Puerta Violeta, la estrategia del gobierno de AMLO para mujeres víctimas de violencia
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Puerta Violeta, la estrategia del gobierno de AMLO para mujeres víctimas de violencia

A un año de gobierno, no se ha abierto más que una Puerta Violeta y en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 no se creó ninguna partida para esa estrategia ni algún nuevo programa de violencia de género.
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6 de diciembre, 2019
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Un portón morado y un letrero enorme del mismo color que dice “Puerta Violeta” destacan entre comercios de la calle 6 de diciembre, en pleno centro de Nicolás Romero, Estado de México. Todavía están vacíos el segundo y tercer piso del edificio, sin personal, ni escritorios, y no hay ni línea de teléfono, pero la planta baja ya ofrece trabajadora social, psicóloga y asesora jurídica a mujeres víctimas de violencia.

Con eso bastó para que el 15 de noviembre fuera inaugurada por la Secretaría de Gobernación (Segob) como la primera sede de una estrategia que supuestamente busca que el Estado asuma la responsabilidad en el tema, en lugar de que sean Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) quienes brindan opciones de atención integral y refugio a mujeres que salen huyendo de una situación de violencia, como ha sido durante las últimas dos décadas.

Mientras tanto, esas organizaciones sociales vieron cómo este año cerró el único refugio que había en Guanajuato, porque no le aprobaron el subsidio con el que funcionaba, y otro en Aguascalientes ha reducido a la mitad sus atenciones por primera vez porque le recortaron el presupuesto.

En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió “no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción. Todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios”, según publicó en una circular.

En varias conferencias insistió en que también para este tema se iban a entregar los apoyos directos, pero eso desató una ola de críticas sobre lo ineficiente que sería dar dinero a mujeres que necesitan protección inmediata y distintos apoyos —psicológico, legal, de reintegración social—, por lo que el gobierno cotrrigió y mantuvo los subsidios a organizaciones, que salen de una partida de la Secretaría de Salud, aunque con la advertencia de que Segob absorbería el tema.

A un año de gobierno, no se ha abierto más que una Puerta Violeta y en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 no se creó ninguna partida para esa estrategia ni algún nuevo programa de violencia de género. Así que las directoras de asociaciones civiles tienen la incertidumbre de si el próximo año van a seguir accediendo a esos fondos como hasta ahora y si se los van a reducir para usarlos en los centros de gobierno.

En 2019, el Congreso asignó 346.5 millones de pesos para los refugios, que se distribuyeron a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva mediante una accidentada convocatoria, que se suspendió ante la orden de no dar dinero a organizaciones, luego fue reabierta con normalidad, aunque la entrega de dinero se atrasó hasta julio.

Para 2020, se conserva la partida para refugios y tendrá un aumento, pero aún no está definido el monto final. La diputada Wendy Briceño, presidenta de la comisión de Igualdad de Género, explicó en entrevista que aunque ya se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), falta el desglose específico de montos que se publica posteriormente en los analíticos presupuestarios. Calcula que terminará en un incremento de 50 o 60 millones de pesos, por lo que superará los 400 millones.

Tanto la diputada como la directora de la estrategia de Puertas Violetas, Alicia Leal, dijeron a Animal Político que la distribución de dinero se mantendrá como hasta ahora a las organizaciones de sociedad civil a través de Salud. Pero esa Secretaría respondió al ser consultada que “el Congreso definirá si será mediante convocatoria o si se asigna a otra unidad que no sea Equidad de Género”.

Mientras que la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, dijo que en las mesas de trabajo que han tenido sobre cómo se van a articular ahora sociedad civil y gobierno, se ha hablado de cambiar ese dinero de Salud a “otra dependencia”, pero les preocupa que eso pueda entorpecer el proceso de entrega. También les han dicho que de esa misma bolsa saldrá el dinero para las Puertas Violetas, a lo cual se oponen, porque ya de por sí resulta insuficiente para los albergues existentes.

Además, la Red cuestiona lo que se ha planteado como una estrategia novedosa de homologación del modelo de refugios y creación de oficinas abiertas 24 horas, siete días a la semana, para canalizar toda la atención, debido a que ya tienen un modelo homologado y las oficinas centralizadas ya existen en diversas ciudades con los Centros de Justicia para las Mujeres de gobiernos locales.

La primera Puerta Violeta de gobierno, en Edomex

A Karla la golpeó su ahora expareja y padre de uno de sus hijos apenas un día antes, por eso está en la Puerta Violeta de Nicolás Romero. Y sin embargo, sale de ahí más bien con una ligera sonrisa de tranquilidad. De inmediato le dieron una orden de restricción, números de seguridad a los cuales llamar si el hombre se acerca, una patrulla que pasa por su casa cada cierto tiempo, y un día después, solo vino a entregar un oficio para que empiece el proceso de tramitar la pensión alimenticia.

“Yo cuando me separé del papá de mi hijo el grande, hace unos años, fui al MP de aquí y me dijeron: ‘No, es que tienes que ir al de lo familiar en Atizapán’. Fui a Atizapán y me dijeron: ‘No, es que ya no vives con él, regresa al MP de Nicolás Romero’. Y al final en ningún lado me ayudaron. Fue súper cansado y preferí dejarlo, y él a la fecha no me da nada. Y ahorita con esto sí fue súper rápido. Me dijeron que máximo 15 días ya va a estar lo de la pensión”, cuenta a Animal Político.

Ella todavía no se había enterado de que se inauguró este lugar, pero su vecino sí. Había decidido terminar su relación sentimental y correr de su casa a su pareja, que entonces se brincó la barda y se metió a golpearla. El vecino intervino y la llevó a la Puerta Violeta, donde le dieron atención psicológica, la valoró un médico que confirmó la agresión, y la acompañaron a levantar la denuncia en el Ministerio Público especializado en género, que está a solo dos cuadras de ahí.

En tan solo dos semanas desde que abrió, esta oficina ha recibido a alrededor de 30 mujeres, de acuerdo con la asesora jurídica Verónica Luna, y aunque finalmente no lo tomaron, a dos se les ofreció ser trasladadas a un refugio.

Porque el mismo día que se inauguró este lugar, que funciona como “puerta externa”, también se creó una “puerta interna”: una casa en una ubicación que es confidencial y tiene seguridad policial, con todo lo necesario para recibir hasta a 50 personas, entre mujeres y su hijas e hijos, que no interrumpirían su ciclo escolar gracias a maestros puestos por el Estado, donde las familias podrán permanecer hasta seis meses hasta sentirse seguras y tener un nuevo plan de vida.

Este es un ejemplo de lo que el gobierno quiere crear para atender a víctimas de violencia machista. Pero este modelo es justo el que han tenido por dos décadas las organizaciones de la sociedad civil, actualmente con 67 espacios en todo el país: 28 Centros de Atención Externa, 30 refugios, 4 casas de emergencia y 5 casas de transición (espacios que dan acogida solo en el momento) que atienden a 20 mil mujeres al año.

De hecho, ya existía una Puerta Violeta en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, de la asociación Alternativas Pacíficas con corresponsabilidad del municipio de Escobedo. Su fundadora, Alicia Leal, fue invitada a trabajar a la Secretaría de Gobernación para replicar la estrategia, con el cargo de directora general de Protección Integral en la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.

En entrevista con Animal Político, presume que este esquema ha tenido tan solo un 1% de reincidencia de mujeres que vuelven a ser violentadas, pero ningún caso de feminicidio después de que han sido atendidas ahí. Por eso se busca replicarlo en la mayor cantidad de municipios del país.

El objetivo, detalla, es integrar distintas instituciones y programas que ya existen para las mujeres, incluidos los albergues de sociedad civil, a través de una oficina de alcance municipal que sea fácilmente identificable por las víctimas, para que desde ahí se coordine todo, con capacidad para atender a aproximadamente a 250 usuarias al mes.

“Lo que queremos es que los municipios integren a la sociedad civil organizada en un momento dado. ¿Por qué? Porque los servicios para los refugios, lo que requieren las mujeres es un modelo de atención y de protección integral más flexible que lo que puede muchas veces operarse desde un municipio. Por poner un ejemplo: una mujer de un municipio no puede ser atendida por una instancia de otro”, comenta.

Está programado que este mes abran otras dos Puertas Violetas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Puruándiro, Michoacán, y ya hay avances en Coahuila, Colima, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y San Luis Potosí, además de los seis espacios originales que hay en Nuevo León y, ahora, el de Edomex, según adelantó en la conferencia matutina del presidente del 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

El Estado de México tiene las tasas más altas de este problema. De enero a octubre pasado registró 95 feminicidios, 53%de las mujeres han sido agredidas por su pareja, y es la única entidad con dos alertas de género, una decretada en 2015 por feminicidios y otra en 2019 por desapariciones. Pero lo que llevó a que ahí se abriera la primera Puerta Violeta, es que ya tenía parte del camino andado gracias a la 13 regiduría del municipio, encargada de temas de género, que ocupa la panista Rocío Echeverría.

En abril empezó a trabajar en la creación de una Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSYG), que abrió en septiembre, y en una casa de transición, que son las que reciben de emergencia a familias violentadas por máximo 72 horas.

Cuando Echeverría se reunió con Leal, la ahora funcionaria federal le propuso mejor crear el refugio y una oficina de atención externa, acorde con el plan de Puertas Violetas.

Pero esta oficina no trabaja 24/7, como se propuso, sino de 9 a 6 de la tarde y solo de lunes a viernes. Para atenciones urgentes en la madrugada o día no laborable, hay una línea telefónica, el 01-800-10-84-053.

El municipio de Nicolás Romero puso las instalaciones de la Puerta; el gobierno federal, equipamiento, como camas y utensilios para el refugio; y el estatal se encargará de la operación. Por lo tanto, los gastos de mantenerlo y sueldos de quienes ahí trabajan los pagará presupuesto del Estado de México.

En cada caso, según explica Leal, eso dependerá del acuerdo que se firme con el estado y con cada municipio. Mientras que los refugios de organizaciones civiles seguirán teniendo presupuesto de una partida de la Secretaría de Salud.

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Tribunal Constitucional de Perú ratifica el indulto a Alberto Fujimori y ordena liberar al expresidente

El exmandatario, de 83 años, cumple condena por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y pidió su liberación por motivos humanitarios.
17 de marzo, 2022
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El Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad, según informaron medios locales.

El Tribunal votó a favor del recurso de hábeas corpus presentado por el exmandatario para que el indulto recobrara vigencia y fuera puesto en libertad por motivos humanitarios, lo que podría suceder en las próximas horas.

Su abogado, César Nakazaki, informó en su cuenta de Twitter que se dirige al penal de El Barbadillo, donde Fujimori está encarcelado, para comunicarle la decisión del Tribunal.

https://twitter.com/CesarNakazaki/status/1504531283241807872

Los delitos por los que se condenó a Fujimori

Alberto Fujimori, de 83 años, cumple condena por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, en los que grupos parapoliciales dirigidos desde el gobierno acabaron con la vida de 25 personas.

Fujimori fue acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera las dos masacres.

La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en la capital.

También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.

Su familia solicitó en repetidas ocasiones su puesta en libertad por motivos de salud, a lo que se oponen sus víctimas, que denuncian que nunca se arrepintió de sus delitos ni abonó las compensaciones establecidas.

Manifestante contra el indulto (foto de archivo)-

AFP
El indulto a Fujimori es motivo de gran polémica en Perú (foto de archivo).

En 2017, en mitad de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori, en lo que fue interpretado como un intento de ganarse el apoyo del fujimorismo en el trámite de la moción de vacancia que se había presentado en su contra en el Congreso.

Pero la Corte Suprema anuló más tarde ese indulto porque consideró que no cabía la concesión de la medida de gracia en casos de crímenes de lesa humanidad, y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel de la que había salido temporalmente.

El Tribunal Constitucional anula ahora esa anulación y restablece la concesión del indulto.

Lo ha hecho en una votación dividida en la que, según los medios locales, tres de sus magistrados votaron a favor y tres lo hicieron en contra, dirimiéndose finalmente el asunto por el voto de calidad del presidente.


Otro capítulo polémico en una polémica biografía

Por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC News Mundo

Si nada inesperado lo impide, Fujimori saldrá de la cárcel.

La decisión del Tribunal Constitucional ha provocado gran indignación entre las víctimas de los crímenes de Fujimori y entre sus detractores.

El expresidente sigue siendo una de las figuras que más divide a los peruanos y la noticia del restablecimiento de su indulto ha vuelto a ponerlo de manifiesto. Los partidarios de su puesta en libertad subrayan su edad, sus problemas de salud y no son pocos quienes todavía le agradecen por el papel clave que le atribuyen en el saneamiento de la economía peruana y en la desarticulación del movimiento armado Sendero Luminoso.

Quienes se oponen a la liberación recuerdan la gravedad de los crímenes por los que fue condenado y los escándalos de corrupción que han salpicado a su familia, y dirigen ahora su mirada hacia Pedro Castillo.

Fue elegido presidente frente a la hija de Fujimori, según los analistas, sobre todo por el rechazon que el fujimorismo ha provocado en gran parte de la sociedad peruana.

Ya hay manifestaciones de protesta convocadas en Lima. Si son masivas, a Castillo le resultará difícil no tomar cartas en el asunto ante una liberación que para muchos es una afrenta.


Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar.

En distintos foros digitales ya se ha convocado a una manifestación de protesta esta tarde en Lima, y en otros puntos del país. Las protestas cuentan con el apoyo de varias bancadas del Congreso.

El primer ministro, Aníbal Torres, dijo en la cadena RPP que con esta decisión el tribunal “garantiza la impunidad, no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”.

Mirtha Vásquez, ex primera ministra, aseguró que el fallo “atropella la memoria y el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura de los años 90”.

Eduardo Castillo, uno de los voceros de la bancada fujimorista en el Congreso peruano, consideró en cambio que “al fin se hace justicia con el hombre que le devolvió la esperanza al país”.


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