Comisión de Atención a Víctimas violó derechos de afectados por granadazo en Morelia
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Comisión de Atención a Víctimas violó derechos de afectados por granadazo en Morelia

La Comisión se ha tardado año y medio en responder una solicitud de acceso a un fondo de apoyo que por ley debió resolver en un máximo de 20 días; ahora tiene 10 días como máximo para resolver la petición.
Cuartoscuro
12 de enero, 2020
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Una jueza federal concluyó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) violó los derechos constitucionales de 16 personas afectadas por los ataques con granadas ocurridos en septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, luego de que solicitaron desde hace año y medio el acceso a un fondo de apoyo para víctimas, sin que hasta ahora hayan recibido siquiera una respuesta.

Al conceder a su favor una demanda colectiva de amparo, la jueza Ana Luisa Priego Enriquez advirtió que, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, la CEAV tenía un plazo máximo de 20 días para integrar y resolver el expediente relacionado con la petición de acceso al fondo. Sin embargo, ya pasaron más de 18 meses sin que ello haya ocurrido.

“(La CEAV) ha vulnerado el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa al no llevarse el procedimiento de manera pronta y expedita confirme a los plazos legales (…) dicho acto omisivo les ha impedido acceder de manera efectiva a las medidas establecidas por la normativa cuyo fin es garantizar los derechos de las víctimas”, señala la sentencia de la jueza, de la que Animal Político tiene copia.

Las víctimas afectadas por las omisiones de la CEAV son 16 en total, entre las que hay familiares de personas que perdieron la vida (incluidos niños que quedaron huérfanos) y otros que resultaron con heridas graves como, por ejemplo, la pérdida de alguna parte del cuerpo.

Lo anterior como resultado de las detonaciones con granadas que presuntos integrantes del crimen organizado realizaron durante los festejos del grito de Independencia en el Zócalo de Morelia, el 15 de septiembre del 2008.

El 29 de junio de 2018 los afectados solicitaron a la CEAV su inscripción al Registro Nacional de Víctimas para, a su vez, poder acceder a los fondos de víctimas que la ley contempla como un derecho.

De acuerdo con los artículos 146 y 148 de la Ley General de Víctimas al recibirse este tipo de solicitudes el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV tiene un plazo de 4 días para integrar el expediente inicial y de 20 días como máximo para concluir su conformación y emitir una resolución. Pero nada de ello ocurrió.

Por este motivo las victimas decidieron promover a través de sus representantes legales una demanda colectiva de amparo que en octubre pasado llegó al Juzgado Decimotercero en Materia Administrativa, y que derivó en la sentencia ya mencionada que fue notificada a las víctimas esta semana.

Lee: A 11 años del ataque con granadas en Morelia, no hay justicia ni reparación del daño

De acuerdo con la resolución de la jueza Priego Enriquez, las omisiones de la CEAV representan una violación al artículo 17 de la Constitución que establece el derecho a una justicia pronta y expedita para los mexicanos.

“Además, el principio de debida diligencia que rige la aplicación de la Ley General de Víctimas contiene una exigencia especial en la materia en el sentido que las autoridades deben realizar todas las diligencias y acciones necesarias para que se garantice el derecho de acceso a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas que lo rigen, entre las cuales, evidentemente se encuentra, el cabal cumplimiento de los plazos para emitir las resoluciones de los procedimientos previstos en la normativa, lo que aquí no ha ocurrido” añade la sentencia.

Esta es la sentencia:

Una comisión que revictimiza

De acuerdo con la resolución de la jueza de amparo, la CEAV cuenta ahora con un plazo de diez días como máximo para resolver la petición de las 16 víctimas de acceder al fondo de ayuda.

Sin embargo, la abogada Reyna Velasco – representante legal de las víctimas – no descarta que la Comisión decida interponer un recurso de apelación contra la sentencia, lo que podría retrasar aún más el acceso de las víctimas a algún apoyo.

“Lo que es un hecho es que hoy todas estas víctimas de un hecho tan grave no están recibiendo ningún tipo de apoyo de la CEAV. Con esta resolución lo que debe suceder es que la Comisión ya los inscriba en el registro de víctimas, las reconozca como tal y les de acceso al fondo. Sin embargo, no creo que suceda porque ya ha pasado en otros asuntos que interponen recursos de revisión para no cumplir”, dijo la abogada.

Velasco dijo que es “irónico” que cuando se creo la Ley General de Víctimas se estableció en la exposición de motivos del dictamen que había casos sin la debida atención ni apoyo como el de las víctimas de los granadazos en Michoacán, lo que hacía necesario crear un marco legal y un sistema que se encargara de ello. Pero eso es justo lo que no ha pasado en ese mismo caso.

Entérate: PGR ofrece 1.5 mdp por tres presuntos responsables de atentado en Morelia en 2008

El problema, explica la abogada, es sistemático. Se ha vuelto una mala costumbre que las víctimas de muchos casos tengan que recurrir a instancias judiciales para intentar que la CEAV haga su trabajo, pues es omisa hasta para contestar las solicitudes menos complejas.

“También sucede que cuando emite resoluciones no lo hace apegado a derecho y hay que ir por juicios de amparo para revertirlas. Creo que en este sentido la Comisión está dejando a las víctimas en la indefensión o peor aún, las revictimiza. Lejos de ser la Comisión que apoye parece el verdugo”, indicó la abogada.

Animal Político publicó desde octubre de 2018 que la CEAV padecía de múltiples problemas, desde recortes de personal y presupuesto, hasta la renuncia de la mayor parte de sus comisionados y una organización deficiente. Se alertaba que era común que las víctimas tuvieran que litigar contra la propia comisión para obtener apoyos.

De acuerdo con abogados victimales consultados por este medio, dicha crisis no ha cambiado e incluso se ha profundizado. Apenas esta semana se registró un ultimo caso con familiares de los menores muertos de la Guardería ABC, quienes se quejaron en redes sociales de la falta de atención de la Comisión.

Entérate: El periodo de Jaime Rochin en la CEAV: sin atención a víctimas de trata ni reparación del daño

Granadazo impune

El ataque con granadas perpetrado en el zócalo de Morelia, Michoacán en septiembre de 2008 fue calificado oficialmente por las autoridades como un acto de “terrorismo”. Fue un hecho de violencia inédito en México que dejó como saldo a ocho personas muertas y más de un centenar de heridos.

Pero a más de once años del ataque y pese a la gravedad de este, el caso se encuentra en la completa impunidad.

El año pasado un Tribunal federal determinó de forma definitiva la absolución de las cuatro personas a las que en su momento la Procuraduría General de la República (PGR) quiso responsabilizar del ataque. Se determinó que los presuntos culpables fueron torturados para “confesar”, y que no había evidencia legal válida para atribuirles el hecho.

Dicha situación trae como consecuencia que los verdaderos responsables de estos hechos sigan en libertad, al mismo tiempo que no se conoce la verdad de lo ocurrido. Por ende, tampoco hay sentenciados que reparen del daño causado y, por si fuera poco, el Estado también se ha resistido a hacerlo, como lo evidencian las omisiones de la CEAV confirmadas por la jueza federal.

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¿Cómo pude dejar que a mis hijos les sucediera esto?: la madre hondureña que perdió a 2 hijos y a su nuera en tráiler de Texas

Karen Caballero espera que los cuerpos de sus hijos, Alejandro Andino Caballero y Fernando Redondo Caballero, y de su nuera, Margie Paz Grajera, sean repatriados a Honduras.
1 de julio, 2022
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A Karen Caballero la asaltó una “pesadez inexplicable en el pecho” la noche del sábado 25 de junio de 2022. Los muchachos ya no se comunicaban.

Dos días después, alrededor de las 8:00 de la noche, recibió una alerta noticiosa del canal honduñero HCH en su celular. Decenas de migrantes habían muerto de calor dentro de un camión que fue localizado cerca de la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas.

Karen buscó en Google y Facebook los teléfonos de los consulados hondureños en Estados Unidos, de hospitales y comisarías, para averiguar si sus dos hijos y su nuera figuraban en la lista de víctimas.

Eran las 2:00 de la mañana y nadie respondía.

Margie Paz Grajera (24), Alejandro Andino Caballero (23) y Fernando Andino Caballero (18) son tres de los 53 migrantes que fallecieron dentro de un tráiler que trasladaba a 62 personas provenientes de México, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Murieron tras permanecer encerrados dentro de un tráiler a 40 grados centígrados sin ventilación.

“¿Cómo siendo yo una madre tan sobreprotectora, pude dejar que a mis hijos les sucediera lo que les sucedió?, se preguntó Karen en conversación con la BBC. “Si mis hijos no regresaban a las 10:00 de la noche, yo era capaz de salir caminando a buscarlos hasta que me los traía a la casa”.

Karen habla con calma y aplomo, aunque reconoce que no ha tenido tiempo de llorar, desbordada por las llamadas de tantos familiares, amigos y periodistas.

“Cualquiera piensa: ‘A esta mujer no le duele, esta mujer no sufre’. Pero la verdad es que tengo que mantenerme fuerte porque tengo que resolver esto. Como mamá, todavía tengo que traer a mis niños a casa”.

Anillos de papel

Karen recuerda que Alejandro y Margie se hicieron novios cuando estudiaban juntos en un colegio adventista en Las Vegas de Santa Bárbara, un pueblo ubicado a 200 kilómetros de la capital hondureña de Tegucigalpa.

“El primer año de novios se casaron en el árbol de las bodas del colegio, con anillos de papel. Tenían 17 y 18 años”, cuenta Karen.

Margie ingresó en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Honduras, y Alejandro se inscribió en Mercadotecnia en la Universidad de San Pedro Sula.

Cada día recorrían más de 100 kilómetros hasta San Pedro Sula, un par de horas en autobús que debían tomar durante la madrugada para llegar a tiempo a la primera clase.

“Me iba con Alejandro cuando le tocaba irse en la madrugada para San Pedro. Él me decía: ‘Mamá, me da pena. Yo soy un hombre’. Y yo le respondía: ‘No te tiene que dar pena. Yo soy tu mamá'”.

Un trabajo mejor

Margie y Alejandro terminaron la carrera y se quedaron en San Pedro Sula. Seguramente habría más posibilidades de conseguir buenos empleos que en el pueblo. La mejor oportunidad que encontraron fue trabajar como operadores en un call center.

Karen celebró cuando Margie y Alejandro compraron su primer refrigerador. Cada electrodoméstico, cada mueble, reforzaba la convicción de que habían tomado la decisión correcta al estudiar en la universidad y dedicarse a construir una carrera profesional.

Con el paso del tiempo, los sueldos de la pareja se volvieron tan precarios que Karen y su madre, la abuela de Alejandro, replantearon el presupuesto familiar para ayudarlos con víveres y dinero para cubrir la renta cada mes.

La abuela de Alejandro tenía un restaurante de comida buffet en Las Vegas de Santa Bárbara, donde Karen aprendió a manejar el negocio. Luego montó su propio restaurante, pero quebró durante la pandemia por el coronavirus.

Emigrar a Estados Unidos

La situación económica familiar se estrechó después de la pandemia. Karen debía ayudar a su hija Daniela y a su bebé de siete meses. Fernando, el menor de los tres, decidió abandonar la escuela durante el confinamiento.

A diferencia de sus hermanos mayores, Fernando no quería ir a la universidad. Soñaba con jugar fútbol como Lio Messi. Aunque no se aplicaba en los estudios, Karen admiraba su ambición, un impulso más afín a la mentalidad comerciante de la abuela que a la vocación académica de Alejandro y Margie.

Imagínese mami, si aquí no hay trabajo para los que estudian, ¿qué me va a quedar a mí que no estudié?”, preguntó Fernando a Karen cuando le contó su intención de emigrar a Estados Unidos.

Aunque sus hijos eran adultos y tomaban sus propias decisiones, Karen sabía que podía persuadir a Fernando para que se quedara en Las Vegas de Santa Bárbara y ayudara en el restaurante de la abuela. Todos habían trabajado alguna vez en la cocina o en la caja registradora del negocio.

Sin embargo, Karen estaba de acuerdo con su hijo. Un mundo de posibilidades se abriría una vez que cruzara la frontera entre México y Estados Unidos.

Karen Caballero.

Getty Images
Karen Caballero espera la repatriación de los cuerpos de sus hijos y su nuera.

La despedida

La propuesta inicial era que Fernando viajara solo. Pero Alejandro y Margie se animaron a acompañarlo.

Alejandro era lo más parecido a un padre para su hermano menor, cuenta Karen a la BBC. Su ecuanimidad y temple lo convirtieron en la persona a quienes todos en la familia acudían cuando había un problema por resolver.

La opción de viajar a Estados Unidos por avión fue descartada desde el principio. Ninguno tenía visa ni dinero suficiente para comprar los boletos. Hicieron una colecta familiar y buscaron a las personas que los ayudarían a llegar a Estados Unidos.

En entrevista telefónica con la BBC, Karen se negó a revelar detalles sobre los arreglos del viaje: cuánto había costado, cómo lo planificaron o cuál era la ruta.

Karen, sus hijos y su nuera tomaron un taxi hasta Guatemala para despedirse antes de que siguieran el trayecto hacia México. Recorrieron la ciudad de Antigua, y quedaron maravillados por la vestimenta de los pueblos indígenas. Se conmovieron al ver cómo las mujeres cargaban a los niños a sus espaldas.

Margie, Alejandro y Fernando siguieron el camino a través de México. Durante 20 días se comunicaron con Karen a través de Whatsapp para ponerla al tanto de las novedades del viaje.

Karen todavía no sabe cuándo serán repatriados los cuerpos a Honduras.

Mientras conversaba con la BBC, recibió una llamada: “Es de la Casa Presidencial de aquí. Yo le devuelvo la llamada”.


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https://www.youtube.com/watch?v=Iw8YMJx_rSM

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