A partir de este viernes, Manuel Horacio Cavazos López, denunciado por presuntas agresiones sexuales a sus hijas de entonces 5 y 6 años, dejará de ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ CDMX).
Por unanimidad de 15 diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, encargada de analizar su ratificación en el cargo de forma vitalicia, tras sus seis primeros años en funciones, se votó en sentido negativo.
La decisión de la Comisión de Justicia aún tiene que ser aprobada en pleno por toda la Cámara de Diputados, lo cual se prevé que ocurra mañana jueves, día de sesión.
El dictamen de 50 páginas señala que Cavazos sí cumple con los requisitos constitucionales y legales exigidos para ser magistrado, pero “no resulta idóneo para el desempeño del cargo”.
La comisión reporta que recibió un total de 181 opiniones sobre Cavazos tanto en forma física en sus oficinas como por correo electrónico, de las cuales, 157 fueron a favor y solo 24 en contra.
Esto a pesar de que Animal Político dio cuenta de dos cartas redactadas por organizaciones sociales que recabaron más de 600 firmas en contra. A una ellas, Fundación Arcoíris, le contestaron por correo que el presidente de la comisión, Eduardo Santillán, había ordenado no recibirlas porque solo venían los nombres e institución de las personas, sin su firma autógrafa.
Aunque el propio dictamen refiere que de las posiciones a favor, al menos 35 fueron sin firma ni datos de contacto.
Lo que sí toma en cuenta son las opiniones de la directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de personas Violadas (Adivac), Laura Martínez, y de la académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y exconsejera de la CNDH Olga Noriega, que se presentaron en la segunda audiencia del magistrado, el 10 de febrero, a exponer las pruebas que hay en su contra en la carpeta de investigación del caso.
El documento es claro en que ni la Comisión de Justicia ni el Congreso mismo se pronuncian sobre la investigación en contra de Cavazos, respetando la presunción de inocencia, pero que ante esa situación jurídica no puede desempeñarse en el cargo de magistrado.
“No es suficiente no tener una responsabilidad penal, sino tener una honorabilidad incuestionable y buena fama pública”, señala. “Si bien, es cierto no puede emitirse ningún pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del magistrado, también es cierto que considerando las opiniones que fueron recibidas y el tipo de cuestionamientos que se han generado, se concluye que está afectada su buena fama y su honorabilidad”.
El magistrado está denunciado desde el pasado 23 de septiembre por agresiones sexuales a sus hijas de entonces 5 y 6 años de edad, pero en los cinco meses que han pasado, el Ministerio Público no ha judicializado el caso, es decir, no ha pasado ante un juez que decida si lo vincula a proceso, a pesar de que las niñas han declarado ante autoridades, peritos en psicología y otras terapeutas que las están atendiendo, tanto públicas como privadas, que presuntamente sufrieron tocamientos por parte de su padre.
Cavazos y su abogado, Gabriel Regino, han argumentado que se trata de una falsa acusación de las niñas, manipuladas por su madre, de quien se divorció hace menos de un año y que quiere perjudicarlo a raíz de eso.
Pero activistas e incluso diputadas federales que conocen a la mamá de las niñas o han tenido acceso a datos de la carpeta de investigación, han señalado que más bien parece haber un conflicto de interés, derivado del cargo que hasta esta semana ostenta el magistrado, y que por ello se ha dilatado el proceso y no se ha actuado en su contra.
En el Congreso local, la decisión de la no ratificación se llevó hasta el último momento, en medio de esta polémica por la denuncia y los intentos del magistrado por defenderse, incluso pidiendo una segunda audiencia ante los diputados, además de la que marca el proceso de ratificación.
Aunque desde el 5 de febrero compareció y el proceso de recepción de opiniones cerraba el 13 de febrero, después de lo cual debía elaborarse el dictamen, el presidente de la comisión dejó pasar dos semanas hasta convocar a sus compañeros para presentarles el dictamen y discutirlo este miércoles 26.
Además, la diputada Leticia Estrada se quejó de que el dictamen se les hizo llegar hasta este miércoles a las 5 de la mañana. La decisión apenas tiene tiempo de pasar al pleno el jueves 27, ya que el viernes se cumplía el plazo de seis años del nombramiento de los magistrados, ocurrido el 28 de febrero de 2014, y no podrían seguir ejerciendo si no se aprobaba su ratificación.
Además de Cavazos, estaban en proceso de ratificación otros seis magistrados. Entre ellos, Patricia Gudiño, que en su ensayo presentado ante el Congreso propuso que se retome una figura llamada “alienación parental”, que ha sido mundialmente cuestionada y en la Ciudad de México se derogó como causal para quitar la patria potestad a uno de los padres en 2017, pero ella propuso que se reincorpore y sea motivo de cárcel si una madre o padre es acusado de manipular a sus hijos en contra del otro.
El magistrado Héctor Jiménez fue descartado desde el arranque de este proceso, tras su actuación en el caso de Abril Pérez Sagón, ya que avaló que se cambiaran las medidas cautelares que tenía su exesposo Juan Carlos N por golpearla con un bat mientras dormía y saliera libre, y semanas después Abril fue asesinada. En esta sesión también se votó unánimemente para confirmar su no ratificación.
