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Estafa Maestra: ni un día en el sexenio de EPN se dejaron de desviar recursos públicos

Al menos 41 dependencias y organismos del Gobierno Federal en el sexenio de EPN utilizaron a universidades y sistemas de televisión para presuntamente desviar 9 mil 605 mdp.
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23 de febrero, 2020
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Durante los seis años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto al menos 41 dependencias y organismos del Gobierno Federal utilizaron a universidades y sistemas de televisión para presuntamente desviar 9 mil 605 millones de pesos de recursos públicos, a través del esquema conocido como La Estafa Maestra.

Entre los involucrados están la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Pemex, Sedesol, Sagarpa, Sedatu; organismos como Cofepris, IMCINE, ISSSTE, Conagua, Conafor, Diconsa, CFE, el IMPI, el TRIFE, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto de Administración y Avalúos, y la banca de desarrollo como Bancomext, Banobras y Nafin, entre otros.

En sus informes de 2012 a 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que las dependencias del gobierno federal hicieron convenios con 35 universidades y sistemas públicos de radio y televisión, para hacer supuestos servicios de los cuales no hay pruebas de haberse realizado.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción dieron seguimiento a las auditorías de 2013 y 2014 y en la investigación periodística La Estafa Maestra revelaron que las empresas subcontratadas por las universidades eran ilegales o fantasma y, por lo tanto, el dinero público desapareció.

La investigación periodística fue publicada en 2017, pero las dependencias de gobierno continuaron con el mecanismo el año siguiente, según revela el informe de auditoría al último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, presentado el jueves pasado.

Los funcionarios públicos, rectores y directores de sistemas de medios no pararon el mecanismo ni siquiera por la veintena de denuncias penales interpuestas desde 2014 y hasta 2018 por la Auditoría ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, ninguna denuncia ha prosperado para llegar a una investigación y respectiva sentencia para castigar a los responsables del presunto fraude a las arcas públicas.

De más de una centena de funcionarios involucrados, solo Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, se encuentra en prisión como medida cautelar por supuestamente haber mentido en la dirección de su residencia. Pero en su caso ni siquiera se investiga la ruta del dinero para hallar a los artífices y beneficiarios del mecanismo, ya que sólo se le atribuye el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

La Estafa Maestra nunca paró

El primer caso de subcontratación de empresas ocurrió en 2011 con las obras del monumento Estela de Luz, en la que el gobierno había hecho un convenio con el TURISSSTE para que hiciera la obra y éste subcontrató a la empresa III Servicios, lo que derivó en sobrecosto y en una denuncia penal en 2012.

Sin embargo, la primera vez que se utilizó a una institución de educación fue en 2012, cuando el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Diconsa, Infotec, Sagarpa, Cofetel, FOVISSSTE, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el INEA y SUPERISSSTE, hicieron convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México para hacer supuestos servicios.

La Auditoría señaló que existía un probable daño al erario por 350 millones de pesos debido a que no se comprobó que los servicios de digitalización para el Conaculta realmente se hubiesen hecho. De ahí que interpuso una denuncia penal en 2014.

Sin embargo, el mecanismo siguió en marcha. En 2013 y 2014, 11 dependencias que incluyó a Pemex, Sedesol, Banobras, Comunicaciones y Transportes y hasta el INEA, hicieron convenios con ocho universidades públicas, y éstas subcontrataron a 186 empresas para supuestamente hacer los servicios.

La investigación periodística La Estafa Maestra incluyó la revisión de todas las empresas en ocho fuentes de información y descubrió que de ellas, 128 eran irregulares o fantasma, y aún así recibieron 3 mil millones de pesos de recursos públicos.

Pero el número ha ido en aumento debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sumado más empresas a su lista de compañías fantasma en los últimos meses por lo que el monto alcanza los 4 mil 613 millones de pesos de 144 empresas ilegales.

En las auditorías del resto de años del sexenio suman 4 mil 992 millones de pesos por aclarar, es decir, las dependencias y universidades deben explicar el destino final, toda vez que los servicios supuestamente pagados no existieron. Por ello es que del sexenio, entre lo detectado por la auditoría y la investigación periodística suman 9 mil 605 millones de pesos de presunto desvío.

Para el exauditor, Juan Manuel Portal, este mecanismo fue “un fraude”, toda vez que al revisar los supuestos servicios, detectaron que se trataban de documentos fabricados ex profeso y que había transferencias bancarias entre distintas empresas incluso sin contratos de por medio para dispersar recursos.

A esto se suma que las universidades cobraron un porcentaje del total de dinero recibido. De acuerdo con la investigación periodística, sólo las ocho universidades involucradas en 2013 y 2014 ganaron mil millones de pesos en este esquema, lo que significa en sí mismo un sobrecosto por los servicios, aún cuando se hubiesen hecho puesto que las instituciones subcontrataron a empresas.

Uno de los ejemplos está en la Universidad Autónoma del Estado de México que recibió 223 millones 87 mil pesos del FOVISSSTE por cinco convenios para supuestamente “rediseñar” o simplificar los procesos de atención a derechohabientes.

Pero la universidad no tenía la capacidad de dar el servicio, así que contrató a Interamericana de Negocios y Comercio, S. A. de C. V., que en realidad se dedica —según su acta constitutiva— a la venta de zapatos. A esta empresa le dio 15 millones 389 mil pesos.

También contrató a otras tres empresas —Icalma Servicios y Consultoría, S. A. de C. V., Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos, S. A. de C. V. y Evyena Servicios, S. A. de C. V.— investigadas por el SAT por hacer operaciones irregulares; y a tres más que no están registradas ante la Secretaría de Economía.

Y la Sedesol, por ejemplo, para hacer servicios de repartición de medio millón de despensas, la organización de eventos y comprobación de sobrevivencia de beneficiarios de programas sociales, hizo convenios con las Autónomas del Estado de México y de Morelos, pero éstas subcontrataron a empresas, que a su vez dispersaron recursos en una veintena de empresas y éstas entregaron 698 millones de pesos a una última.

Y en 2018… también

La Secretaría de Educación Pública es una de las dependencias que tuvo este tipo de convenios durante 2013, 2016 y 2018. Previo a la publicación de La Estafa Maestra, la dependencia envió una respuesta a este medio en agosto de 2017 advirtiendo que el entonces titular, Aurelio Nuño había instruido la suspensión de este tipo de convenios.

Sin embargo, en el más reciente informe de la Auditoría, la SEP nuevamente hizo convenios con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Politécnica de Sinaloa.

En el primer caso fue para mantenimiento a las “telecomunicaciones y servidores; así como el aprovisionamiento de equipo para infraestructura de servidores para el procesamiento de datos, almacenamiento, virtualización y respaldos”, pero la universidad “subcontrató a una persona moral por 17 millones de pesos, de la cual se presentaron los contratos suscritos con 23 personas físicas, así como igual número de los informes de dichas personas, detectándose que las firmas contenidas en ambos documentos son distintas aun cuando son las misma persona”, dice la auditoría.

En la segunda universidad, supuestamente harían capacitación docente, pero la Auditoría detectó que “no se presentó evidencia” de que las actividades se hubiesen realizado.

En 2018 también se sumaron la Universidad Politécnica de Huatsuco que hizo convenios con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto de Administración y Avalúos y por lo que se presume un probable daño al erario por 91 millones de pesos.

La Universidad Autónoma de Chapingo tuvo convenios con la Conafor, Diconsa y Sagarpa que suman 35 millones de pesos por aclarar y el Instituto Tecnológico Superior de Casamaloapan que deben aclarar el destino de 282 millones de pesos de los convenios con Capufe, Cofepris, Sedatu, Conagua y Bancomext.

El nuevo gobierno sigue con la misma ley

La realización de convenios entre dependencias y universidades es legal. Se trata de una excepción en la contratación de servicios previsto en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, pues al firmar convenios entre entes de la administración pública para prestarse servicios entre sí de manera directa y evitar las licitaciones.

El único ‘candado’ es que la parte contratada, las universidades en este caso, no puede subcontratar a terceros por más del 49% de los recursos que recibe de las secretarías de Estado. Sin embargo, en los 70 convenios analizados en La Estafa Maestra, las universidades violaron el artículo 1 de la ley de adquisiciones, y subcontrataron a empresas por más del 90% de los recursos para quedarse con el 10% como ‘comisión’, lo que les supuso, además, ganancias por mil millones de pesos solo por hacer de ‘puente’ con las compañías.

Ninguno de los convenios fraudulentos fue firmado por los titulares de las 11 secretarías de gobierno donde se produjeron los desvíos millonarios a empresas fantasma. Esto ha sido utilizado constantemente por secretarios de Estado como Rosario Robles, quien dirigió Sedesol, primero, y ahora está en la Sedatu, para deslindarse de responsabilidades en los desvíos señalados en ambas dependencias por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Por ello, en septiembre de 2018, los senadores Ricardo Monreal Ávila y Freyda Marybel Villegas Canché plantearon una reforma a la Ley de Adquisiciones para que este tipo de convenios fuesen firmados por los titulares de las dependencias, con lo cual asumirían toda la responsabilidad ante posibles desvíos o malos manejos de recursos públicos.

Sin embargo, dicha iniciativa quedó en la congeladora, igual que la propuesta por el senador perredista, Juan Manuel Fócil Pérez, que incluso fue más allá y propuso la eliminación de la excepción.

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Por qué ahora menos mexicanos están regresando a su país desde EU

Por primera vez en más de una década, los mexicanos que están regresando a su país luego de vivir en EU. son menos que los que están migrando. ¿Es el fin de la llamada "migración cero"?
1 de septiembre, 2021
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Hasta hace no mucho, la tendencia era que más migrantes mexicanos regresaban a su país desde Estados Unidos que los que iban a buscar el “sueño americano”.

El fenómeno fue llamado migración “cero” (las cifras incluso estaban por debajo de cero), pues la balanza se mantenía más cargada del lado del regreso de los mexicanos.

Pero eso podría estar cambiando.

El centro de estudios Pew Research Center (PRC) mostró que cada vez menos migrantes mexicanos vuelven a su tierra, mientras que los que migran al país del norte siguen haciéndolo en un número constante.

“Lo más reciente que vimos es que el retorno cayó. Volvió a niveles que habíamos visto más o menos de 1995 a 2000“, explica a BBC Mundo Ana González Barrera, autora del estudio del PRC publicado en julio.

“Y entonces, aunque no ha subido la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, el número que se han regresado se detuvo. Y esto hizo que el flujo se volviera otra vez positivo. No había estado en números positivos desde hace más de una década“, señala.

Los cambios en la migración de mexicanos hacia/desde EE.UU.. La migración "cero" se sostuvo en el periodo de 2005 a 2014. Algunos años y periodos no son contados, o se sobreponen, debido a cómo se registra la migración en ambos países y la información disponible..

Sin embargo, para la investigadora sobre migración Luciana Gandini, de la Universidad Nacional Autónoma de México, los números aún no muestran que la migración “cero” esté finalizando.

Pero sí hay políticas más duras de EE.UU. que están deteniendo a los mexicanos migrantes en la frontera.

“Ese nivel de control fronterizo es el que está evitando el cruce de flujos de diverso tipo hacia EE.UU.”

¿Por qué se dio la migración “cero”?

Antonio Villanueva es uno de los cientos de miles de mexicanos que en la década pasada contribuyeron al fenómeno de la migración “cero”.

El hombre de 46 años, originario de Michoacán, llegó en 1998 al estado de Colorado y regresó a México en 2010, cuando el empleo en la rama de la construcción fue uno de los más golpeados por la crisis económica de 2008.

“No había nada. Todas las cuadrillas estaban paradas. (…) Yo andaba solo, no traje familia, así que pare mí fue más fácil la decisión de volver ”, explica a BBC Mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=bvQq8iw2ghM&pp=sAQA

En las últimas dos décadas, la gran afluencia hacia el norte desde México fue decayendo e incluso tuvo un efecto inverso: en el periodo de 2005 a 2014 más mexicanos volvieron a su país que los que se fueron.

A eso se le consideró una migración “cero”, o “menos de cero”.

“El máximo de retornados a México desde EE.UU. fue sobre todo en el periodo entre 2005 y 2010, siendo el principal factor de esos años la pérdida de empleos derivada de la gran recesión de 2007 y 2008”, explica González Barrera.

La crisis económica de esos años afectó sectores que emplean a muchos mexicanos, entre ellos la agricultura y la construcción.

porcentaje de mexicanos en las industrias estadounidenses

Cecilia Tombesi / BBC

Pero también el endurecimiento de las leyes y estrategias migratorias generaron más deportaciones y detenciones, lo que desincentivó el cruce.

Villanueva, que había regresado a México en 2010, dice que se volvió a EE.UU. “en los tiempos de las autodefensas en Tierra Caliente”, un periodo de violencia en el estado de Michoacán en 2012.

“Batallé bastante en la frontera. Estuve cinco o seis meses en Matamoros porque estaba difícil cruzar”, explica el hombre que ahora vive en el sur de Florida.

Los controles fronterizos y las deportaciones en la época de Barack Obama inhibieron la migración mexicana hacia EE.UU., según el PRC.

Agentes de la patrulla fronteriza y un migrante

Reuters
EE.UU. ha incrementado su seguridad fronteriza más que nunca en las últimas dos décadas.

Sin embargo, también hubo en México factores demográficos que alteraron la balanza de la histórica migración mexicana al país vecino.

La población mexicana ha envejecido en su conjunto, lo que ha movido la fuerza laboral: ya no hay tantos jóvenes que necesitan las mejores oportunidades laborales que ofrece EE.UU., como en la segunda mitad del siglo XX.

Y las necesidades familiares ya no son las mismas: “Antes, en una familia de nueve personas, dos o tres de ellos vendrían, por ejemplo. Y ahora hay familias de 4 personas, incluyendo papás, por lo que no hay tantas personas dispuestas a hacer el viaje”, dice González Barrera.

Si bien la mayoría de migrantes retornados entrevistados a su retorno a México dijeron que volvían para reunificar la familia, tanto Gandini como González Barrera dicen que esa respuesta no suele ser el motivo único o principal.

¿Por qué los mexicanos vuelven a su país?. Principales motivos (%). .

De forma similar ocurre en el sentido inverso: “La gente que se quiere ir de México no solo es por un tema económico, es por la persecución del narco, por las violencias institucionales, por el crimen organizado. Querer salir de las comunidades tiene que ver con una situación mucho más compleja, quizás, que hace una o dos décadas atrás”, dice Gandini.

¿Qué está pasando ahora?

En Estados Unidos viven unos 47 millones de inmigrantes no nacidos en ese país (de 329 millones de habitantes), de los cuales una cuarta parte son de origen mexicano.

Ese número ha sido históricamente tan grande producto de lo que el PRC llama “una de las migraciones masivas más grandes de la historia moderna”: unos 16 millones entre 1965 y 2015.

Según el cambio visto por el PRC entre 2013 y 2018, en ese periodo unos 870.000 mexicanos migraron a EE.UU., pero solo 710.000 optaron por regresar, una diferencia de 160.000 a favor de la migración.

¿Por qué los mexicanos emigran a otro país?. Principales motivos (%). .

“Esto hizo que el flujo se volviera otra vez positivo, que no había estado en números positivos desde hace más de una década. Pero sigue estando a niveles muy bajos históricamente”, añade.

Para Gandini, sin embargo, 27.000 migrantes por año entre 2013 y 2018 (lo que da el número aproximado de 160.000) es una cifra muy pequeña: “En la época de oro o de bonanza de la migración, esos números rondaban alrededor del medio millón por año”.

“Entonces todavía estamos lejísimos de lo que era el patrón migratorio tradicional de México a Estados Unidos”, añade.

Además, en los últimos años los mexicanos han tenido mayores oportunidades de migrar legalmente a través de las visas de trabajo temporales que benefician tanto a trabajadores agrícolas como a profesionales, parte de los acuerdos de libre comercio.

La frontera de Tijuana

Getty Images
Hoy más mexicanos pueden entrar a EE.UU. legalmente que en las décadas pasadas.

“Sí nos hemos dado cuenta que en años recientes más mexicanos están aquí con un estatus legal que antes. Ahora la mayoría de mexicanos o más de la mitad está aquí con un estatus legal y antes, la década pasada, era al revés. La mayoría estaba con un estatus no autorizado”, dice González Barrera.

Un futuro incierto en la balanza

Para Antonio Villanueva, volver a México como lo hizo en 2010 está para “pensarse dos veces”.

“Con todo lo que ha habido con (el presidente Donald) Trump, está más caro y más difícil sobre todo regresar si las cosas no salen bien allá en Michoacán”, dice.

Estudios del PRC y otras instituciones estadounidenses señalan que la mejora de la economía en México es un incentivo para el retorno de mexicanos. Villanueva dice que sí hay mejores condiciones que cuando se fue la primera vez en 1998, “pero no tanto”.

Planta de producción automotriz en México

Getty Images
El empleo manufacturero en México, como las plantas automotrices, han dado oportunidades a los mexicanos.

Gandini explica que las cifras no muestran una mejora económica en México. La pobreza en 2008 y 2018 era prácticamente la misma (49%), así como el empleo informal (48%-52%).

“Las condiciones de origen están igual o peor, depende cómo se lo mire”, dice.

En los últimos años, los mexicanos siguen intentando emigrar a EE.UU. pero se han encontrado con políticas como la “deportación exprés” instaurada en el gobierno de Trump.

“La detención tenía una duración de 96 minutos. Imagínate lo que implica esto, que no te alcanzan ni a preguntar el nombre”, dice Gandini.

“Y eso hace que no puedas contabilizar ese flujo porque la gente no cruza, o cruza pero es deportada inmediatamente. Entonces no puedes medir esa cantidad de personas”.

Gráfico de detenciones en la frontera EE.UU.-México

BBC

González Barrera coincide en que no es claro qué pasará con la balanza de la migración, si seguirá siendo positiva hacia los cruces a EE.UU. o se mantendrá en la tendencia “cero”.

“Los últimos datos del lado mexicano muestran que el retorno de mexicanos sigue a la baja hasta 2020. Y es probable que sigamos viendo la misma tendencia hasta antes de la pandemia, que cambió muchas cosas”, señala.


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