Ni un día en sexenio de EPN se dejaron de desviar recursos
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Estafa Maestra: ni un día en el sexenio de EPN se dejaron de desviar recursos públicos

Al menos 41 dependencias y organismos del Gobierno Federal en el sexenio de EPN utilizaron a universidades y sistemas de televisión para presuntamente desviar 9 mil 605 mdp.
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23 de febrero, 2020
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Durante los seis años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto al menos 41 dependencias y organismos del Gobierno Federal utilizaron a universidades y sistemas de televisión para presuntamente desviar 9 mil 605 millones de pesos de recursos públicos, a través del esquema conocido como La Estafa Maestra.

Entre los involucrados están la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Pemex, Sedesol, Sagarpa, Sedatu; organismos como Cofepris, IMCINE, ISSSTE, Conagua, Conafor, Diconsa, CFE, el IMPI, el TRIFE, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto de Administración y Avalúos, y la banca de desarrollo como Bancomext, Banobras y Nafin, entre otros.

En sus informes de 2012 a 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que las dependencias del gobierno federal hicieron convenios con 35 universidades y sistemas públicos de radio y televisión, para hacer supuestos servicios de los cuales no hay pruebas de haberse realizado.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción dieron seguimiento a las auditorías de 2013 y 2014 y en la investigación periodística La Estafa Maestra revelaron que las empresas subcontratadas por las universidades eran ilegales o fantasma y, por lo tanto, el dinero público desapareció.

La investigación periodística fue publicada en 2017, pero las dependencias de gobierno continuaron con el mecanismo el año siguiente, según revela el informe de auditoría al último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, presentado el jueves pasado.

Los funcionarios públicos, rectores y directores de sistemas de medios no pararon el mecanismo ni siquiera por la veintena de denuncias penales interpuestas desde 2014 y hasta 2018 por la Auditoría ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, ninguna denuncia ha prosperado para llegar a una investigación y respectiva sentencia para castigar a los responsables del presunto fraude a las arcas públicas.

De más de una centena de funcionarios involucrados, solo Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, se encuentra en prisión como medida cautelar por supuestamente haber mentido en la dirección de su residencia. Pero en su caso ni siquiera se investiga la ruta del dinero para hallar a los artífices y beneficiarios del mecanismo, ya que sólo se le atribuye el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

La Estafa Maestra nunca paró

El primer caso de subcontratación de empresas ocurrió en 2011 con las obras del monumento Estela de Luz, en la que el gobierno había hecho un convenio con el TURISSSTE para que hiciera la obra y éste subcontrató a la empresa III Servicios, lo que derivó en sobrecosto y en una denuncia penal en 2012.

Sin embargo, la primera vez que se utilizó a una institución de educación fue en 2012, cuando el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Diconsa, Infotec, Sagarpa, Cofetel, FOVISSSTE, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el INEA y SUPERISSSTE, hicieron convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México para hacer supuestos servicios.

La Auditoría señaló que existía un probable daño al erario por 350 millones de pesos debido a que no se comprobó que los servicios de digitalización para el Conaculta realmente se hubiesen hecho. De ahí que interpuso una denuncia penal en 2014.

Sin embargo, el mecanismo siguió en marcha. En 2013 y 2014, 11 dependencias que incluyó a Pemex, Sedesol, Banobras, Comunicaciones y Transportes y hasta el INEA, hicieron convenios con ocho universidades públicas, y éstas subcontrataron a 186 empresas para supuestamente hacer los servicios.

La investigación periodística La Estafa Maestra incluyó la revisión de todas las empresas en ocho fuentes de información y descubrió que de ellas, 128 eran irregulares o fantasma, y aún así recibieron 3 mil millones de pesos de recursos públicos.

Pero el número ha ido en aumento debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sumado más empresas a su lista de compañías fantasma en los últimos meses por lo que el monto alcanza los 4 mil 613 millones de pesos de 144 empresas ilegales.

En las auditorías del resto de años del sexenio suman 4 mil 992 millones de pesos por aclarar, es decir, las dependencias y universidades deben explicar el destino final, toda vez que los servicios supuestamente pagados no existieron. Por ello es que del sexenio, entre lo detectado por la auditoría y la investigación periodística suman 9 mil 605 millones de pesos de presunto desvío.

Para el exauditor, Juan Manuel Portal, este mecanismo fue “un fraude”, toda vez que al revisar los supuestos servicios, detectaron que se trataban de documentos fabricados ex profeso y que había transferencias bancarias entre distintas empresas incluso sin contratos de por medio para dispersar recursos.

A esto se suma que las universidades cobraron un porcentaje del total de dinero recibido. De acuerdo con la investigación periodística, sólo las ocho universidades involucradas en 2013 y 2014 ganaron mil millones de pesos en este esquema, lo que significa en sí mismo un sobrecosto por los servicios, aún cuando se hubiesen hecho puesto que las instituciones subcontrataron a empresas.

Uno de los ejemplos está en la Universidad Autónoma del Estado de México que recibió 223 millones 87 mil pesos del FOVISSSTE por cinco convenios para supuestamente “rediseñar” o simplificar los procesos de atención a derechohabientes.

Pero la universidad no tenía la capacidad de dar el servicio, así que contrató a Interamericana de Negocios y Comercio, S. A. de C. V., que en realidad se dedica —según su acta constitutiva— a la venta de zapatos. A esta empresa le dio 15 millones 389 mil pesos.

También contrató a otras tres empresas —Icalma Servicios y Consultoría, S. A. de C. V., Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos, S. A. de C. V. y Evyena Servicios, S. A. de C. V.— investigadas por el SAT por hacer operaciones irregulares; y a tres más que no están registradas ante la Secretaría de Economía.

Y la Sedesol, por ejemplo, para hacer servicios de repartición de medio millón de despensas, la organización de eventos y comprobación de sobrevivencia de beneficiarios de programas sociales, hizo convenios con las Autónomas del Estado de México y de Morelos, pero éstas subcontrataron a empresas, que a su vez dispersaron recursos en una veintena de empresas y éstas entregaron 698 millones de pesos a una última.

Y en 2018… también

La Secretaría de Educación Pública es una de las dependencias que tuvo este tipo de convenios durante 2013, 2016 y 2018. Previo a la publicación de La Estafa Maestra, la dependencia envió una respuesta a este medio en agosto de 2017 advirtiendo que el entonces titular, Aurelio Nuño había instruido la suspensión de este tipo de convenios.

Sin embargo, en el más reciente informe de la Auditoría, la SEP nuevamente hizo convenios con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Politécnica de Sinaloa.

En el primer caso fue para mantenimiento a las “telecomunicaciones y servidores; así como el aprovisionamiento de equipo para infraestructura de servidores para el procesamiento de datos, almacenamiento, virtualización y respaldos”, pero la universidad “subcontrató a una persona moral por 17 millones de pesos, de la cual se presentaron los contratos suscritos con 23 personas físicas, así como igual número de los informes de dichas personas, detectándose que las firmas contenidas en ambos documentos son distintas aun cuando son las misma persona”, dice la auditoría.

En la segunda universidad, supuestamente harían capacitación docente, pero la Auditoría detectó que “no se presentó evidencia” de que las actividades se hubiesen realizado.

En 2018 también se sumaron la Universidad Politécnica de Huatsuco que hizo convenios con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto de Administración y Avalúos y por lo que se presume un probable daño al erario por 91 millones de pesos.

La Universidad Autónoma de Chapingo tuvo convenios con la Conafor, Diconsa y Sagarpa que suman 35 millones de pesos por aclarar y el Instituto Tecnológico Superior de Casamaloapan que deben aclarar el destino de 282 millones de pesos de los convenios con Capufe, Cofepris, Sedatu, Conagua y Bancomext.

El nuevo gobierno sigue con la misma ley

La realización de convenios entre dependencias y universidades es legal. Se trata de una excepción en la contratación de servicios previsto en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, pues al firmar convenios entre entes de la administración pública para prestarse servicios entre sí de manera directa y evitar las licitaciones.

El único ‘candado’ es que la parte contratada, las universidades en este caso, no puede subcontratar a terceros por más del 49% de los recursos que recibe de las secretarías de Estado. Sin embargo, en los 70 convenios analizados en La Estafa Maestra, las universidades violaron el artículo 1 de la ley de adquisiciones, y subcontrataron a empresas por más del 90% de los recursos para quedarse con el 10% como ‘comisión’, lo que les supuso, además, ganancias por mil millones de pesos solo por hacer de ‘puente’ con las compañías.

Ninguno de los convenios fraudulentos fue firmado por los titulares de las 11 secretarías de gobierno donde se produjeron los desvíos millonarios a empresas fantasma. Esto ha sido utilizado constantemente por secretarios de Estado como Rosario Robles, quien dirigió Sedesol, primero, y ahora está en la Sedatu, para deslindarse de responsabilidades en los desvíos señalados en ambas dependencias por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Por ello, en septiembre de 2018, los senadores Ricardo Monreal Ávila y Freyda Marybel Villegas Canché plantearon una reforma a la Ley de Adquisiciones para que este tipo de convenios fuesen firmados por los titulares de las dependencias, con lo cual asumirían toda la responsabilidad ante posibles desvíos o malos manejos de recursos públicos.

Sin embargo, dicha iniciativa quedó en la congeladora, igual que la propuesta por el senador perredista, Juan Manuel Fócil Pérez, que incluso fue más allá y propuso la eliminación de la excepción.

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AFP

Cómo se convirtió Colombia en el primer país sudamericano en 'sacar' a Uber

La aplicación de servicios de transporte más importante del mundo abandona el país sudamericano. Dejará de operar a partir del 31 de enero.
AFP
13 de enero, 2020
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“Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”.

Eso dijo Uber en el comunicado en que anuncia que desde el 31 de enero dejará de funcionar en Colombia.

Es inédito que Uber informe de manera explícita que se va.

Y es que aunque en países como Argentina o Chile las autoridades ya habían declarado ilegal la aplicación, Colombia ha llegado al extremo de ordenar a las operadoras de telefonía móvil que bloqueen su funcionamiento.

El servicio de reparto de comida a domicilio Uber Eats, informó la empresa, no se verá afectado.

El anuncio se da después de una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, un regulador estatal, que dio la razón a Cotech, una empresa de taxis que interpuso una demanda contra la aplicación.

El alegato de los taxistas, radicado hace tres años y basado en dos leyes de 1996 sobre reglas del mercado, argumenta que Uber incurrió en competencia desleal al desviar a la clientela de manera insana y deshonesta y obtener ventaja competitiva ilegalmente.

Gremios de taxistas en toda América Latina han presentado demandas en el mismo sentido y en algunos países han logrado que se prohíban, pero la interrupción total del servicio ha sido casi imposible en la región.

Taxis protestan en Colombia
AFP

Pese a que Colombia tiene una de las tasas de menor representatividad sindical en América Latina, los taxistas son particularmente poderosos en ese país.

En el caso de Colombia, sin embargo, las autoridades exigieron a los operadores telefónicos que “suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente“.

Desde que Uber llegó a Colombia, sus críticos han pedido que su funcionamiento y sus compromisos laborales e impositivos sean regulados, pero, como en otros países, hasta ahora su figura no ha sido formalizada.

“Contra el TLC”

Uber aseguró que “la decisión es arbitraria pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales”.

La empresa anunció que apelará el dictamen para “defender el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias”.

Anteriormente, la empresa dijo que el Estado estaba violando las pautas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El gobierno de Iván Duque, que tiene como una de sus principales banderas a la llamada “economía naranja” y el emprendimiento tecnológico, ha defendido el dictamen de la Superintendencia.

El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, dijo que “no hay una inversión de Uber en Colombia, Uber está prestando un servicio en desconocimiento del régimen jurídico colombiano”.

https://twitter.com/Uber_Col/status/1215681583253991424

¿Caso político o jurídico?

Miembros de la oposición denunciaron un supuesto pacto entre el gobierno y los taxistas para prohibir a Uber a cambio de que el poderoso gremio no apoyara el paro nacional que generó protestas contra Duque desde el 21 de noviembre.

El Ejecutivo niega dicho compromiso y asegura que la Superintendencia, cuyo director es nombrado por el presidente, basa su decisión en razones jurídicas y no políticas.

Otras aplicaciones de internet que proveen soluciones a mercados han tenido experiencias exitosas en Colombia.

Rappi, un servicio de entrega a domicilio, es de origen colombiano y en 2018 recibió la inversión de capital de riesgo más grande de la historia de América Latina, por US$1.000 millones.

Duque celebró la inversión como un “gran mensaje de confianza en Colombia”.

Seguiremos invirtiendo en innovaciones que permitan la creación de mercados y proporcionen oportunidades a millones de personas en la región”, dijo el mandatario en su momento.

Hasta ahora, Duque se ha abstenido de comentar en el caso de Uber.

Su gobierno encargó al ministerio de Comercio y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado para entablar mesas de negociación con Uber.

La capital colombiana, Bogotá, suele puntear las listas de las ciudades con peor tráfico del mundo. En horas pico, incluso cuando opera Uber, es usual que sea difícil encontrar servicio de transporte en automóvil.

Es probable que la suspensión de Uber complique la vida de los millones de bogotanos que luchan contra el tráfico todos los días.

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