Un juez federal rechazó conceder libertad condicional al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y ordenó que siga preso mientras se resuelve su apelación contra la sentencia de 9 años impuesta por el delito de lavado de dinero y asociación delictuosa.
El juez sustentó su decisión al concluir que existe riesgo de que Duarte se fugue y por tanto no es procedente la libertad condicional ni un arraigo domiciliario, como lo solicitaban sus abogados.
De acuerdo con el juez, la situación de Duarte no ha variado desde que fue detenido hasta ahora, es decir que, como se concluyó en su momento, el exgobernador cuenta con los medios económicos o materiales que acreditan un riesgo de fuga.
En su intervención los abogados de Duarte y el propio exgobernador argumentaron que nunca fue su intención sustraerse de la justicia y que el hecho de que pidiera licencia de su cargo en octubre de 2016 y que posteriormente viajará a Guatemala, fue resultado de un pacto acordado con la entonces administración del presidente Enrique Peña Nieto.
“Fue por lealtad e institucionalidad que accedí a eso. Para que dejaran de hostigar a mi familia. Pero como estaba seguro de mi inocencia y de que prevalecería la verdad no tenía nada que temer” declaró Duarte ante el juez.
Los abogados defensores incluso propusieron en la audiencia que su cliente fuera arraigado en un departamento cuyo contrato de arrendamiento se firmó en diciembre pasado por un plazo de un año con la dueña dicho inmueble de nombre María Antonia Navarro Ruiz. El costo de dicha renta sería de 25 mil pesos mensuales de los cuales dio un adelanto de seis meses.
Mostraron como prueba el referido contrato además de varios videos, entre ellos, uno grabado en un hotel en Guatemala que Duarte ya había hecho público anteriormente, en donde anunciaba que se entregaría voluntariamente. También mostraron el video de la audiencia en Guatemala donde el exgobernador aceptó ser extraditado como prueba de que voluntariamente quería enfrentar a la justicia mexicana.
Sin embargo el fiscal de la Unidad de Asuntos Especiales de la FGR, Manuel Granados Quiroz, respondió que lo dicho por Duarte era falso. Sostuvo que no hay prueba alguna que sustente que el Estado mexicano pactó con Duarte y que, al contrario, el exgobernador fue detenido en Guatemala gracias a una investigación en la que participaron todas las fuerzas de seguridad incluida la Interpol, la cual contaba con una ficha roja para proceder con la localización y captura.
“No puede considerarse a nada de esto una entrega voluntaria y menos como un atenuante. Sería el equivalente a decir que un ladrón que se ve acorralado tira lo que se llevó y por tanto ya no hubo robo. No es posible” dijo el fiscal.
El funcionario de la FGR también señaló (por momentos de forma enérgica) que no era creíble que un departamento recién rentado fuera suficiente para probar ahora que Duarte no quiere huir.
“El único domicilio del señor Javier Duarte es la zona 1 estancia 13 del Reclusorio Preventivo Norte y así debe seguir siendo” remató en su intervención .
Tras concluir el debate que por momentos fue ríspido entre las partes, el juez Juan Carlos Ramírez Benítez calificó de “improcedente” la petición de Duarte de modificar la prisión preventiva justificada que prevalece mientras se define la apelación que promovió contra su sentencia.
El juez le explicó al exgobernador que aún cuando “en la realidad” hubiera existido el pacto que dice que hizo con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ese pacto sería “ilegal” pues está fuera de las funciones que tanto Osorio como el propio Duarte tenían por los cargos que desempeñaban, y que por lo tanto ello no es una prueba valida para sostener que, en realidad, no quería escaparse.
El juez recordó que la prisión preventiva justificada que se le dictó a Duarte por el delito de lavado de dinero cuando fue extraditado desde Guatemala en 2017 obedecía a dos razones: que él fue detenido en un país extranjero y que contaba con los medios materiales y económicos suficientes para llevarlo a cabo nuevamente. Agregó que dichas circunstancias no han cambiado.
“Incluso el que ahora tenga la posibilidad de rentar un departamento por una suma anual superior a los 200 mil pesos significa que sigue contando con el apoyo económico de otras personas” le señaló el juez
#LoÚltimo | Un juez federal rechaza conceder a Javier Duarte la libertad provisional y ordena que siga preso mientras se resuelve la apelación de la sentencia de nueve años en su contra. pic.twitter.com/l3xYoLpinO
— Animal Político (@Pajaropolitico) January 5, 2020
Originalmente, Duarte fue extraditado desde Guatemala en 2017 por tres casos. Uno de ellos estaba relacionado con el supuesto uso ilegal de un helicóptero en el que presuntamente huyó tras pedir licencia (octubre de 2016). Dicho proceso ya fue cerrado por falta de elementos.
El segundo caso era una acusación de la Fiscalía de Veracruz por peculado derivada del supuesto desvío de 220 millones de pesos destinados para obras hidráulicas en su gobierno. Gracias a un amparo Duarte consiguió que el caso fuera reiniciado desde cero y con el beneficio concedido por un juez de llevar el proceso en libertad.
Y el tercero caso es justamente el juicio federal por lavado de dinero promovido por la entonces PGR en contra de Duarte y que ahora es el único que lo mantiene preso.
En contra del exgobernador de Veracruz también existe una orden de aprehensión por presunta desaparición forzada, pero la misma no se ha podido ejecutar ya que por ese caso no fue extraditado y el gobierno de Guatemala no ha dado su autorización para que se haga una excepción al tratado que impide procesar a personas por delitos ajenos a los requeridos inicialmente.
