Desde 2015, menos de 1% de presupuesto de educación básica fue para calidad de la enseñanza
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Cuartoscuro Archivo

Desde 2015, menos de 1% de presupuesto de educación básica fue para calidad de la enseñanza

El 70% de los recursos se han destinado a pagos de nómina y gastos de operación en los últimos cinco años.
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25 de diciembre, 2019
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Desde 2015 y hasta el proyecto previsto para 2020 en educación básica, 70% de los recursos se destinan a pagos de nómina y gastos de operación, mientras que los programas que inciden de manera directa en la calidad educativa tienen menos de 1% del presupuesto.

Así lo da a conocer el análisis “Presupuesto en Educación Básica 2015-2020 y Resultados de México en la Prueba PISA 2018”, realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

En él se analiza el avance presupuestal en materia de educación básica en los últimos años y se detecta que, en promedio, sólo se destinó 3.2% del PIB para la educación, en todos los niveles, y 2.1% para la Educación Básica en específico, mientras que los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos destinan más de 5%.

Entérate: Educación mexicana no mejora, estudiantes, sin avances en lectura, matemáticas y ciencias

Para 2020, el presupuesto previsto para educación básica es de 496 mil millones de pesos que, comparando a precios de 2020, “representa la segunda cifra más baja del periodo. La primera más baja se aprobó en 2018 y entre 2015 y 2020 se registra una variación media anual de -2.1 por ciento real, lo que indicó menores recursos para Educación Básica”, indica el análisis.

Esto significa que al comparar lo que se destina por alumno ha disminuido 1.3% en términos reales entre 2015 y 2020, cuando se gastará 21 mil 508 pesos por alumno, es decir, 59 pesos diarios.

Al analizar el destino del presupuesto, se observa que 90% de los recursos se concentran en los siguientes rubros. El primero concentra, a su vez, 70% de este presupuesto: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en sus tres vertientes, servicios personales, gastos de operación y gasto corriente.

También “Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez” con 5.2% los recursos y “Servicios de educación básica en la Ciudad de México”, con 8%.

En contraste, para la mejora educativa se identificaron cinco programas, pero sólo representan menos de 1% del presupuesto de educación básica.

Se trata de Producción y distribución de libros y materiales educativos, Diseño de la Política Educativa, Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Programa Nacional de inglés y el más reciente Desarrollo de Aprendizajes significativos de Educación Básica.

Los resultados de los estudiantes mexicanos en la prueba PISA son poco favorables, según se dio a conocer el pasado 3 de diciembre. Los alumnos se ubicaron debajo de la media en comparación con el resto de países.

La puntuación en lectura fue de 420, en matemáticas 409 y en ciencias 419 puntos, mientras que en el promedio de los países miembros de la OCDE fue de 487, 489 y 489 puntos respectivamente.

Por ello, dice el estudio de la Cámara de Diputados, es “imprescindible canalizar recursos a programas que se encarguen de la calidad educativa, tanto para la formación docente como para un diseño de la política educativa encaminada en el mejoramiento de los métodos de enseñanza-aprendizaje, así como para la adquisición de los insumos esenciales educativos tales como libros y materiales didácticos que sirven de apoyo en el aprendizaje”.

También debería invertirse en la capacitación de los docentes “puesto que son ellos quienes transmitirán el conocimiento a los estudiantes, y encaminar políticas educativas que incidan en elevar la calidad educativa de los alumnos”.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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