En los últimos cinco años autoridades estatales y municipales de Guanajuato, así como instituciones educativas y organismos autónomos han entregado contratos por 192 millones de pesos a Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), señaladas en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque son 171 empresas involucradas, el 90% del monto contratado se concentra en apenas nueve proveedores, principalmente del gobierno del estado.
Así lo reveló un análisis que hicieron ciudadanos acompañados de integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. El informe con los detalles de las presuntas empresas fantasma que han recibido múltiples contratos fue entregado a las autoridades que conforman el Comité Coordinador del Sistema, en el que se incluyen instancias como la Auditoría Superior del Estado (ASEG), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, aunque los titulares de estas dos últimas instancias no acudieron a la sesión donde se presentó la información.
A pesar de la ausencia de Marco Antonio Medina Torres, fiscal anticorrupción, y Marisol Ruenes Torres, secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, a la mesa donde se dio cuenta del informe que resultó de un trabajo de investigación de ciudadanos, los primeros en comprometerse a abrir investigaciones fueron los contralores representados en el Comité Coordinador, para revisar las empresas contratadas en cada municipio; mientras el auditor superior, Francisco Javier Pérez Salazar, se limitó a señalar que algunos de los proveedores ya fueron objeto de revisión por parte de la ASEG, pero dijo no recordar el resultado de las indagatorias.
Entre las empresas contratadas por las autoridades de Guanajuato se ubican dos ligadas a La Estafa Maestra, investigación periodística que reveló la contratación de empresas fantasma por parte de 11 dependencias del gobierno federal, a través de universidades públicas.
Tecmasat SA de CV y Grupo Industrial Maya son las dos empresas ligadas al desvío de recursos por 400 millones de dólares que destapó Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Tras presentar el informe a cada integrante del Comité Coordinador, máximo órgano del Sistema Estatal Anticorrupción, se acordó conformar una comisión que pueda dar puntual seguimiento al listado de presuntas empresas fantasma, al resultar boletinadas por el SAT.
Fernando Revilla Guerrero, presidente del Sistema Anticorrupción, adelantó que promoverán el fortalecimiento de las contralorías municipales, ante la amenaza de que puedan ser cooptadas por los gobiernos locales o por el crimen organizado.
Además, crearán una asociación civil para dar acompañamiento a los ciudadanos que quieran denunciar actos de corrupción.
Contrataciones
En junio de 2019, Margarita Ríos Farjat, entonces titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentó un informe donde ubicó a Guanajuato en el séptimo lugar a nivel nacional por el monto contratado a empresas que se presumen como fantasma.
La revisión presentada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción incluye a 35 entidades de Guanajuato que contrataron empresas con operaciones simuladas.
De los 192 millones de pesos contratados, 113 se concretaron después de que los proveedores aparecieran en la lista del SAT.
Distribución Profesional JOGA SA de CV tiene el 47% del monto total contratado a empresas con operaciones simuladas con 91 millones 689 mil pesos.
El gobierno de Guanajuato es el que tiene el mayor monto contratado con las empresas señaladas por el SAT con cerca de 142 millones de pesos; le sigue el municipio de San Miguel de Allende con 18.2 millones de pesos, en el tercer sitio esta el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) con 4.7 millones de pesos.
El análisis se realizó desde el 1 de enero de 2014, aunque en el 2018, año electoral, fue cuando el monto de contratación a empresas que se presumen fantasma se disparó.
Al respecto, el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Fernando Revilla, adelantó que una vez concluida la investigación que haga cada institución responsable de la fiscalización, se solicitará que se promuevan estrategias encaminadas a que el recurso público pagado a proveedores no se vaya a campañas políticas.
“A mí me gustaría tomar el análisis de políticas públicas en tema electoral para evitar que sea esta la razón (de los contratos a empresas que facturan operaciones simuladas), no prejuzgaría esto, pero sí es muy probable que en periodos electorales puedan existir este tipo de prácticas”.
Revilla también dio a conocer que el 99% de los contratos revisados en el informe son del 2014 al 2018; es decir, durante el sexenio de Miguel Márquez Márquez; solo el 1% corresponde a la actual administración estatal.
La Estafa Maestra presente en Guanajuato
El gobierno guanajuatense y el municipio de Dolores Hidalgo contrataron a Tecmasat SA de CV y Grupo Industrial Maya SA de CV, las dos empresas ligadas a La Estafa Maestra.
Por digitalizar imágenes a color, perforar y coser los legajos de las imágenes, Tecmasat SA de CV recibió múltiples contratos por 21.3 millones de pesos.
Grupo Industrial Maya fue contratada por el municipio de Dolores Hidalgo para obra y supervisión de obra por 2.5 millones de pesos durante el 2018.
Cuestionado sobre si no habían advertido la contratación de estas empresas, el auditor general Javier Pérez Salazar dijo desconocer si en los resultados de auditoría han señalado presuntas responsabilidades.
“Tecmasat sí me suena, creo que es la segunda que factura más en el informe. Creo que sí ha sido materia de revisión por parte de nosotros, sería cuestión de ver los informes de resultados para ver los resultados que obtuvieron”, sostuvo.
Según Pérez Salazar, uno de los primeros procesos que realizan es cruzar la información de los proveedores con el SAT, aunque es un listado cambiante por aquellas que solventan las observaciones que hace el Sistema de Administración Tributaria.
“Acabo de darle una revisada rápida a los documentos, hay empresas que sí han sido materia de revisión en procesos de fiscalización, que seguramente darán su resultado. Somos consumidores de la información”.
Incluso, el auditor general afirmó que cuando presumen alguna irregularidad por parte de las empresas se da cuenta al SAT.
“Entendamos que no todas son revisadas. Hay empresas que facturan 3 mil pesos… en términos de metodología nosotros desdeñamos en una de las variables las cantidades, no desplegamos una estructura de auditoría para montos relativamente menores, eso lo dejamos para que los órganos de control nos puedan apoyar”.
También comentó que toda la información sobre las empresas boletinadas por el SAT, y que ya fueron auditadas por ASEG, se dará a conocer a través de la comisión que se va a crear al interior del Comité Coordinador del Sistema para dar seguimiento a la denuncia.
Contralores anuncian investigaciones
Los cuatro contralores, uno por región, que forman parte del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción se comprometieron a compartir con cada órgano de control interno de los municipios el informe para que detecten a las empresas boletinadas por el SAT y las contrataciones que ha hecho la administración centralizada y los organismos municipales.
El primero en anunciar que se abrirá una investigación fue Guillermo Patiño, contralor del municipio de Irapuato, por la contratación de la empresa Arias Soluciones y Servicios Integrales, por el gobierno municipal.
Leopoldo Jiménez, contralor de León y presidente de la Alianza de Contralores del Estado, confirmó que a cada municipio le será entregado el informe para que inicie con las investigaciones, porque los archivos presentados por el Comité de Participación Ciudadana deben ser tomados en cuenta como denuncias.
Sin embargo, de los responsables de la auditoría y fiscalización de los recursos estatales no hubo pronunciamiento al respecto.
Contralorías en riesgo
Fernando Revilla, presidente del Comité Coordinador del Sistema, adelantó que están por crear un mecanismo para fortalecer a los órganos de control interno de los municipios, porque existen riesgos, principalmente en las contralorías de municipios con menos población y marcados por la violencia.
Entre los riesgos que han advertido está el que los funcionarios de los órganos de control puedan ser cooptados por los gobiernos municipales (a los que deben fiscalizar) o por el crimen organizado.
“En muchos municipios son capturados por las propias autoridades, o incluso, me imagino, por el crimen organizado que existe en las ciudades. Imagínense a un contralor que enfrente esta situación (la contratación de empresas fantasma) en un municipio como Villagrán. ¿Qué protección le damos?”.
Recordó que hace unos meses el contralor de Salamanca, Miguel Enrique Cordero Saucedo, fue víctima de un ataque. La camioneta oficial que le fue asignada por el gobierno municipal fue baleada cuando estaba estacionada afuera de su domicilio.
Revilla mencionó que se creará una asociación civil para denunciar los actos de corrupción que los ciudadanos documenten, para que tengan el acompañamiento legal.
