Presunto feminicida de Fátima busca amparo para reponer juicio; es innecesario y revictimiza, acusa ONG
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Presunto feminicida de Fátima busca amparo para reponer juicio; es innecesario y revictimiza, acusa ONG

Uno de los tres acusados por el feminicidio de Fátima Quintana busca un amparo para que se vuelvan a desahogar las pruebas del caso; ONG acusa que reponer el proceso revictimizaría a la familia de la joven.
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27 de enero, 2020
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El 5 de febrero se cumplirán cinco años del feminicidio de Fátima Quintana, una niña de 12 años que fue violada y asesinada al regresar de la escuela a su casa, en Santa María Zolotepec, Estado de México.

A la fecha, solo dos de los tres acusados fueron sentenciados por el feminicidio. Luis Ángel Atayde recibió 73 años de prisión, mientras su hermano Misael, quien al momento de los hechos era menor de edad, fue condenado a cinco años de cárcel.

El tercero de ellos, José Juan “N”, se encuentra en prisión preventiva, y busca un amparo para que cambien al juez a cargo del caso, y que se reponga el proceso de desahogo de las pruebas.

Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que brinda asesoría legal en el caso, la reposición del desahogo de todas las pruebas contra el presunto feminicida es innecesaria, además de que sometería a un proceso de revictimización a la familia de Fátima.

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Ximena Ugarte, abogada del OCNF que acompaña el caso de Fátima, explicó en entrevista con Animal Político que, si el Tribunal Superior del Estado de México determina que se repondrá el desahogo de pruebas, esta sería la tercera ocasión en la que la familia tendría que pasar por audiencias en las que volverían a escuchar, de voz de los testigos, lo ocurrido con la joven durante las horas previas a su asesinato, así como la forma en la que fue encontrado su cuerpo.

Revivir el dolor

La primera ocasión, el procedimiento contra José Juan “N” se repuso gracias a un amparo dictado por el Tribunal Colegiado del Estado de México, en el que se determinó que debía incluirse como prueba a favor del acusado un video que presuntamente muestra que se encontraba en otro sitio el día y la hora en que Fátima fue violada y asesinada.

Gracias a ese amparo concedido a José Juan, el proceso de desahogo de pruebas duró nueve meses más, de octubre de 2018 a junio de 2019, tiempo en el que la familia de Fátima tuvo que estarse trasladando en múltiples ocasiones desde Nuevo León –a donde tuvieron que desplazarse a vivir ante las amenazas que sufrieron después del feminicidio- al Estado de México, para acudir a las audiencias.

 “Por eso es que consideramos y señalamos que ellos ya han vivido dos veces el juicio, y nos parece que eso fue doloroso para la familia, además es pesado, porque les implica gastos ya que están desplazados en otra entidad, lo que implica que deben estar yendo al Estado de México cada que hay audiencias”, señaló la abogada.

De acuerdo con Ugalde, como defensores de la familia de Fátima, ella y el OCNF no se oponen a que se vuelvan a valorar las pruebas que sean necesarias, “pero consideramos que hay formas menos lesivas para las víctimas, a efecto de que no tengan que volver a revivir, en este caso por tercera ocasión, todo el juicio”.

“Un juicio es un asunto muy pesado para las víctimas porque les revive de muchas maneras el dolor, el momento, los hechos. Además, en ese caso, existen videos del desahogo de pruebas que ya fueron valorados por la jueza Janet Patiño García”, dijo.

Lorena, madre de Fátima, visita el Estado de México solo cuando es necesario que acuda a las audiencias por el feminicidio, sin embargo, “es muy difícil, porque tengo que gastar dinero para trasladarme, y por años he tenido que vivir violencia institucional por buscar justicia”, señaló en entrevista.

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El amparo 1526/2019, para resolver si se desahogarán nuevamente todas las pruebas del caso, debía celebrarse el pasado 20 de enero, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México lo pospuso hasta el 10 de febrero, debido a que ni la madre de Fátima ni su abogada fueron notificadas acerca de ella.

“Eso también es violencia institucional, es una omisión. Para mí esa es una clara muestra de que Poder Judicial del Estado de México quiere ayudar al imputado”, señaló a Animal Político la madre de Fátima.

Para Lorena, a la revictimización de revivir la forma en que Fátima fue violada y asesinada se suma el riesgo que corre cada que ella, su esposo y su hijo deben acudir al Estado de México para las audiencias del caso, ya que debido al proceso contra los feminicidas, fueron amenazados de muerte, al igual que otros de los testigos.

“En este juicio que quieren reiniciar no solo van a violar mis derechos, los de mi esposo y mi hijo, sino también de los vecinos que después de cinco años de los hechos, y de saber cómo está el caso de Fátima, no quieren ir, pues ellos mismos han sido amenazados.

Yo me pregunto, ¿Cuándo va a parar el Poder Judicial del Estado?, ¿Cuándo van a querer investigar y dictar una sentencia?, ¿Cuándo van a tomar en cuenta que Fátima era solo una niña que sufrió sus últimos minutos como no tienen idea?”, cuestionó.

Revictimización y debido proceso

En opinión de Socorro Zúñiga, maestra en Derecho Penal, la reposición del procedimiento es un derecho de toda persona acusada, que se solicita “porque para él o el abogado defensor hubo alguna violación de alguna garantía del debido proceso”.

De acuerdo con la académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM, con ello se revictimizará a la familia, porque se volverá a repetir el proceso, sin embargo, “aunque no nos agrade, si estuvo mal algún desahogo o alguna entrevista, se tendrá que reponer el procedimiento”.

Sin embargo, apuntó que estos procesos no se darían de manera directa. Según su experiencia como litigante en el Estado de México, las entrevistas de testigos, víctimas e imputados se hacen de manera separada, “para que no tengan que verse de frente, por si tienen miedo”.

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En el caso de las imágenes que deben volver a evaluarse, estas se desahogan sin familiares y testigos presentes. “Solo se queda la defensa, el Ministerio Público, el detenido y la jueza o juez. Nadie más está presente, porque son fotos impactantes, como forma de proteger a las víctimas”, explicó.

Además, dijo, se brinda apoyo psicológico a las víctimas. “Las mandan a terapia, y si no ellos pueden solicitar ese servicio que es su derecho”.

Según el doctor Elías Polanco Braga, profesor de Derecho en la FES Aragón de la UNAM, la revictimización abarca más que la repetición de las audiencias y desahogo de las pruebas del caso, y no termina simplemente con el apoyo institucional y la reparación del daño de manera económica.

“La víctima sufre cuando se le lesiona el bien jurídico protegido por la ley, y se prolonga su sufrimiento durante el largo procedimiento penal. Todo delito que sufre le deja secuelas y lesiona su psique”, señaló a Animal Político.

A ello se suma que, como en este caso, la víctima debe darse tiempo para interponer la denuncia y seguir las audiencias, pagar un abogado defensor y buscar testigos que la apoyen para probar que existió el hecho que se denuncia.

“Entonces en lugar de reparar el daño hacen sufrir a los afectados, lo que los hace doblemente víctimas”, indicó.

Por ello, el OCNF exigió a las autoridades judiciales del Estado de México que considere la posibilidad de que solo se desahoguen las pruebas en las que exista evidencia que fueron mal evaluadas, y que se busquen maneras menos lesivas para las víctimas.

“Nosotras consideramos que se tendrá que hacer una ponderación del derecho de las víctimas a no ser revictimizadas de nueva cuenta, por tercera ocasión, contra el principio de inmediación. Nos parece que algunas pruebas que ya fueron desahogadas no deben trastocarse, y sobre el único asunto en el que se tendría que reponer el proceso es sobre el video”, señaló Ximena Ugalde.

Actualmente la familia de Fátima no puede tener vida social ni rehacer su vida, pues se encuentran bajo amenaza incluso en otro estado, a donde fueron desplazados por la Comisión Estatal de Víctimas. “Lo único que los sostiene es su anhelo de justicia”, explicó la abogada.

Sin embargo, “para ellos todo este sufrimiento ha valido la pena, porque siguen luchando por su hija, por obtener una sentencia”, sentenció Ugalde.

Estas dificultades, según la mamá de Fátima, “son parte de este caminar. Hay que seguir luchando por la justicia, aunque en realidad parece que se nos niega completamente”.

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Chile: 4 claves para entender la consulta por la que cambiará la Constitución de Pinochet

Una gran mayoría de chilenos votó este domingo a favor de reemplazar la Constitución vigente, que fue redactada bajo el régimen militar de Augusto Pinochet.
26 de octubre, 2020
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chile

Getty Images
Las autoridades iniciaron el recuento de votos en la noche del domingo.

Por primera vez en la historia de Chile, este domingo se preguntó a la ciudadanía si aprobaba o rechazaba la redacción de una nueva Constitución.

El resultado fue abrumador: uni 78% de la población votó por el cambio de la Carta Magna.

Será además la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Tras conocer los resultados preliminares, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que “triunfó la ciudadanía y la democracia” tras conocerse los primeros resultados del histórico plebiscito.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, indicó.

El proceso, que transcurrió en tranquilidad, generó largas filas tanto en el país como en el extranjero, mientras las autoridades se esforzaban por mantener la distancia entre los votantes para evitar la propagación del coronavirus.

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AFP
Se han reportado largas filas a lo largo del país.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

chile

AFP
Efectivos del Ejército ayudan a algunas personas a ejercer el voto.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

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La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente ampliay en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

colas

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Las autoridades han pedido a la población mantener la distancia social.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54,7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

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Muchas filas buscan mantener el distanciamiento social.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

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El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

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Las largas filas se han mantenido desde que abrieron los centros para ejercer el voto.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

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El referendo ha transcurrido con normalidad.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

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El referendo se realiza en medio de la pandemia de coronavirus.

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

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El proceso ha sido calificado de histórico.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

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Las autoridades han tomado medidas especiales para evitar la propagación del virus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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