Destituyen a tres magistrados de CDMX por temas de violencia de género
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Congreso CDMX

Destituyen a tres magistrados de la CDMX por temas relacionados con violencia de género

Rosa Laura Sánchez Flores, Manuel Horacio Cavazos López y Héctor Jiménez López dejarán sus funciones desde este viernes por su actuación ante situaciones de violencia de género.
Congreso CDMX
27 de febrero, 2020
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Por primera vez en la historia reciente de la Ciudad de México, el Congreso local no ratificó en automático a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y aprobó cesar a tres, de ocho que cumplían su periodo en funciones, a partir de este viernes 28 de febrero. En los tres casos, ha sido por su actuación o por estar relacionados con situaciones de violencia de género.

Se trata de Héctor Jiménez López, que avaló que se dejara libre al presunto feminicida de Abril Pérez Sagón; de Manuel Horacio Cavazos López, del que Animal Político reveló que está demandado por agresiones sexuales contra sus hijas; y de Rosa Laura Sánchez Flores, porque su sala redujo la sentencia de dos adolescentes que secuestraron y mataron a una compañera de preparatoria.

Este último caso sorprendió el miércoles, ya que mientras de los otros se habían presentado dictámenes en sentido negativo, el de ella era positivo, pero durante la reunión de la Comisión de Administración y Justicia se expuso su relación con un caso de feminicidio, y al momento de votar, dos diputados prefirieron abstenerse, solo cuatro la apoyaron, y seis estuvieron en contra, de modo que habrá un nuevo dictamen negativo para que sea aprobado en definitivo por el pleno del Congreso de la CDMX, este jueves.

El caso en el que participó Sánchez Flores es el de Diana Belén Hernández Moreno, de 16 años, ocurrido en mayo de 2016. Fue secuestrada por Gustavo Adán Paredes González y José Carlos Rincón Aguilar, que exigieron un rescate, pero la mataron y tiraron su cuerpo en la carretera a Cuautla. Recibieron la pena máxima por ser menores de edad, de cinco años, pero en un recurso de revisión ante la Segunda Sala de Justicia para Adolescentes, donde está la magistrada, se redujeron las condenas a cuatro años y cuatro años nueve meses, porque mostraron arrepentimiento.

El pasado 6 de febrero, durante su comparecencia ante el Congreso, la diputada Paula Soto, de Morena, le cuestionó esta decisión y la magistrada dio argumentos biológicos:

“Los adolescentes tienen una percepción diferente. El lóbulo frontal se termina de desarrollar hasta los 25 años de manera total y allí está la parte de las decisiones, de los impulsos, y el sistema de justicia para adolescentes tiene fines socioeducativos, busca que entiendan lo que hicieron, que dimensionen lo que hicieron durante el periodo de internamiento”, dijo.

Este 26 de febrero, durante la discusión de la ratificación, Soto hizo énfasis en que el problema es que la magistrada demostró que el acceso a la justicia no es parejo para hombres y para mujeres, porque su decisión en dicho caso no puso por encima el garantizar la justicia para una chica de 16 años.

En su contra también habló el morenista Carlos Hernández Mirón, que citó a la hoy secretaria de Gobernación y exmagistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que la perspectiva de género tiene que estar a partir de ahora presente en todas las decisiones judiciales, no solo penales, sino también civiles, y más en estos momentos en los que se está visibilizando la violencia de género.

“Me parece que en esta situación, la magistrada Sánchez Flores en ningún momento ha atendido ese llamado, y obviamente ha sido en el pasado, pero me parece que a partir de ahora tenemos que sentar el precedente de manera contundente, de manera robusta, de manera sólida para que se atienda el tema de atender los derechos de las mujeres y de las niñas, y obviamente ir de manera también seria y de a deveras en contra del feminicidio, tenemos que estar en contra de la violencia que se genera en cada uno de los espacios”, dijo.

Decisión histórica

En el caso de Jiménez López, desde que inició el proceso de ratificación de magistrados, a principios de febrero, el propio Consejo de la Judicatura propuso que no fuera ratificado, lo cual ya era inédito. Aún así, según explicó el presidente de la Comisión de Justicia, Eduardo Santillán, se le dio la oportunidad de ir a comparecer, pero él mismo la declinó, por lo que ayer se confirmó su no ratificación.

Él modificó la medida cautelar que tenía en prisión a Juan Carlos “N”, exesposo de Abril Pérez Sagón, porque una noche la golpeó con un bat y se le acusó de intento de feminicidio, pero los jueces reclasificaron el delito por el de lesiones y violencia familiar.

“Los datos de prueba que fueron proporcionados por las partes, fueron suficientes para establecer, tal y como lo determinó el juez, que sí existió la realización de actos ejecutivos de llevar a cabo una agresión, pero no con el ánimo o intensión (sic) de que una persona perdiera la vida; además, no se materializa la totalidad de los actos ejecutivos, propios e idóneos tendientes a causar la privación de la vida”, fue lo que determinó Jiménez.

El exesposo de Abril salió libre y después ella fue asesinada, por lo que hoy es el principal sospechoso.

La situación de Cavazos López, el tercer magistrado que recibió dictamen negativo para ser ratificado este miércoles, es la única que no tiene que ver con su actuar como impartidor de justicia. De hecho se señaló que si bien cumplía con los requisitos constitucionales para seguir ejerciendo en el cargo, está bajo cuestionamiento su honorabilidad, otro requisito indispensable, debido a la denuncia de violencia sexual que pesa en su contra.

“No es suficiente no tener una responsabilidad penal, sino tener una honorabilidad incuestionable y buena fama pública (…) y que le dé certeza a la ciudadanía de que quien desempeña el cargo de magistrado o juzgador, es una persona no solamente con las aptitudes de carácter técnico, sino también con las virtudes morales que implica la impartición de justicia”, señaló el dictamen.

Al terminar la sesión de la comisión de justicia, su presidente señaló que era una situación inédita, porque solo una vez, hace más de 30 años, se decidió la no ratificación de un magistrado, pero había sido una decisión federal y nunca había ocurrido desde que en 1997 se creó la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso, lo que demuestra la separación de poderes.

“Las cosas cambian en la Ciudad de México, me parece que esta es una parte muy visible de los cambios. Hasta el momento, en la historia de la Asamblea Legislativa y del Poder Legislativo local, pues realmente los nombramientos se trataban de meros trámites y me parece que el día de hoy llegamos a un proceso completamente distinto, completamente abierto, transparente”, afirmó.

Los otro cinco magistrados que sí se propone que sean ratificados son Juan Arturo Saavedra Cortés, Josefina Rosey González, Rosalba Guerrero Rodríguez, Jorge Guerrero Meléndez y Patricia Gudiño Rodríguez, aunque esta última fue la más cuestionada, solo con ocho votos a favor y seis en contra, por haber propuesto que se castigue con cárcel a la madre o padre que manipule a sus hijos contra el otro progenitor con la teoría de la “alienación parental”, que ya fue derogada en la Ciudad.

Este jueves las decisiones tomadas por la Comisión se presentarán ante el Pleno de diputados, que tienen que validarlas por mayoría calificada, es decir, dos tercios, y en dado caso podría dar marcha atrás a algún nombramiento.

El viernes dejarán de ser magistrados quienes no fueron ratificados y los puestos quedarán vacantes, hasta que se lance una nueva convocatoria para nuevos magistrados.

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Felimar Luque

De vender arepas en un mercado a luchar como médica contra la COVID-19

Felimar Luque temía no volver a trabajar como médica tras emigrar de Venezuela. Pero la falta de personal sanitario que sufren países de la región como Perú ha hecho que vuelva a ejercer.
Felimar Luque
5 de agosto, 2020
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Preparando arepas en la habitación que compartía junto a su hermana en Lima, Felimar Luque temía no volver a ponerse nunca más la bata de médica que se tuvo que quitar cuando salió de Venezuela en busca de un futuro mejor.

Hoy, tras un año en el que vendió arepas en un mercado y medicamentos en una farmacia, vuelve a ejercer la medicina en un hospital. Una oportunidad que ansió durante meses y que no le llegó hasta que ocurrió una tragedia: la pandemia de COVID-19.

“La esperanza era bastante lejana por el tema económico”, cuenta esta ginecóloga de 34 años, a quien se le hacía imposible asumir el costo de homologar su título cuando llegó a Perú el año pasado.

Ahora, ante la falta de profesionales de la salud para atender de los casos de coronavirus que hay a nivel nacional, Luque ha sido contratada para trabajar en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, el complejo hospitalario más importante de la seguridad social peruana.

Allí, se encarga de evaluar cómo evolucionan cerca de 200 afectados por COVID-19.

Perú ha decidido permitir durante la pandemia la contratación de médicos extranjeros, incluso aquellos que aún no hayan terminado de realizar sus trámites para colegiarse. Es una medida que también han tomado países como Chile, México y España.

Luque ha sido una de las beneficiadas. Como a muchos de los 900,000 venezolanos que emigraron al país andino en los últimos años, a ella, le había tocado empezar desde cero en su nuevo destino.

Es decir: dejar atrás 11 años de estudios universitarios y cuatro de experiencia laboral, para, en cambio, comenzar los días levantándose a las cinco de la mañana para amasar agua y harina P.A.N.

“Despertábamos para hacer las arepas y que estuvieran calientes al momento de venderlas”, recuerda.

Harina P.A.N.

Getty Images
Felimar Duque se despertaba todos los días a las 5am para amasar la harina P.A.N.

“Vendíamos unas 30 o 35… No eran muy grandes porque la harina P.A.N. es importada y costosa y queríamos obtener un poquito de ganancia”, le dice a BBC Mundo por teléfono en el descanso de su turno en el hospital.

A dos soles cada una (0.6 dólares), ganaban entre 18 y 21 dólares cada día. Tres veces más que su sueldo mensual en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, conocido por ser donde murió en 2013 el exmandatario venezolano, Hugo Chávez.

Este monto, sin embargo, era insuficiente para vivir cómodamente en Perú. Así que, recién llegadas a Lima, las hermanas vendían las arepas por las mañanas y dedicaban el resto del día a buscar trabajo.

“El choque emocional era demasiado”, cuenta Luque. “Aparte, jamás había vendido nada”.

“Todo en mi vida había sido estudiar, estudiar, estudiar… El día en que decidí trabajar ya era médico y, desde entonces y ya graduada, nunca había dejado de trabajar”.

Dejar Venezuela

Felimar Luque era en Caracas especialista adjunta del servicio de ginecología de un hospital de nivel 4, el más alto, es decir, con un gran número de camas, área de terapia intensiva y de especialidades.

De pequeña, había decidido ser pediatra después de que una infección gastrointestinal le llevara a acabar ingresada en un hospital.

“Me atendió una excelente pediatra, que fue muy atenta conmigo. A pesar de no tener turnos, se quedó conmigo durante mi hospitalización”, recuerda.

“De ahí le dije a mi mamá: ‘Quiero ser pediatra porque quiero atender a las personas así como ella me atiende a mí”.

Pero, a medida que estudiaba la carrera, fue cambiando de opinión. “Me di cuenta de que la pediatría era bonita, pero a la vez un poco triste“.

“Sobre todo el área oncológica me deprimía, así que dije: ‘No, prefiero ser ginecóloga, que así traes un bebé al mundo y, en la mayoría de los casos, les das una alegría a los familiares”. Todavía recuerda su primer parto: varón, 3.5 kilos.

Felimar Duque con un bebé recién nacido

Felimar Duque
Duque optó por especializarse en ginecología porque el traer bebés al mundo “das una alegría a los familiares”.

Los años tomando notas o sacando fotocopias de libros que no podía permitirse comprar rindieron frutos: se graduó de la Universidad Rómulo Gallegos con notas sobresalientes o, como se dice en Venezuela, cum laude.

Un posgrado después, llegó a ser jefa de servicio en un hospital grande. Pero era un puesto que también tenía desventajas que se hicieron más agudas cuando el país empezó a verse golpeado por una dura crisis económica.

“En 2012 ya empezó el déficit, pero se acentuó muchísimo, muchísimo en 2014. En 2015, ya no teníamos absolutamente nada, teníamos que solicitar al paciente que llevara sus insumos para poder atenderle”, hace memoria.

Alternaba cuatro trabajos en dos clínicas y dos hospitales públicos para poder mantenerse. Le alcanzaba, “ajustadita”, y solo porque vivía sola y no había formado aún una familia.

Pero la falta de condiciones para atender a sus pacientes era lo que más le afectaba.

“El choque no lo vive el director del hospital, lo vives tú como jefe en tu área. Eso ya me tenía un poquito inestable emocionalmente porque decía: ¿Cómo voy a una guardia? Como recurso humano puedo hacer cualquier cosa, pero me atas de manos porque no tengo cómo resolver al paciente porque no tengo insumos”.

Protesta en Venezuela por la crisis hospitalaria

Getty Images
En Venezuela hay una crisis hospitalaria desde hace varios años.

Estas deficiencias le hicieron pasar por situaciones tensas, como cuando tuvo que resguardarse para no ser agredida por el familiar de una paciente.

“Había sido referida de otro hospital y, en ese momento, nosotros no contábamos con servicio de quirófano porque no había aire acondicionado y solo estábamos atendiendo estrictas emergencias”, recuerda.

“La paciente estaba en un inicio de trabajo de parto… Tenía oportunidad de ir a otro centro a ver si la podían atender”. El familiar montó en cólera, estallando en reclamos e insultos contra ella y un colega, que eran los encargados del servicio aquel día.

“Tuvimos que permanecer encerrados en la habitación porque si salíamos nos podían agredir”, afirma.

Choque emocional

Episodios como este la llevaron a iniciar la homologación de su título en España para emigrar allí.

“Mi temor era: ‘se me va a morir una paciente por el simple hecho de que en el hospital no hay tan siquiera sangre para transferirle o no hay una jeringa, nada…’ Que me llegue un paciente crítico y no pueda resolverlo, no porque no tenga conocimiento, sino porque no tengo los recursos para atenderlo”.

Pero las trabas burocráticas, tanto en España como en Venezuela, y la ralentización de los trámites en las instituciones de este último país hizo que, a inicios de 2019, se decidiera a seguir a su hermana a un destino más barato y menos complicado: Perú.

Felimar Luque (izq.) en la sala de partos en Venezuela

Felimar Luque
Practicar medicina en Venezuela se ha vuelto difícil por la falta de recursos.

A diferencia de miles de sus compatriotas, ellas tuvieron la “suerte” de poder viajar hasta allí en avión.

Pero eso no logró amainar un cambio tan brusco: “En Venezuela siempre tuve trabajo, muchísimo trabajo. Pero una vez que vengo para acá, nunca había vendido y había que relacionarse con cualquier persona”.

“Pero era más que todo el choque emocional: eras una persona reconocida en tu país. En mi caso, yo era jefe de servicio porque era especialista adjunta del servicio de ginecología ya con cuatro años de experiencia como tal. Y sí, el choque es bastante fuerte en ese sentido”.

“De verdad que me sentía bastante mal”.

Junto a su hermana, pidieron permiso en un puesto de un mercado cercano a donde vivían para ponerse de pie al lado a vender las arepas. El comerciante se lo permitió.

“Entonces hice mi currículum, lo dejé por locales comerciales, farmacias. Llamaba a los anuncios para cuidar bebés, cuidar abuelitos”. Menos de un mes después de llegar, consiguió empleo en una farmacia donde trabajaba seis días a la semana por el salario mínimo.

Inmigrante venezolana entrando a Perú

Getty Images
Muchos venezolanos que inmigran a Perú tienen dificultades en buscarse la vida.

¡No tenemos gente!

Poco a poco, fue reuniendo y validando los papeles que necesitaba para homologar su título de médico general.

“Registré mi título… pero hubo un freno porque me exigían estudiar un año más”, cuenta. No podía permitírselo: su hermana tenía problemas para encontrar empleo y de su salario salían la manutención de las dos y el dinero que enviaba a sus padres, en Venezuela.

“Decidimos oye, nada, a reunir plata. A ver si se puede lograr de alguna forma en algunos meses”.

Casi a finales de 2019, vio un anuncio en Instagram: la ONG Unión Venezolana en Perú estaba ayudando a médicos venezolanos a convalidar sus títulos. La organización ha reunido en los últimos dos años un listado de 39,000 inmigrantes venezolanos con estudios, cuyos datos se los ofrece al gobierno peruano para ayudar a cubrir vacantes difíciles de llenar.

Tras una dura selección que empezó con 150 profesionales, Luque acabó siendo una de los 20 que recibió la ayuda de la ONG y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) para poder colegiarse en Perú.

“Tuve que pasar varias pruebas y cursos”, asegura. “A veces nos decían el mismo día o la noche anterior: ‘Hoy, urgente, tienen que ir a tal sitio’. Y bueno, ese día le pedía permiso a mi jefe y gracias a Dios fue bastante tolerante. Me decía: ‘Tranquila’. Luego, eso sí, tenía que pagarle las horas como sea”.

Pero incluso cuando su nombre apareció oficialmente en la base de datos de médicos colegiados de Perú, encontrar trabajo como tal siguió siendo una tarea complicada.

Coronavirus en Perú

Getty Images
En algunos lugares de Perú se han visto desbordados por la falta de médicos para combatir el coronavirus.

En tres meses, solo llamaron para dos plazas lejos de Lima, de donde no quería irse.

“Conseguí un puesto de asistente de cirugía plástica. Realmente, no es mi área, solo llenaba historias de los pacientes y hacía las tareas de las enfermeras”.

Con la pandemia, la clínica cerró: “Lo que más me angustiaba era que yo tengo que enviar dinero a Venezuela porque mis papás lo necesitan… Era estresante: quedarte sin dinero en un país donde no tienes nada”.

Hasta que un colega le avisó de que la seguridad social peruana, EsSalud, estaba contratando médicos para afrontar la pandemia de COVID-19.

Como muchos países de la región, Perú cuenta con menos médicos de los que necesita, según refleja un informe del Ministerio de Salud de 2018: apenas 13,6 médicos por cada 10.000 habitantes en vez de los 23 que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A esto se suma el hecho de que muchos se han dado de baja porque su edad o historial médico los hace especialmente vulnerables al nuevo coronavirus.

Por ejemplo, en Lambayeque, una de las regiones más afectadas por la pandemia y en la que se han tenido que construir cementerios temporales para enterrar a los muertos por coronavirus, el director del Hospital Regional explicaba a principios de mes que, pese a tener 60 camas libres con punto de oxígeno, no las podía usar:

“¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente!”, gritaba con desesperación en una entrevista con la emisora pública, RPP.

Talento desaprovechado

Carlos Scull, nombrado embajador de Venezuela en Perú por Juan Guaidó, aseguró en una radio local que hay unos 1.000 médicos venezolanos en Perú -de los que solo entre 200 y 300 están colegiados- y unos 3,000 enfermeros.

Otras fuentes como la campaña “Tu causa es mi causa” eleva a 4,000 el número de médicos venezolanos que podrían unirse al esfuerzo del sistema de salud peruano contra la pandemia.

Trabajadores de la salud con equipos de protección personal frente a una ambulancia en Perú

Getty Images
En Perú hay escasez de trabajadores de la salud para hacerle frente a la pandemia.

Al menos uno de ellos, Felimar Luque, empezó a trabajar en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins el lunes de la semana pasada: “Es hermoso, se parece al hospital en el que yo trabajaba ”.

“Me siento bien, a pesar de la pandemia, haciendo lo que más me gusta”, dice. Ahora gana ocho veces más de lo que recibía en la farmacia. Su hermana, abogada, ha tenido menos suerte y ahora trabaja cuidando a una mujer mayor en una provincia al norte de Lima.

“El venezolano tiene una necesidad de tener un ingreso y ejercer su profesión”, dice Garrinzon González, director de Unión Venezolana en Perú. En los años que lleva frente a la ONG, ha visto a muchos compatriotas experimentados y con estudios superiores haciendo trabajos no cualificados.

“Es un activo que se está perdiendo el Perú en vez de beneficiarse con estos profesionales cuyos estudios fueron un gasto que hizo otro Estado. Y más cuando hay vacantes”, afirma.

Del listado de 39,000 profesionales venezolanos que ofreció al Estado peruano, calcula que solo el 10% consiguió empleo.

Él espera que la experiencia de echar mano de profesionales sanitarios venezolanos durante la pandemia sirva para abrir las puertas a otros sectores.

Luque tiene un contrato de solo tres meses, prorrogable por otros tres meses más si la pandemia se extiende. Aunque, así como cuando soñaba con volver a ponerse la bata mientras preparaba arepas, le sobran esperanzas.

“Aunque el contrato dice ‘solo pandemia’, yo confío, Dios quiera, que nos dejen trabajando como tal. Ya ellos saben que soy especialista, que estoy en proceso de mi registro nacional de especialista acá en Perú. Y si no, bueno, como médico general, que ya tengo todo legal”.

“Si la posibilidad está, sería genial quedarnos acá trabajando”.

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https://www.youtube.com/watch?v=WhjChg-SfiE&t=5s

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