Filtraciones en casos de feminicidios en CDMX son recurrentes porque no hay castigo
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Filtraciones en casos de feminicidios en CDMX son recurrentes porque no hay castigo

Filtrar datos y fotos es una práctica recurrente de las autoridades, pues aunque hay llamadas de atención no se ha castigado a funcionarios, señalan abogadas.
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11 de febrero, 2020
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Ingrid Escamilla fue asesinada a manos de quien fuera su pareja, Érick Francisco “N”. El caso cobró relevancia por la filtración por parte de autoridades de detalles de su muerte y fotografías explícitas de su cuerpo, que luego fueron publicadas por medios de comunicación.

Las filtraciones de información e imágenes de víctimas por parte de autoridades locales es una práctica recurrente, señala Verónica Berber, abogada integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico.

Esto incluso fue motivo para que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDM) emitiera la recomendación 4/2017 a la entonces Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia – ambos de la Ciudad de México – por el caso del multihomicidio en la colonia Narvarte, ocurrido en 2015.

Lee: A sus 25 años Ingrid disfrutaba de sus mascotas y viajar, hasta que fue asesinada por su pareja

La recomendación de investigar a los funcionarios responsables de las filtraciones del caso Narvarte no fue cumplida, por lo que ha continuado esa práctica en la Fiscalía, señaló Berber, quien también es docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

De acuerdo con la abogada, la filtración de la fotografía de Ingrid dañó su honra, su dignidad y su imagen, y afectó también a su familia.

Tras las críticas por la filtración de la fotografía, así como un video en el que el hombre acusado de asesinarla confiesa el delito, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de México (SSDDHH) condenó la reproducción de estos materiales y llamó a no revictimizarla con fines lucrativos y de morbo.

A través de redes sociales, la SSDDHH calificó estas filtraciones como “expresiones de odio e indolencia que se emiten incluso después de su deceso”, y reconoció la obligación de las autoridades de investigarlas.

“Las filtraciones de imágenes del cuerpo de Ingrid son actos profundamente indignantes que atentan contra la víctima y la sociedad en general. Estos actos también deben ser investigados y deben deslindarse responsabilidades”, indicó.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ya investiga a seis funcionarios que acudieron al lugar de los hechos y que posiblemente hicieron mal uso de las imágenes que tomaron durante los primeros peritajes y el levantamiento del cuerpo de Ingrid.

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Verónica Berber explicó que la filtración en el caso de Ingrid podría no solo proceder ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía –ante el cual la familia tendría que presentar una queja para que se investigue quiénes son los funcionarios responsables de que se diera a conocer la fotografía-, sino también por la vía penal.

En el caso de la denuncia ante el Ministerio Público por la vulneración de los derechos a la dignidad y a la honra de Ingrid por la reproducción en medios de la fotografía, y los que resultaran, “esta puede realizarla cualquier persona o colectivo a partir de lo que se hizo público, porque solo es hacer del conocimiento de los hechos a la Fiscalía, que son posiblemente delictivos”.

Fotografiar a víctimas está prohibido

De acuerdo con la abogada Karla Michel Salas, tomar o videograbar el cuerpo de cualquier víctima se encuentra prohibido, como señala el Protocolo para la Investigación del Delito de Feminicidio, vigente en la Ciudad de México desde 2011.

“Es muy preocupante esta práctica que tiene la Fiscalía, antes Procuraduría General de Justicia, particularmente por lo que hace a los Ministerios Públicos, policías y peritos que se encuentran en el lugar de los hechos y que indebidamente fotografían el cuerpo y posteriormente venden las fotografías”, explicó la abogada.

La especialista en litigio estratégico de casos de feminicidio acusó que otra práctica recurrente por parte del personal de investigación es permitir el acceso al lugar de los hechos a personas ajenas a las instituciones de seguridad, como periodistas, a quienes les permiten tomar imágenes a cambio de dinero o favores.

“Es claramente una responsabilidad administrativa, hay una prohibición expresa, por otro lado hay ya un protocolo que se estaba trabajando para el tema de filtraciones, porque ha sido una recomendación recurrente, ha sido motivo de diversas medidas cautelares que ha lanzado la comisión local de derechos humanos a la FGJCDMX. No es un tema nuevo”, dijo.

En entrevista con Animal Político, la abogada detalló que esta responsabilidad administrativa puede resultar en una responsabilidad penal, “pero depende, necesitamos investigar y saber si lo están haciendo las autoridades a cambio de dinero, a cambio de favores, no sabemos, porque también es claro los medios a los cuales les filtran y qué tipo de información les dan. Me parece importante ponerlo sobre la mesa”.

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El periodismo no debe naturalizar la violencia

En opinión de Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), la reproducción masiva de imágenes sobre los cuerpos de víctimas del feminicidio, contribuye a la normalización de la violencia contra las mujeres y envía el mensaje de que cualquier niña o adulta puede ser la siguiente.

“La pedagogía que va haciendo este tipo de imágenes reafirma en los hombres el mandato social de la masculinidad nociva, violenta que atenta contra las mujeres, y en el lado de las niñas envía el mensaje de que pueden ser las próximas víctimas, y necesitamos romper de un lado y el otro”, dijo.

Para ella, actualmente hay dos tipos de periodismo en el tema de la violencia contra las mujeres, por un lado, están los medios de comunicación “que por desgracia hace años crecieron convencidos de que la sangre vende, de que el morbo es noticia y fueron educando a la población en esta lógica y que han construido cadenas de corrupción para poder mantener el sensacionalismo sobre la violencia y el dolor ajeno”.

Por otro lado, “están los medios que han escuchado la exigencia de la ciudadanía de decir ‘queremos ser tratadas con respeto, las mujeres, las víctimas’ y que ha cuestionado realmente si eso de filtrar imágenes o de colocar estas imágenes desgarradoras es periodismo”, señaló.

Sin embargo, aseveró, todos los medios de comunicación y periodistas “hoy como nunca estamos llamados a una ética a toda prueba, una ética que sancione y que elimine estas prácticas misóginas, sexistas, anquilosadas, viejas, que han hecho tanto daño a la humanidad”.

“No puede justificarse que se siga alimentando la naturalización de la violencia contra las mujeres y se siga justificando a los agresores como enfermos, poseídos, trastocados”, concluyó.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) condenó la forma en que varios medios de comunicación difundieron la información e imagen del feminicidio, ya que revictimizaron a Ingrid.

Pidió a las autoridades capitalinas investigar quiénes filtraron la información a los medios. 

A los medios de comunicación la Conavim recomendó capacitar y profesionalizar a sus trabajadores para que conozcan el lenguaje incluyente y lo que señala la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

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Coronavirus: por qué México es el país de América Latina que menos dinero ha gastado durante la pandemia de COVID-19

Al comparar los paquetes de estímulo fiscal aplicados en la región, México aparece en el último lugar de la lista. ¿Cuáles son las razones de esta decisión?
13 de mayo, 2021
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México siguió el camino de la austeridad fiscal durante la pandemia de COVID-19. Un camino que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado.

A diferencia de lo que hizo al desatarse la crisis financiera de 2008, el FMI esta vez se mostró a favor del endeudamiento de los gobiernos para hacer frente a la recesión, excepto en aquellas economías cuyas arcas fiscales están secas o no tienen ninguna capacidad de conseguir recursos en los mercados financieros.

“Para detener el declive de la actividad económica y el aumento de la pobreza, México se beneficiaría de un mayor apoyo fiscal temporal a corto plazo”, señala un informe del organismo publicado en octubre del año pasado, en el cual recomienda gastar entre 2,5% y 3,5% del Producto Interno Bruto, PIB.

“México tiene cierto espacio fiscal y disfruta de un cómodo acceso al mercado que podría utilizarse durante estos tiempos difíciles”, agrega el documento.

Y en febrero de este año, Alejandro Werner, quien era director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo que un aumento del gasto fiscal “obviamente hubiese beneficiado a la población” y habría evitado que empresas medianas se fueran a la quiebra.

Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió mantener el cinturón bastante apretado y gastó un 0.7% del Producto Interno Bruto en medidas de estímulo fiscal, la cifra más baja de todos los países latinoamericanos.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, defendió la política del gobierno hace unas semanas argumentando que, en comparación con otras economías de América Latina, México tendrá una posición macroeconómica y fiscal mucho más fuerte cuando termine la crisis, gracias a la decisión de no contratar deuda adicional y generar buenas expectativas ante los inversores.

Agregó que en los próximos meses, la herramienta fiscal y financiera más importante será la campaña de vacunación, la cual tendrá un efecto positivo en la economía.

Y en enero de este año argumentó que el gobierno no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

“Había cuestiones legales ligadas, en el caso de México, se tiene una ley muy antigua en la cual se prohíbe el uso de deuda pública para otra cosa que no sea infraestructura pública“, dijo Herrera en un foro organizado por la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Getty Images
El gobierno de López Obrador argumenta que no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

En otra ocasión, Herrera dijo que mientras los países desarrollados pagan una tasa de interés cercana a cero por la emisión de deudas, México, en cambio, tiene que pagar un 4.25% por los préstamos.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Hacienda, pero no recibió respuesta.

Fue un error

“El nivel de gasto fue bajísimo, fue un error”, dice Héctor Villareal, profesor del Tec de Monterrey y director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP.

Aunque reconoce que el gobierno creó algunos programas para combatir la pandemia, Villareal sostiene en diálogo con BBC Mundo que muchas medidas fueron financiadas con ajustes en otros rubros de las finanzas públicas.

Funcionarios del gobierno han argumentado que fue necesario tener un criterio fiscal prudencial en caso de que la crisis se prolongara por más tiempo.

Dinero mexicano

Getty Images
“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador”, dice Héctor Villareal.

Con una deuda pública cercana al 60% del PIB, mucho menor que la de Argentina y Brasil, la decisión fue, aparentemente, no correr riesgos.

“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador“, apunta Villareal.

“Combatir la pobreza y la desigualdad”

Aunque la economía cayó un 8.2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población, hay expertos que han destacado las decisiones tomadas por el gobierno.

“La política de México frente a la pandemia ha sido importante porque uno de los objetivos de este gobierno ha sido combatir la pobreza y desigualdad”, dijo en marzo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

“Antes de la pandemia el gobierno empezó a preocuparse por los pobres, se adelantaron y se expandieron las transferencias monetarias”, agregó.

Proteger las finanzas públicas

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) considera que “la respuesta fue limitada” en los apoyos fiscales.

“No hubo movimiento en las tasas impositivas o en transferencia de subsidios, o mecanismos que facilitaran el financiamiento en el sector privado”.

Hombres caminando

Getty Images
La economía de México cayó 8,2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población.

Aunque reconoce que hubo programas de transferencias directas a micronegocios, le dice a BBC Mundo que “no se aplicó un programa contracíclico en materia fiscal”.

“Si bien el gobierno tiene un profundo sentido social, en materia fiscal en realidad es un gobierno muy ortodoxo y más tendiente hacia lo liberal”, dice el investigador.

Según De la Cruz, estaba claro que, por su dimensión, la crisis iba a generar un costo importante y por eso la mayoría de los países trató de suavizar el impacto.

En el caso de México, argumenta, la decisión fue evitar que las finanzas públicas terminaran pagando el costo de la crisis.

“La mayor parte del costo social y económico terminó siendo pagado por la sociedad“, apunta.

Argumenta que un millón de empresas tuvieron que cerrar y al menos dos millones de personas no han logrado recuperar sus empleos, una situación que desde su perspectiva, podría haberse mitigado.

“El costo político”

En eso coincide Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, CEEY.

De la Torre cuenta que uno de los argumentos del gobierno para evitar el aumento del nivel de deuda fue que en rescates financieros previos los beneficios fueron aprovechados por la clase empresarial y no por los más vulnerables.

Mujer cocinando

Getty Images
Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones económicas apuntan a un rebote en el crecimiento cercano al 5% este año.

“Me parece que ese argumento es muy débil”, le dice a BBC Mundo.

Para De la Torre, aunque en el pasado pudo haber desviaciones de los recursos fiscales, “también es cierto que esos recursos apoyaron al conjunto de la economía y evitaron un colapso mayor”.

Pero, a su juicio, hay una razón más de fondo que explica por qué las ayudas fiscales fueron las más bajas de América Latina.

“Habría existido un gran costo político si el gobierno, después de endeudarse, hubiese tenido que realizar una reforma fiscal profunda para pagar las deudas”, advierte.

Como esas reformas o ajustes, suelen provocar un descontento generalizado, agrega, optó por evitar ese costo político.

El experto cree que el gobierno hizo un balance y determinó que el costo político actual, de no haber aumentado las ayudas fiscales, tiene un costo político más disperso en un gran número de personas, generalmente poco organizadas.

“Es un costo que estaría parcialmente justificado por un factor externo, que en este caso sería la pandemia y sus secuelas”.

Si el objetivo era mejorar el bienestar de la población y aumentar las posibilidades de una recuperación económica, agrega, “había que endeudarse, gastar, y después hacer una reforma fiscal, incurriendo en un costo político”.

Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones del gobierno y de organismos internacionales señalan que este año se producirá un rebote y el crecimiento estará cercano al 5%.

Mientras la vacunación avance y no se produzca una nueva ola de contagios, los expertos creen que este año debería marcar una clara recuperación, siguiendo la tendencia global.

Lo que no se va a recuperar muy rápidamente son las secuelas sociales de la pandemia que, al igual que en el resto de los países de la región, requerirán varios años antes de regresar a los niveles de bienestar previos.


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