México ofrece refugio, pero impide que migrantes hablen con la institución que regula el asilo
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México ofrece refugio, pero impide que migrantes hablen con la institución que regula el asilo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que se ofreció protección a los miembros de la caravana, pero la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado no ha visitado las estaciones migratorias. Las autoridades quisieron obligar a migrantes a ser detenidos para pedir refugio, cuando es un trámite que puede hacerse en libertad.
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“Se les ofreció trabajo, refugio, todo. Apareció un dirigente que planteó eso, un dirigente mexicano que planteó que lo que buscaban era refugio; se dijo: Sí, hay refugio, se les dio a conocer cuáles son las condiciones de un refugiado desde el punto de vista legal. No quisieron”. Así lo dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, este viernes en conferencia de prensa, que México ofreció asilo a los integrantes de la caravana que el jueves fue disuelta en Frontera Hidalgo, Chiapas, por decenas de antimotines de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Hasta ese día, sin embargo, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), la institución a cargo de tramitar y aceptar el asilo, no había tenido acceso a las estaciones migratorias en las que están los centroamericanos que participaron en la marcha. El viernes, una de sus oficiales estuvo en Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. Todavía hay varios centros que no ha podido visitar y desde los que se están deportando migrantes.

“Estamos haciendo las gestiones para poder acceder a las estaciones migratorias”, dijo Andrés Ramírez, coordinador general de Comar. Hasta el viernes, su institución únicamente había tenido acceso a Acayucan, Veracruz, y a Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. En esta última, la visita se produjo el martes, cuando no había miembros de la caravana en su interior.

Además, una funcionaria de la institución participó en la visita organizada el viernes por el INM en la que CNDH, Acnur, OIM, Unicef y ONU-DH estuvieron en Siglo XXI. Se trató de un tour de dos horas y media en el que, según fuentes presentes, los trabajadores humanitarios ni siquiera pudieron tener entrevistas a solas con las personas encerradas. Además, el INM apenas les permitió 20 minutos en las instalaciones en las que pudieron tener contacto con los migrantes.

El INM dijo a Animal Político que la Comar no necesita permiso para ingresar en las estaciones migratorias.

Sin embargo, otra fuente de Comar, bajo condición de anonimato, aclaró que la institución trató de acceder durante toda la semana y que fue hasta el viernes que logró entrar a Siglo XXI aprovechando la visita con organismos internacionales. Gracias a este tour, dijeron estas fuentes, lograron obtener una lista de nombres de solicitantes cuya petición será tramitada este fin de semana.

Quienes están encerrados en otros centros de detención en Villahermosa y Tenosique, Tabasco, o Tuxtla Gutiérrez, todavía no han tenido contacto con Comar. De ahí salió la mayoría de centroamericanos que fueron deportados estos días.

Aunque el mismo presidente dijo que se trataba de “más de mil migrantes”, los datos proporcionados a diario por el INM indican que al menos 679 de los integrantes de la caravana ya fueron devueltos sin tener contacto con la Comar. Esa es la única instancia de gobierno que gestiona los trámites de asilo. Así que esos migrantes fueron expulsados sin poder hablar con la institución que debería garantizar que reciben protección si lo solicitan.

“En ningún momento se nos ofreció refugio, solo deportación”, dice Vladimir Funes, 28 años, antiguo policía municipal en el departamento de Yoro, norte de Honduras, está ya deportado. Fue detenido en el operativo del jueves, encerrado en siglo XXI y, el viernes a las 17 horas, introducido en un autobús con destino a su país.

En conversación telefónica con Animal Político desde Omoa, departamento de Cortés, en el norte de Honduras, asegura no haber firmando ningún documento, no haberse opuesto a la deportación y no haber recibido ninguna información sobre la posibilidad de pedir asilo.

Fuentes de la Comar confirmaron que el viernes lograron la autorización para acceder en los próximos días a todas las estaciones migratorias.

Así funciona el proceso de solicitud de asilo

Cuando un migrante en condición irregular es detenido, el INM lo traslada a una estación migratoria, donde permanece encerrado hasta su deportación. En todo este proceso puede pedir asilo y, con ello, frenar la expulsión hasta que se determine si le otorga la condición de refugiado, pero para ello debe iniciar la solicitud ante los funcionarios de la Comar que, en el contexto de esta última caravana migrante, no han visitado las estaciones migratorias para hablar con los detenidos.

Hasta que los migrantes entran en contacto con Comar se encuentran en manos de los funcionarios del INM. Eso, en este caso, impide saber con exactitud si los migrantes fueron informados sobre su derecho a asilo.

Cerca de 4 mil personas fueron detenidas por la Guardia Nacional y el INM desde la llegada de la caravana el sábado 18. Se encuentran en las estaciones migratorias de La Mosca y El Cucupape, ambas en Tuxta Gutiérrez; Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas; Villahermosa y Tenosique, Tabasco; y Acayucan, Veracruz. El INM solo ofreció los datos de cuántas personas ha arrestado cada día, pero se negó a aclarar dónde los trasladaba.

Desde el sábado 18 de enero, la Comar ha recibido unas 12 solicitudes de asilo diarias que vincula con la caravana. Se trata, sin embargo, de personas que lograron superar el cerco instalado por la Guardia Nacional en la frontera, eludieron los dos retenes de la carretera entre Ciudad Hidalgo y Tapachula y alcanzaron las oficinas de esta institución que tramita el refugio o el centro de registro ubicado en el salón de cooperativa de café orgánico Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla (ISMAM).

Lo que la Comar no ha recibido en toda la semana son solicitudes de asilo de las personas arrestadas por el INM y encerradas en estaciones migratorias salvo la lista que logró elaborar en la visita del viernes a Siglo XXI.

Te puede interesar: La Guardia ha actuado bien, dice AMLO, pero acepta “algunos casos” de uso de la fuerza

El veto se extiende a organizaciones de la sociedad civil

La Comar no fue la única institución con dificultades para acceder a las estaciones migratorias en el contexto de la caravana. Durante la última semana, el INM ha impedido el paso o ha prohibido el acceso a diversas organizaciones de la sociedad civil.

Como publicó Animal Político, el martes no permitió el acceso a la estación migratoria de La Mosca, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a tres integrantes del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano que disponen de permiso para visitar el centro de detención.

Esto se ha repetido en los centros de detención de Comitán, Chiapas, de Villahermosa y Tenosique, Tabasco; e incluso en Ciudad de México, con las organizaciones Asylum Access, Formación y Capacitación, Colectivo Kaltsilaltik y Voces Mesoamericanas.

Además, el centro de Derechos Humanos Fray Matías, basado en Tapachula, fue vetado para acceder a Siglo XXI bajo el argumento de “conductas poco profesionales” como “ingresar a espacios no autorizados, proporcionar información poco veraz que confunde a las personas extrajeras y no respetar los horarios establecidos para sus visitas”.

Salva Cruz, de Fray Matías, denunció que anteriormente habían sufrido trabas burocráticas para acceder a Siglo XXI pero nunca de estas características. “Es un castigo, llevamos años denunciando, y este último año ha sido muy duro”, dijo Salva Lacruz, que calificó la prohibición como “un acto de hostigamiento”.

Anunció que presentarán una demanda de nulidad contra el INM.

Amnistía Internacional hizo público un comunicado en el que mostró su “preocupación” por los “intentos del INM de limitar la labor que realizan las organizaciones” y le instó permitir el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a los centros de detención.

“Se está violando el principio de no devolución. A las organizaciones civiles se nos impide acceder para monitorear qué está ocurriendo. Van a regresar a personas en situación de vulnerabilidad, es gravísimo”, dijo Lacruz.

Ofertas de trabajo en Honduras y El Salvador

Al tiempo que la Comar no ha podido visitar los centros de detención, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional al Desarrollo (Amexcid) sí que accedió a varios de ellos para ofrecer a los migrantes que se regresen a sus países y se sumen a los planes de empleo financiados por México. Según la consultora de la institución Laura Galindo, que el jueves se encontraba en las inmediaciones de la caravana ofreciendo información, Amexcid pudo entrar al menos en estaciones de Tapachula, Chiapas, Tenosique y Ceibo, Tabasco.

El propósito es informar de los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida” que ofrece a los centroamericanos que se regresen a Honduras y El Salvador empleos y capacitación por un tiempo limitado. El apoyo económico está entre 180 y 250 dólares, por debajo del salario mínimo de estos países.

Galindo aseguró que los planes ya están funcionando en Honduras y El Salvador, y que en Guatemala se ha retrasado por el cambio de gobierno, ya que Alejandro Giammattei, el nuevo presidente

Hasta el momento no hay cifras oficiales sobre cuántas personas se han registrado en el programa.

Antes de que la caravana tocase territorio mexicano, López Obrador aseguró disponer de 4 mil empleos para los centroamericanos. En los puestos fronterizos, sin embargo, la información que se repartió en papeles y mediante una grabación es que la oferta de trabajo es en los países de los que los migrantes están huyendo.

Los interrogantes sobre la negativa a la “vía Villagrán”

Durante la última semana, el INM también ha dificultado el acceso a la petición de refugio de los integrantes de la caravana. El ejemplo fue la negociación que se desarrolló el jueves en la carretera entre Ciudad Hidalgo y Tapachula, Chiapas, en el punto en el que después serían interceptados y capturados los centroamericanos.

Pasaban algunos minutos de las 13 horas. De un lado, un salvadoreño que se presentó como José Luis Morales y que habló en nombre de la caravana. Del otro, Alma Delia Cruz, delegada de Comar en Chiapas.

Poco antes, el abogado Luis Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C., se había presentado en el lugar con papeles para solicitar la condición de refugiado. Su idea: que los integrantes de la caravana pidiesen el asilo y que este fuese sellado por Comar. Esto les convertiría oficialmente en solicitantes de refugio e impediría su detención y deportación, aunque les obligaría a permanecer en Chiapas durante el tiempo en el que se alargase su proceso.

Villagrán aseguraba que había obtenido el compromiso de Andrés Ramírez de que aceptaría estos documentos y que los migrantes llegasen a las oficinas de Comar. Para ello debían llegar a Tapachula. Y para alcanzar el municipio, evadir un fuerte dispositivo de la Guardia Nacional y el INM instalado en Metapa.

Esa posibilidad nunca pudo realizarse. Los migrantes rellenaron los documentos pero Alma Delia Cruz compareció para explicarles que solo habría una opción: entregarse al INM, ser encerrados en las estaciones migratorias y, ahí, tramitar su petición de refugio.

Ante la negativa de los migrantes a ir por su propio pie al centro de detención, la Guardia Nacional desarrolló el operativo de captura en el que 800 fueron atrapados.

Comar, posteriormente, hizo público un comunicado en el que señaló que “de acuerdo con lo que señalan los artículos 5, 6, 7, 11, 21 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y los artículos 16 y 24 de su Reglamento, toda persona extranjera que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, por sí, por su representante legal o por interpósita persona”.

Es decir, que Villagrán podía haber solicitado el refugio en nombre de los integrantes de la caravana. Sin embargo, el operativo policial se desplegó para evitar que los centroamericanos alcanzasen Tapachula, donde podían reclamar la protección y seguir su proceso en libertad.

Si la ley dice esto, ¿por qué la delegada de Alma Delia Cruz dijo a los migrantes que su única alternativa era someterse al mandato del INM y entregarse? ¿Existía la posibilidad de tramitar el refugio en libertad y no se brindó esta oportunidad?

El propio Villagrán aseguró a Animal Político que interpuso 1,118 de amparos para impedir que los migrantes sean deportados. En ellos están incluidos los 800 que fueron detenidos y encerrados en estaciones migratorias y unos 300 que lograron escapar a través de sembradíos. “Con ello evitamos que puedan ser deportados y solicitamos la condición de refugiado ante Comar”, dijo el abogado, a quien López Obrador se refirió durante la mañanera, sin citarlo, pero considerándolo un “líder” de la caravana.

Un 80% de aceptación del refugio

La caravana partió desde San Pedro Sula el 15 de enero. Al menos tres mil personas, según las autoridades guatemaltecas, se dirigieron hacia Estados Unidos siguiendo dos rutas. El grupo más numeroso tomó el camino de Tecún Umán, frontera con Ciudad Hidalgo, Chiapas. El resto optó por dirigirse hacia El Ceibo, que colinda con el estado de Tabasco.

En 2019, la Comar recibió 70 mil 302 solicitudes de asilo. De ellos, 30 mil 045 eran hondureños,  8 mil 991 salvadoreños y 3 mil 758 guatemaltecos.

En 2018, cuando las grandes caravanas atravesaron territorio mexicano, se recogieron 29 mil 630 peticiones de protección. Es decir, que el número de hondureños que pidió asilo el pasado año superó a todos los solicitantes de refugio de todas las nacionalidades dos años atrás.

Según las cifras oficiales, ocho de cada diez personas de Honduras que pidan asilo en México recibirán una respuesta afirmativa. El 81% de los solicitantes hondureños fueron aceptados en 2019, el 76% de los salvadoreños y el 49% de los guatemaltecos.

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Qué implica que García Luna se declarara 'no culpable' de narcotráfico en EU

El otrora hombre fuerte de la policía en México apareció en una corte de Nueva York acusado de conspiración para el narcotráfico y otros cargos que rechazó. Permanecerá detenido mientras se define si va a juicio.
5 de enero, 2020
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Genaro García Luna

Getty Images
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública de México.

Fue una escena con ribetes surrealistas: Genaro García Luna, arquitecto de la guerra contra el narco en México, entró a una corte de Nueva York este viernes acusado de conspiración para traficar cocaína.

En una audiencia que duró menos de media hora, García Luna se declaró “no culpable” de los cargos que enfrenta, que podrían costarle entre 10 años de prisión y cadena perpetua.

Vestía un jersey gris de algodón, pantalones beige y, tras casi un mes detenido, lucía algo demacrado respecto a su imagen de secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano de Felipe Calderón (2006-2012).

Al ingresar y retirarse de la sala custodiado por guardias, buscó con su mirada a su esposa e hijos presentes entre el público, que lo despidieron con gestos de fuerza con sus puños.

La audiencia transcurrió en la misma corte federal de Brooklyn donde el año pasado fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa que según la acusación entregó millones de dólares en sobornos a García Luna para “operar con impunidad” en México.

Después que la fiscalía advirtiera que hay un “riesgo inaceptable de fuga” si fuera liberado, la jueza Peggy Kuo decidió que García Luna, de 51 años, permanezca preso mientras su defensa trabaja en un pedido de fianza.

La próxima audiencia quedó fijada para el 21 de enero y se abren distintos escenarios para el otrora hombre fuerte de la policía mexicana.

¿Habrá juicio?

Además de los cargos por conspiración para el narcotráfico, García Luna también está acusado de formular declaraciones falsas en 2018, al pedir su naturalización para obtener la ciudadanía de EE.UU.

El exfuncionario mexicano se mudó en 2012 a Florida, donde obtuvo estatus de residente y fundó una empresa de seguridad con sus iniciales.

García Luna y Felipe Calderón

Getty Images
García Luna fue pieza clave en la estrategia contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón (derecha).

Fue detenido el mes pasado en Dallas, Texas, después que la justicia de EE.UU. emitiera una orden de arresto en su contra, una noticia que causó asombro a ambos lados de la frontera.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló esta semana el arresto de García Luna como la “prueba” de que el narcotráfico convivía con el poder en su país.

“Nada más esa prueba o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha (de Calderón) está acusado de proteger a una organización delictiva”, sostuvo AMLO en el Palacio Nacional de México.

Además de su cargo como secretario de Seguridad Pública, desde el que trazó la estrategia de la guerra contra los carteles de la droga, García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la desaparecida Agencia Federal de Investigación, que combatía el crimen organizado y la corrupción en México.

Aunque se declaró “no culpable”, García Luna aún podría evitar ir a juicio si llegase a algún tipo de acuerdo con el gobierno estadounidense.

De hecho, la jueza y la fiscalía sugirieron esa posibilidad en la audiencia de este viernes.

“Una pregunta es si el gobierno estaría dispuesto a retirar esos cargos” para alcanzar un acuerdo, dice Rob Heroy, un abogado que ha defendido a acusados de narcotráfico en EE.UU. y antes fue asistente de fiscal de distrito en Carolina del Norte.

“Estoy seguro de que (García Luna) tiene mucha información que al gobierno le encantaría conocer”, añade Heroy en diálogo con BBC Mundo.

¿Habrá acuerdo?

Parte de las pruebas de la fiscalía de EE.UU. contra García Luna provienen del juicio a “El Chapo” Guzmán, y en particular del testimonio del hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, otro líder del cartel de Sinaloa.

Jesús Zambada aseguró en el juicio que se reunió personalmente en dos ocasiones con García Luna en un restaurante para entregarle carteras con entre tres y cinco millones de dólares en efectivo.

Y especificó que esos sobornos eran para asegurarle a su hermano que García Luna no iba a arrestarlo ni interferir con las operaciones del cartel.

En ese momento García Luna respondió en un largo comunicado que esas afirmaciones eran “mentira, difamación y perjurio” en su contra y negó haber tenido contacto “con personas vinculadas con actividad delictiva”.

Zambada

Reuters
Jesús Zambada acusó a Garcia Luna de recibir dinero del narco.

Pero la fiscalía de EE.UU. insiste ahora en que García Luna ha “amasado una fortuna personal” de millones de dólares inconsistente con el salario de un servidor público en México.

La propuesta de fianza que haría su defensa en los próximos días podría servir como indicación de su situación financiera, aunque no revele de dónde proviene el dinero.

Heroy advierte que aún faltan conocerse todas las pruebas con que contarían los fiscales y que García Luna podría evitar un acuerdo de cooperación por razones de seguridad.

Proporcionar información sería muy peligroso para su familia. Incluso si toma protección de testigos, tendrá familia en México, así que creo que es poco probable que coopere con el gobierno”, dice el abogado.

“Si negociara un trato, sería uno que no implique cooperación”, agrega. Es decir, aceptar pasar un tiempo en prisión sin proporcionar información al gobierno.

Esto podría comenzar a despejarse a partir de la próxima audiencia de García Luna en la corte de Brooklyn, que estará a cargo del juez Brian Cogan, el mismo que dirigió el juicio a “El Chapo” y limitó los testimonios sobre presunta corrupción en México.


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