Ingrid Escamilla fue asesinada a manos de quien fuera su pareja, Érick Francisco “N”. El caso cobró relevancia por la filtración por parte de autoridades de detalles de su muerte y fotografías explícitas de su cuerpo, que luego fueron publicadas por medios de comunicación.
Las filtraciones de información e imágenes de víctimas por parte de autoridades locales es una práctica recurrente, señala Verónica Berber, abogada integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico.
Esto incluso fue motivo para que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDM) emitiera la recomendación 4/2017 a la entonces Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia – ambos de la Ciudad de México – por el caso del multihomicidio en la colonia Narvarte, ocurrido en 2015.
Lee: A sus 25 años Ingrid disfrutaba de sus mascotas y viajar, hasta que fue asesinada por su pareja
La recomendación de investigar a los funcionarios responsables de las filtraciones del caso Narvarte no fue cumplida, por lo que ha continuado esa práctica en la Fiscalía, señaló Berber, quien también es docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
De acuerdo con la abogada, la filtración de la fotografía de Ingrid dañó su honra, su dignidad y su imagen, y afectó también a su familia.
Tras las críticas por la filtración de la fotografía, así como un video en el que el hombre acusado de asesinarla confiesa el delito, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de México (SSDDHH) condenó la reproducción de estos materiales y llamó a no revictimizarla con fines lucrativos y de morbo.
A través de redes sociales, la SSDDHH calificó estas filtraciones como “expresiones de odio e indolencia que se emiten incluso después de su deceso”, y reconoció la obligación de las autoridades de investigarlas.
“Las filtraciones de imágenes del cuerpo de Ingrid son actos profundamente indignantes que atentan contra la víctima y la sociedad en general. Estos actos también deben ser investigados y deben deslindarse responsabilidades”, indicó.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que ya investiga a seis funcionarios que acudieron al lugar de los hechos y que posiblemente hicieron mal uso de las imágenes que tomaron durante los primeros peritajes y el levantamiento del cuerpo de Ingrid.
Verónica Berber explicó que la filtración en el caso de Ingrid podría no solo proceder ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía –ante el cual la familia tendría que presentar una queja para que se investigue quiénes son los funcionarios responsables de que se diera a conocer la fotografía-, sino también por la vía penal.
En el caso de la denuncia ante el Ministerio Público por la vulneración de los derechos a la dignidad y a la honra de Ingrid por la reproducción en medios de la fotografía, y los que resultaran, “esta puede realizarla cualquier persona o colectivo a partir de lo que se hizo público, porque solo es hacer del conocimiento de los hechos a la Fiscalía, que son posiblemente delictivos”.
1)Demanda por daño moral a medios
2)Queja ante la visitaduria de la fiscalía ya que su personal no resguardó adecuadamente la información
3)Queja ante la @CDHDF por la misa razón que el punto anterior— La Círcula Jurídica (@CirculoAnalisis) February 11, 2020
Fotografiar a víctimas está prohibido
De acuerdo con la abogada Karla Michel Salas, tomar o videograbar el cuerpo de cualquier víctima se encuentra prohibido, como señala el Protocolo para la Investigación del Delito de Feminicidio, vigente en la Ciudad de México desde 2011.
“Es muy preocupante esta práctica que tiene la Fiscalía, antes Procuraduría General de Justicia, particularmente por lo que hace a los Ministerios Públicos, policías y peritos que se encuentran en el lugar de los hechos y que indebidamente fotografían el cuerpo y posteriormente venden las fotografías”, explicó la abogada.
La especialista en litigio estratégico de casos de feminicidio acusó que otra práctica recurrente por parte del personal de investigación es permitir el acceso al lugar de los hechos a personas ajenas a las instituciones de seguridad, como periodistas, a quienes les permiten tomar imágenes a cambio de dinero o favores.
“Es claramente una responsabilidad administrativa, hay una prohibición expresa, por otro lado hay ya un protocolo que se estaba trabajando para el tema de filtraciones, porque ha sido una recomendación recurrente, ha sido motivo de diversas medidas cautelares que ha lanzado la comisión local de derechos humanos a la FGJCDMX. No es un tema nuevo”, dijo.
En entrevista con Animal Político, la abogada detalló que esta responsabilidad administrativa puede resultar en una responsabilidad penal, “pero depende, necesitamos investigar y saber si lo están haciendo las autoridades a cambio de dinero, a cambio de favores, no sabemos, porque también es claro los medios a los cuales les filtran y qué tipo de información les dan. Me parece importante ponerlo sobre la mesa”.
El periodismo no debe naturalizar la violencia
En opinión de Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), la reproducción masiva de imágenes sobre los cuerpos de víctimas del feminicidio, contribuye a la normalización de la violencia contra las mujeres y envía el mensaje de que cualquier niña o adulta puede ser la siguiente.
“La pedagogía que va haciendo este tipo de imágenes reafirma en los hombres el mandato social de la masculinidad nociva, violenta que atenta contra las mujeres, y en el lado de las niñas envía el mensaje de que pueden ser las próximas víctimas, y necesitamos romper de un lado y el otro”, dijo.
Para ella, actualmente hay dos tipos de periodismo en el tema de la violencia contra las mujeres, por un lado, están los medios de comunicación “que por desgracia hace años crecieron convencidos de que la sangre vende, de que el morbo es noticia y fueron educando a la población en esta lógica y que han construido cadenas de corrupción para poder mantener el sensacionalismo sobre la violencia y el dolor ajeno”.
Por otro lado, “están los medios que han escuchado la exigencia de la ciudadanía de decir ‘queremos ser tratadas con respeto, las mujeres, las víctimas’ y que ha cuestionado realmente si eso de filtrar imágenes o de colocar estas imágenes desgarradoras es periodismo”, señaló.
Sin embargo, aseveró, todos los medios de comunicación y periodistas “hoy como nunca estamos llamados a una ética a toda prueba, una ética que sancione y que elimine estas prácticas misóginas, sexistas, anquilosadas, viejas, que han hecho tanto daño a la humanidad”.
“No puede justificarse que se siga alimentando la naturalización de la violencia contra las mujeres y se siga justificando a los agresores como enfermos, poseídos, trastocados”, concluyó.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) condenó la forma en que varios medios de comunicación difundieron la información e imagen del feminicidio, ya que revictimizaron a Ingrid.
Pidió a las autoridades capitalinas investigar quiénes filtraron la información a los medios.
A los medios de comunicación la Conavim recomendó capacitar y profesionalizar a sus trabajadores para que conozcan el lenguaje incluyente y lo que señala la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Compartimos con ustedes el comunicado de esta Comisión ante la manera en que medios de comunicación trataron los titulares, la información y las imágenes del cuerpo de Ingrid. pic.twitter.com/CugOe6UqBF
— CONAVIM_MX (@CONAVIM_MX) February 12, 2020
