Tras la publicación de que hay una denuncia legal contra el magistrado Manuel Horacio Cavazos, por presunta violencia sexual contra sus hijas, el funcionario hizo llegar a Animal Político una carta con su postura.
La investigación está abierta ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que no ha determinado si el caso se judicializa, es decir, si se lleva ante un juez.
En su respuesta, el magistrado se enfoca en seis de los diez párrafos en acusar que su exesposa es quien ha inventado las acusaciones, a raíz del divorcio, del que terminó “disgustada”, y que intenta perjudicarlo para que no sea ratificado en su cargo. Asegura que él mismo solicitó que se le practicara una prueba psicológica, para demostrar que no presenta rasgos característicos de un agresor sexual y defiende su inocencia.
Dicha prueba efectivamente consta en la carpeta de investigación. Es un documento que enumera las novias que tuvo a lo largo de su vida y concluye que no se detectan “indicadores de alteración sexual que manifiesten la presencia de predisposiciones pedófilas incestuosas, ya que el evaluado se ha vinculado sexual y afectivamente hacia la mujer adulta, a la que dirige su impulso sexual”.
Animal Político logró contactar a la madre de las niñas para saber si quería comentar algo, a lo que contestó que ella le cree a sus hijas. Sobre la prueba que menciona en su carta, la mujer dijo que el perfil de agresor sexual no existe y no hay pruebas serias para probar esto, de acuerdo con diversos psicólogos especialistas, y que en ocasiones anteriores él se había negado a hacerse evaluaciones psicológicas.
“Podrá decir que yo miento, pero no mis hijas, y yo solo quiero justicia”, agregó.
A continuación la carta del magistrado:
Niego absolutamente las falsas acusaciones que me son imputadas por mi exesposa, quien solo actúa con afán de venganza personal, sin reparo en el daño hacia nuestras hijas, sacrificándolas a exponerse a una sarta de mentiras que las perjudican y exhibirlas, sin razón alguna, públicamente. Su intención de manchar mi carrera judicial, sin importar la afectación que causa directamente a las niñas, ha ido demasiado lejos y ha sido su único objetivo.
La difamación de la madre de mis hijas en mi contra, magistrado integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien antes le reconoció el amor, dedicación y cuidado hacia las niñas de 5 y 7 años respectivamente, antepone sus intereses personales a las necesidades afectivas de las niñas.
Extrañamente, todo deviene de un reciente juicio de divorcio (abril de 2019) donde consentí una pensión alimenticia para mis hijas y también para ella.
Pero… siempre habrá un “pero” ante una persona que terminó disgustada en un conflicto de divorcio, en este caso, ella, pues después de interponer una apelación en contra de la decisión del juez familiar logré obtener algo legítimo: poder ver a mis hijas más tiempo del que fijó inicialmente el juez de origen. La situación provocó que mi excónyuge intentara impedir esas convivencias y decidiera denunciarme como agresor sexual de lo más sagrado en mi vida, mis hijas.
La mamá de mis hijas inclusive proporcionó audios donde supuestamente una de mis pequeñas relata lo acontecido; sin embargo, de esos audios solo se desprende un aleccionamiento de la madre hacia una de mis hijas para orientarla a manifestar que fue agredida sexualmente por su padre.
Calumnias que no solo ha repetido ante autoridades ministeriales y judiciales, sino que aprovechándose de la buena fe de asociaciones que en verdad buscan coadyuvar con la sociedad, también les ha mentido, buscando encubrir la falsedad de su denuncia en menoscabo del derecho humano que tienen las niñas de convivir con su padre.
Cobran importancia dos eventos: primero, que ante esta denuncia, la autoridad ministerial decidió la práctica de exámenes psicológicos a las menores, mismos que revelaron que no tenían ninguna afectación proveniente de las supuestas agresiones sexuales denunciadas por su madre; segundo, que yo mismo solicité que se me practicara experticial en materia de psicología por peritos oficiales de la Fiscalía, y en ellos quedó demostrado que no presento rasgos característicos de ser un agresor sexual.
Pero, ¡Difama, que algo quedará!, premisa bajo la cual mi excónyuge pretende ahora que no sea ratificado en mi cargo; aunque el cálculo le falla, porque no basta una denuncia calumniosa para lograrlo, sino que tiene que convencer, con pruebas adecuadas y fehacientes, a la autoridad ministerial para que determine si existe alguna responsabilidad mía, mientras que a los diputados del Congreso de la Ciudad de México les corresponde valorar mi desempeño durante seis años como magistrado.
Nunca una falsa denuncia —que más bien se tornó en venganza— podrá destruir el trabajo que he desempeñado durante más de 20 años en el Tribunal local. Conmino a los legisladores locales a realizar una investigación profunda para opinar sobre el tema y dirimir sobre mi situación profesional.
Invito a las autoridades, a los colectivos, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a que vigile con precisión esta investigación con el afán de esclarecer la verdad y frenar el daño hacia mis hijas que están inmersas en este conflicto familiar. Al haberlos hecho partícipes, solicito que todos velemos por la salud física y psicológica de mis dos niñas, que son mis amores y mi vida.
