Una jueza federal concluyó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) violó los derechos constitucionales de 16 personas afectadas por los ataques con granadas ocurridos en septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, luego de que solicitaron desde hace año y medio el acceso a un fondo de apoyo para víctimas, sin que hasta ahora hayan recibido siquiera una respuesta.
Al conceder a su favor una demanda colectiva de amparo, la jueza Ana Luisa Priego Enriquez advirtió que, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, la CEAV tenía un plazo máximo de 20 días para integrar y resolver el expediente relacionado con la petición de acceso al fondo. Sin embargo, ya pasaron más de 18 meses sin que ello haya ocurrido.
“(La CEAV) ha vulnerado el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa al no llevarse el procedimiento de manera pronta y expedita confirme a los plazos legales (…) dicho acto omisivo les ha impedido acceder de manera efectiva a las medidas establecidas por la normativa cuyo fin es garantizar los derechos de las víctimas”, señala la sentencia de la jueza, de la que Animal Político tiene copia.
Las víctimas afectadas por las omisiones de la CEAV son 16 en total, entre las que hay familiares de personas que perdieron la vida (incluidos niños que quedaron huérfanos) y otros que resultaron con heridas graves como, por ejemplo, la pérdida de alguna parte del cuerpo.
Lo anterior como resultado de las detonaciones con granadas que presuntos integrantes del crimen organizado realizaron durante los festejos del grito de Independencia en el Zócalo de Morelia, el 15 de septiembre del 2008.
El 29 de junio de 2018 los afectados solicitaron a la CEAV su inscripción al Registro Nacional de Víctimas para, a su vez, poder acceder a los fondos de víctimas que la ley contempla como un derecho.
De acuerdo con los artículos 146 y 148 de la Ley General de Víctimas al recibirse este tipo de solicitudes el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV tiene un plazo de 4 días para integrar el expediente inicial y de 20 días como máximo para concluir su conformación y emitir una resolución. Pero nada de ello ocurrió.
Por este motivo las victimas decidieron promover a través de sus representantes legales una demanda colectiva de amparo que en octubre pasado llegó al Juzgado Decimotercero en Materia Administrativa, y que derivó en la sentencia ya mencionada que fue notificada a las víctimas esta semana.
De acuerdo con la resolución de la jueza Priego Enriquez, las omisiones de la CEAV representan una violación al artículo 17 de la Constitución que establece el derecho a una justicia pronta y expedita para los mexicanos.
“Además, el principio de debida diligencia que rige la aplicación de la Ley General de Víctimas contiene una exigencia especial en la materia en el sentido que las autoridades deben realizar todas las diligencias y acciones necesarias para que se garantice el derecho de acceso a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas que lo rigen, entre las cuales, evidentemente se encuentra, el cabal cumplimiento de los plazos para emitir las resoluciones de los procedimientos previstos en la normativa, lo que aquí no ha ocurrido” añade la sentencia.
Esta es la sentencia:
Una comisión que revictimiza
De acuerdo con la resolución de la jueza de amparo, la CEAV cuenta ahora con un plazo de diez días como máximo para resolver la petición de las 16 víctimas de acceder al fondo de ayuda.
Sin embargo, la abogada Reyna Velasco – representante legal de las víctimas – no descarta que la Comisión decida interponer un recurso de apelación contra la sentencia, lo que podría retrasar aún más el acceso de las víctimas a algún apoyo.
“Lo que es un hecho es que hoy todas estas víctimas de un hecho tan grave no están recibiendo ningún tipo de apoyo de la CEAV. Con esta resolución lo que debe suceder es que la Comisión ya los inscriba en el registro de víctimas, las reconozca como tal y les de acceso al fondo. Sin embargo, no creo que suceda porque ya ha pasado en otros asuntos que interponen recursos de revisión para no cumplir”, dijo la abogada.
Velasco dijo que es “irónico” que cuando se creo la Ley General de Víctimas se estableció en la exposición de motivos del dictamen que había casos sin la debida atención ni apoyo como el de las víctimas de los granadazos en Michoacán, lo que hacía necesario crear un marco legal y un sistema que se encargara de ello. Pero eso es justo lo que no ha pasado en ese mismo caso.
El problema, explica la abogada, es sistemático. Se ha vuelto una mala costumbre que las víctimas de muchos casos tengan que recurrir a instancias judiciales para intentar que la CEAV haga su trabajo, pues es omisa hasta para contestar las solicitudes menos complejas.
“También sucede que cuando emite resoluciones no lo hace apegado a derecho y hay que ir por juicios de amparo para revertirlas. Creo que en este sentido la Comisión está dejando a las víctimas en la indefensión o peor aún, las revictimiza. Lejos de ser la Comisión que apoye parece el verdugo”, indicó la abogada.
Animal Político publicó desde octubre de 2018 que la CEAV padecía de múltiples problemas, desde recortes de personal y presupuesto, hasta la renuncia de la mayor parte de sus comisionados y una organización deficiente. Se alertaba que era común que las víctimas tuvieran que litigar contra la propia comisión para obtener apoyos.
De acuerdo con abogados victimales consultados por este medio, dicha crisis no ha cambiado e incluso se ha profundizado. Apenas esta semana se registró un ultimo caso con familiares de los menores muertos de la Guardería ABC, quienes se quejaron en redes sociales de la falta de atención de la Comisión.
Granadazo impune
El ataque con granadas perpetrado en el zócalo de Morelia, Michoacán en septiembre de 2008 fue calificado oficialmente por las autoridades como un acto de “terrorismo”. Fue un hecho de violencia inédito en México que dejó como saldo a ocho personas muertas y más de un centenar de heridos.
Pero a más de once años del ataque y pese a la gravedad de este, el caso se encuentra en la completa impunidad.
El año pasado un Tribunal federal determinó de forma definitiva la absolución de las cuatro personas a las que en su momento la Procuraduría General de la República (PGR) quiso responsabilizar del ataque. Se determinó que los presuntos culpables fueron torturados para “confesar”, y que no había evidencia legal válida para atribuirles el hecho.
Dicha situación trae como consecuencia que los verdaderos responsables de estos hechos sigan en libertad, al mismo tiempo que no se conoce la verdad de lo ocurrido. Por ende, tampoco hay sentenciados que reparen del daño causado y, por si fuera poco, el Estado también se ha resistido a hacerlo, como lo evidencian las omisiones de la CEAV confirmadas por la jueza federal.
