El viernes pasado venció el plazo legal para que los gobiernos estatales confirmaran si se adherían o no al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Nueve decidieron que firmarían los convenios de coordinación, pero como no adheridos -todos de partidos contrarios a Morena-, ¿qué significa eso y qué impacto tendrá para la población de esos estados?
La diferencia principal es que los no adheridos conservan la responsabilidad de administrar los servicios y la infraestructura de salud estatal. Las entidades que van con el Insabi bajo esta modalidad son: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato y Tamaulipas (del PAN), además de Jalisco (MC), Michoacán (PRD), Coahuila (PRI) y Nuevo León (independiente).
Para decidir si se adherían o no al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituye al extinto Seguro Popular, los gobernadores panistas pidieron establecer mesas de trabajo con autoridades de la Secretaría del ramo.
El jueves y viernes pasado, Jorge Alcocer, titular de la dependencia, Hugo López Gatell, subsecretario de la misma y Juan Ferrer, director del Insabi, se reunieron con Martín Orozco, representante de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan), con el diputado panista Éctor Jaime y con Gloria Molina, secretaria de Salud de Tamaulipas.
Al salir de la reunión, Orozco explicó que aunque presentaron un plan a la Secretaría de Salud con 19 puntos para construir un acuerdo alterno al Insabi, que llamaron de no adhesión, en realidad muchos de estos se repetían para caer en dos temas: cómo se va a distribuir el presupuesto para los servicios de salud gratuitos a la población no asegurada, y evitar la centralización de los mismos.
El mandatario confirmó que la variante principal para los no adheridos es que en estos estados los servicios de salud no se van a centralizar. “Seguimos teniendo la operación y la infraestructura del sector salud”.
Esto significa, explicó, “que nosotros conservamos en los estados la operación de los servicios, esta no se centraliza, pero todas las reglas de operación, de cómo se va a dar la atención en salud, van a ser las mismas en los 32 estados, bajo el mismo esquema. Por ejemplo, la gratuidad progresiva se va a dar en los 32 estados al mismo tiempo y habrá las mismas certificaciones de hospitales, todo igual, todos estaremos bajo el mismo modelo”.
Es decir, habrá un solo sistema de salud para todo el país, pero dos acuerdos de coordinación con el Insabi, el de estados adheridos y no adheridos.
En los primeros el Insabi va a ser el que administre los recursos y será el responsable de los servicios de salud en la entidad: se encargará de la infraestructura, de ver que no falten los médicos, del abasto de medicamentos, y el estado se va a dedicar a darle la atención en salud a la población. El Insabi se encarga de que esté todo, y la entidad solo ofrecerá los servicios, los operará.
En el caso de los no adheridos, estos seguirán siendo los responsables de garantizar los servicios de salud, los seguirán administrando, la responsabilidad total recaerá en la entidad, pero la federación les dotará de los recursos de ley y tendrán que rendirle cuentas.
El diputado panista Ector Jaime lo explicó así: un estado que firme la adhesión total, cederá la administración y las decisiones fundamentales a la federación, como nombrar a los directores de las instituciones, las jurisdicciones.
“Todo eso lo va a entregar al Insabi, y los hospitales en lugar de llamarse Instituto de Salud Pública de Campeche, por ejemplo, se llamarán Hospital General del Insabi. ¿Qué hospital es ese? El mismo de antes. ¿Qué médicos son? Los mismos. La diferencia es que va a estar operado desde el centro. Eso no va a pasar en los gobiernos panistas”.
Aunque en un principio se habló de que todos los estados gobernados por el PAN estaban negociando en bloque y parecería que tomarían la misma decisión, el Insabi confirmó a Animal Político que Durango, Querétaro, Quintana Roo (PAN-PRD), Yucatán y Nayarit (PAN, PRD, PT y PRS) van como sí adheridos al Insabi.
Respecto a cómo se van a repartir los recursos, Orozco explicó que será la siguiente semana cuando la federación les presentará las reglas para la distribución de las diferentes bolsas presupuestales. Sobre la cuestión de la gratuidad dijo que esta será progresiva también en estos nueve estados, como en todo el país.
Será el martes, durante la reunión que sostendrán los gobernadores panistas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, cuando se firmarán los acuerdos correspondientes, de acuerdo a lo informado por Orozco.
¿Y los institutos nacionales y hospitales de alta especialidad?
La Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (Cinshae) confirmó a Animal Político que ya todos los directores de estas instituciones de tercer nivel han aceptado la adhesión al nuevo modelo de salud para el Bienestar.
Lo que los hospitales e institutos nacionales están aceptando es diferente al acuerdo de coordinación que deben firmar los gobiernos de los estados con el Insabi.
Las instituciones de tercer nivel no pertenecen a este, que solo incluye por ahora servicios médicos de primer y segundo nivel con gratuidad total, en contraste los institutos y hospitales de alta especialidad tienen una legislación diferente que los autoriza a cobrar cuotas de recuperación.
Por lo tanto, lo firmado por los institutos y hospitales de alta especialidad, explica el Cinshae, es un único punto de acuerdo a favor de hacer las modificaciones legales pertinentes para eliminar las cuotas de recuperación.
Este plan busca ir construyendo a lo largo del año el andamiaje legal y las formas de operación para poder ofrecer servicios gratuitos, algo que va a suceder paulatinamente, mediante un proceso que se va a implementar para cubrir todo lo necesario en términos jurídicos y presupuestales.
Y es que además, con el nuevo modelo no se tratará solo de quitar las cuotas, explicó Cinshae, sino también de evitar los gastos de bolsillo para los pacientes y sus familiares que hoy deben hacer y que se estima en alrededor de 3 mil millones de pesos, puesto que no todo lo cubren los institutos, incluso pagando la cuota. Las familias deben comprar material e insumos para la curación de los enfermos.
De manera que para hacer las modificaciones se va a implementar una encuesta de salida a las familias para estimar con precisión de cuánto es este gasto, y determinar el monto de presupuesto necesario para garantizar la gratuidad total.
