Solo 3 de cada 100 asesinatos de mujeres son esclarecidos
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Suben penas por feminicidios, pero solo 3 de cada 100 asesinatos de mujeres son esclarecidos y llegan a condena

Hay 8 estados en donde en cuatro años no se ha dictado una sola condena por feminicidio. Faltan protocolos y personal especializado para indagar con perspectiva de género asesinatos de mujeres, dicen especialistas.
Cuartoscuro
21 de febrero, 2020
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En los últimos años el Congreso federal y 13 congresos estatales han reformado sus códigos penales para agravar las penas de feminicidio, en un intento por inhibir el crecimiento de este delito. Sin embargo, en los hechos solo 3 de cada 100 asesinatos de mujeres son esclarecidos y llegan a una condena por dicho ilícito.

Así lo prueban datos oficiales de las fiscalías estatales y de los poderes judiciales locales recolectados y reportados por Inegi, los cuales arrojan que de 2015 a 2018 fueron asesinadas en nuestro país 12 mil 378 mujeres en total, pero en ese mismo lapso solo se dictaron sentencias condenatorias en 407 casos.

Aunque no necesariamente las condenas de un año corresponden a los casos registrados en ese lapso, los especialistas de Inegi señalan que sí puede hacerse una aproximación al nivel de efectividad entre casos y sentencia.

De esta forma, las 407 condenas de feminicidio equivalen apenas al 3.2% de todos los casos de mujeres que han sido asesinadas en México en el lapso señalado.

Incluso hay ocho estados del país, la cuarta parte de las entidades, donde no se dictó una sola condena de feminicidio en el referido plazo.

Lo anterior significa que aun cuando se endurezcan las penas por feminicidio, dicha medida solo puede materializarse en una fracción de los asesinatos de mujeres, ya que la enorme mayoría de ellos no llega a una condena por este delito.

Animal Político publicó el jueves pasado que de 2015 a 2018 los asesinatos de mujeres crecieron 57% aun y cuando múltiples estados han optado por agravar la pena de prisión por feminicidio, como lo hizo esta semana el Congreso de la Unión a nivel federal.

¿Por qué hay pocas sentencias?

Un primer dato que explica la baja efectividad en cuanto a condenas de feminicidio es que la mayor parte de los casos de asesinatos de mujeres ni siquiera se indagan como un posible crimen por razón de género, pese a que así lo marcan criterios nacionales e internacionales.

Este medio publicó el pasado 10 de febrero que solo 1 de cada 5 asesinatos de mujeres se indagan como posible feminicidio, lo que significa que el 80% de los asesinatos de mujeres quedan, casi desde un inicio, fuera de la posibilidad de una condena por dicho delito grave.

De acuerdo con las cifras de Inegi, los casos que las fiscalías sí consideraron como posible feminicidio de 2015 a 2018 ascendieron a 3 mil 114, pero no todos han llegado al juez. En el mismo lapso sumaron 1 mil 792 los feminicidios en donde la investigación avanzó lo suficiente para consignarla a un juzgado.

Y finalmente los datos arrojan para el mismo lapso un total de 407 sentencias condenatorias por feminicidio, en dicho periodo de cuatro años. Se trata de menos del 15% de casos que sí se investigaban oficialmente como feminicidio y que, como ya se dijo, son apenas la quinta parte de total de mujeres asesinadas.

La cifra anual de sentencias condenatorias de feminicidio se ha incrementado. Mientras que en 2015 se reportaron solo 78 de ellas, para 2018 la cifra ascendió a 136, un alza de más del 70%. Sin embargo, la cifra de condenas es extremadamente baja respecto al universo de la violencia feminicida: mientras que en 2015 se registraron 2 mil 383 mujeres asesinadas, para 2018 la cifra llegó hasta las 3 mil 752 víctimas.

La cuarta parte de estados, sin condenas

Aunque el delito de feminicidio está tipificado en la mayor parte de los estados desde principios de la década pasada, entre 2015 y 2018 hubo ocho entidades – la cuarta parte del país – en donde no se dictaron sentencias por este delito. Ello pese a que en dichas entidades se registraron 2 mil 422 asesinatos de mujeres en ese mismo lapso.

Estas entidades son Nayarit, Colima, Chihuahua, Tlaxcala, Tamaulipas, Baja California Sur, Oaxaca y Aguascalientes.

Llama la atención el caso de Tlaxcala que tiene una de las penas más altas del país para feminicidio: 70 años de prisión. Es letra muerta porque no registra un solo caso en donde haya podido aplicarse una condena. Otros estados de la lista, como Chihuahua y Aguascalientes, también registran sanciones altas de hasta 60 años, que no se han aplicado en ningún caso.

Los poderes judiciales del resto de los estados sí reportaron sentencias condenatorias de feminicidio, aunque muchos en niveles muy bajos. Por ejemplo, Baja California, Campeche, y Querétaro, reportaron una sola sentencia condenatoria cada uno en un periodo de cuatro años.

Y hay ocho estados en donde en cuatro años se han dictado entre 2 y 5 sentencias condenatorias solamente: Quintana Roo, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Tabasco, Veracruz y Chiapas.

Por el contrario, Ciudad de México es la entidad con el mayor número de sentencias por feminicidio en el referido lapso, con 90 en total. Le sigue Guanajuato con 82 condenas, aunque ello no fue factor para que en el mismo periodo se reportaran más de 800 asesinatos de mujeres, con un crecimiento de casi 240% en la violencia feminicida.

Hay cinco estados del país en donde la muerte violenta de mujeres se ha disparado por encima de 200% en cuatro años. Dos de ellos son Nayarit y Colima, donde no se reporta ni una sentencia, y el otro es Quintana Roo con 4 condenas. En todos ellos agravar las sanciones en los hechos no significa nada, dado que prácticamente no hay investigaciones que lleguen a sentencias.

¿Qué hacer entonces?

Prácticamente todas las especialistas consultadas coinciden en que el elevar sanciones es una medida en el mejor de los casos simbólica, sin ningún impacto en la prevención del feminicidio y la reducción de la violencia. Ello se debe a que el problema de fondo en este, como en otros delitos, es la pobre investigación y la impunidad.

María de la Luz Estrada, Coordinadora Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, advierte que en lo que debe trabajarse es en las fiscalías, y en las capacidades que estas tienen para indagar los casos.

Como prioridades identificó el diseño de un protocolo para la investigación de feminicidios que se aplique en todo el país. “Estamos ante la posibilidad de que la tipificación de este delito vaya a homologarse en un próximo Código Penal único, lo cual está bien, pero no es suficiente. Hace falta un protocolo”, dijo.

Estrada consideró relevante el que también se pongan en marcha las denominadas “Unidades de Análisis de Contexto”, que se encargarían de estudiar el entorno relacionado con cada crimen de una mujer, factor que es determinarte para poder identificar y acreditar las circunstancias de género que separan a un feminicidio de un homicidio de otro tipo.

Y a ello se suma la urgencia de contar con personal especializado en perspectiva de género. Dijo que se necesitan desde policías, hasta fiscales y peritos que tengan los conocimientos del tipo de investigación que requiere un feminicidio, y que son distintos a los de un homicidio de otro tipo.

“El feminicidio necesita necropsias que describan la forma en cómo se lesionó el cuerpo para acreditar lesiones degradantes, para la violencia sexual, necesitas peritajes de especialistas con perspectiva de género. Sin eso los casos se caen. Es en estas cosas donde el Congreso y los gobiernos deberían por énfasis. No en improvisaciones”, dijo.

Karla Salas Ramírez, abogada feminista directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, advirtió además que una sentencia tampoco es garantía de justicia, pues muchas de ellas no cumplen con los parámetros de perspectiva de género que exige el feminicidio.

“En los casos de feminicidio, las juezas y los jueces tienen frente a las víctimas tres obligaciones: garantizar el derecho a la verdad, que implica el derecho de las y los familiares a conocer lo que ha ocurrido; hacer justicia y que no exista impunidad, y reparar el daño causado a las y los familiares. Y esto muchas veces no ocurre”, dijo Salas.

La especialista precisó que, si bien las investigaciones en la mayoría de los casos son deficientes, los jueces también tienen la facultad de subsanar fallas en el proceso.

“No basta con tener sentencias condenatorias, sino se han garantizado los derechos de las víctimas, esa no es la calidad de justicia que exigen las víctimas ni la sociedad”, dijo.

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¿Cómo sabemos si una vacuna produce efectos adversos?

Varios países han suspendido la inmunicación con la vacuna de AstraZeneca, pero ¿quién toma estas decisiones? ¿Cuál es el proceso para hacerlo?
16 de marzo, 2021
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En las últimas semanas han aparecido diferentes noticias en los medios de comunicación que relacionaban la vacunación frente a la covid-19 con casos mortales.

Primero Austria detuvo la vacunación con el lote ABV5300 de la vacuna de AstraZeneca debido a la notificación de dos eventos trombóticos, uno de ellos con desenlace mortal. A esta decisión se sumaron varios países donde también se había distribuido.

A día de hoy, ya han suspendido la vacunación con cualquier lote de AstraZeneca varios países europeos. Entre ellos, se encuentran España, Dinamarca, Noruega, Islandia, Italia, Alemania y Francia.

Ante tanta incertidumbre, es importante matizar esta información para evitar el sensacionalismo desmesurado que tanto afecta a una población cansada de esta pandemia y que puede causar miedo a la vacunación.

Para ello, es fundamental conocer cómo funciona la farmacovigilancia y cómo se está controlando la seguridad de las vacunas que se están administrando actualmente.

Ante una situación de alerta como esta, las autoridades de cada país pueden adoptar medidas para su territorio.

En esta ocasión, diferentes países han aplicado un principio de cautela, pero ello no quiere decir que las decisiones hayan sido motivadas por las agencias de los medicamentos nacionales o internacionales.

En España ha ocurrido lo mismo, es decir, varias comunidades autónomas detuvieron la vacunación con el lote ABV5300 a pesar de que la autoridad encargada a nivel nacional de tomar esas decisiones no lo había recomendado.

Entonces nos preguntamos, ¿quién toma estas decisiones?, ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo ante una situación como la actual?

vacuna

Getty Images
Los sistemas de farmacovigilancia son redes estructuradas que se encargan de evaluar los riesgos asociados a los medicamentos una vez han sido comercializados.

Proceso de farmacovigilancia

Para que una vacuna se comercialice debe cumplir unos requisitos muy exigentes de calidad, eficacia y seguridad. Esta información se extrae de los ensayos clínicos y permite que las autoridades aprueben la vacuna.

Una vez que estas se están administrando a la población, es necesario realizar una vigilancia continua de la seguridad.

El objetivo es detectar las reacciones adversas que se dan con una frecuencia menor y, por lo tanto, no han podido observarse en los ensayos clínicos previos.

Este proceso lo realizan los sistemas de farmacovigilancia, que son redes estructuradas que se encargan de evaluar los riesgos asociados a los medicamentos una vez han sido comercializados.

Garantizan que los beneficios sean superiores a los riesgos. Se trata de un trabajo colaborativo con diferentes agentes implicados, como las agencias reguladoras, las administraciones públicas, los titulares de autorizaciones de comercialización y los profesionales sanitarios.

Es importante tener presente que estos sistemas se encargan de recoger y evaluar acontecimientos adversos. Entre ellos, se incluye cualquier problema de salud que ocurra después de la vacunación.

Estos no tienen que ser ocasionados necesariamente por la vacuna, ya que pueden darse problemas médicos que coinciden en el tiempo o que estén relacionados con el propio acto de la vacunación.

Por lo tanto, los acontecimientos adversos recogidos por estos sistemas no se pueden considerar directamente reacciones adversas a la vacuna. Requieren un proceso de estudio.

astrazeneca

Getty Images
Algunas sospechas sobre eventos trombóticos han provocado nuevas evaluaciones sobre AstraZeneca.

Cómo sabemos si es por la vacuna

En el caso de España, es el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H) quien se ocupa de este proceso.

Está compuesto por los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia y coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Este sistema realiza una valoración permanente de los acontecimientos adversos notificados tras la vacunación y se registran en una base de datos, que a su vez está conectada con la base de datos europea gestionada por la EMA.

De igual forma, cada país europeo recoge y analiza los acontecimientos adversos notificados en sus territorios y vuelca sus datos en la base da datos europea.

En cada uno de los niveles, la información se amplía, se revisa y se evalúa, para comprobar si hay una relación causal entre la vacunación y la aparición del acontecimiento adverso de forma continua y con la mayor celeridad.

El objetivo es identificar posibles nuevas reacciones adversas que deben someterse a una evaluación más amplia y profunda en la Unión Europea para confirmar o descartar la relación con la vacuna. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos días.

¿Cómo sabemos si el acontecimiento adverso se ha producido por la vacuna?

Cuando se vacuna a un número tan elevado de personas en un corto periodo de tiempo, entre ellas grupos de pacientes con riesgo de padecer ciertas enfermedades, es inevitable observar un número elevado de acontecimientos adversos sin que eso signifique que se deban a la vacuna.

Hay que tener en cuenta que muchos de estos eventos aparecerían de igual forma si la persona no hubiera recibido la vacuna.

Por lo tanto, esta información debe analizarse cuidadosamente para diferenciar problemas médicos asociados a la vacuna de aquellos que igualmente habrían ocurrido aunque la persona no se hubiera vacunado.

Para realizar este análisis, se documentan al máximo los casos y se valoran determinados datos.

Por ejemplo, la secuencia temporal, el tiempo trascurrido entre la administración de la vacuna y la aparición de los síntomas, antecedentes médicos, medicación concomitante, factores de riesgo, evolución del paciente, etc., además de pruebas de laboratorio e imagen.

En los casos en los que hay un desenlace mortal, se valora información adicional como aquella procedente de autopsias, certificados de defunción y registros médicos relevantes.

Toda esta información permite saber si existen causas alternativas que puedan haber causado el acontecimiento médico.

En estos momentos, el PRAC, Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la EMA, está revisando todos los casos de eventos tromboembólicos y otras afecciones relacionadas con coágulos de sangre, notificados después de la vacunación con la vacuna de AstraZeneca.

Esta revisión se está realizando en el contexto de una señal de seguridad, de forma acelerada. Una señal de seguridad es información sobre un evento adverso nuevo o incompletamente documentado que podría estar potencialmente causado por un medicamento y que justifica una mayor investigación.

Vacunas

Getty Images
Un evento adverso es cualquier suceso indeseable experimentado por un paciente, independientemente de que se sospeche o no del medicamento administrado.

¿Acontecimiento adverso o reacción adversa?

Además de la evaluación individual de cada caso, estos se tienen que contextualizar, es decir, comparar la incidencia de aparición de estos acontecimientos en las personas vacunadas frente a la incidencia en la población no vacunada.

Este análisis nos permite saber si realmente hay un aumento de acontecimientos concretos en la población que ha recibido la vacuna. Es decir, hay que diferenciar entre acontecimiento adverso o reacción adversa.

Tal y como explica la AEMPS, un evento adverso es cualquier suceso indeseable experimentado por un paciente, independientemente de que se sospeche o no del medicamento administrado. Un ejemplo de un evento adverso es un paciente que sufre un accidente de tráfico mientras estaba con un tratamiento farmacológico específico.

Por su parte, una reacción adversa (RAM) es cualquier suceso indeseable que ha sucedido con el paciente mientras estaba utilizando un medicamento y existe la sospecha de que es causado por el medicamento.

En el caso que estamos estudiando en este artículo observamos que, hasta el 10 de marzo, se habían notificado treinta casos de episodios tromboembólicos entre cerca de cinco millones de personas vacunadas con la vacuna de AstraZeneca en la Unión Europea.

El número de eventos tromboembólicos en personas vacunadas estaría dentro de lo esperado.

Es decir, no es mayor que el número observado en la población general, ya que solo de tromboembolismo pulmonar se estima una incidencia anual de entre 70 y 113 casos por cada 100.000 personas de cualquier edad en la población general.

En España, en 2018, se produjeron 11 ingresos hospitalarios por cada 100.000 habitantes de 35 a 39 años por embolismo pulmonar. Esta cifra se incrementa a 82 casos por cada 100.000 personas de 65 a 69 años y es mayor en personas de edad más avanzada.

Hospital

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No hay indicios de que la vacuna de AstraZeneca sea la causa de los acontecimientos tromboembólicos. Por tanto, el PRAC recoge que los beneficios de la vacuna continúan superando sus riesgos.

Causas de la suspensión de la vacunación de AstraZeneca

Actualmente, con los datos disponibles, no hay indicios de que la vacuna de AstraZeneca sea la causa de los acontecimientos tromboembólicos.

Por tanto, el PRAC recoge que los beneficios de la vacuna continúan superando sus riesgos y puede continuar administrándose mientras se finaliza la evaluación de todos los acontecimientos relacionados con las alteraciones de la coagulación notificados.

Una vez que se complete la revisión, el PRAC hará las recomendaciones necesarias para minimizar los riesgos y proteger la salud de los pacientes, si fuera necesario.

En cuanto a la suspensión de la vacunación con el lote ABV5300, por el momento nada indica que exista un problema de calidad. Por consiguiente, no existen motivos que justifiquen la adopción de medidas cautelares sobre este u otros lotes.

En resumen, las vacunas frente a covid-19 no evitan otros problemas de salud diferentes a los causados por esta enfermedad.

Es inevitable que se produzcan acontecimientos adversos en personas vacunadas, pero eso no quiere decir que sean debidos a la vacunación.

Estas situaciones demuestran que tenemos sistemas de farmacovigilancia potentes. Funcionan y están llevando a cabo una vigilancia muy exhaustiva, con la mayor celeridad sobre este y otros eventos tratados como de especial interés. Así tendremos garantizado que los beneficios superan a los riesgos. Además, son un ejemplo de transparencia que debe trasmitir tranquilidad a la población.

*Juan José Carreras Martínez es Responsable de Farmacovigilancia en el Área de Investigación en Vacunas, Fisabio.

Esta nota apareció originalmente en The Conversation y se publica aquí bajo una licencia de Creative Commons.Lee el artículo original aquí.


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