Magistrado señalado de violar a sus hijas tuvo audiencia especial
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Congreso de la CDMX

Magistrado denunciado por violar a sus hijas tuvo audiencia especial, condenan activistas

El presidente de la Comisión de Justicia decidió abrirle espacio por segunda vez al magistrado, al tiempo que rechazó firmas recolectadas en su contra.
Congreso de la CDMX
14 de febrero, 2020
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El Congreso de la Ciudad de México recibió por segunda vez al magistrado Manuel Horacio Cavazos López, que ya había comparecido el 5 de febrero para ser ratificado en el cargo, ahora para acudir con su abogado a “desvirtuar” la demanda de presuntas agresiones sexuales contra sus hijas que pesa en su contra, lo que fue criticado por legisladores y activistas como un acto sin precedentes.

Tanto algunos diputados como activistas de derechos humanos que acudieron a la audiencia pública y manifestantes afuera del Congreso cuestionaron que se le haya dado esta posibilidad, que decidió unilateralmente el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán.

Leer más: Magistrado Cavazos niega agresión a sus hijas y deja audiencia ante réplica de activistas

Olga Noriega, exconsejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), que acudió a rebatir los argumentos del magistrado, ya que conoce personalmente a su exesposa y los detalles del caso, opinó en entrevista posterior que había sido un “teatro”, y que está claro que lo que más le importa no son sus hijas, sino su ratificación.

“Muy mal. Le dieron un espacio los diputados para decir que es inocente y para defender su caso. Está haciendo justamente lo que el abogado defensor, Gabriel Regino, dice que nosotras estamos haciendo: ‘mediatizando el asunto’. Y si el asunto se mediatizó fue porque no había justicia, porque a meses de puesta la denuncia, la Fiscalía no actúa, cuando hay indicios para actuar”, señaló.

Noriega se había mantenido al margen del asunto, solo asesorando a la madre de las niñas en privado, pero al enterarse de que habría una nueva audiencia decidió presentarse. Al inicio pidió la palabra, a lo que el presidente de la Comisión dijo que no habría participaciones del público. Pero como interrumpió al abogado del magistrado acusando que era falso lo que decía, el legislador aceptó que hablara al final. Cuando llegó el momento, Cavazos y sus abogados se levantaron y se fueron sin oír lo que iba a decir.

“La forma de pararse e irse, pues… claro, yo no fui nada amable, los defensores de derechos humanos tenemos algo en la panza que luego se nos sale. Pero se pararon y se fueron, ¿por qué?, pues porque saben que están las pruebas ahí. Llegó a mentir así el abogado”, afirmó.

Además, señaló que es absurdo el argumento de que la mamá de las niñas busca dinero porque si el caso avanza, perderá el 30% de pensión que recibe mensualmente, “resultaría muy cómodo ser la exesposa de un magistrado, tendría su vida económica resuelta”.

“Justicia es lo que pedimos. Hoy fue un acto político, en donde el señor ha llevado todo su teatro. Qué bueno que logramos entrar, qué bueno que logramos levantar la voz, porque el 99% de los delitos sexuales contra niños y niñas queda impune”, lamentó.

Justifican derecho de audiencia

Cavazos se presentó con su abogado, Gabriel Regino, exsecretario de seguridad del entonces Distrito Federal de 2002 a 2006 y que, según versiones periodísticas, fue señalado en el juicio de Joaquín “el Chapo” Guzmán por haber recibido sobornos, lo que fue negado en su momento por el exfuncionario. Regino habló durante casi 18 minutos y Cavazos, durante tres; otra abogada que los acompañaba no tomó la palabra.

Al terminar, el diputado Carlos Hernández Mirón, de Morena, dijo que reconocía que Santillán hubiera dado la oportunidad de volver a tratar el tema, pero que el compareciente ya había tenido su oportunidad de hablar.

“Quiero precisar que había ya un orden establecido en donde cada uno de los magistrados y magistradas recurrían a este Congreso a fijar su posición. Este es un acto excepcional que se está llevando a cabo, y me parece que en su momento ya habíamos hablado, se había escuchado al magistrado, hubo una serie de entrevistas con antelación”, recordó.

El diputado independiente Guillermo Lerdo de Tejada comentó que en ningún otro proceso de los que han tenido en esta legislatura se ha dado una situación similar, y que él no había estado de acuerdo en que hubiera esta segunda audiencia.

La justificación de Santillán fue que está garantizado por la Constitución federal, en los artículos 1 y 8, el derecho de audiencia cuando se tocan temas públicos, y porque hasta este jueves estaba abierto el proceso legal para considerar todas las opiniones y elementos en la ratificación de siete magistrados del Tribunal.

“Se consideró que al estar dentro de un proceso de consulta, era de atenderse la solicitud. Así como las personas que también en este momento decidieron expresar opiniones a la Comisión. Entre más opiniones tenga la Comisión, más elementos para normar su criterio”, afirmó.

Confirmó a Animal Político que la decisión no fue consensuada con el resto de integrantes de la Comisión, porque es facultad del presidente otorgarla.

Protestas y más firmas contra las ratificaciones

A la par que Santillán concedió esta nueva audiencia –solicitada desde el lunes, pero de la que se informó públicamente apenas el miércoles, menos de 24 horas antes–, rechazó un escrito con más de 657 firmas pidiendo la no ratificación, que recabó por internet y entregó la Fundación Arcoíris. En un correo electrónico, del que Animal Político tiene copia, la presidencia de la comisión señala que serían necesarias las firmas de puño y letra.

“Es necesario que dichas personas hagan llegar el sentido de sus opiniones (sea cual fuere) de manera personal por escrito con firma autógrafa y con datos que permitan su identificación y en dado momento poder contactarles posteriormente. (…) De lo contrario, nos veríamos impedidos a validar el documento hecho llegar con la firma y respaldo del número de personas que se menciona y solamente considerar la suya que cumple con las características antes mencionadas”, puntualiza el correo.

Sin embargo, al ser cuestionado al respecto, Santillán lo negó y dijo que se recibían todas las opiniones, todas se tomaban en cuenta y se remitían al resto de los diputados. Pero otro integrante de la comisión dijo que no había sido notificado de dicha carta.

Este mismo jueves, la Red de Abogadas Feministas de México (Redafem), presentó 43 firmas más contra la ratificación de Cavazos.

“Esperamos tomen en cuenta el interés superior de la infancia y respondan a las leyes de protección a víctimas de violencia sexual, ya que una niña o niño no mienten respecto de una situación de violencia sexual, precisamente por la naturaleza de estos ilícitos; es decir, su naturaleza oculta es que cobra relevancia en su testimonio y en este caso fueron consistentes entre lo narrado al Ministerio Público y peritos, así como en el Centro de Atención de la propia Fiscalía y ahora en sus terapias psicológicas efectuadas en Adivac”, dice la carta.

También está en contra de la ratificación de la magistrada Patricia Gudiño, que en su comparecencia para ser ratificada propuso retomar la figura de “alienación parental” no solo para quitar la custodia, sino para castigar con cárcel a la madre o padre que supuestamente manipule a sus hijos. Esa teoría ha sido mundialmente cuestionada y en la propia Ciudad de México se derogó en 2017, luego de la muerte de una mujer y sus hijos, de los que una jueza pretendía darle la custodia al padre, acusado de abuso sexual.

Fundación Arcoíris, quien juntó las primeras firmas contra Cavazos, envió una segunda carta también contra Gudiño, que recogió 175 firmas.

Al exterior del Congreso de la Ciudad de México, activistas de estas dos organizaciones y mujeres abogadas de la comunidad de Egresados del Posgrado de Derecho de la UNAM esperaban a Cavazos con pancartas de rechazo. Cuando salió, le gritaron “magistrado violador”, por lo que regresó al interior del recinto y salió por otra puerta alterna.

En entrevista, las manifestantes dijeron que se organizaron apenas en la mañana cuando se enteraron que habría una nueva comparecencia y vieron el hashtag en redes sociales #NoRatificaciónCavazos. Algunas dijeron conocer detalles de la denuncia y expresaron su convicción de que el proceso legal se está entorpeciendo por el poder del cargo del magistrado.

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'Arriesgo mi vida para tratar a pacientes de covid-19 pero mañana puedo ser deportado a México'

Como enfermero en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Carolina del Norte, Jonathan Vargas Andrés trata a pacientes con covid-19 todos los días. Pero pronto puede encontrarse con una orden de deportación.
13 de mayo, 2020
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Guillermo y Jonathan Vargas Andrés

Jonathan Vargas
Guillermo y Jonathan Vargas Andrés llevan 18 años en Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos está revisando un caso que podría poner en riesgo de deportación a miles de personas que llegaron de forma ilegal al país cuando eran niños.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, aprobada en 2012) les dio a estos jóvenes la oportunidad de trabajar y estudiar legalmente en EE.UU., pero el presidente Donald Trump quiere revocarla.

Y muchos de los que están en riesgo son trabajadores de la salud que se enfrentan a la pandemia de coronavirus.

A principios de abril, una larga fila de autos de policía rodeó un hospital en Winston-Salem, en Carolina del Norte, con sus luces azules parpadeando.

Era un tributo, dijeron, a los trabajadores sanitarios que arriesgan sus vidas para tratar a los pacientes de covid-19.

Pero al mexicano Jonathan Vargas Andrés, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos que trata a pacientes de coronavirus en ese hospital, le parecen, de alguna manera, gestos vacíos.

Lleva cuatro años trabajando en la misma unidad que su esposa y su hermano, también enfermeros, y la semana pasada ha visto un aumento en el número de casos.

Jonathan también es indocumentado y en las próximas semanas sabrá si el país por el que está arriesgando su vida decidirá deportarlo.

“Trato de no pensar en eso, porque si lo pienso mucho me canso”, dice Jonathan en su suave acento sureño. “Básicamente, tuve que desconectar por mi propia salud”.

“Es el miedo más que nada”.

El programa DACA

Jóvenes protestando frente a la Corte Suprema en apoyo al programa DACA.

Getty Images
La mayoría de los beneficiados por el programa DACA son de América Latina, pero también hay de otras partes del mundo.

Jonathan se benefició del programa DACA, una norma de la era Obama que protegía de la deportación a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y que les proporcionó permisos de trabajo y estudio.

Jonathan llegó de México cuando tenía 12 años.

En 2017, Donald Trump detuvo el programa y actualmente está siendo revisado por la Corte Suprema estadounidense.

En cualquier momento, a Jonathan se le podría decir que ya no tiene derecho a trabajar o vivir en Estados Unidos.

Hay aproximadamente 800.000 beneficiarios de DACA en Estados Unidos. El Centro para el Progreso Americano, un think tank de izquierda, estima que 29.000 de ellos son trabajadores de atención médica en primera línea (médicos, enfermeros, paramédicos) y otros 12.900 se desempeñan en otros sectores de la industria de la salud y el cuidado.

Jonathan describe su trabajo como una vocación.

Le encanta ser enfermero a pesar de enfrentar una pandemia a los cuatro años de haber iniciado su carrera.

“Obviamente, da miedo cuando estás allí”, dice. “Te vuelves muy, muy, muy paranoico con lo que tocas”.

“Pero tienes que dejar ese pensamiento de lado, porque estás allí para ayudar a estas personas. No se trata de ti”.

Su hospital tiene suficientes equipos de protección personal. Los están usando con moderación, lo que lo pone nervioso, pero lo que es más difícil, cuenta, es tener que ver a la gente morir sola.

“Es muy triste, muy deprimente ver a las familias tener que despedirse a través de un iPad”, dice.

“No solo es estresante, sino emocionalmente agotador“.

Al menos en la unidad hay solidaridad, pero a veces siente que está viviendo una doble vida.

“Cuando voy a trabajar y hablo con mis compañeros de trabajo, ellos no saben sobre mi estatus”, dice.

“Pero luego regreso a casa y me doy cuenta de que, ya sabes, estoy viviendo fuera del radar”.

“Ni siquiera sabes si algo de lo que estás haciendo para ayudar a tu país será apreciado. Y en un par de meses, podría ser deportado“.

Cambio de vida

Protesta de "Dreamers" afuera de la Corte Suprema en noviembre.

Getty Images
El programa DACA está actualmente bajo revisión por la Corte Suprema de EE.UU.

Jonathan nació en México, en un pequeño pueblo cerca de Puebla, en 1990.

Su padre manejaba un autobús para ganarse la vida, pero apenas podía mantener a la familia.

Él recuerda la casa en la que vivían: no tenía ventanas, el piso era de tierra, y no había agua corriente.

Su padre se fue primero a Estados Unidos, en el año 2000, y trajo a su familia dos años después.

Junto con su hermano y su madre, Jonathan cruzó el río que separa a México de Estados Unidos y el desierto, entrando a territorio estadounidense ilegalmente.

Hasta 2012, toda la familia vivía fuera del radar. Como niños indocumentados, podían asistir a la escuela pública, pero no a las universidades públicas ni a las universidades privadas, que eran demasiado caras.

Cuando terminó la escuela secundaria, consiguió trabajos ocasionales. Trabajaba reparando neumáticos cuando se anunció el programa DACA.

“Fue un cambio de vida”, dice. “No sé cómo describirlo. Saber que iba a tener la oportunidad de trabajar legalmente y tener la posibilidad de ir a la universidad”.

Llevaba en Estados Unidos 10 años en ese momento y aunque dice que se sentía estadounidense, no tenía la documentación para demostrarlo.

Cuando se aprobó el programa DACA, él y su hermano inmediatamente intentaron inscribirse en el ejército, pero fueron rechazados por su estatus de ciudadanía.

Su deseo de servir los llevó a la enfermería.

“Vuelve a cruzar el río”

Aunque le encanta su trabajo, los últimos cuatro años han sido un período de mucha ansiedad.

Jonathan ha comenzado a apretar la mandíbula mientras duerme. A veces lo hace tanto que la articulación se hincha y le duele cuando come o habla. Es una condición que generalmente está vinculada al estrés.

“He estado lidiando con este estrés desde 2015, cuando Donald Trump anunció que se postulaba para presidente y lo primero que hizo fue atacar a los mexicanos“.

“Se volvió muy, muy real cuando asumió el cargo”.

Desde entonces, dice que ha sentido más animosidad hacia él y ha experimentado un racismo manifiesto. Cree que algunas personas ahora se sienten con el derecho a mostrar intolerancia.

Describe un incidente fuera de su gimnasio, antes de la cuarentena, en el que un hombre le gritó improperios racistas y le dijo que “volviera a cruzar el río” porque había estacionado incorrectamente.

Una joven con la solicitud para el programa DACA en 2012.

Getty Images
El derecho a trabajar de Jonathan depende del programa DACA.

Camuflaje

Jonathan se casó hace dos años y su esposa es ciudadana estadounidense. Ha solicitado una green card -residencia temporal-, pero no es un hecho que se la vayan a dar.

Su entrada ilegal al país siendo niño podría jugar en su contra.

Si un niño indocumentado no abandona Estados Unidos en el año antes de cumplir su mayoría de edad, asume la responsabilidad legal de su ingreso.

Y si la decisión de la Corte Suprema detiene el programa DACA, podría perder su derecho a trabajar.

Jonathan está tratando de no pensar en lo que sucederá si la decisión va en su contra. Dice que no volverá a México, ya que no cree que la profesión de enfermería sea valorada allí, pero él y su hermano han estado investigando para mudarse a Canadá.

Tendría que dejar a sus padres y su vida de los últimos 18 años atrás. Actualmente está estudiando a tiempo parcial para obtener una calificación adicional en enfermería, y es posible que también tenga que dejarlo.

Aunque el miedo a la covid-19 y la decisión de la Corte Suprema se ciernen sobre él todos los días, tiene una sensación de seguridad dentro de su uniforme de color azul oscuro.

“A veces siento que mi uniforme de trabajo es un tipo de camuflaje”, dice.

“La gente me ve con la bata y asumen que soy de los ‘buenos’ o que estoy aquí legalmente”.

“Pero tan pronto como me cambio, no hay forma de que sepan que soy enfermero, así que me vuelvo un ‘espalda mojada’ como suponen sobre todos los demás que parecen hispanos”.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=3FlrsNfKguk&t=35s

https://www.youtube.com/watch?v=85PHSOeDz2Y

https://www.youtube.com/watch?v=QZ9JbrioTiw

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