Arantepacua, la comunidad purépecha que expulsó a los partidos políticos
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Foto: Manu Ureste

Arantepacua: la comunidad indígena que expulsó a los partidos y creó su propia policía

La gente de Arantepacua dice que se siente “traicionada” por un Estado y unas autoridades que enviaron a un “ejército de policías” a reprimir una protesta social.
Foto: Manu Ureste
25 de febrero, 2020
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“Ya mata a ese perro. Mátalo”.

Don Elpidio Jiménez apunta con el dedo índice hacia un pedazo de tierra que está a unos cuantos pasos de la entrada de su pequeño rancho, y con voz trémula cuenta que ahí exactamente un policía estatal lo tiró al suelo de “un revés” en la cara.

Han pasado ya casi tres años de aquel 5 de abril de 2017 en Arantepacua, una comunidad ubicada en la Meseta Purépecha de Michoacán, de apenas 2 mil 700 habitantes.

Pero Elpidio, que tiene el rostro curtido y cuarteado por el sol rudo del campo, se mueve de un lado para otro agitado por la adrenalina que aún le traen los recuerdos que brotan en su memoria.

Ahí, apunta ahora con el brazo extendido en dirección a la barda de bloques que separa de la calle su pedazo de rancho, el primero que hay nada más entrar a Arantepacua, las bombas de humo caían silbando y dibujando densas cortinas que hacían irrespirable el aire de la tarde.

Y un poco más allá, camina en silencio unos pasos en dirección al este, donde un caballo pasta solitario a unos cien metros de distancia, donde yacía muerto por un disparo Francisco Jiménez, su hermano.

Ese día era miércoles, a las 14:50 horas. En apariencia, cuenta el campesino, un día como otro: mercado. Bullicio. Niños correteando. Y el tlap tlap de las pezuñas de los bueyes atravesando las calles estrechas del pueblo cargados de frutas y hortalizas.

De pronto, alguien agita las campanas desde la torre de la iglesia.

Minutos antes del estruendo metálico de las campanas, un grupo de entre 15 y 20 comuneros de Arantepacua había levantado una barricada en la carretera de acceso a la localidad, donde retuvieron algunos vehículos y unidades de transporte.

La protesta y la barricada se debían a que un día antes una comitiva de 38 comuneros fue a Morelia, la capital del estado. Allí se reunieron con el gobierno estatal para tratar de solucionar un conflicto añejo por la disputa de unos terrenos de cultivo con Capacuaro, el pueblo vecino.

Pero no hubo ningún acuerdo, y en el camino de vuelta a Arantepacua los comuneros fueron detenidos acusados de secuestrar al chofer del autobús que los llevó a Morelia, y trasladados a prisión.

En represalia a la protesta de los comuneros, ese 5 de abril las campanas de la iglesia alertaban que una marabunta de 300 policías estatales a bordo de patrullas, camionetas, y camiones, había entrado al pueblo para aplastar la barricada.

La Secretaría de Seguridad Pública michoacana explicó un día después de los hechos que la mayoría de elementos, unos 200 policías antimotines, iban “desarmados” y que los policías solo respondieron a la agresión, presuntamente, de 250 comuneros que les aventaban piedras y cohetones.

Pero Valentín Jiménez, testigo de los hechos, asegura que en aquel día en la barricada solo había 15 comuneros y que lo que se vivió en el pueblo fue “un operativo de guerra”.

“No venían a dialogar, venían a matarnos”, sentencia Valentín.

“Las balas llovían por todos lados”, añade Xóchitl Madrigal, una señora menuda de gesto severo, que junto a su esposo Elpidio, su nuera, y su nieto de apenas un año, también fue sacada a rastras y a golpes de su casa que, literalmente, fue barrida por un vendaval de policías, según consta en videos publicados por medios de comunicación estatales.

Precisamente, Valentín narra lo que recuerda de ese día a unos cien metros campo arriba de donde está el camino que da acceso al pueblo.

Entre la tierra cenagosa de un campo de papas hay un pequeño altar hecho con maderas donde reposa una pequeña corona funeraria. Aquí, dice taciturno el comunero, murió Luis Gustavo Hernández Cohenete, de apenas 17 años.

María Rosa Juanete (izquierda) y Teresa Prado perdieron a su familiar Luis Gustavo, un joven de 17 años, en el operativo de la policía estatal michoacana el 5 de abril de 2017.

Nadie sabe muy bien explicar qué hacía ahí el joven. Valentín opina que, como el resto de los hombres, mujeres, y también niños, Gustavo trató de refugiarse del operativo echándose al monte, pero no tuvo tiempo de avanzar hasta el refugio de los árboles.

Lo que sí se sabe es que, según se aprecia también en videos publicados por medios en internet, la policía estatal se comunica entre sí para avisarse por radio de que “ya cayó el de rojo”. El de rojo era Gustavo, que murió fulminado de un disparo a varios cientos de metros de distancia, presuntamente realizado por un francotirador de la policía.

“No respetaron niños, niñas, mujeres embarazadas, ni a señores ya mayores que no podían correr para esconderse”, denuncia Valentín, que observa en silencio el altar que se agita ante una ráfaga de aire.

Uno de esos señores de la tercera edad era Elpidio. En las imágenes que también difundieron las autoridades policiacas de Michoacán se aprecia que varios policías fueron heridos por los pobladores que, presumiblemente, trataban de repeler el operativo, aunque tampoco hay certeza sobre este punto porque la fiscalía michoacana, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), han concluido investigación alguna a casi tres años del suceso.

El caso, dice Elpidio, es que la tomaron con él por los policías heridos.

“Cuando entraron a mi casa yo levanté las manos. Me dijeron: híncate ahí, perro. Luego, me dieron un chingadazo en la cabeza y dos policías me sacaron arrastrándome afuera, donde había hartas patrullas”.

Ya en la batea del vehículo, el hombre cuenta que vio muchos cuerpos tirados bocabajo y con las manos amarradas a la espalda.

Entre esos cuerpos, reconoció el de su hijo. Entonces, dice que fue cuando escuchó que un policía le decía a otro: “Ya mata a ese perro”.

Elpidio cerró los ojos y sintió como si una alimaña le hubiera mordido en el brazo derecho y exhaló un grito seco. Pero la sangre no llegó a brotar; fue un balazo de goma, que vino acompañado de varios impactos más repartidos por la espalda y el abdomen.

A pesar de los ‘balazos’, Elpidio respiró aliviado cuando se percató que su hijo y el resto de los heridos que estaban a su lado también respiraban y estaban vivos.

“Nosotros sí tuvimos suerte”, murmura el hombre que se toca el sombrero blanco que lo protege de ese mismo sol que lo abrasó durante las horas que estuvo tirado en la batea hasta que terminó el operativo.

Una suerte, lamenta con los ojos entrecerrados mirando hacia el lugar donde pasta un caballo, que no tuvo su hermano Francisco Jiménez. Ni tampoco el joven Gustavo. Ni Santiago Crisanto Luna, ni José Carlos Jiménez Crisóstomo.

Las cuatro víctimas que dejó el operativo policiaco que marcaron para siempre la vida de un pueblo que, desde ese día, tomó una decisión tajante: expulsar del pueblo a los partidos políticos y conformar ellos mismos su propio gobierno comunitario.

Fuera partidos políticos

Los sucesos del 5 de abril de 2017 ya son parte de la vida de Arantepacua. Se aprecia hasta en los detalles más simples de su vida cotidiana: en las instalaciones del antiguo ayuntamiento, hoy consejo comunal, unas placas de bronce recuerdan los rostros y los nombres de los “caídos”.

En el pequeño zócalo que hay junto a la iglesia y una escuela, los niños corretean pistola de juguete en mano gritando ‘5 de abril, ni perdón ni olvido’.

Y en las paredes de las calles, donde antes había anuncios de candidatos del PRI y del PAN, ahora los murales piden ‘Rebeldía, Libertad, y Fuera los partidos políticos’.

Sobre el tema de los partidos, basta con dar un paseo por las calles para encontrar posturas y explicaciones muy similares.

Y la explicación es sencilla:  Y, como los representantes del Gobierno son los partidos políticos, la decisión fue expulsarlos junto a la policía que pertenece al ayuntamiento de Nahuatzen, la cabecera municipal.

“Una forma de hacer justicia es ejercer nuestro derecho de autodeterminación como pueblos indígenas y expulsar a todos los partidos de la comunidad”, plantea Simón Jiménez Morales, exconsejero de Bienes Comunales de Arantepacua.

Celia Morales Maldonado, viuda del comunero Francisco Jiménez muerto el 5 de abril, apunta que la autodeterminación basada en sus usos y costumbres indígenas es también un mensaje rechazo hacia la clase política mexicana y su incapacidad para mejorar un municipio donde, según datos oficiales del Coneval, 8 de cada 10 personas viven en situación de pobreza.

“Ya no queremos partidos políticos aquí, porque solo unas cuantas personas se benefician en el pueblo, y los demás que no somos del partido, o que no nos gusta la política, no nos toca nada”, critica Celia.

“Los partidos nada más nos tienen en cuenta como pueblos indígenas cuando se acerca una elección para pedirnos el voto -apunta por su parte la comunera Teresa Prado Estrada, tía del joven Luis Gustavo-. El resto del tiempo no somos nada para ellos, no existimos”.

Por eso, ahora, las calles del pueblo las vigila la ronda comunal ‘Kuaricha’, un grupo de policías purépechas de la comunidad. Mientras que, desde diciembre de 2017, quienes ocupan el antiguo ayuntamiento es un consejo comunal integrado por cuatro mujeres y cuatro hombres, donde la estructura de gobierno es horizontal. Es decir, no hay un alcalde o una figura por encima del resto, sino que es la asamblea de comuneros la máxima autoridad.

Tras la expulsión de los partidos en 2018 de Arantepacua, un ronda comunitaria de policías comunitarios sustituye a la policía municipal.

Esta decisión de autogobernarse sin partidos -aunque la comunidad aun depende de los recursos que la Federación le entrega a través del municipio de Nahuatzén- fue también reconocida en marzo de 2018 por una sentencia del Tribunal Electoral del estado de Michoacán.

En el caso de Arantepacua, el proceso de autodeterminación fue más rápido y ágil que en Comachuén, Sevina, y la cabecera Nahuatzén, las otras tres comunidades purépechas de Michoacán que expulsaron a los partidos y que en la actualidad enfrentan múltiples trabas para poder ejercer ese derecho.

Entre esas trabas, una Misión Civil de Observación integrada por organizaciones, como Serapaz, la Red Solidaria por los Derechos Humanos, y el Centro Pro, entre otras, expusieron en un informe que estas comunidades en resistencia son atacadas mediante el ‘ahorcamiento’ presupuestal por parte del municipio, la persecución política y el hostigamiento hacia quienes integran los consejos comunitarios, y la criminalización de estas comunidades.

Pero, en Arantepacua, a pesar de que la autoridad electoral michoacana reconoció y respaldó su proceso de autodeterminación sin partidos políticos, continúa habiendo un gran pendiente: el acceso a la justicia.

Sin respuestas

Debajo de la sombra que ofrece el pórtico de la casa comunal, que está decorado con un colorido mural de la bandera purépecha con el emblema ‘Juchari Uinapekua’ –‘Nuestra Fuerza’- y con un corazón llameante rodeado de cuatro mariposas en recuerdo de las víctimas del 5 de abril, la señora Cecilia Morales, que perdió en el operativo a su esposo, un carpintero de 64 años, resume lo que buena parte del pueblo exige a las autoridades michoacanas: quieren respuestas.

Quieren saber quién en el gobierno estatal ordenó el operativo. Quién firmó la orden y por qué. Y, sobre todo, quieren saber quiénes mataron a sus hijos, hermanos, sobrinos y vecinos, y que los encarcelen.

“El Gobierno dice que no sabe nada. Pero no creo que un buen día a la policía se le ocurriera venir a Arantepacua a matar personas, ¿no? Tuvo que haber una orden escrita, alguien que los mandó”, dice Cecilia.

“Hoy no sabemos aún por qué los policías dispararon contra un joven de 17 años (Luis Gustavo) que lo único que traía en el morral era un libro. A lo mejor para el gobierno un libro es un arma mortal”, añade con ironía la señora Xóchitl Madrigal.

Mientras que la comunera Teresa Prado señala que, a pesar de las denuncias que interpusieron ante la fiscalía estatal, las respuestas no llegan. Por no llegar, incluso, asegura que aún no llegan las actas de defunción de las víctimas del operativo policiaco, por lo que, al menos oficialmente, no hay nada qué investigar.

“Nos han atendido, sí, pero es una burla. En lugar de atendernos, se burlaban de nosotros. Nos decían que no había delito que perseguir porque, si no había cuerpo, no había delito”, señala Teresa.

Ana Gómez, colaboradora en el área de litigio del Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria que lleva un año acompañando el caso de Arantepacua, explica en entrevista que, si bien el expediente de la CNDH consta de 32 tomos, la investigación no se hizo ni con la diligencia debida, ni en un plazo razonable, puesto que ya pasaron casi tres años de los sucesos.

“Por ejemplo -detalla Gómez-, no se resguardaron los lugares de los hechos, no se hicieron autopsias, las entrevistas se realizaron muy tarde y con cero perspectivas de derechos humanos, y eso impactó mucho en la información que pudieron recabar”.

En cuanto a la investigación de la fiscalía michoacana, Gómez lamenta que éstas “tampoco han avanzado”.

“Las carpetas están abiertas, pero nada más”, subraya Gómez, ante la desesperación de todo un pueblo que, el pasado miércoles 19 de febrero, exigieron resultados a los representantes de la CNDH que participaron en una reunión en la casa comunal de Arantepacua.

“Tenemos testigos de cómo entraron los policías, tenemos fotografías y videos, ¿qué más necesita la CNDH? ¿Acaso quieren que pase más tiempo y que nos olvidemos? -se cuestiona la comunera Teresa Prado tras el encuentro con los funcionarios de derechos humanos.

“Si es así, deben saber que nunca vamos a dejar de exigir justicia -se responde así misma con una sentencia-. Porque lo que vivimos aquí fue una masacre y nunca lo vamos a olvidar”.

Animal Político buscó a la Procuraduría para solicitar una entrevista sobre el operativo policiaco en Arantepacua el 5 de abril de 2017, pero al momento de publicar este reportaje no ofreció respuesta.

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El mundo paralelo que se vive en las megatorres de Santiago donde no hay cuarentena

En los edificios más grandes de Santiago viven miles de personas que necesitan trabajar para sobrevivir y no pueden quedarse en sus casas.
30 de junio, 2020
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Desde que la pandemia llegó a Santiago de Chile, Johannie ha intentado alejarse de las 774 familias que viven en su edificio. Está preocupada porque ya hay diez residentes contagiados con coronavirus y su hijo de 11 meses es inmunodeficiente.

En los 30 metros cuadrados que comparte con su madre y el niño hay un nivel de higiene “exagerado” —reconoce—, pero mantener la distancia con los demás habitantes no es fácil: los pasillos de su edificio son estrechos, hay pocos ascensores y en la enorme torre de 32 pisos viven más de dos mil personas.

Aunque a veces le perturba que los vecinos hablen alto o deambulen por los corredores, Johannie no quiere salir ni para pedirles que bajen el volumen.

La mayoría son migrantes venezolanos como ella, profesionales que llegaron a la céntrica comuna de Estación Central, atraídos por los precios y las facilidades legales que las corredoras les dan para arrendar esos pequeños departamentos en torres gigantes que se construyeron donde antes había un puñado de casas antiguas.

En solo dos años, este municipio aprobó la construcción de 75 edificios como el de Johannie, de entre 30 y 43 pisos de altura, sin ningún límite de densidad, es decir, sin ninguna regulación sobre cuántos departamentos podían construirse en esa superficie.

Así, se levantaron entre 200 y 700 departamentos por edificio, en los que los ductos de la basura se llenan y se atascan frecuentemente y no se cuenta con suficiente iluminación ni ventilación. Tampoco existe regulación sobre cuántos metros mínimos deben tener las viviendas para permitir una vida digna.

Hay departamentos de entre 28 metros cuadrados —para estudios de un sólo espacio— a 46 metros cuadrados, para dos dormitorios y dos baños. En los más pequeños, luego de poner una cama, una mesa y un refrigerador, la persona sólo puede dar cinco pasos de lado a lado.

Torres en la comuna Estación Central

Juan Francisco Riumalló
Dentro de cada torre se ha conformado una pequeña ciudad.

La gran cantidad de gente habitando ese espacio reducido creó una pequeña ciudad dentro de las torres, que incluso tiene horas pico de tránsito: de regreso del trabajo, los miles de residentes llegan a esperar hasta 15 minutos haciendo colas en pasillos estrechos para poder subir al ascensor.

Con 30 pisos de altura, las escaleras no son una alternativa.

Hoy la comuna tiene casi 10.500 habitantes por kilómetro cuadrado —más que Hong Kong o Singapur—, lo que implica un enorme desafío en medio de una pandemia en la que se debe mantener distancia social.

La situación es especialmente crítica para quienes no pueden soportar una cuarentena tan prolongada sin trabajo y necesitan sobrevivir de cualquier manera.

En las torres, una de las formas más populares es la venta por delivery de más de 200 productos de toda clase: desde hamburguesas hasta pantuflas.

Pese al riesgo de contagio —y a que este comercio informal puede ser sancionado— , todos los días cientos de residentes salen de sus departamentos y recorren los pasillos para entregar sus pedidos, cruzándose en los ascensores y las áreas comunes.

Por fuera, los edificios lucen normales; pero por dentro un flujo constante de personas interrumpe el confinamiento, como si las torres fueran en realidad una gran galería de tiendas.

***

A unos minutos caminando del hogar de Johannie, en un pequeño departamento de un edificio de dos torres donde viven más de 1.800 personas, la venezolana Heidy observa atentamente las instrucciones de un video de YouTube para aprender a hacer pan de su país.

Van varias semanas de cuarentena en Estación Central y su marido no ha logrado conseguir un salvoconducto que le permita salir a trabajar de plomero.

Como la familia necesita tener ingresos con urgencia, ella piensa vender pan venezolano a los vecinos.

La lógica es sencilla: si su esposo sale a la calle sin un permiso oficial, se arriesga a que lo arresten, pero si ella se desplaza dentro del edificio no corre ningún peligro.

Torre en la comuna Estación Central

Juan Francisco Riumalló
Al interior de las torres la actividad comercial es intensa.

Ella aún no lo sabe, pero en el último piso de la torre oriente, una de sus vecinas contagiada con coronavirus toma el ascensor para ser trasladada al hospital. Está gravemente enferma y su pareja también está infectada de COVID-19.

Para Heidy, salir a vender también es un ejercicio de alto riesgo.

En la recepción del edificio, otra mujer rodea la sala de espera con una cinta adhesiva que dice Peligro.

Es chilena, se llama Sandra y está decidida a clausurar las zonas comunes para proteger a la comunidad de un posible foco de contagio.

“Los vecinos no respetan mucho las normas”, lamenta.

A ella le preocupa el virus porque vive con su papá, que es adulto mayor. Por eso organizó una colecta entre los residentes para comprar 20 litros de amonio cuaternario y desinfectar a diario los espacios comunes de ambas torres.

16 pisos arriba, su vecino Rodrigo intenta conseguir un buen proveedor. También es chileno y estudia administración gastronómica. En ese ámbito se usa mucho amonio, asegura.

Ambos están coordinados porque saben que es clave mantener desinfectados los tres ascensores de cada torre, que normalmente usan 612 familias.

Aunque no forma parte de la administración del edificio, Sandra es vocera de las torres y tiene un grupo de WhatsApp donde se comunica con más de 250 residentes.

Ella trabaja de administrativa en una isapre (las instituciones de salud previsional de Chile), pero como ha tomado cursos de enfermería, muchos vecinos le escriben cuando se sienten mal y le cuentan sus síntomas para que ella evalúe si podría ser coronavirus o sólo una gripe.

“Desafortunadamente la mayoría de los que están con síntomas ya están infectados y cuando les da fiebre ya no es de resfrío”, explica.

La mujer lleva el registro de contagios de COVID-19 en la comunidad, pero no informa en qué departamentos viven los vecinos infectados, ni cómo se llaman.

“Acá cuando se informó la primera vez que había un caso, la gente lo quería echar del edificio. Que se vayan, llamemos a Carabineros, nos vamos a contagiar todos, gritaban. Ahora digo el piso, no el departamento, porque la ignorancia es grande”, asegura.

Torre en la comuna Estación Central

Juan Francisco Riumalló
En uno de los edificios ya se ha registrado una persona fallecida y hasta una veintena de contagios por coronavirus. Cuando eso sucede, los vecinos se ponen de acuerdo para poner en cuarentena estricta a todo el piso.

En un edificio con casi dos mil vecinos, el riesgo de contagio es grande y los residentes lo saben.

Por eso, aunque no tengan ninguna instrucción de la autoridad sanitaria, ellos mismos han acordado que cuando Sandra sabe de un caso confirmado o sospechoso, el piso completo entra en una cuarentena interna en ese mismo instante. Nadie debe andar por esos pasillos.

Según los registros de Sandra, entre las dos torres llegaron a tener hasta 19 pisos confinados.

Para disminuir el riesgo de contagio, la administración del edificio estableció que en los ascensores puede ir un máximo de cuatro personas: una por esquina.

El aviso está pegado en la pared, pero mientras Sandra responde mensajes de sus vecinos, dos hombres discuten en la puerta del ascensor del lobby porque uno quiere subir aunque ya hay cuatro personas dentro.

A pesar de que la cuarentena disminuyó las colas de espera en los ascensores, el miedo al contagio y la necesidad de moverse han empezado a afectar la convivencia.

Unos pisos más arriba vive Jhon “secadora”, un caraqueño que se mudó al edificio hace tres años y medio, casi cuando se inauguró. Le dicen así porque al llegar se dio cuenta de que tenía una buena oportunidad de negocio: ofrecer el lavado y secado de ropa a los cientos de vecinos en sus propios departamentos.

Varios residentes no cuentan con estos electrodomésticos en sus hogares. Por eso es común ver a Jhon recorriendo los pasillos con un carrito en donde transporta su lavadora y secadora.

Chile

Getty
Al 26 de junio, Chile registraba más de 260,000 casos de COVID-19 y más de 5,300 muertes por la enfermedad.

Pero también realiza otro tipo de delivery: en el día vende a sus vecinos agua purificada y por la noche lidera el negocio interno de hamburguesas que preparan unos amigos de otro departamento.

Además hace fletes y en la bodega apila los galones de aceite para moto que compró en un remate y que ahora vende al por menor. Todo se comercializa en las mismas dos torres.

A Jhon no le gusta vivir en este mega edificio tan hacinado, “pero la intención es por los negocios que tengo aquí, entonces me toca como acceder a mantenerme”, explica.

Desde que comenzó la cuarentena, sus ventas de agua y hamburguesas han bajado. Muchos residentes están sin trabajo y los delivery habituales del edificio se duplicaron. Si antes había 30 personas —explica Jhon— ahora son más de 60 las que venden en los departamentos.

Con Santiago confinado, el comercio dentro de estas torres se convirtió en la mejor oportunidad de subsistencia para los migrantes.

Una de esas nuevas comerciantes es Heidy, la mujer que ve las recetas de pan en YouTube.

Sobrevivir la pandemia no ha sido fácil para ella. “Es bien fuerte. A mí se me cae el cabello una barbaridad. Yo digo que son tantos pensamientos”, confiesa.

Llegó desde Venezuela hace dos años a encontrarse con su hermana y amigas que vivían en Santiago. Con ellas celebró sus 40, esperanzada de que en Chile tendría una mejor vida.

Trabajó como empleada doméstica hasta que la cuarentena la confinó de forma indefinida a su departamento de 45 metros cuadrados, donde vive con su esposo y sus dos hijas adolescentes.

Su jefa le da un apoyo económico aunque no pueda ir a trabajar por la pandemia, pero eso no alcanza para que coman los cuatro.

Por eso, aunque le da muchísimo miedo contagiarse del virus, Heidy decidió sumarse a Jhon en los delivery del edificio.

Ahora también ofrece todo tipo de arreglos de ropa y vende botellas de jugo y paquetes de globos que compra a unos chinos del barrio.

Con eso es con lo que mejor le va. “Es una locura. Aquí hay muchos venezolanos, y a los venezolanos les gusta mucho la fiesta. Me los piden con forma de números para celebrar cumpleaños”, cuenta.

Ni Heidy ni Sandra saben exactamente cuántos venezolanos viven en su edificio. Querían hacer un censo, pero no pudieron coordinarse entre los 1,800 vecinos.

Lo que sí saben con certeza es que la mayoría es extranjera, y eso se repite en todos los megaedificios de la comuna. Hasta el año pasado, esta era la tercera de la Región Metropolitana con más migrantes: 38,648.

Torre en la comuna Estación Central

Juan Francisco Riumalló
Cada edificio puede tener entre 200 y 700 departamentos.

***

Antes de la pandemia que tiene a Chile con más de 270,000 contagiados por covid-19 y a Santiago en cuarentena total, muchos habitantes de las torres tenían carritos de comida en el frontis del edificio o hacían comercio ambulante en las calles aledañas, pero tuvieron que retirarse por las normas de confinamiento.

Sólo en el último mes, Carabineros ha detenido a 976 personas en la comuna por infringir la cuarentena sin tener un permiso para estar en la vía pública. “Tenemos los calabozos llenos”, afirma el mayor Francisco Rebolledo, de la 21º Comisaría de Estación Central.

“Los retiraron y ya no se pusieron más, pero los delivery internos siguen existiendo”, acusa Sandra.

“Yo entiendo que esa es una forma de subsistir, que no tienen más, pero hay mucho hacinamiento aquí y por la alta circulación que hay es complejo fiscalizar las medidas sanitarias. Lo único que les pedimos es que estén con guantes y mascarillas pero sigo viendo gente que no utiliza”, dice angustiada.

Ella sabe que existe la posibilidad de que el virus viaje en un globo, como los que vende Heidy, o en las cajas de las hamburguesas que vende Jhon. También puede estar en los billetes con que los vecinos pagan, en los pasillos estrechos, en los números del ascensor, o en los timbres y manillas de las puertas.

Heidy aclara que siempre usa mascarilla en sus entregas, y que sólo lo hace luego de leer los mensajes que envía Sandra para ver “quiénes están sanos y qué pisos están con cuarentena, para no tocarlos”.

El miedo la hace ser muy cuidadosa. “Desinfecto los globos cuando llego a la casa, uno por uno. Nunca dejo algo sin desinfectar porque no quiero el virus ni para mí, ni para entregarlo. Tengo mucha precaución, pero tenemos que seguir adelante”, reconoce.

Torre en la comuna Estación Central

Juan Francisco Riumalló
Los edificios pueden llegar a tener 43 pisos de altura con 700 departamentos tan pequeños que una persona sólo puede dar cinco pasos a lo largo de su hogar.

Eso no da tranquilidad a su vecino Rodrigo, quien se preocupa de obtener los datos de amonio cuaternario.

Él siente que el edificio es tan grande y hay tanta gente, que es casi como una ciudad donde es imposible controlar el comercio y las medidas sanitarias.

En un día cualquiera de confinamiento, aquí se vende desde sushi hasta sostenes, pasando por servicios de remesas, peluquería o manicure.

Los delivery aceptan pagos en efectivo y transferencias bancarias y promocionan sus productos y servicios en seis grupos de WhatsApp dedicados exclusivamente a ventas dentro de las dos torres. Cada uno tiene al menos 250 personas.

Es un mundo paralelo donde el edificio se siente como una Venezuela en miniatura instalada en el corazón de Santiago.

Lo que más se vende aquí son tequeños, sopa de costilla con arepa y limón, ron añejo, panes dulces, harina P.a.n, queso llanero, quesillos venezolanos, pan de trenza, pasteles zulianos, patacón con mechada, arepa de cochino frito con aguacate, maltín Polar, bollos pelones de pollo con ensalada cocida, natas, plátano verde, banano, cachapas y donas de nutella y arequipe.

También se ofrecen servicios de recargas telefónicas a Venezuela, cambio de pesos chilenos a bolívares y remesas con 11 bancos directos.

Santiago

Getty
En Santiago rigen medidas de estricto confinamiento.

Pero no termina ahí.

La lista de productos parece interminable: se ofrecen ensaladas de frutas con helado, pan de hamburguesa, longanizas, hielo, hot-dogs, rollos de canela, whisky, mantequilla de maní, cheddar fundido, pizzas de todo tipo, sushi, lasañas, bebidas, cervezas, jugos, papas fritas, bombones, chocolates, huevos, azúcar, leche, atún, café instantáneo, arroz, fideos, queso mantecoso, combos de salchichas y papitas hilo, detergente líquido, suavizantes, lavaloza, cloro, cloro-gel, limpia pisos, pantalones y polerones, globos, ropa de niños, cremas, perfumes, pantuflas con chiporro, botas usadas, pijamas de polar, cremas de keratina, aceites, mascarillas de carbón y de colágeno, quita esmalte y sorpresas para el día del padre.

Los vecinos también ofrecen otra clase de servicios que tienen mucha acogida entre los residentes, como cortes de pelo a domicilio, servicios de manicure, diseños de depilación de cejas y colocación de pestañas, cambio de pantallas móviles, desbloqueo de teléfonos y reparación de electrónicos.

Uno de los departamentos funciona incluso como guardería de niños para aliviar a los padres que salen a vender o están haciendo teletrabajo. En un día normal pueden cuidar a dos o tres pequeños a la vez en esos espacios diminutos.

“¿Cómo le pongo freno a la circulación que hay en el edificio? Estuve cinco minutos en conserjería y entraron y salieron al menos 20 personas con el famoso delivery. Yo sé que el contagio va a seguir avanzando mientras haya flujo, a pesar de que se siga sanitizando todos los días, sagradamente”, reclama Sandra.

Productos

Paulette Desormeaux
En las torres se ofrecen desde ensaladas de frutas, papas fritas y cervezas, hasta pijamas de polar, cremas de keratina y globos. También servicios como cortes de pelo a domicilio, manicure, diseños de depilación de cejas e incluso una guardería.

***

El comercio interno no es el único desafío que enfrentan en la lucha contra el virus. También está el hacinamiento.

Rodrigo asegura que en algunos de los departamentos hay hasta seis personas viviendo juntas en un espacio que no fue creado para tantas, y que no todas respetan la cuarentena ni el toque de queda. “Se ponen a tomar en las escaleras”, señala Sandra, “pero es imposible que haya un aislamiento real cuando en un dormitorio viven 4 personas”.

Pese a que está prohibido por el Estado de Excepción de Catástrofe que rige en Chile desde marzo, entre los miles de residentes hay quienes aún hacen fiestas y reciben visitas de fuera del edificio.

A Rodrigo eso le preocupa y lo llena de rabia. Antes, el conserje daba tres avisos si habían ruidos molestos, pero ahora después de un solo aviso, llaman a Carabineros esperando que cursen multas.

“Nos estamos poniendo más estrictos ya que cada vez nos tuercen más la mano. Nos fuerzan a hacer más cosas y es la forma que tenemos de responder”, justifica Rodrigo.

La incomodidad ha llegado a tal punto, que en ciertos casos algunos residentes decidieron llamar directamente a los inspectores municipales. Hoy dos vecinos de las torres tienen citaciones al juzgado.

Productos

Paulette Desormeaux
Las tradicionales cachapas venezolanas son parte del menú de entregas a domicilio.

“Tenemos un grupo mayor de personas conviviendo en espacios reducidos y confinados, por eso nos llaman más por ruidos molestos, amenazas, riñas, violencia intrafamiliar y agresiones”, explica el mayor Rebolledo, de la 21º Comisaría de Estación Central.

La doctora en Estudios Urbanos, Liliana De Simone, dice que estos departamentos de 30 metros cuadrados fueron pensados como “cabinas sanitarias”, un espacio donde las personas sólo van a dormir y asearse, y rápidamente vuelven a una vida en la ciudad.

“Ya era problemático desde antes del confinamiento. Estos edificios no fueron concebidos con un espacio público recreacional, comercial y de encuentro alrededor de ellos. Si no hay suficiente espacio para un individuo, ¿cómo podría ser suficiente para cuatro?”, cuestiona la experta.

Aunque nadie previó la llegada de una pandemia, el impacto en la vida de estas personas ya era enorme.

Por años, organizaciones de la sociedad civil intentaron detener que se siguieran construyendo más edificios de este tipo.

En 2019, la Corte Suprema determinó que algunos de los permisos de construcción eran ilegales, lo cual gatilló una discusión pública sobre la posibilidad de demoler las torres. Pero el confinamiento llegó primero.

Torres en la comuna Estación Central

Juan Francisco Riumalló
La tensión en estos mega edificios va en alza.

***

El 4 de mayo, Sandra notificó la primera muerte por COVID-19 de una vecina del edificio.

La noticia alertó a la comunidad, pero el tránsito de personas no cambió mayormente.

Un poco después recibió una llamada de un número que no tenía registrado. Una persona le quería notificar que pusiera un piso en cuarentena, porque uno de sus familiares había dado positivo.

Dos días después, la volvió a llamar preguntándole qué tenían que hacer ellos. Sandra le pidió que no salieran del departamento. “‘Nosotros somos delivery’, me dijo. ¡Y habían seguido repartiendo!”, cuenta indignada.

“Esa persona vende huevos, entonces me dio la impresión de que transmitió el virus por todo el edificio porque en tres días pasé de tener 4 pisos en cuarentena a 13″, explica Sandra.

La mujer dice que habló con el administrador del edificio para pedirle ayuda.

“Él está de acuerdo con que existan los delivery porque con eso pagan el gasto común”, cuenta.

Y Assetplan, la empresa que administra 286 departamentos en las torres —casi la mitad de los que hay— no se involucra en el tema.

“Tú administras sólo el departamento, no las zonas comunes, entonces es difícil. El gran problema de ese edificio es la sobrepoblación. Hay muchos dueños y mucha gente con diferentes concepciones de querer hacer las cosas. El flujo constante es súper difícil de manejar”, indica Gonzalo Cabezas, gerente de Operaciones de Assetplan.

“Yo ya lo conversé con la Municipalidad, mandé los correos al Seremi de Salud, pero nadie pescó, entonces más ya no puedo hacer“, dice Sandra con resignación.

Las autoridades parecen ignorar a las decenas de mega edificios de esta comuna: la Secretaría Regional Ministerial de Salud aseguró no tener información sobre lo que ocurre allí o si representan un punto especial de contagios. Y la alcaldía no respondió las preguntas sobre las medidas que la municipalidad podría tomar para evitar que estas torres se conviertan en focos infecciosos.

El edificio donde vive la venezolana Johannie, a seis minutos caminando de Sandra, no ha sido fiscalizado y allí también operan cientos de delivery.

Pero ella no quiere comprarles nada ni tampoco asomar su cabeza por los pasillos.

Su hijo inmunodeficiente forma parte del grupo de riesgo y por eso Johannie vive con la angustia de que se infiltre el virus en la casa.

Hace unas semanas su madre tuvo que dejar el trabajo por la cuarentena y ella se quedó sin materiales para el negocio de decoración y obsequios que dirige.

Aunque podría conseguir sus insumos en los delivery del edificio, Johannie prefiere esperar: “Yo tengo fe. Todo tiene un tiempo de vencimiento. Nada es para siempre”.

Esa paciencia la hace soportar de buen ánimo la cuarentena, encerrada con su madre y el niño en ese departamento de 30 metros cuadrados, en donde caminar más de cinco pasos los pone literalmente contra la pared.

* Este reportaje fue publicado originalmente enSalud con Lupa. Aquí puedes leer su versión original.


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