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Estafa Maestra: ni un día en el sexenio de EPN se dejaron de desviar recursos públicos

Al menos 41 dependencias y organismos del Gobierno Federal en el sexenio de EPN utilizaron a universidades y sistemas de televisión para presuntamente desviar 9 mil 605 mdp.
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23 de febrero, 2020
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Durante los seis años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto al menos 41 dependencias y organismos del Gobierno Federal utilizaron a universidades y sistemas de televisión para presuntamente desviar 9 mil 605 millones de pesos de recursos públicos, a través del esquema conocido como La Estafa Maestra.

Entre los involucrados están la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Pemex, Sedesol, Sagarpa, Sedatu; organismos como Cofepris, IMCINE, ISSSTE, Conagua, Conafor, Diconsa, CFE, el IMPI, el TRIFE, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto de Administración y Avalúos, y la banca de desarrollo como Bancomext, Banobras y Nafin, entre otros.

En sus informes de 2012 a 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que las dependencias del gobierno federal hicieron convenios con 35 universidades y sistemas públicos de radio y televisión, para hacer supuestos servicios de los cuales no hay pruebas de haberse realizado.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción dieron seguimiento a las auditorías de 2013 y 2014 y en la investigación periodística La Estafa Maestra revelaron que las empresas subcontratadas por las universidades eran ilegales o fantasma y, por lo tanto, el dinero público desapareció.

La investigación periodística fue publicada en 2017, pero las dependencias de gobierno continuaron con el mecanismo el año siguiente, según revela el informe de auditoría al último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, presentado el jueves pasado.

Los funcionarios públicos, rectores y directores de sistemas de medios no pararon el mecanismo ni siquiera por la veintena de denuncias penales interpuestas desde 2014 y hasta 2018 por la Auditoría ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, ninguna denuncia ha prosperado para llegar a una investigación y respectiva sentencia para castigar a los responsables del presunto fraude a las arcas públicas.

De más de una centena de funcionarios involucrados, solo Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, se encuentra en prisión como medida cautelar por supuestamente haber mentido en la dirección de su residencia. Pero en su caso ni siquiera se investiga la ruta del dinero para hallar a los artífices y beneficiarios del mecanismo, ya que sólo se le atribuye el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

La Estafa Maestra nunca paró

El primer caso de subcontratación de empresas ocurrió en 2011 con las obras del monumento Estela de Luz, en la que el gobierno había hecho un convenio con el TURISSSTE para que hiciera la obra y éste subcontrató a la empresa III Servicios, lo que derivó en sobrecosto y en una denuncia penal en 2012.

Sin embargo, la primera vez que se utilizó a una institución de educación fue en 2012, cuando el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Diconsa, Infotec, Sagarpa, Cofetel, FOVISSSTE, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el INEA y SUPERISSSTE, hicieron convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México para hacer supuestos servicios.

La Auditoría señaló que existía un probable daño al erario por 350 millones de pesos debido a que no se comprobó que los servicios de digitalización para el Conaculta realmente se hubiesen hecho. De ahí que interpuso una denuncia penal en 2014.

Sin embargo, el mecanismo siguió en marcha. En 2013 y 2014, 11 dependencias que incluyó a Pemex, Sedesol, Banobras, Comunicaciones y Transportes y hasta el INEA, hicieron convenios con ocho universidades públicas, y éstas subcontrataron a 186 empresas para supuestamente hacer los servicios.

La investigación periodística La Estafa Maestra incluyó la revisión de todas las empresas en ocho fuentes de información y descubrió que de ellas, 128 eran irregulares o fantasma, y aún así recibieron 3 mil millones de pesos de recursos públicos.

Pero el número ha ido en aumento debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sumado más empresas a su lista de compañías fantasma en los últimos meses por lo que el monto alcanza los 4 mil 613 millones de pesos de 144 empresas ilegales.

En las auditorías del resto de años del sexenio suman 4 mil 992 millones de pesos por aclarar, es decir, las dependencias y universidades deben explicar el destino final, toda vez que los servicios supuestamente pagados no existieron. Por ello es que del sexenio, entre lo detectado por la auditoría y la investigación periodística suman 9 mil 605 millones de pesos de presunto desvío.

Para el exauditor, Juan Manuel Portal, este mecanismo fue “un fraude”, toda vez que al revisar los supuestos servicios, detectaron que se trataban de documentos fabricados ex profeso y que había transferencias bancarias entre distintas empresas incluso sin contratos de por medio para dispersar recursos.

A esto se suma que las universidades cobraron un porcentaje del total de dinero recibido. De acuerdo con la investigación periodística, sólo las ocho universidades involucradas en 2013 y 2014 ganaron mil millones de pesos en este esquema, lo que significa en sí mismo un sobrecosto por los servicios, aún cuando se hubiesen hecho puesto que las instituciones subcontrataron a empresas.

Uno de los ejemplos está en la Universidad Autónoma del Estado de México que recibió 223 millones 87 mil pesos del FOVISSSTE por cinco convenios para supuestamente “rediseñar” o simplificar los procesos de atención a derechohabientes.

Pero la universidad no tenía la capacidad de dar el servicio, así que contrató a Interamericana de Negocios y Comercio, S. A. de C. V., que en realidad se dedica —según su acta constitutiva— a la venta de zapatos. A esta empresa le dio 15 millones 389 mil pesos.

También contrató a otras tres empresas —Icalma Servicios y Consultoría, S. A. de C. V., Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos, S. A. de C. V. y Evyena Servicios, S. A. de C. V.— investigadas por el SAT por hacer operaciones irregulares; y a tres más que no están registradas ante la Secretaría de Economía.

Y la Sedesol, por ejemplo, para hacer servicios de repartición de medio millón de despensas, la organización de eventos y comprobación de sobrevivencia de beneficiarios de programas sociales, hizo convenios con las Autónomas del Estado de México y de Morelos, pero éstas subcontrataron a empresas, que a su vez dispersaron recursos en una veintena de empresas y éstas entregaron 698 millones de pesos a una última.

Y en 2018… también

La Secretaría de Educación Pública es una de las dependencias que tuvo este tipo de convenios durante 2013, 2016 y 2018. Previo a la publicación de La Estafa Maestra, la dependencia envió una respuesta a este medio en agosto de 2017 advirtiendo que el entonces titular, Aurelio Nuño había instruido la suspensión de este tipo de convenios.

Sin embargo, en el más reciente informe de la Auditoría, la SEP nuevamente hizo convenios con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Politécnica de Sinaloa.

En el primer caso fue para mantenimiento a las “telecomunicaciones y servidores; así como el aprovisionamiento de equipo para infraestructura de servidores para el procesamiento de datos, almacenamiento, virtualización y respaldos”, pero la universidad “subcontrató a una persona moral por 17 millones de pesos, de la cual se presentaron los contratos suscritos con 23 personas físicas, así como igual número de los informes de dichas personas, detectándose que las firmas contenidas en ambos documentos son distintas aun cuando son las misma persona”, dice la auditoría.

En la segunda universidad, supuestamente harían capacitación docente, pero la Auditoría detectó que “no se presentó evidencia” de que las actividades se hubiesen realizado.

En 2018 también se sumaron la Universidad Politécnica de Huatsuco que hizo convenios con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto de Administración y Avalúos y por lo que se presume un probable daño al erario por 91 millones de pesos.

La Universidad Autónoma de Chapingo tuvo convenios con la Conafor, Diconsa y Sagarpa que suman 35 millones de pesos por aclarar y el Instituto Tecnológico Superior de Casamaloapan que deben aclarar el destino de 282 millones de pesos de los convenios con Capufe, Cofepris, Sedatu, Conagua y Bancomext.

El nuevo gobierno sigue con la misma ley

La realización de convenios entre dependencias y universidades es legal. Se trata de una excepción en la contratación de servicios previsto en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, pues al firmar convenios entre entes de la administración pública para prestarse servicios entre sí de manera directa y evitar las licitaciones.

El único ‘candado’ es que la parte contratada, las universidades en este caso, no puede subcontratar a terceros por más del 49% de los recursos que recibe de las secretarías de Estado. Sin embargo, en los 70 convenios analizados en La Estafa Maestra, las universidades violaron el artículo 1 de la ley de adquisiciones, y subcontrataron a empresas por más del 90% de los recursos para quedarse con el 10% como ‘comisión’, lo que les supuso, además, ganancias por mil millones de pesos solo por hacer de ‘puente’ con las compañías.

Ninguno de los convenios fraudulentos fue firmado por los titulares de las 11 secretarías de gobierno donde se produjeron los desvíos millonarios a empresas fantasma. Esto ha sido utilizado constantemente por secretarios de Estado como Rosario Robles, quien dirigió Sedesol, primero, y ahora está en la Sedatu, para deslindarse de responsabilidades en los desvíos señalados en ambas dependencias por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Por ello, en septiembre de 2018, los senadores Ricardo Monreal Ávila y Freyda Marybel Villegas Canché plantearon una reforma a la Ley de Adquisiciones para que este tipo de convenios fuesen firmados por los titulares de las dependencias, con lo cual asumirían toda la responsabilidad ante posibles desvíos o malos manejos de recursos públicos.

Sin embargo, dicha iniciativa quedó en la congeladora, igual que la propuesta por el senador perredista, Juan Manuel Fócil Pérez, que incluso fue más allá y propuso la eliminación de la excepción.

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El país que rechaza la vacuna contra la COVID-19 y dice que "no hay coronavirus"

El gobierno de Tanzania lleva meses insistiendo en que el país está libre de covid-19, por lo que no hay planes de vacunación. La BBC habló con una familia que lamenta la muerte de un hombre que pudo haber tenido la enfermedad.
8 de febrero, 2021
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Una semana después de que Peter (no es su verdadero nombre) llegara a casa del trabajo con tos seca y sin sentido del gusto, lo llevaron al hospital. Murió en cuestión de horas.

No le habían hecho la prueba de COVID. Y según el gobierno de Tanzania, que lleva meses sin publicar datos sobre el coronavirus, el país está “libre de COVID-19″.

En este país de África Oriental hay pocas pruebas y tampoco hay planes para un programa de vacunación.

Es casi imposible calcular el verdadero alcance del virus y solo una pequeña cantidad de personas pueden hablar oficialmente sobre el tema.

Pero declaraciones públicas recientes insinúan una realidad diferente a la presentada por el gobierno, en un momento en que algunos ciudadanos, como la esposa de Peter, lamentan en silencio la muerte de miembros de la familia sospechosos de haber tenido el virus.

funcionarios de Tanzania

BBC
La ministra de Salud, Dorothy Gwajima (centro), dio una conferencia de prensa para demostrar cómo hacer un batido de verduras que, según dijo, sin proporcionar pruebas, protegería contra el coronavirus.

Varias familias de Tanzania han tenido experiencias similares pero han optado por no hablar, por temor a represalias del gobierno.

Mientras tanto, el gobierno británico ha prohibido la entrada en el país a todos los viajeros que lleguen desde Tanzania, y Estados Unidos advirtió que no se viaje al país debido al coronavirus.

Una campaña negacionista

Desde junio del año pasado, cuando el presidente John Magufuli declaró el país “libre de COVID-19”, él y otros altos funcionarios del gobierno se han burlado de la eficacia de las mascarillas, cuestionado que las pruebas de detección funcionen y se han reído de países vecinos, que han impuesto medidas sanitarias para frenar el virus.

Magufuli también advirtió, sin proporcionar ninguna evidencia, que las vacunas contra el coronavirus podrían ser dañinas y, en cambio, instó a los tanzanos a usar la inhalación de vapor y medicamentos a base de hierbas, ninguno de los cuales ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como tratamiento.

El presidente Magufuli

Reuters
El presidente Magufuli es un escéptico del coronavirus y las vacunas.

No está claro por qué el presidente ha expresado tanto escepticismo sobre las vacunas, pero recientemente dijo que los tanzanos no deberían ser utilizados como “conejillos de indias”.

“Si el hombre blanco pudo inventar las vacunas, ya debería haber encontrado una vacuna para el sida, el cáncer y la tuberculosis“, dijo Magufuli, quien a menudo se presenta a sí mismo como un oponente al imperialismo occidental.

La OMS no está de acuerdo

“Las vacunas funcionan y animo al gobierno a prepararse para una campaña de vacunación contra la COVID”, dijo el Doctor Matshidiso Moeti, director para África de la OMS.

El médico agregó que la organización está lista para apoyar al país.

Cabina de inhalación de vapor

AFP
Las autoridades dicen a los tanzanos, sin proporcionar pruebas, que el vapor les ayuda a protegerse contra el coronavirus.

Pero la ministra de Salud, Dorothy Gwajima, reiteró la postura de Magufuli sobre las vacunas, y agregó que el ministerio tenía “su propio procedimiento sobre cómo recibir los medicamentos, y lo hacemos tras estar satisfechos con el producto”.

Hizo esos comentarios en una rueda de prensa esta semana en la que un funcionario demostró cómo hacer un batido con jengibre, cebollas, limones y pimienta; una bebida que ayudaría a prevenir la contagio del coronavirus, dijeron sin proporcionar pruebas.

“Debemos mejorar nuestra higiene personal, lavarnos las manos con agua corriente y jabón, usar pañuelos, vapor de hierbas, hacer ejercicio, comer alimentos nutritivos, beber mucha agua y remedios naturales con los que está dotada nuestra nación“, insistió Gwajima.

Pero esto, dijo, no porque el virus esté en el país. Los tanzanos deben estar preparados porque el virus está “asolando” a los países vecinos, acotó.

Escepticismo

Algunos médicos del país se muestran escépticos sobre la postura del gobierno.

“El problema aquí es que el gobierno les está diciendo a los tanzanos que la mezcla de vegetales, que tiene beneficios nutricionales, es todo lo que necesitan para mantener a raya al coronavirus, pero no es el caso”, le dijo a la BBC un médico local que habló de forma anónima, y agregó que la gente debe tomar precauciones contra el virus.

Pero la doctora Gwajima, el presidente y otros tres altos funcionarios son los únicos que pueden dar información sobre la COVID-19 en el país, según una directiva de Magufuli.

En una medida sin precedentes, sin embargo, los líderes de la Iglesia católica en el país rompieron su silencio recientemente y advirtieron al público que cumpla las medidas de salud para frenar la propagación del virus.

“La COVID no ha terminado, está aquí. No seamos imprudentes, tenemos que protegernos, lavarnos las manos con agua y jabón. También tenemos que volver a usar mascarillas”, dijo Yuda Thadei Ruwaichi, obispo de Dar es Salaam, la ciudad más poblada de Tanzania.

El secretario de la Conferencia Episcopal de Tanzania, Charles Kitima, le dijo a BBC que la iglesia ha observado un aumento en los servicios funerarios en las áreas urbanas.

Un oficial de seguridad dispensa agua clorada a un pasajero en el Hospital Nacional Muhimbili en Dar es Salaam.

AFP
Los funcionarios fomentan el lavado de manos y un estilo de vida saludable para prevenir las infecciones por coronavirus, pero niegan que haya infecciones en el país.

“Estábamos acostumbrados a tener una o dos misas de réquiem por semana en parroquias urbanas, pero ahora tenemos ceremonias diarias. Definitivamente, algo anda mal“, dijo.

La ministro de Salud dijo que ese tipo de declaraciones son alarmistas. La falta de datos oficiales hace que sea difícil que haya una discusión pública informada.

“Usen mascarillas – y no solo por el coronavirus”

No obstante, el gobierno de Tanzania no niega por completo el coronavirus. Hubo momentos en los que incluso pareció reconocer que el virus podría existir en el país.

En enero, días después de que Dinamarca informara que dos de sus ciudadanos que visitaron Tanzania dieron positivo por la variante sudafricana más transmisible del virus, Magufuli culpó a los tanzanos que viajan al extranjero por “importar un nuevo y extraño coronavirus.

Mchembe visitando pacientes

Ministerio de Salud de Tanzania/ Twitter
Mabula Mchembe (dcha.), del Ministerio de Salud, dijo que los pacientes del país con problemas respiratorios no tienen covid-19.

Después de visitar dos hospitales, Mabula Mchembe, secretario permanente del Ministerio de Salud, dijo que los pacientes con problemas respiratorios padecían hipertensión, insuficiencia renal o asma, en lugar de coronavirus.

Pero una declaración posterior en la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud de que “no todos los pacientes ingresados en el hospital tienen coronavirus”, dio a entender que había algunos entonces que sí tenían el virus.

El viernes se informó en el sitio de noticias Mwananchi que Mchembe alentó a la gente a usar mascarillas “no por el coronavirus, como algunos piensan, sino para prevenir enfermedades respiratorias”.

Pero un hecho que ha complicado la posición del gobierno es el anuncio público del partido de la oposición ACT Wazalendo de que uno de sus altos funcionarios, Seif Sharif Hamad, y su esposa, dieron positivo del virus.

El gobierno no ha hecho declaraciones públicas sobre la condición de Hamad, ni ha respondido a las repetidas solicitudes de comentarios de la BBC para este artículo.

El líder opositor tanzano Maalim Seif Sharif Hamad (izq.) tomando precauciones en su saludo para evitar la dispersión del virus en Zanzíbar, Tanzania, el 3 de marzo de 2020.

AFP
El líder opositor tanzano Maalim Seif Sharif Hamad (izq.) saludando con el pie en Zanzíbar, Tanzania, el 3 de marzo de 2020.

El 21 de enero, el día en que Peter comenzó a sentirse mal, una noticia local cobró mucha repercusión en todo el país.

Los administradores de una conocida escuela internacional se retractaron de un comunicado en el que anunciaron que no ofrecerían más clases físicas a uno de sus grupos porque un estudiante dio positivo en coronavirus.

La retractación se produjo después de que la dirección se reuniera con las autoridades gubernamentales de la región, informó el sitio de noticias The Citizen.

La escuela dijo que lamentaba la “circulación de información falsa” y que continuaría con las operaciones con normalidad.

Esta sensación de seguir adelante como si nada hubiera ocurrido es lo que el gobierno ha estado alentando, pero la esposa de Peter se lamenta de que, como tanto otros tanzanos, ella y su difunto esposo no tomaran precauciones para protegerse.

Su falta de cautela no sorprende, dado que el presidente y otros altos funcionarios del gobierno han enfatizado continuamente que “no hay coronavirus en el país.


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