AMLO negó viajes a la titular de Economía para ver el T-MEC, pero a Cancillería le aprobó todos
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AMLO negó viajes a la titular de Economía para ver el T-MEC, pero a Cancillería le aprobó todos

Presidencia no justificó en ningún caso la autorización o rechazo de los viajes de comisión ni indicó los criterios seguidos, tras ser obligada por transparencia a dar acceso a 200 solicitudes recibidas tan solo en mayo.
Cuartoscuro
12 de diciembre, 2019
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En mayo pasado, en medio de la negociación del T-MEC y con la amenaza latente de Estados Unidos de imponer aranceles a la importación de acero mexicano y canadiense, la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, convocó a una reunión en Toronto para analizar la situación. La secretaria de Economía de México, Graciela Márquez Colín, pretendía asistir, pero al pedir permiso a Presidencia, un requisito creado días antes para cualquier comisión oficial al extranjero, su solicitud fue rechazada.

“Por instrucciones del Sr. Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, le informo que la petición en comento NO HA SIDO AUTORIZADA”, fue la única explicación que recibió Márquez en un oficio firmado por el secretario particular del presidente, Alejandro Esquer Verdugo.

Pero mientras la encargada de Economía se quedó en México, quien sí fue autorizado para ir a Canadá fue un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Márquez había indicado en su petición que iría dos días y se haría acompañar por el subsecretario para América del Norte de la SRE, Jesús Seade Kuri. Los documentos muestran que él, uno de los negociadores del T-MEC, sí pudo viajar a Canadá y Estados Unidos durante dos semanas. Las aprobaciones a SRE fueron una constante.

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Animal Político tuvo acceso a más de 200 solicitudes de viajes al extranjero hechas en mayo por funcionarios de diversas dependencias, la mayoría de las cuales fueron rechazadas, sin más argumentos que la no autorización presidencial.

El 3 de mayo de 2019, López Obrador firmó un memorándum con diversas medidas de austeridad que en el punto 9 señalaba: “Toda comisión al extranjero deberá ser solicitada por escrito, justificada y autorizada por el Titular del Ejecutivo Federal”.

La instrucción causó polémica, sobre todo entre los científicos que reclamaron que los viajes a congresos o estancias de intercambio en otros países son parte de su carrera, pero al recibir un sueldo de dinero público, la medida los limitaría.

Aunque semanas después se aclaró que el requisito solo se aplicaba a quienes tienen puestos de “mandos y enlaces”, algunos viajes fueron frenados desde los Centros de Investigación y se pudo comprobar la autenticidad de un oficio que se filtró en redes sociales que negaba a dos académicas ir a hacer trabajos a Guatemala y Panamá.

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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) mandó en ese mes nueve solicitudes de comisiones al exterior, y todas fueron rechazadas.

A Economía se le negó cualquier viaje a su titular y a todos sus subalternos, de 26 solicitudes que hizo en total. Por ejemplo, días después del episodio del acero, solicitó que la subsecretaria de Comercio Exterior fuera a Washington DC, para reunirse con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, congresistas y el representante comercial de ese país, por una medida que limitaba la importación de tomate mexicano y estaba afectando a los productores.

La respuesta fue negativa.

Incluso viajes que no serían financiados o lo serían mínimamente con dinero mexicano, Presidencia decidió no aprobarlos. Es el caso del entonces comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Francisco Garduño, que junto a dos representantes del Sistema Penitenciario Federal estaba invitado a conocer el modelo de prisiones de las ciudades italianas de Roma y Palermo.

“Los gastos del viaje y estancia estarán a cargo del Ministerio de Justicia-Sistema Penitenciario de Italia”, aclaraba su solicitud.

La respuesta, también en ese caso, fue que la petición “no fue autorizada”.

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Lo mismo ocurrió con al menos dos solicitudes de la Secretaría de Energía. Una para que una consultora viajara a Eslovenia a un curso sobre plantas nucleares, invitada y financiada por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Otra para que un investigador del Instituto Mexicano del Petróleo fuera a una Estancia de diseño y evaluación de una biorrefinería en España, al que su organismo le cubriría los viáticos, solo con un gasto de 50 euros diarios (poco más de mil pesos) por dos semanas.

También hubo negativas a la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, para ir a la conferencia internacional de la UNESCO en París, Francia. Y a la directora del Instituto Nacional de Cinematografía, María Novaro, junto con tres funcionarios, le fue negado el permiso en pleno festival de cine de Cannes, en Francia, por lo que regresó cuando ya se encontraba en ese país.

SRE, la que más pidió y obtuvo autorizaciones para viajar

Tan solo durante el primer mes en que se impuso el requisito de la autorización de López Obrador para comisiones oficiales fuera del país, Presidencia recibió 276 solicitudes.

Dos dependencias fueron las que más presentaron y acumularon el 41% del total: 56 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y 56 de la de Marina (Semar).

Las de esta última están declaradas “información reservada”, junto con otras siete de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por lo que no hay manera de saber si fueron aprobadas o rechazadas.

Pero las 56 de SRE sí fueron autorizadas. De hecho, en una sola solicitud se pedían 33 viajes de distintos funcionarios para eventos por todo el mundo y con una sola firma fueron avalados todos.

“La petición en comento SÍ FUE AUTORIZADA con la finalidad de cumplir con los propósitos en ella planteados”, fue la mínima explicación también en los casos afirmativos.

Entre esas comisiones estaban incluso algunas para las que especialistas de otras secretarías fueron rechazados, como una reunión de ONU Hábitat en Nairobi, Kenia, a la que López Obrador no permitió que fuera un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero sí el de Exteriores.

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También fue autorizado el director de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos para ir a Caracas, Venezuela, a continuar los acercamientos en el marco del Mecanismo de Montevideo, creado para el diálogo entre el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y la oposición en ese país.

Consta también el oficio de autorización al director de Comunicación Social, Roberto Velasco, para acompañar al secretario Marcelo Ebrard a Estados Unidos, quien después se haría viral con el apodo de #LordCacahuates por una foto en la que estaba consumiendo esta botana.

La siguiente dependencia con más solicitudes de comisiones internacionales fue Petróleos Mexicanos (Pemex), con 39, que recibió algunos rechazos pero varias autorizaciones.

Después, Economía envió 26 peticiones; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y sus organismos adscritos hicieron 15; Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), 14; Energía (Sener), 11; Seguridad Pública y Policía Federal enviaron 10; el Conacyt, 9; la agencia de noticias del Estado, Notimex, mandó 8 solicitudes; Sedatu, 7; Comunicaciones y Transportes (SCT), 5; Cultura y Salud, 4 cada una, y otras dependencias hicieron tan solo una o dos.

Seis meses para transparentar la información

El 4 de junio, el presidente criticó en su conferencia matutina que los funcionarios de gobierno abusaban viajando por el mundo y reveló que en los 24 días desde que impuso la obligatoriedad de su autorización, había recibido 276 solicitudes de comisiones al exterior, aunque aclaró que no revelaría los nombres de los solicitantes y no precisó si todas habían sido rechazadas.

Animal Político había solicitado vía transparencia el 31 de mayo la lista de quiénes pidieron permiso para salir de comisión, de qué dependencia, cuándo, si habían sido aprobadas o negadas y las razones para ello.

A pesar de que cuatro días después el propio presidente hizo pública parte de esa información, la Unidad de Transparencia de Presidencia agotó el plazo de 20 días hábiles para contestar, recurrió a la prórroga y respondió hasta el 12 de julio con la lista ya difundida que no contenía más que ciudades de destino, a veces solo el país, sin la fecha de cuándo se hizo la petición y a veces sin fecha exacta para el viaje.

Tras interponer un recurso de revisión de la respuesta, la Oficina de Presidencia aseguró en agosto que había hecho una “búsqueda exhaustiva, amplia y razonable” y no encontró ningún documento que respondiera a la solicitud como se había planteado.

Entonces el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) requirió más datos a Presidencia, que en septiembre trató de defenderse para no entregarlos e incluso acusó al Instituto de estarse excediendo en su facultad para allegarse de información adicional y decidir si la queja era válida.

“Al requerir información adicional a este Sujeto Obligado, se estaría yendo más allá de lo permitido por la Ley de la materia”, alegó Presidencia.

Pero el INAI le contestó que es el órgano garante de la transparencia y que entre sus facultades está solicitar pruebas y hacer las diligencias necesarias para defender el derecho a la información de los ciudadanos. Así que elevó el asunto al pleno, el órgano de decisión del INAI, que el 9 de octubre decidió que si Presidencia no tenía un documento específico que concentrara los permisos de viaje y su aprobación y rechazo, como se solicitó, tenía que dar acceso a todos los documentos al respecto.

El periodo para cumplir esta orden del INAI era de 10 días, pero Presidencia tardó todavía un mes en entregar una lista más detallada y anunciar que permitiría una consulta en persona de los documentos, excepto de 63 considerados “información reservada”. Por primera vez transparentaba qué dependencia había hecho cada petición.

La consulta fue agendada para el 21 de noviembre, es decir, más de seis meses después de la solicitud de información original, pero como ésta se formuló en mayo, solo se dio acceso a los documentos de mayo. Un funcionario de Presidencia prestó a Animal Político una carpeta con dichos papeles para revisarlos. A los 45 minutos se informó que el tiempo de consulta había terminado.

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¿Por qué AMLO enfrenta una rebelión de gobernadores en la etapa crítica de la pandemia de COVID-19?

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta una creciente rebeldía de varios gobernadores a sus decisiones. Un problema que se profundizó en la actual pandemia de coronavirus
Getty Images
3 de junio, 2020
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Como ningún otro presidente en la historia reciente, Andrés Manuel López Obrador enfrenta la oposición de varios gobernadores del país.

Es una crisis que se profundizó con la pandemia de coronavirus.

Desde el inicio de su gobierno, el 1 de diciembre de 2018, AMLO, como se conoce al presidente en México, enfrenta un creciente rechazo de mandatarios locales a sus decisiones.

Algunos incluso se oponen a participar en las reuniones de seguridad que legalmente se realizan cada día.

Otros no aceptaron formar parte del nuevo sistema nacional de salud, algunos pretenden cambiar las reglas para repartir los impuestos y varios pretenden revisar el Pacto Federal, que es el origen de la República Mexicana.

AMLO

Gobierno de México
López Obrador enfrenta la oposición de varios gobernadores

El viernes 29 de mayo, siete gobernadores acordaron aplicar su propia estrategia para salir de la emergencia sanitaria, al margen de las medidas ordenadas por el gobierno federal.

Los estados que aplicarán sus normas para reabrir actividades son Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Colima y Michoacán.

En lo que va de la pandemia 93. 435 personas se han contagiado de covid-19 y otras 10.167 han muerto,según datos de la Secretaría de Salud.

“No queremos dividir”

El argumento de los mandatarios es que las disposiciones de la Secretaría de Salud para reanudar las actividades en el país no corresponden con la realidad de los estados.

Las medidas, como un semáforo para determinar quiénes y cómo vuelven a la normalidad, se toman “de manera unilateral”, afirman los mandatarios.

“Parece ser que tuviera un propósito político para responsabilizar a los estados por los muertos”, afirma el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

Los gobernadores aseguran que no pretenden dividir al país. “No constituimos un frente opositor al gobierno de México ni al presidente”, insiste Aureoles.

Pero algunos especialistas ven una creciente confrontación que se agudizó en esta pandemia.”Es una rebelión”, afirma el politólogo y exconsejero electoral Eduardo Huchim a BBC Mundo.

gobernadores México

Twitter @mrikelme
Los gobernadores de 7 estados acordaron seguir su camino ante la pandemia

“Es algo que no ocurría antes, pero ahora hay un frente de siete gobernadores, entonces es una lectura válida decir que existe una rebelión”.

BBC Mundo solicitó entrevistas sobre el tema a los gobernadores de Jalisco, Chihuahua y Yucatán, pero no hubo respuesta.

Presidencia imperial

Durante casi todo el siglo pasado los gobernadores solían tener una actitud de sumisión ante el presidente en turno, recuerda Huchim.

Así ocurrió en los 70 años que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó al país.

Los gobernadores acataban sin cuestionar las decisiones presidenciales. “Cuando alguien quería asomar la cabeza se la cortaban con el recurso de la desaparición de poderes” dice el analista.

“También estrangulaban a los estados con el reparto de las participaciones fiscales que entrega la Secretaría de Hacienda”, parte del gobierno federal.

Los presidentes eran las figuras con mayor poder político del país, inclusive por encima de los gobiernos locales. Uno de los ejemplos más claros fue el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

En su gobierno (1988-1994) 19 de los 32 gobernadores abandonaron su cargo, algunos porque recibieron la orden de incorporarse al gabinete presidencial y otros porque fueron destituidos.

Carlos Salinas de Gortari

AFP
En el gobierno de Carlos Salinas renunciaron 19 gobernadores

En ese período ningún mandatario local se oponía al presidente. El único caso fue Roberto Madrazo, quien en 1995 se negó a renunciar como pretendía el entonces presidente Ernesto Zedillo.

La situación cambió a partir de 2000 cuando el PRI perdió el poder y el conservador Vicente Fox asumió la presidencia.

La mayoría de los mandatarios locales eran militantes del PRI, pero a pesar de ello no existió un escenario como el que ahora enfrenta López Obrador, coinciden especialistas.

Historia de desencuentros

La oposición de algunos gobernadores empezó en los primeros meses del gobierno de López Obrador.

Todos los días la primera actividad del presidente es reunirse con su Gabinete de Seguridad para analizar el comportamiento de la delincuencia en el país.

Una práctica que se repite en todos los estados. Oficialmente los gobernadores deberían encabezar estas reuniones, pero no todos han cumplido la disposición.

Gobernador de Guanajuato

Gobierno de Guanajuato
“No iré a las reuniones de seguridad” dice el gobernador de Guanajuato

En diciembre pasado, López Obrador informó en una de sus conferencias matutinas que los mandatarios de Guanajuato, Nayarit y Querétaro nunca habían participado en esos encuentros.

En respuesta, el gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo, dijo que no planea asistir a las juntas del gabinete de seguridad. “No he estado ni iré a esas reuniones”, dijo.

El estado, por cierto, es el que registra el mayor número de homicidios en el país, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Otro desencuentro ocurrió con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituyó al Seguro Popular con que se atendía a la población que no cuenta con servicios de seguridad social.

Los gobernadores de Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco no aceptaron participar en el nuevo sistema.

“Es un error desmantelar los sistemas de salud estatales”, dijo el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro.

“La idea de plantear políticas públicas desde la Federación y considerar que todos los estados están en las mismas circunstancias es un error”.

Viejos pactos

El siguiente episodio ocurrió cuando iniciaba la fase más crítica de la pandemia de coronavirus.

Los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila demandaron a López Obrador que se revisara el pacto fiscal con la Federación.

Se trata de un acuerdo firmado en los años 70 para que todos los impuestos federales que se cobran en el país se destinen a una bolsa común.

Gobernador de Jalisco

Gobierno de Jalisco
Enrique Alfaro es uno de los gobernadores que más se oponen a AMLO

El dinero se reparte entre los estados según las necesidades de cada uno y no con base en su recaudación.

Por varias décadas algunas entidades, sobre todo las que generan más riqueza, han rechazado el pacto pues argumentan que reciben menos de lo aportado.

Es una vieja discusión que no tenía sentido revivir a mitad de la emergencia sanitaria, dice el analista Huchim. Hacerlo ahora, añade, es una muestra de la rebelión de algunos mandatarios.

López Obrador aceptó revisar el acuerdo, pero después de superar la contingencia sanitaria.

También durante la fase 3 de la epidemia otros gobernadores como el de Chihuahua, Javier Corral, promovieron revisar las reglas del Pacto Federal.

Es un documento firmado en 1824 donde las entidades aceptaron formar parte de la república. Por eso el nombre oficial del país: Estados Unidos Mexicanos.

Ahora la pandemia puso en evidencia que el modelo actual del federalismo en el país se agotó, asegura el gobernador de Chihuahua, Corral.

“Chihuahua se rasca con sus propias uñas porque, además, no hemos tenido recursos extraordinarios o adicionales” para atender la emergencia de salud, critica.

Política y elecciones

¿Por qué la rebeldía de los gobernadores ante López Obrador?

Una respuesta es la necesidad de algunos mandatarios de crear un contrapeso a la fuerza política del presidente, dice Alberto Aziz Nassif, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide).

El partido en el poder, Movimiento de Regeneración Nacional, tiene siete gubernaturas y la mayoría legislativa en el Congreso.

Gobernador de Chihuahua

Gobierno de Chihuahua
Javier Corral quiere revisar el Pacto Federal de México

Es la primera vez desde 1994 que un solo partido obtiene el control del Senado y la Cámara de Diputados.

Antes de la pandemia, explica el analista, los mandatarios no habían logrado encontrar un tema para formar un frente, hasta ahora que coinciden en la revisión del pacto fiscal.

“Aprovechan el momento muy difícil para el país y para el gobierno federal para plantearlo y lograr tener una agenda común”, dice Aziz a BBC Mundo.

No es todo: el próximo año hay elecciones intermedias en México para renovar la Cámara de Diputados y 15 de las 32 gubernaturas.

Así, los gobernadores que se han opuesto a las decisiones presidenciales buscan mejorar la posición electoral de los partidos políticos donde militan.

“Está clara la apuesta de algunos de ellos para decir: mientras más duro sea mi reclamo voy a quedar bien con mi gente, con el estado” explica el investigador del Cide.

“Todos buscan liderar a la oposición, que está muy desvalida, a ver quién puede ser quien encabece esa posibilidad. En ese contexto hay que ubicar las demandas” de los gobernadores.


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