Fiscalías indagan como feminicidio solo 1 de cada 5 asesinatos de mujeres
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Cuartoscuro Archivo

Fiscalías indagan como feminicidio solo 1 de cada 5 asesinatos de mujeres

Mientras estados como Nuevo León indagan como posible feminicidio el 85% de los casos de asesinatos de mujeres, otros como Guanajuato sólo tipifican así el 5% de ellos.
Cuartoscuro Archivo
Por Itxaro Arteta y Arturo Ángel
10 de febrero, 2020
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María del Pilar González, Pili, tenía 20 años y era muy bonita, dice su mamá, Olivia Llamas. Vivía en el pueblo mágico de San Miguel de Allende, Guanajuato, y ahí, tan solo a unas cuadras de su catedral neogótica y su turístico centro histórico, el pasado 22 de enero fue asesinada.

Pili salió de casa de su novio, con quien vivía, para ir a comprar leche y pan. Había estado recibiendo amenazas de su ex, quien le pegaba y la indujo a consumir drogas, pidiéndole que regresaran. Pero nunca creyó que esa noche de miércoles, él sería capaz de cumplirlas.

Entérate: Estado oculta feminicidios cometidos por crimen organizado y no investiga, acusan activistas de 23 entidades

El hombre apareció en una moto lanzando disparos al aire. Ella se echó a correr y llegó hasta la tienda, donde se resguardó detrás de un mostrador. Cuando él entró y amenazó al dueño del local con matarlo si no le decía dónde estaba, Pili salió de su escondite, cuenta su mamá. Entonces, él le dio un balazo en la cara y huyó.

La ley en Guanajuato es clara: cuando una mujer muere a manos de una persona con la que sostuvo una relación de noviazgo o convivencia se comete un feminicidio, es decir, un asesinato de una mujer donde se toma ventaja de su condición de mujer. Es un crimen más grave pues hay violencia de género. Sin embargo, la Fiscalía del estado clasificó el crimen de Pili no como feminicidio, sino como un homicidio más.

Este caso no es una excepción. En los últimos cuatro años y medio, apenas 1 de cada 5 asesinatos de mujeres en México se clasificaron de inicio como posible feminicidio. Ello, pese a que protocolos de la Corte y del Consejo Nacional de Seguridad dicen que todos deben ser indagados con la hipótesis de violencia de género.

La situación de Guanajuato es particularmente preocupante ya que ahí solo el 5% de las muertes violentas de mujeres son indagadas como feminicidio. Es grave si se toma en cuenta que en 2019 fue la entidad con el mayor número de homicidios dolosos de mujeres con 322, por encima de otros conocidos por alta violencia de género como el Estado de México o Chihuahua. Sin embargo, en el mismo año apenas reportó 18 feminicidios.

Un dato aún más extraño es el de homicidios culposos en Guanajuato, una categoría que solo debería incluir muertes causadas por un tercero, pero no de forma intencional como, por ejemplo, las que resultan de atropellamientos. La entidad tuvo el año pasado 526 homicidios culposos de mujeres, casi tres veces más que cualquier otro estado.

Es decir que, en total, murieron 866 mujeres en ese estado. 32% más que las 586 del Estado de México, a pesar de que este último tiene el triple de población.

La madre de Pili no quedó conforme con que las autoridades clasificaran el caso de su hija como otro “homicidio”. Además de la investigación de oficio que se abrió, trató de ir a poner otra denuncia por feminicidio. Pero en el Ministerio Público le dijeron que no se podía, que ya estaba la otra carpeta de investigación y así se tomaría.

Animal Político pidió información al respecto a la Fiscalía de Guanajuato, en la región a la que pertenece San Miguel de Allende, y la respuesta fue que se investiga como homicidio calificado porque fue intencional y premeditado, pero no como feminicidio porque eso tendría que ser solo por ser mujer.

“Es un hecho que tiene que ver el que sea mujer que, por el hecho de ser mujer, él la asesinó. Porque me caes mal por mujer, porque me caes mal porque tú ganas más que yo, porque eres mejor que yo… o sea, que tiene que ver estrictamente con el género”, respondió comunicación social.

Las razones para considerar que un asesinato contra una mujer fue por ser mujer, es decir, “feminicidio”, en realidad están en el Código Penal del estado. Son siete y basta con que se cumpla una de ellas, entre las que están “que exista o haya existido con el activo relación íntima de convivencia, de confianza, noviazgo, parentesco, matrimonio o concubinato”, “que haya existido amenazas, acoso, lesiones o violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar o cualquier otro”, o “que su cuerpo sea expuesto o arrojado en un lugar público”.

A pesar de que Pili fue asesinada por su exnovio, con amenazas previas y en la vía pública, no se consideró feminicidio.

“Todavía anoche estuve llorando. Todavía no puedo creer cómo llegó este hombre y tomó la decisión de decir: hasta aquí vivió Pilar”, lamenta su madre.

Una constante nacional

El caso de Pili es solo una muestra de lo que ocurre en todo el país con la clasificación de los casos de muertes de mujeres. En los últimos cuatro años y medio un total de 14 mil 152 mujeres fueron asesinadas en México. Son casos que según disposiciones legales deben indagarse de inicio como posibles feminicidios. Pero en la realidad, solo uno de cada cinco casos es clasificado e investigado de esta forma.

El cruce de datos oficiales de homicidios de INEGI actualizados a junio de 2019 y las estadísticas de feminicidio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman lo anterior y evidencian disparidades notorias. Mientras hay estados como Nuevo León que indagan como posible feminicidio el 85% de casos, otros como Guanajuato sólo tipifican el 5% de ellos.

Investigadoras y abogadas expertas en el tema advierten que, si bien no todos los homicidios de mujeres son feminicidios, los datos confirman que existe una subestimación del fenómeno que ignora criterios de la Corte, y que prueba una clasificación discrecional de parte de las fiscalías que además de afectar el esclarecimiento de casos que sí son feminicidios, impide retratar la dimensión del problema. De ello, y de los datos estado por estado, se profundizará en una segunda entrega de este texto.

De acuerdo con las cifras de INEGI, de enero de 2015 a junio de 2019 se registró la muerte por causas violentas de 14 mil 153 mujeres. En el 30% de estos casos la mujer fue asesinada dentro de su propia casa, un porcentaje que duplica al de los hombres.

Los códigos penales locales y el código federal establecen que los homicidios de mujeres que ocurren en ciertas circunstancias (como en un contexto familiar o cometidos por la pareja o una persona cercana) son crímenes más graves, pues se aprovecha la condición en que las víctimas se encuentran por el hecho de ser mujeres. Y por tanto deben ser indagados como feminicidio.

Criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia como el emitido tras los casos Mariana Lima y Karla Pontigo, entre otros, establecen que en todo homicidio de mujeres en condiciones de violencia debe verificarse la posible comisión de un feminicidio. El artículo 357 del Código Penal Federal señala: “En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio”.

Incluso un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad publicado en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2018 estableció que todas las muertes violentas de mujeres deben ser indagadas por las fiscalías con protocolos de feminicidio.

Pero los datos que las fiscalías aportan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad arrojan, en el mismo lapso de los datos de INEGI, un registro de 3 mil 233 mujeres víctimas de posible feminicidio en carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público.

Lo anterior significa que solo un 22.84% de los asesinatos de mujeres, una quinta parte, son clasificados inicialmente como feminicidio y por tanto indagados como tales. El resto quedan clasificados como homicidios dolosos convencionales.

Conteos independientes muestran más feminicidios

Ante la duda de un subregistro de feminicidios, han surgido en México esfuerzos independientes de la sociedad civil por contabilizarlos. Y el resultado es que mientras las cifras oficiales son de 1 feminicidio por cada 5 homicidios, estos conteos alternativos dan una proporción contraria.

María Salguero y Frida Guerrera son dos activistas que desde 2016 recopilan en medios de comunicación cada noticia sobre la muerte violenta de una mujer y, de acuerdo con lo que establece el artículo 325 del Código Penal Federal, determinan si un caso cumple con los supuestos para que hubiera sido considerado feminicidio.

Guerrera, que diariamente revisa 50 medios nacionales y locales, contabilizó el año pasado 2 mil 331 vidas arrancadas —como pide llamarlas— de mujeres, de las cuales 2 mil las consideró feminicidios. Es decir, 4 de cada 5.

Salguero, creadora del Mapa de Feminicidios, que geolocaliza cada muerte violenta de una mujer desde 2016, registra que al menos el 58% de los homicidios podrían ser considerados feminicidios.

Algo similar considera el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que agrupa a 43 organizaciones de todo el país que documentan y dan acompañamiento a casos de este delito. Su directora, María de la Luz Estrada, explica que cuando ya ven los casos en terreno, con todo el contexto y detalles de cómo ocurrió el homicidio que proporciona la familia o piden a la Fiscalía, se dan cuenta de que más de la mitad de homicidios dolosos tienen características de feminicidio, pero ni el 25% se investiga así.

“Realmente no sabemos cuántos feminicidios hay”, es la conclusión de Salguero.

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Avión presidencial de México: las razones que hacen difícil su venta o rifa

El gobierno de México compró en 2012 un avión que fue parte de la flotilla de pruebas de Boeing, aeronaves que casi nunca encuentran futuro en la industria. Ese hecho se suma a otros tres factores que hacen que la venta de la aeronave sea un dolor de cabeza para el presidente López Obrador.
UNOPS
13 de febrero, 2020
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La venta del avión presidencial ha sido un dolor de cabeza para el gobierno de México.

La aeronave ha estado en oferta desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia del país en diciembre de 2018. Y no ha conseguido comprador o arrendatario en el mercado aeronáutico mundial.

La última decisión del mandatario, rifarlo a través de la Lotería Nacional, también se ha visto entrampada por las restricciones legales, cargas impositivas y gastos de mantenimiento que implica ceder la aeronave a un ciudadano.

A eso se le suman varios factores que el gobierno mexicano ya conocía desde 2015, cuando ordenó un estudio de la aeronave al que BBC Mundo tuvo acceso.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, predecesor de AMLO, exploró cuánto obtendría por deshacerse de la aeronave que ya por entonces era criticada por su elevado costo.

No obtuvo buenas noticias.

Enrique Peña Nieto desciende del avión presidencial

Getty Images
El presidente Enrique Peña Nieto recibió la aeronave que fue comprada inicialmente por su predecesor, Felipe Calderón.

Y ahora, con la política de austeridad de López Obrador, la aeronave ha permanecido en tierra durante 14 meses y contando, a la espera de un comprador que se anime a adquirirla.

Varios son los factores que hacen complicada la venta o incluso la rifa del avión presidencial.

1. Fue un avión de pruebas

Desde que salió de la fábrica, el entonces N787ZA era un avión “especial”.

Boeing colocó la aeronave como parte de su “flota de pruebas” del modelo 787 Dreamliner, uno de sus desarrollos más destacados de finales de la década de 2000.

Los aviones de prueba son sometidos a extenuantes test para demostrar los límites de funcionamiento como frenado, resistencia, autonomía, detección y manejo de fallas, desempeño en condiciones extremas.

El N787ZA fue puesto bajo algunas de estas desde octubre de 2009.

Un avión de pruebas Boeing 787 Dreamliner en 2009

Getty Images
Los aviones para pruebas son sometidos a intensos exámenes de rendimiento para comprobar su fiabilidad.

5 datos sobre el avión

  • El avión es un 787 Dreamliner. Salió de la fábrica de Boeing el 20 de julio de 2009 con la clave de registro N787ZA.
  • US$218 millones. Fue el pago que el gobierno del presidente Felipe Calderón acordó por la aeronave que reemplazaría al viejo avión presidencial Boeing 757 de 1987.
  • US$530 millones. Fue el costo por el arrendamiento, operación y mantenimiento que incluyó un acondicionamiento y rediseño interior con acabados de lujo.
  • Recibió el nombre “Jose María Morelos y Pavón”, un héroe de la independencia mexicana y fue registrado como XC-MEX / TP-01 (Transporte Presidencial 01).
  • 214 operaciones. Entró en funcionamiento en febrero de 2016 y fue utilizado durante dos años y 10 meses.

Ya con el avión en su poder, el gobierno de Peña Nieto solicitó un estudio de mercado a la consultora aeronáutica británica Ascend, el cual fue entregado en 2015.

De hecho, el estudio fue encargado porque el gobierno de México deseaba “explorar la opción de vender la aeronave”.

En el documento se establece que el hecho de que la aeronave fue un avión de pruebas es un factor que reduce su valor y probabilidad de venta.

El Boeing 787 del gobierno de México

Getty Images
El gobierno puso en operación el Boeing 787 Dreamliner para transporte presidencial en 2016.

Daniel Hall, analista sénior de Ascend explicó que el hecho de que fuera avión de pruebas “se traduce en que tiene un mercado más limitado“.

“Muchas aerolíneas con flotillas del Boeing 787 no estarían interesadas en incluir este ejemplar ‘atípico'”, explicó Hall.

“Hay más posibilidades de vender a un operador de una sola aeronave, pero este sería un mercado extremadamente limitado”.

La especificación y desempeño de la aeronave “difieren significativamente de los Boeing 787-8 que se producen actualmente”, por lo que no ofrece las ventajas de los nuevos Dreamliner.

Los tres primeros aviones de prueba de Boeing fueron enviados a museos y exhibiciones, y Boeing reconoció que “no tenían valor comercial” por “la cantidad excesiva de trabajo y las modificaciones únicas y extensas” que requerían, informó Airways Magazine.

Al no tener compradores, el cuarto y el quinto fueron descartados en 2016 por el fabricante y su costo fue absorbido por la empresa. El sexto es el que compró México.

El Boeing 787 del gobierno de México

Getty Images
El avión que compró el gobierno de México fue parte de la flota de prueba de los 787 Dreamliner de Boeing.

Su valor de mercado para enero de 2016, según el estudio de Ascend, era de entre US$158 millones y US$174 millones, dependiendo del estado de vida útil de sus componentes principales: fuselaje, motores, tren de aterrizaje y unidad auxiliar de potencia.

2. Es un avión muy personalizado

Cuando López Obrador iniciaba su campaña para la presidencia de México, aparecía en un anuncio en televisión y radio prometiendo vender el avión que “no lo tiene ni Obama”.

Y es que a decir del entonces candidato izquierdista, se trata de una lujosa aeronave cuya compra resultaba “ofensiva” para el país en el que la mitad de la población vive en pobreza. Por tanto, prometió venderlo.

El interior del TP-01 consta de acabados finos, incluso con detalles de marmolería, en las cabinas, baños y alcoba del presidente, así como una personalización que lo convierten en un avión “bizliners”; es decir, una aeronave privada de negocios.

El interior del Boeing 787 del gobierno mexicano

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El interior de la aeronave fue rediseñado bajo los requerimientos del gobierno mexicano.
El interior del Boeing 787 del gobierno mexicano

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Algunos acabados de mármol son parte de los detalles lujosos de la aeronave.

“La venta de aviones comerciales personalizados puede muy posiblemente tomar más tiempo de comercialización” al haber un mercado restringido, advirtió Ascend, por lo que toma 12 meses como mínimo su venta.

“Una configuración altamente personalizada probablemente no se venderá en su forma actual y, por lo tanto, se requerirá un descuento por el costo de readaptación o incluso para un reemplazo total. Esto también puede tener implicaciones mayores en el tiempo que tomaría vender la aeronave”, añadió.

El mercado de clientes se reduce a individuos de alto perfil, empresas privadas, compañías de vuelos chárter y gobiernos.

Ya en 2015 advertía que existía un “riesgo importante” de que no se vendiera la aeronave en 12 meses. De venderse en 24 meses, se perderían casi US$66 millones, mientras que en un plazo de 36 meses, la pérdida ascendería a US$72 millones.

El interior del Boeing 787 del gobierno mexicano

UNOPS
El avión está dividido en cuatro zonas, incluida una alcoba presidencial.

Para enero de 2019, cuando se empezó a gestionar su venta, Ascend pronosticaba ya desde 2015 una pérdida de US$76,26 millones

3. No es de interés para aerolíneas

Reconvertirlo a un avión de pasajeros costaría hasta US$15 millones y un periodo de 18 meses para la instalación de todos los componentes necesarios.

A esto se le suma el hecho de que las aerolíneas comerciales adquieren varias aeronaves en un solo pedido a un precio más ventajoso, por lo que las opciones para el gobierno mexicano se reducen.

“Tiene un mercado más limitado”, reitera Ascend en su informe.

Plano superior del avión

UNOPS
La reconfiguración del espacio interior costaría varios millones de dólares.
Avión presidencial

Gobierno de México
El avión presidencial cuenta con una elegante sala de juntas.

De encontrarse un comprador en este sector, habría una pérdida de US$128 millones respecto a los US$218 millones del costo original.

“Un escenario de mayor beneficio sería tratar de recomercializar la aeronave en su configuración actual”; es decir, intentar venderlo en el mercado de “bizliners”.

Pero Ascend al final concluye que es mejor conservarlo para uso del gobierno de México.

4. Tener un avión cuesta (aunque sea regalado)

Luego de pasar más de un año en un hangar de Boeing en California, el avión presidencial volará de regreso a México en abril al no haber podido encontrar nuevo dueño.

Ante la situación, López Obrador decidió que la mejor opción será rifarlo; es decir, entregarlo a un ganador a través de un sorteo de 6 millones de boletos de 500 pesos (unos US$26) de la Lotería Nacional.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

El gobierno espera obtener al menos US$130 millones, aunque si se venden todos los boletos ingresaría unos US$160 millones.

Pero al final, el avión no será entregado: López Obrador anunció la semana pasada que la rifa solo será un sorteo de 100 premios de casi US$1 millón y que el avión permanecerá bajo resguardo de la Fuerza Aérea Mexicana hasta ser vendido.

Al ser cuestionado por qué no entregarían el avión, el presidente dijo: “Es que no les queremos entregar un problema, queremos entregar un premio, que lo disfruten. Porque entonces sí (aparecerán) los memes de dónde estacionarlo”.

Y es que tener al avión en el hangar de Boeing, recibiendo mantenimiento y vuelos para que siga activo, le cuesta US$4.000 por día al gobierno, dijo López Obrador, por lo que el ganador del avión enfrentaría una carga considerable.

A ello se le suma que la ley de Juegos y Sorteos no permitía la entrega de bienes “en especie” ni está facultada para sortear bienes del Estado, pero el gobierno anunció que modificaría la ley para permitirlo.

Y finalmente existen cargas de impuestos federales y locales que deben cubrirse.

El sorteo servirá para “mantener el avión dos años”, pero su depreciación continuará aumentando conforme pase el tiempo.


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