Estudiantes protestan y cierran universidad del Bienestar por incertidumbre
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Estudiantes protestan y cierran universidad del Bienestar por incertidumbre académica

Alumnos señalan que una de las razones para iniciar el paro es porque tienen miedo de que todo sea un fraude. 
20 de febrero, 2020
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Alumnos de la escuela de Derecho Ponciano Arriaga, que forma parte de las 100 Universidades del Bienestar Benito Juárez, iniciaron un paro de labores el lunes 17 de febrero en demanda de certeza en los procesos académicos, luego de cambios a la currícula, despido de profesores, y falta de reglamentos hasta para la titulación. 

Se trata de una de las universidades que creó y sostenía el partido Morena desde 2016, pero que a partir de 2019 se integró al principal proyecto de educación del presidente Andrés Manuel López Obrador: poner en operación 100 universidades en todo el país. 

universidad del bienestar

Su pliego petitorio consta de 21 puntos, entre ellos la emisión de constancias oficiales que avalen los estudios, garantía de libertad de expresión, y acceso universal a las Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación Superior. Foto: Alejandro Ponce.

Alumnos explicaron a Animal Político que el paro fue la culminación de una serie de inconformidades por las decisiones de la directora del plantel, Verónica Castro, y de la coordinadora nacional del programa, Raquel Sosa, pero sobre todo porque tienen miedo de que todo sea un fraude. 

“Nos genera mucha incertidumbre porque invertimos tiempo, incertidumbre, nos desgastamos, hacemos mil sacrificios para terminar en tiempo y resulta que cuando llega el momento de finalizar, no hay nada seguro para titularnos”, dice América López, alumna de la escuela. 

Este jueves decenas de alumnos marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para exigir que sus estudios tengan valor oficial y registro en la SEP, además de la salida de Verónica Castro y Raquel Sosa.

Ser de gobierno les quitó calidad 

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, abrió 19 universidades públicas en la Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Campeche desde 2016, mismas que eran administradas como una “asociación civil” y mantenidas con la donación de un porcentaje del salario de diputados y senadores de la agrupación política. 

La Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, una de las universidades impulsadas por el gobierno del presidente López Obrador, se fue a paro el pasado lunes. Foto: Alejandro Ponce.

La Universidad Ponciano Arriaga fue una de las tres universidades que sí obtuvieron el Reconocimiento de Validez de Estudios (RVOE) emitido por la SEP al acreditar que tenían instalaciones adecuadas en un edificio de dos pisos en el Centro Histórico, un plan de estudios de calidad y profesores con el perfil académico necesario. El director era Netzaí Sandoval y entre los maestros estuvieron Bernardo Bátiz, Jaime Cárdenas, Juan Luis González Alcántara Carrancá, entre otros. 

Lee más: SEP negó validez a universidades de Morena por incumplir con la ley

La carrera de Derecho estaba orientada a los Derechos Humanos y con el Registro de Validez, los estudiantes egresarían con un título universitario reconocido por la Secretaría de Educación Pública. Por eso es que más de 600 estudiantes que forman la matrícula en tres turnos encontraron en esta escuela -que no aplica exámenes de admisión- una opción para estudiar una licenciatura. 

Los estudiantes piden la destitución de Raquel Sosa, así como de la directora del plantel, Verónica Castro Flores, una vez concluida la auditoría e investigación respecto de la operación de la escuela. Foto: Alejandro Ponce.

Sin embargo la situación cambió a partir de la decisión de que serían parte del Gobierno Federal. Los cambios subsecuentes en lugar de mejorar sus condiciones fueron en detrimento de la calidad, aseguran los estudiantes. 

El primer cambio fue renunciar al RVOE, es decir, la universidad dejó de pagar derechos del mismo por cada alumno matriculado y examen extraordinario realizado en la escuela. Esto porque al ser absorbidas por el gobierno Federal en automático forman parte de las instituciones de Educación Superior de la SEP. 

Apenas el 20 de diciembre, un año después del lanzamiento del Programa de Universidades del Bienestar, se registró como institución educativa a la Universidad Ponciano Arriaga ante la Dirección General de Profesiones de la SEP, con la clave 090886, según el oficio de trámite obtenido por este medio, pero eso ni siquiera fue informado a la comunidad, ni tampoco saben cuáles son los reglamentos que derivarían de ello. 

Lee: Gobierno federal promete crear (ahora sí) las universidades del Bienestar en 2020

Como parte de la transición para ser una institución gubernamental, encabezada por Raquel Sosa, también decidieron cambiaron la currícula, eliminaron el enfoque de Derechos Humanos y le quitaron coherencia al plan general, lo que afectó sobre todo a los alumnos de la primera generación inscritos en 2016 y que concluyeron la carrera en 2019. 

“Eliminaron materias y eso afectó hasta nuestro promedio. También nos pusieron materias que ya habíamos visto en otros trimestres y no hay reglamentos para la titulación”, asegura Karime Villarreal, estudiante de octavo semestre.  

A partir de 2019 ni siquiera tuvieron un calendario escolar organizado, sobre la marcha cambiaron la temporalidad de estudios al pasar de trimestres a semestres, con periodos de vacaciones de meses.

“Al principio sabíamos cuándo iniciábamos clases, periodos de exámenes, vacaciones, pero en esta transición no hay claridad, no hay ni calendario oficial, no sabemos cuando terminamos clases”, afirma América. 

Otro problema es la titulación. Al conseguir el RVOE se estableció que las opciones de titulación incluían promedio de excelencia o realización de tesis, pero con el nuevo proyecto no les han dicho cómo será. 

“Nos dijeron que habría que hacer un proyecto integrador, pero no definen qué es un proyecto integrador, y tampoco el resto de opciones y requisitos de titulación. Empezamos con una educación de calidad, pero ahora todo es incertidumbre”, explica América. 

A esto se suma que las políticas para los maestros también cambió: la nueva administración les exigió trabajar tiempo completo, lo que derivó en renuncias de aquellos con otros trabajos. Y los que se quedaron, se les duplicó la carga de trabajo al hacerse cargo de más materias que, incluso, no dominan. 

También dejaron de tener recursos suficientes hasta para pagar servicios de limpieza y vigilancia. De un momento a otro el personal de intendencia dejó de ir, por eso los estudiantes comenzaron a organizar jornadas de limpieza, y por la falta de seguridad, sufrieron robos de proyectores y equipos de cómputo. 

El paro se mantiene indefinidamente, organizado en el auditorio de la escuela. Foto: Alejandro Ponce.

Pero su principal demanda no es siquiera por más recursos, sino “una educación de calidad”, por la “legalidad y certeza jurídica”, porque “aunque algunos digan que somos escuelas patito, los patito son los que administran, nosotros no, aquí hay estudiantes y maestros de excelencia”, asegura Gabriel Aarón Illan. 

Por eso, dice América, “no se va abrir la escuela hasta que no tengamos respuestas, pero no verbales sino de compromisos. Buscamos un acercamiento directo con el Presidente, porque quizá hay muchas cosas que él ignora y queremos visibilizar que son causas justas, son necesidades básicas. Queremos que la escuela funcione bien, como antes, como cuando inició el proyecto. Las causas justas deben ser escuchadas y si hay una verdadera transformación, la haremos todos”.

La confrontación

El despido las únicas dos personas encargadas de la administración escolar el lunes 17 de febrero fue el punto de quiebre de esta situación. La directora Verónica Castro exigió a las empleadas que firmaran su renuncia de la anterior contratación como escuela de Morena, y sin siquiera un contrato de trabajo para la nueva administración, sino convenios de participación sin prestaciones ni seguridad laboral, las empleadas se negaron a hacerlo hasta tener certeza jurídica.  

Esto provocó que Raquel Sosa fuera personalmente a despedirlas, a llevarse equipo y documentación de la Universidad. Los alumnos, al darse cuenta de la situación, además de defender a las empleadas de esa forma de despido, exigieron a Sosa que aclarara sus dudas sobre los procesos académicos. 

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Sosa intentó convencer a los jóvenes de tener paciencia y aseguró que todo estaba en orden, y que iban a “resolver” todas sus demandas. Sin embargo, ésta vez los jóvenes no quedaban conformes con otra promesa. Algunos comenzaron a proponer organizarse para conseguir una solución.  

América Esmeralda López insiste que el interés del estudiantado es la mejoría de la escuela, e insiste en mejores condiciones para el personal docente y alumnos. Foto: Alejandro Ponce.

Ella respondió que “si eso es así, este no es el programa de Universidades del Bienestar. A lo mejor es en la UNAM, en la UAM, pero en estas cosas no se resuelve porque un grupo se concentró para hacer una protesta. Háganlo por escrito”, se le escucha en videos que los mismos estudiantes grabaron. 

También aseguran que el acabose fue cuando Sosa les dijo que “recordáramos que nosotros éramos los rechazados de otras universidades y que ella nos estaba dando la oportunidad de estudiar aquí y que si no la queríamos aprovechar, la iba a cerrar”, dice Casandra, lo que “es triste porque no somos los rechazados porque queramos sino porque no hay suficiente presupuesto para que nos puedan atender en otras escuelas. Aquí hay gente de excelencia”. 

Al terminar la improvisada reunión, con los alumnos congregados en el patio, Raquel Sosa y la directora del plantel, Verónica Castro, cerraron la oficina administrativa y salieron de las instalaciones. 

Los alumnos esperaron a sus compañeros de los turnos vespertino y nocturno y, en asamblea, decidieron tomar la escuela por la noche el mismo 17 de febrero. Pusieron sellos en todas las puertas de salones y oficinas con la fecha y hora del inicio de la huelga. Sólo mantienen abierto el auditorio y un baño para asegurarse de que los materiales y equipo de cómputo se mantengan intactos.  

Insisten en que su principal petición es tener una “educación de calidad y condiciones dignas”, por eso demandan la destitución de la directora porque no está defendiendo a la comunidad sino su puesto, mientras que la actuación de Raquel Sosa debería ser revisada por el Presidente porque “si una persona no está funcionando en su calidad de autoridad, se destituya”. 

Lo que piden, dice América, es diálogo, “porque por ahora nos sentimos ignorados, nos sentimos abandonados”. 

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Aborto en América Latina: ¿puede la legalización en Argentina impulsar un cambio en toda la región?

Las activistas a favor del aborto en América Latina aseguran que la discusión no debería ser sobre el apoyo o la oposición al aborto, sino centrarse en la salud de la mujer.
7 de marzo, 2021
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Cuando el Congreso de Argentina votó para legalizar el aborto hasta la semana 14 de embarazo, Renata (no es su nombre real) se sintió emocionada.

“Qué genial”, recuerda haber pensado la joven de 20 años del norte de Brasil a finales de diciembre. Renata, estudiante y trabajadora de un supermercado, vio el cambio en Argentina como el inicio de algo nuevo en América Latina, donde el aborto es mayoritariamente ilegal.

Renata no pensó mucho en el tema hasta una semana después, cuando descubrió que ella misma estaba embarazada. Luego, relató, sintió que “su mundo colapsaba”.

“Bajo ninguna circunstancia podría tener al bebé”, me dijo, y me explicó que en la ciudad donde vive es imposible conseguir trabajo, más aún en el contexto de la pandemia. Renata tenía además la certeza de que en su trabajo la darían de baja con un salario menor si contaba la noticia a su jefe.

“Todo tiene que estar bien para traer un niño a este mundo”, afirmó. La joven agregó que después de haber visto a su madre criar a dos niños sola, nunca quiso tener que pasar por eso.

Mujeres en Argentina con un gran pañuelo verde que dice "Aborto legal, seguro y gratuito"

Reuters
Argentina se sumó en diciembre a la lista reducida de países en América Latina en los que el aborto es legal.

Pero Renata tenía pocas opciones.

El aborto está prohibido en Brasil a menos que el embarazo sea resultado de una violación, la vida de la madre esté en peligro o el feto sea anencefálico, una condición poco común que impide el desarrollo de parte del cerebro y el cráneo.

Renata decidió que viajaría a Colombia. Si bien las restricciones allí son similares a las de Brasil, la interpretación de la ley es más amplia y, por lo tanto, es más fácil acceder a abortos legales.

La joven incluso había pedido dinero prestado para pagar el vuelo, que iba a ser su primer viaje al extranjero.

Pero Colombia prohibió los vuelos desde Brasil debido a una nueva variante de covid-19 detectada en Manaos.

“Empecé a llorar”, recordó Renata. “Era mi última esperanza, estaba inconsolable”.

Ahora, con la ayuda de una organización benéfica llamada “Milhas pela vida das mulheres” (Millas por la vida de las mujeres), mediante la cual las personas donan millas aéreas para ayudar a mujeres a acceder a abortos seguros en el extranjero, Renata viajará a la Ciudad de México, donde el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo es legal.

“Es la mejor decisión para mí”, aseguró sin vacilar.

Poderoso movimiento por los derechos de las mujeres

Solo en Brasil, se estima que un millón de mujeres acceden a abortos clandestinos cada año. Los únicos lugares donde los abortos son legales actualmente en América Latina son Uruguay, Cuba, Guyana y partes de México. Y ahora, por supuesto, Argentina.

Muchas activistas proaborto esperan que el cambio de ley en Argentina presione a otros países para que sigan el ejemplo.

En Argentina, quienes apoyaron la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lucían un pañuelo verde.

Es un símbolo que desde entonces ha sido adoptado por muchas otras activistas en la región. El pañuelo representa la resistencia pacífica de un creciente movimiento por los derechos de las mujeres que asegura que la sociedad debe cambiar.

Mujeres en Argentina muestran sus pañuelos verdes

Reuters
El símbolo del pañuelo verde usado en Argentina ha sido adoptado por muchas otras activistas en la región.

Debora Diniz, profesora de antropología de la Universidad de Brasilia, señaló que es inusual que un símbolo se extienda a otros países de esta manera.

“Tradicionalmente, América Latina no opera de esta manera”, afirmó la destacada activista feminista.

Era una región colonizada, que miraba mucho más al norte global. Y ahora nos miramos los unos a los otros. Incluso un país que se entiende a sí mismo como un continente, como Brasil, está usando el pañuelo verde para representar las causas de las mujeres”.

El conservadurismo y la Iglesia

Pero América Latina está profundamente dividida. Es una región donde reinan la religión y el conservadurismo.

Si bien Argentina avanzó en una dirección en diciembre, un mes después, el Congreso de Honduras agregó una prohibición del aborto a su Constitución, lo que hace que sea más difícil que nunca legalizar el procedimiento en el futuro.

Por tanto, no es un camino sencillo.

Mujeres en Honduras protestando contra la la incorporación a nivel constitucional de la prohibición del aborto

Reuters
Grupos de mujeres salieron a las calles en Honduras para protestar contra la incorporación a nivel constitucional de la prohibición del aborto.

“Cuando se aprobó la ley en Argentina, la gente en Honduras comenzó pensar si la presión para legalizar el aborto se extendería en la región y tal vez habría un cambio aquí”, afirmó Álvaro Hernández de “Ola Celeste”, un grupo antiaborto que respaldó el cambio a la Constitución.

“Honduras es un país cristiano y el aborto no ha sido un tema de debate a nivel local”, aseguró. Aunque la Iglesia puede ser muy influyente en Honduras, algunos grupos de mujeres salieron a las calles para protestar contra la prohibición del aborto.

En Argentina, muchos observadores dieron crédito al presidente de centroizquierda Alberto Fernández por contribuir a impulsar la legalización del aborto.

Pero en el vecino Brasil, el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro condenó la medida argentina, y los grupos conservadores siguen siendo fuertes.

No creo que vaya a ser tan fácil legalizar el aborto en Brasil“, señaló Celene Salomão, activista del capítulo de São Paulo de “40 Días por la Vida”, una campaña religiosa internacional contra el aborto.

Salomão opina que los senadores en Argentina “fueron sometidos a mucha presión” de grupos de izquierda para legalizar el aborto. Pero cree que el presidente Bolsonaro se mantendrá firme sabiendo que cuenta con el respaldo de grupos religiosos.

“Muchos brasileños son cristianos, no solo católicos sino también de otras denominaciones, y todos estamos en contra”.

Chile impulsa el cambio

En Chile, el presidente de derecha Sebastián Piñera también dejó en claro que se opone a un cambio en la ley, aunque en enero, a raíz de la decisión de Argentina, el Congreso comenzó a debatir la despenalización del aborto en las primeras 14 semanas de embarazo.

Uno de los temas que une a las activistas proaborto es el argumento a favor del acceso seguro.

Las activistas afirman que la discusión no debería ser sobre el apoyo o la oposición al aborto, sino centrarse en la salud de la mujer.

Y argumentan que las mujeres se someterán a abortos, sean legales o no, por lo que permitirles el acceso legal a la interrupción será más seguro y reducirá el número de muertes como resultado de abortos clandestinos.

La Dra. Karla Figueroa de la clínica GineClinic en México dice que desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, ninguna mujer ha muerto por este procedimiento.

“Eso es lo más importante en términos de salud pública”, agregó.

Pancarta en Argentinca que dice "Ni una muerte más por aborto clandestino"

Getty Images
Para muchos, el debate debe centrarse en la salud de la mujer. Desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México ninguna mujer ha muerto por este procedimiento, afirmó la Dra. Karla Figueroa.

Y es un mensaje que se extiende por toda la región.

“El ángulo de la vida y la salud de las mujeres está muy presente en la discusión en Colombia”, afirmó Mariana Ardila, abogada de la organización Women’s Link Worldwide.

Ardila está haciendo campaña para eliminar la criminalización del aborto y asegurar que las mujeres que se someten a abortos y los equipos médicos que los realizan no sean procesados.

“El derecho penal es en realidad el peor instrumento en este caso y tiene muchas consecuencias como imponer un estigma y generar miedo entre el personal sanitario”, señaló.

Activistas a favor del aborto en la región aseguran que la legalización en Argentina ha galvanizado su lucha.

“Espero que el cambio en Argentina sirva como un punto de inflexión”, afirmó la Dra. Figueroa en la Ciudad de México.

Para Debora Diniz, la decisión argentina proporciona una mayor motivación.

“En Brasil, tenemos algunas de las feministas negras más activas y vibrantes de la región”, afirmó.

“Tenemos un feminismo diverso, y tal vez algo salga de él”.


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