Puerta Violeta, la estrategia del gobierno de AMLO para mujeres víctimas de violencia
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Puerta Violeta, la estrategia del gobierno de AMLO para mujeres víctimas de violencia

A un año de gobierno, no se ha abierto más que una Puerta Violeta y en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 no se creó ninguna partida para esa estrategia ni algún nuevo programa de violencia de género.
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6 de diciembre, 2019
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Un portón morado y un letrero enorme del mismo color que dice “Puerta Violeta” destacan entre comercios de la calle 6 de diciembre, en pleno centro de Nicolás Romero, Estado de México. Todavía están vacíos el segundo y tercer piso del edificio, sin personal, ni escritorios, y no hay ni línea de teléfono, pero la planta baja ya ofrece trabajadora social, psicóloga y asesora jurídica a mujeres víctimas de violencia.

Con eso bastó para que el 15 de noviembre fuera inaugurada por la Secretaría de Gobernación (Segob) como la primera sede de una estrategia que supuestamente busca que el Estado asuma la responsabilidad en el tema, en lugar de que sean Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) quienes brindan opciones de atención integral y refugio a mujeres que salen huyendo de una situación de violencia, como ha sido durante las últimas dos décadas.

Mientras tanto, esas organizaciones sociales vieron cómo este año cerró el único refugio que había en Guanajuato, porque no le aprobaron el subsidio con el que funcionaba, y otro en Aguascalientes ha reducido a la mitad sus atenciones por primera vez porque le recortaron el presupuesto.

En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió “no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción. Todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios”, según publicó en una circular.

En varias conferencias insistió en que también para este tema se iban a entregar los apoyos directos, pero eso desató una ola de críticas sobre lo ineficiente que sería dar dinero a mujeres que necesitan protección inmediata y distintos apoyos —psicológico, legal, de reintegración social—, por lo que el gobierno cotrrigió y mantuvo los subsidios a organizaciones, que salen de una partida de la Secretaría de Salud, aunque con la advertencia de que Segob absorbería el tema.

A un año de gobierno, no se ha abierto más que una Puerta Violeta y en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 no se creó ninguna partida para esa estrategia ni algún nuevo programa de violencia de género. Así que las directoras de asociaciones civiles tienen la incertidumbre de si el próximo año van a seguir accediendo a esos fondos como hasta ahora y si se los van a reducir para usarlos en los centros de gobierno.

En 2019, el Congreso asignó 346.5 millones de pesos para los refugios, que se distribuyeron a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva mediante una accidentada convocatoria, que se suspendió ante la orden de no dar dinero a organizaciones, luego fue reabierta con normalidad, aunque la entrega de dinero se atrasó hasta julio.

Para 2020, se conserva la partida para refugios y tendrá un aumento, pero aún no está definido el monto final. La diputada Wendy Briceño, presidenta de la comisión de Igualdad de Género, explicó en entrevista que aunque ya se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), falta el desglose específico de montos que se publica posteriormente en los analíticos presupuestarios. Calcula que terminará en un incremento de 50 o 60 millones de pesos, por lo que superará los 400 millones.

Tanto la diputada como la directora de la estrategia de Puertas Violetas, Alicia Leal, dijeron a Animal Político que la distribución de dinero se mantendrá como hasta ahora a las organizaciones de sociedad civil a través de Salud. Pero esa Secretaría respondió al ser consultada que “el Congreso definirá si será mediante convocatoria o si se asigna a otra unidad que no sea Equidad de Género”.

Mientras que la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, dijo que en las mesas de trabajo que han tenido sobre cómo se van a articular ahora sociedad civil y gobierno, se ha hablado de cambiar ese dinero de Salud a “otra dependencia”, pero les preocupa que eso pueda entorpecer el proceso de entrega. También les han dicho que de esa misma bolsa saldrá el dinero para las Puertas Violetas, a lo cual se oponen, porque ya de por sí resulta insuficiente para los albergues existentes.

Además, la Red cuestiona lo que se ha planteado como una estrategia novedosa de homologación del modelo de refugios y creación de oficinas abiertas 24 horas, siete días a la semana, para canalizar toda la atención, debido a que ya tienen un modelo homologado y las oficinas centralizadas ya existen en diversas ciudades con los Centros de Justicia para las Mujeres de gobiernos locales.

La primera Puerta Violeta de gobierno, en Edomex

A Karla la golpeó su ahora expareja y padre de uno de sus hijos apenas un día antes, por eso está en la Puerta Violeta de Nicolás Romero. Y sin embargo, sale de ahí más bien con una ligera sonrisa de tranquilidad. De inmediato le dieron una orden de restricción, números de seguridad a los cuales llamar si el hombre se acerca, una patrulla que pasa por su casa cada cierto tiempo, y un día después, solo vino a entregar un oficio para que empiece el proceso de tramitar la pensión alimenticia.

“Yo cuando me separé del papá de mi hijo el grande, hace unos años, fui al MP de aquí y me dijeron: ‘No, es que tienes que ir al de lo familiar en Atizapán’. Fui a Atizapán y me dijeron: ‘No, es que ya no vives con él, regresa al MP de Nicolás Romero’. Y al final en ningún lado me ayudaron. Fue súper cansado y preferí dejarlo, y él a la fecha no me da nada. Y ahorita con esto sí fue súper rápido. Me dijeron que máximo 15 días ya va a estar lo de la pensión”, cuenta a Animal Político.

Ella todavía no se había enterado de que se inauguró este lugar, pero su vecino sí. Había decidido terminar su relación sentimental y correr de su casa a su pareja, que entonces se brincó la barda y se metió a golpearla. El vecino intervino y la llevó a la Puerta Violeta, donde le dieron atención psicológica, la valoró un médico que confirmó la agresión, y la acompañaron a levantar la denuncia en el Ministerio Público especializado en género, que está a solo dos cuadras de ahí.

En tan solo dos semanas desde que abrió, esta oficina ha recibido a alrededor de 30 mujeres, de acuerdo con la asesora jurídica Verónica Luna, y aunque finalmente no lo tomaron, a dos se les ofreció ser trasladadas a un refugio.

Porque el mismo día que se inauguró este lugar, que funciona como “puerta externa”, también se creó una “puerta interna”: una casa en una ubicación que es confidencial y tiene seguridad policial, con todo lo necesario para recibir hasta a 50 personas, entre mujeres y su hijas e hijos, que no interrumpirían su ciclo escolar gracias a maestros puestos por el Estado, donde las familias podrán permanecer hasta seis meses hasta sentirse seguras y tener un nuevo plan de vida.

Este es un ejemplo de lo que el gobierno quiere crear para atender a víctimas de violencia machista. Pero este modelo es justo el que han tenido por dos décadas las organizaciones de la sociedad civil, actualmente con 67 espacios en todo el país: 28 Centros de Atención Externa, 30 refugios, 4 casas de emergencia y 5 casas de transición (espacios que dan acogida solo en el momento) que atienden a 20 mil mujeres al año.

De hecho, ya existía una Puerta Violeta en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, de la asociación Alternativas Pacíficas con corresponsabilidad del municipio de Escobedo. Su fundadora, Alicia Leal, fue invitada a trabajar a la Secretaría de Gobernación para replicar la estrategia, con el cargo de directora general de Protección Integral en la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.

En entrevista con Animal Político, presume que este esquema ha tenido tan solo un 1% de reincidencia de mujeres que vuelven a ser violentadas, pero ningún caso de feminicidio después de que han sido atendidas ahí. Por eso se busca replicarlo en la mayor cantidad de municipios del país.

El objetivo, detalla, es integrar distintas instituciones y programas que ya existen para las mujeres, incluidos los albergues de sociedad civil, a través de una oficina de alcance municipal que sea fácilmente identificable por las víctimas, para que desde ahí se coordine todo, con capacidad para atender a aproximadamente a 250 usuarias al mes.

“Lo que queremos es que los municipios integren a la sociedad civil organizada en un momento dado. ¿Por qué? Porque los servicios para los refugios, lo que requieren las mujeres es un modelo de atención y de protección integral más flexible que lo que puede muchas veces operarse desde un municipio. Por poner un ejemplo: una mujer de un municipio no puede ser atendida por una instancia de otro”, comenta.

Está programado que este mes abran otras dos Puertas Violetas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Puruándiro, Michoacán, y ya hay avances en Coahuila, Colima, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y San Luis Potosí, además de los seis espacios originales que hay en Nuevo León y, ahora, el de Edomex, según adelantó en la conferencia matutina del presidente del 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

El Estado de México tiene las tasas más altas de este problema. De enero a octubre pasado registró 95 feminicidios, 53%de las mujeres han sido agredidas por su pareja, y es la única entidad con dos alertas de género, una decretada en 2015 por feminicidios y otra en 2019 por desapariciones. Pero lo que llevó a que ahí se abriera la primera Puerta Violeta, es que ya tenía parte del camino andado gracias a la 13 regiduría del municipio, encargada de temas de género, que ocupa la panista Rocío Echeverría.

En abril empezó a trabajar en la creación de una Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSYG), que abrió en septiembre, y en una casa de transición, que son las que reciben de emergencia a familias violentadas por máximo 72 horas.

Cuando Echeverría se reunió con Leal, la ahora funcionaria federal le propuso mejor crear el refugio y una oficina de atención externa, acorde con el plan de Puertas Violetas.

Pero esta oficina no trabaja 24/7, como se propuso, sino de 9 a 6 de la tarde y solo de lunes a viernes. Para atenciones urgentes en la madrugada o día no laborable, hay una línea telefónica, el 01-800-10-84-053.

El municipio de Nicolás Romero puso las instalaciones de la Puerta; el gobierno federal, equipamiento, como camas y utensilios para el refugio; y el estatal se encargará de la operación. Por lo tanto, los gastos de mantenerlo y sueldos de quienes ahí trabajan los pagará presupuesto del Estado de México.

En cada caso, según explica Leal, eso dependerá del acuerdo que se firme con el estado y con cada municipio. Mientras que los refugios de organizaciones civiles seguirán teniendo presupuesto de una partida de la Secretaría de Salud.

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Por qué en México están apareciendo “antimonumentos” (y cómo reflejan los episodios más oscuros de su historia reciente)

Instalados por movimientos sociales en las calles de la capital mexicana, los "antimonumentos" intentan que las víctimas de casos de violencia emblemáticos y a la espera de justicia no se olviden.
8 de diciembre, 2020
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En México, un país donde nueve de cada diez delitos denunciados quedan impunes, los familiares de las víctimas luchan por conseguir que sus casos no caigan en el olvido.

Con ese objetivo afloraron en los últimos años en el país los llamados “antimonumentos”, unos memoriales que simbolizan historias muy distintas pero que comparten una finalidad: el recordar que sus casos continúan a la espera de justicia.

Todos fueron colocados en espacios de la vía pública por ciudadanos y movimientos sociales al margen de las autoridades, ya que precisamente lo que persiguen es “denunciar la inacción o poca empatía del Estado”, le dice a BBC Mundo el doctor en Antropología Alfonso Díaz Tovar.

Autor de la investigación “Antimonumentos. Espacio público, memoria y duelo social en México”, el experto destaca cómo los monumentos “tradicionales” son instalados por el Estado para que perduren en el tiempo y representen “discursos oficiales y verdades históricas”.

“Pero los antimonumentos surgen para deconstruir esas posturas oficiales mediante una apropiación del espacio público, digamos ‘caótica’, y que sí tienen una temporalidad”, apunta.

Así, según Díaz Tovar, mientras los monumentos representan ideas generales sobre la historia de una nación, los antimonumentos simbolizan historias que aún no han terminado, que actúan como una memoria que no está cerrada sobre algo pendiente y que no ha podido acceder a la justicia.

Varios de estos conjuntos están distribuidos por buena parte de México, como la imponente cruz de clavos en Chihuahua (y su réplica en Ciudad Juárez) que fue uno de los primeros que se instaló para representar a cada una de las mujeres asesinadas o desaparecidas desde los años 90.

Sin embargo, probablemente son los antimonumentos de la capital del país los que logran mayor atención, al haberse levantado en puntos emblemáticos y muy transitados de una de las ciudades más pobladas del mundo.

Esta es la historia -y la reivindicación- de los siete antimonumentos de Ciudad de México.

1. Los 43 de Ayotzinapa

Antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Marcos González

El primer antimonumento fue levantado en 2015 en memoria de uno de los casos de desaparición forzada más escandalosos y reconocidos internacionalmente en la historia reciente de México.

Un año antes, 43 jóvenes estudiantes de una escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en el municipio de Iguala.

Seis años después, el caso sigue sin resolver y está considerado como uno de los mayores episodios de violaciones de derechos humanos en el país.

El Paseo de la Reforma, una de las arterias principales de la capital mexicana, se convirtió en escenario de habituales protestas por este caso y fue el lugar donde sus padres inauguraron un gran “+ 43” en rojo, en alusión a las otras miles de personas desaparecidas en México.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se lee en la base del antimonumento.

2. La desaparición de David y Miguel

Antimonumento a la desaparición de Miguel y David

Marcos González

A pocos metros, se encuentra otro antimonumento que recuerda precisamente otro caso de desaparición que tampoco fue resuelto.

Se trata de David Ramírez y Miguel Rivera, dos jóvenes secuestrados en 2012 cerca de Ciudad Altamirano cuando se dirigían al estado de Guerrero para festejar el 20º cumpleaños de uno de ellos.

Los captores se comunicaron con la familia, que llegó a pagar un rescate. Las autoridades iniciaron una investigación pero, en todo este tiempo, ni los jóvenes fueron liberados ni se logró detener a los responsables.

Sus familiares, sin embargo, denunciaron en numerosas ocasiones “inacción” por parte de la policía, y aseguraron que fueron ellos mismos quienes investigaron el paradero de sus hijos rastreando por ejemplo la señal de sus teléfonos, que los secuestradores siguieron utilizando.

La instalación representa una forma de letra T azul que simula dos siluetas dividas a la mitad y los transeúntes son llamados a colocar un candado en su base como muestra de apoyo.

3. Incendio de la guardería ABC

Antimonumento a los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC.

Marcos González

En el mismo Paseo de la Reforma, un “ABC” de colores recuerda a los 49 niños que murieron en 2009 en el incendio de la guardería que llevaba este nombre en Hermosillo, estado de Sonora. Más de un centenar resultaron heridos.

El fuego se originó en los archivos de un edificio del gobierno estatal contiguo a la guardería mientras los pequeños dormían la siesta. Parte del personal se encontraba en la hora de la comida, y otros ya habían concluido su turno.

Las labores de evacuación fueron caóticas y se prolongaron durante 30 minutos. Vecinos de la zona abrieron boquetes en las paredes incluso con vehículos ante la falta de salidas de emergencia y extintores suficientes.

Cerca de 20 personas, entre funcionarios y encargados del cuidado de los niños, fueron condenadas a prisión. Pero cuando el año pasado se cumplió una década de la tragedia, ninguna había ingresado en la cárcel mientras se resuelven sus recursos de amparo.

Los familiares denuncian que no se ha hecho justicia y por eso colocaron el antimonumento frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual la guardería prestaba sus servicios de manera subrogada.

4. La explosión en la mina de Pasta de Conchos

Antimonumento a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos.

Marcos González

Un gran “+ 65” pide justicia para los 65 trabajadores que fallecieron en 2006 atrapados por una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila.

Un año después, la compañía a cargo de la explotación de la mina suspendió las tareas de rescate tras haber recuperado solo dos cuerpos. Argumentó que se ponía en riesgo la vida de los equipos de emergencia.

Varias familias denunciaron que, de ser rescatados los cadáveres, podría evidenciarse que las condiciones de trabajo en la mina no eran adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, como concluyó después la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El pasado octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2021 se reanudará el rescate de los cuerpos atrapados. También confirmó que este año los familiares de los fallecidos recibirían sendas indemnizaciones.

Su antimonumento se encuentra desde 2018 en Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Un año después, los familiares colocaron junto a él decenas de cascos como símbolo de los mineros que quedaban por rescatar.

5. La masacre de Tlatelolco

Antimonumento a la masacre de Tlatelolco.

Marcos González

El simbólico Zócalo de Ciudad de México fue el lugar elegido para inaugurar un antimonumento cuando se cumplieron 50 años de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Aquel día, miles de personas se reunieron en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, convocadas por un movimiento de estudiantes cada vez más activo que protestaba contra el gobierno y la violencia de la policía.

Pero ese 2 de octubre la actuación fue aún más desmedida. Cientos de soldados y miembros de grupos paramilitares iniciaron una balacera contra la multitud que participaba en un mitin pacífico. No hay un balance oficial de víctimas, aunque se estima que mataron a cientos de personas.

No fue hasta 2006 que el expresidente Luis Echeverría -quien era secretario de Gobernación en 1968 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz- quedó en arresto domiciliario acusado de genocidio, aunque fue exonerado tres años después. Ningún funcionario fue declarado nunca culpable.

La emblemática frase “2 de octubre no se olvida” y otra que reza “Fue el Ejército, fue el Estado” pueden leerse en el antimonumento dedicado a una masacre que dio un vuelco a la vida política y social de México para siempre.

6. “Antimonumenta” contra los feminicidios

Antimonumento a los feminicidios

Marcos González

Un antimonumento para denunciar la violencia contra las mujeres parece inevitable en México, un país donde diez mujeres son asesinadas cada día.

El conocido como “Antimonumenta” fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer del año pasado frente al Palacio de Bellas Artes.

Convertido en punto central de muchas de las marchas de mujeres organizadas en los últimos meses en la capital mexicana, junto a él suelen verse veladoras, flores, cruces rosas, fotografías de decenas de mujeres asesinadas o desaparecidas en el país y mensajes exigiendo justicia.

“Ni una más. No más feminicidios”, se lee en este antimonumento que fue saboteado durante una marcha de opositores al aborto el pasado año.

7. Masacre de migrantes de San Fernando

Antimonumento de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas.

AFP

El último en sumarse a la lista de antimonumentos de Ciudad de México fue un “+72” instalado el pasado agosto en Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, para reclamar justicia por la masacre ocurrida en San Fernando diez años antes.

En agosto de 2010, 72 personas migrantes -la mayoría de origen centroamericano- fueron brutalmente asesinadas en esta localidad del estado de Tamaulipas, en la frontera norte de México.

El grupo fue secuestrado mientras viajaba en autobús por el cartel de Los Zetas, que los acribilló después de negarse a pagar el dinero que les exigían por dejarlos libres.

Los captores los vendaron, los obligaron a apoyarse contra un muro y luego los balearon. Solo dos personas lograron escapar. Ninguna persona llegó a ser condenada por este espeluznante hecho.

Con el mensaje “migrar es un derecho humano”, el antimonumento fue colocado como homenaje a las víctimas de esta masacre y a todos los migrantes muertos o desaparecidos en el peligroso viaje que emprenden cada año hacia territorio estadounidense.


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