli y otro agente resultaron heridos.

Acoli y Assata huyeron, pero fueron detenidos pocos días después y condenados a pasar el resto de su vida tras las rejas.

En una de las fugas más memorables de las cárceles de Estados Unidos, Assata logró escapar y se refugió años después en Cuba, donde se cree que todavía vive (sigue aún en la lista de los más buscados del FBI).

Acoli ha pasado su vida en la cárcel, pero no es el único.

Al menos 12 miembros del movimiento siguen todavía presos, con condenas que se acercan o superan los 50 años de cárcel.

Sus sentencias son todavía el testimonio de una época controvertida de luchas por los derechos civiles en EU y una muestra de la brechas raciales y sociales de la sociedad en que se generó.

Pero, ¿qué fue este grupo y por qué sigue generando polémica más de medio siglo después?

El partido

Boinas negras y chaquetas de cuero negro, puños cerrados y pistolas en mano… las Panteras Negras crearon su propia moda que era, a la vez, su símbolo.

Propugnaban la autodefensa armada, especialmente contra la policía, y se definían como un “partido socialista” en una época en la que el comunismo era visto como el mayor enemigo de EU.

El partido fue creado en 1966 por Huey Newton y Bobby Seale, quienes se habían hecho conocidos unos años antes por protestar en un acto en California que obvió el legado negro en la colonización del oeste americano.

Huey Newton y Bobby Seale

Getty Images
El partido fue creado en 1966 por Huey Newton y Bobby Seale.

Desde entonces, se habían envuelto en el activismo político pero hubo dos hechos que los llevaron a dar un paso más allá.

En febrero de 1965, fue asesinado el líder de los derechos civiles Malcom X y, un año después, la policía de San Francisco mató a tiros a un adolescente negro desarmado: Matthew Johnson.

Fue entonces cuando decidieron crear el Partido Pantera Negra para la Autodefensa, cuyas principales metas en un inicio eran monitorear las actividades policiales contra las comunidades negras en Oakland y otras ciudades.

Su activismo y carisma muy pronto multiplicaron la popularidad del grupo: del monitoreo pasaron a crear programas sociales, incluyendo desayunos gratuitos para niños o personas con anemia, a la vez que se involucraron en actividades políticas.

En un par de años, las filiales del grupo se habían multiplicado en más de 30 estados.

En su libro Black Against Empire: The History and Politics of the Black Panther Party, Joshua Bloom y Waldo E. Martin estiman que para 1969 ya tenía más de 5 mil miembros y sus ideas eran populares tanto en comunidades pequeñas como en grandes ciudades, desde Los Ángeles y Chicago hasta Nueva York o Filadelfia.

A diferencia de otros grupos por los derechos civiles de los afroaestadounidenses, las Panteras Negras portaban armas y defendían el derecho a la autodefensa con ellas.

Bloom y Martin señalan en su libro que era una respuesta activa ante la violencia policial que vivía la población negra y que buscaba “empoderar a la comunidad negra frente a un sistema racista”.

Sin embargo, su desafío a las autoridades y su uso de armas fue visto como desafiante y en ocasiones se les describía como pandillas o grupos violentos, algo que sus líderes negaban.

El peligro marxista

Las Black Panthers eran parte de un grupo todavía mayor, el llamado Black Power, que defendía el orgullo negro y la unidad por los derechos de las minorías raciales.

Sin embargo, Newton y Seale no se conformaron con la ideología de esa organización y se basaron en el marxismo.

Creían fervientemente en la “lucha de clases” y pensaban que la organización representaba “la batalla de la vanguardia proletaria contra el capitalismo”.

Fueron estas ideas en las que basaron su plataforma política, a la que llamaron Programa de Diez Puntos, en el que pedían, entre otras cosas, el fin inmediato de la brutalidad policial, empleos para los afroestadounidenses y mayor acceso a tierra, vivienda y justicia para todos.

Su cercanía al marxismo, el enfoque nacionalista negro y una serie de actos violentos que cometieron entonces los pusieron en la mira de las autoridades, en especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Edgar Hoover.

El FBI, de hecho, creó un programa secreto de contrainteligencia, COINTELPRO, solo para seguir de cerca a los miembros de las Panteras Negras.

panteras negras

Getty Images

Fue solo el comienzo.

Para 1969, el FBI los declaró una “organización comunista” y “enemiga del gobierno”, y Hoover llegó incluso a considerarlas “una de las mayores amenazas para la seguridad interna de la nación”.

Las rivalidades con la policía

El libro de Joshua Bloom y Waldo E. Martin cuenta cómo la creciente persecución de las autoridades llevó a una rápida radicalización del grupo.

Los enfrentamientos con la policía se hicieron frecuentes y varios agentes murieron en tiroteos que implicaban a las Panteras Negras. El grupo, sin embargo, siempre aseguró que solo usaban las armas como método de autodefensa y que solo respondían a la policía si esta los agredía.

La organización también se volvió un foco de la violencia policial.

En uno de los casos más sonados, en 1969, la policía de Chicago disparó más de 100 tiros a dos miembros del partido que dormían en su apartamento.

panteras negras

Getty Images

Las autoridades aseguraron que había ocurrido un feroz intercambio de disparos, pero luego se demostró que solo una bala provino del arma de uno de miembros del grupo.

En el libro The Black Panther Party , el historiador Charles E. Jones asegura que fue tanta la persecución a la que se vieron sometidos los miembros del grupo que una especie de paranoia colectiva comenzó también a manifestarse entre sus miembros… y a dividirlos.

Esto llevó no solo a numerosas discusiones y temores, sino que hubo también denuncias de que algunas “panteras negras” asesinaron o golpearon a otros del mismo grupo que creían que eran informantes de la policía.

Ciertas partes del movimiento fueron también asociadas con actividades delictivas y una ruptura interna entre sus principales líderes y organizadores pronto los debilitó como fuerza política.

Para mediados de los 70, las Panteras Negras siguieron perdiendo seguidores y popularidad, aunque hicieron esfuerzos por sobrevivir a la debacle, incluyendo crear una rama armada, el Ejército Negro de Liberación.

En las décadas siguientes, el nombre del grupo pasó a quedar como un asunto para investigaciones académicas y libros de historia, mientras algunos de sus principales activistas morían, escapaban a otros países o consumían sus vidas en la cárcel.


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