Tribunal de CDMX rechaza transparentar audiencias por falta de equipo
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Tribunal de la CDMX rechaza transparentar audiencias por falta de equipo y personal

Es la segunda vez que el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX rechaza entregar los videos de audiencias del caso Abril, que por ley son públicas. De la investigación del feminicidio tampoco se conocen avances.
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3 de marzo, 2020
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Pese a ser un caso de interés público que ya ocasionó que un magistrado y dos jueces dejaran sus cargos, el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México (TSJCDMX) rechazó por segunda ocasión transparentar las audiencias del proceso abierto en contra del exesposo de Abril Pérez Sagaon, asesinada en noviembre pasado, con un nuevo argumento: falta de equipo y personal para editar los videos.

En una nueva respuesta otorgada a una solicitud de transparencia, el Tribunal dice que para entregar los videos de estas audiencias – que por ley son públicas – necesita de personal y equipos de edición para ocultar los datos que se consideran personales, infraestructura de la que carece.

Y añade que como no se le puede pedir “lo imposible”, lo que procede entonces es clasificar la totalidad el contenido de las audiencias.

“Nadie está obligado a lo imposible. Este Honorable Tribunal no cuenta con la infraestructura tecnológica, humana ni técnica necesaria para realizar algún tipo de edición respecto a dichos audios y videos, por lo que no es posible elaborar ninguna versión pública de los mismos”, dice el TSJCDMX en respuesta a la solicitud de Animal Político.

Entérate: Abril quería ayudar a víctimas de la violencia, pero fue asesinada en la CDMX

Esta es la segunda ocasión que el Poder Judicial capitalino se niega a transparentar las audiencias del proceso abierto en contra de Juan Carlos García, exdirector de Amazon. Se trata de las audiencias en las que García logró que le cambiaran el cargo de intento de feminicidio que se le imputaba en agravio de su esposa, por el de violencia familiar, con lo que obtuvo su libertad.

Semanas después de dicha determinación Abril fue asesinada y García se fue a Estados Unidos.

Las audiencias fueron encabezadas por los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz, suspendidos desde noviembre pasado por su actuación en este caso, y por el magistrado Héctor Jiménez López, quien también se ha quedado sin trabajo luego de que no fuera ratificado justo por su antecedente en el mismo asunto.

En su momento, el propio Tribunal anunció públicamente que estaba investigando la actuación de sus jueces. Luego de ello Animal Político solicitó copias de los videos de las audiencias y de las resoluciones por escrito tomadas en torno a este caso. Se trata de audiencias que son públicas, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En una primera respuesta otorgada en diciembre, el TSJCDMX respondió que los “expedientes” del caso eran clasificados pues aun no se dictaba sentencia, pero no dijo nada sobre los videos de las audiencias. Por ello se promovió un recurso de queja ante el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (INFOCDMX).

Como resultado dicho Tribunal proporcionó una segunda respuesta en la que ahora señala que no tiene forma de elaborar versiones públicas por falta de equipos y de personal, por lo que decidió clasificar el 100% del contenido.

En este contexto, lo que sigue es conocer la resolución que tomará el pleno de INFOCDMX en torno a la negativa reiterada del Poder Judicial capitalino para transparentar la información solicitada.

No es imposible: ya hay audiencias editadas

En México ya existe por lo menos un antecedente de audiencias penales que han sido editadas para poder proporcionarlas vía transparencia.

Se trata de las audiencias del caso Javier Duarte, de las cuales el Poder Judicial Federal elaboró una versión pública de las mismas, para entregarlas vía transparencia. En los videos de estas, que este medio obtuvo justo por esa vía, se aprecian fragmentos silenciados o con la imagen borrosa.

Diversas expertas consultadas previamente por Animal Político han insistido en que no existe una razón lógica para negar una copia de audio y video de una audiencia que por definición es pública, y que se realizó a puertas abiertas.

Informes como el de la organización Equis Justicia han advertido que la opacidad predomina en múltiples poderes judiciales al no dar a conocer, incluso, sentencias de casos ya concluidos.

Estefanía Vela, directora de la organización Intersecta, dijo tras la primera negativa en el caso de Abril que la opacidad impide la fiscalización ciudadana de la actuación de los jueces y que, en consecuencia, no sepamos en cuántos casos se han repetidos circunstancias como las ocurridas en el proceso contra el presunto agresor de Abril Pérez.

Feminicidio sin esclarecer

Respecto a las indagatorias relacionadas con el feminicidio de Abril Pérez, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México cuenta con una carpeta de investigación abierta, pero hasta ahora el caso no ha sido esclarecido.

La principal línea de investigación de la autoridad apunta al exesposo de la víctima, sin embargo, de momento no se ha girado una orden de aprehensión en su contra por el cargo de feminicidio o similar.

Lo que existe en contra de Juan Carlos García es una orden de arresto por no cumplir con los términos de la libertad provisional que se le impuso luego de que se le reclasificara el delito de tentativa de feminicidio por violencia familiar, cuando Abril seguía con vida.

Las autoridades tienen confirmado que el presunto responsable se encuentra en Estados Unidos, tras haber cruzado por la frontera con Tijuana, Baja California. En diciembre pasado la fiscal de la ciudad, Ernestina Godoy, subrayó que García estaba localizado y esperaban detenerlo pronto.

Pero hasta ahora ello no ha ocurrido. Autoridades ministeriales indicaron a este medio que se está trabajando en coordinación con el gobierno federal para acelerar la detención y posterior proceso de extradición de esta persona desde los Estados Unidos.

Por su parte Juan Carlos García dijo en una carta dirigida a la jefa de Gobierno, fechada el 18 de diciembre de 2019, que rechazaba categóricamente ser el autor de ese crimen y pidió que haya una investigación y un juicio justo sobre este caso.

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Qué implica que García Luna se declarara 'no culpable' de narcotráfico en EU

El otrora hombre fuerte de la policía en México apareció en una corte de Nueva York acusado de conspiración para el narcotráfico y otros cargos que rechazó. Permanecerá detenido mientras se define si va a juicio.
5 de enero, 2020
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Genaro García Luna

Getty Images
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública de México.

Fue una escena con ribetes surrealistas: Genaro García Luna, arquitecto de la guerra contra el narco en México, entró a una corte de Nueva York este viernes acusado de conspiración para traficar cocaína.

En una audiencia que duró menos de media hora, García Luna se declaró “no culpable” de los cargos que enfrenta, que podrían costarle entre 10 años de prisión y cadena perpetua.

Vestía un jersey gris de algodón, pantalones beige y, tras casi un mes detenido, lucía algo demacrado respecto a su imagen de secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano de Felipe Calderón (2006-2012).

Al ingresar y retirarse de la sala custodiado por guardias, buscó con su mirada a su esposa e hijos presentes entre el público, que lo despidieron con gestos de fuerza con sus puños.

La audiencia transcurrió en la misma corte federal de Brooklyn donde el año pasado fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa que según la acusación entregó millones de dólares en sobornos a García Luna para “operar con impunidad” en México.

Después que la fiscalía advirtiera que hay un “riesgo inaceptable de fuga” si fuera liberado, la jueza Peggy Kuo decidió que García Luna, de 51 años, permanezca preso mientras su defensa trabaja en un pedido de fianza.

La próxima audiencia quedó fijada para el 21 de enero y se abren distintos escenarios para el otrora hombre fuerte de la policía mexicana.

¿Habrá juicio?

Además de los cargos por conspiración para el narcotráfico, García Luna también está acusado de formular declaraciones falsas en 2018, al pedir su naturalización para obtener la ciudadanía de EE.UU.

El exfuncionario mexicano se mudó en 2012 a Florida, donde obtuvo estatus de residente y fundó una empresa de seguridad con sus iniciales.

García Luna y Felipe Calderón

Getty Images
García Luna fue pieza clave en la estrategia contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón (derecha).

Fue detenido el mes pasado en Dallas, Texas, después que la justicia de EE.UU. emitiera una orden de arresto en su contra, una noticia que causó asombro a ambos lados de la frontera.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló esta semana el arresto de García Luna como la “prueba” de que el narcotráfico convivía con el poder en su país.

“Nada más esa prueba o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha (de Calderón) está acusado de proteger a una organización delictiva”, sostuvo AMLO en el Palacio Nacional de México.

Además de su cargo como secretario de Seguridad Pública, desde el que trazó la estrategia de la guerra contra los carteles de la droga, García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la desaparecida Agencia Federal de Investigación, que combatía el crimen organizado y la corrupción en México.

Aunque se declaró “no culpable”, García Luna aún podría evitar ir a juicio si llegase a algún tipo de acuerdo con el gobierno estadounidense.

De hecho, la jueza y la fiscalía sugirieron esa posibilidad en la audiencia de este viernes.

“Una pregunta es si el gobierno estaría dispuesto a retirar esos cargos” para alcanzar un acuerdo, dice Rob Heroy, un abogado que ha defendido a acusados de narcotráfico en EE.UU. y antes fue asistente de fiscal de distrito en Carolina del Norte.

“Estoy seguro de que (García Luna) tiene mucha información que al gobierno le encantaría conocer”, añade Heroy en diálogo con BBC Mundo.

¿Habrá acuerdo?

Parte de las pruebas de la fiscalía de EE.UU. contra García Luna provienen del juicio a “El Chapo” Guzmán, y en particular del testimonio del hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, otro líder del cartel de Sinaloa.

Jesús Zambada aseguró en el juicio que se reunió personalmente en dos ocasiones con García Luna en un restaurante para entregarle carteras con entre tres y cinco millones de dólares en efectivo.

Y especificó que esos sobornos eran para asegurarle a su hermano que García Luna no iba a arrestarlo ni interferir con las operaciones del cartel.

En ese momento García Luna respondió en un largo comunicado que esas afirmaciones eran “mentira, difamación y perjurio” en su contra y negó haber tenido contacto “con personas vinculadas con actividad delictiva”.

Zambada

Reuters
Jesús Zambada acusó a Garcia Luna de recibir dinero del narco.

Pero la fiscalía de EE.UU. insiste ahora en que García Luna ha “amasado una fortuna personal” de millones de dólares inconsistente con el salario de un servidor público en México.

La propuesta de fianza que haría su defensa en los próximos días podría servir como indicación de su situación financiera, aunque no revele de dónde proviene el dinero.

Heroy advierte que aún faltan conocerse todas las pruebas con que contarían los fiscales y que García Luna podría evitar un acuerdo de cooperación por razones de seguridad.

Proporcionar información sería muy peligroso para su familia. Incluso si toma protección de testigos, tendrá familia en México, así que creo que es poco probable que coopere con el gobierno”, dice el abogado.

“Si negociara un trato, sería uno que no implique cooperación”, agrega. Es decir, aceptar pasar un tiempo en prisión sin proporcionar información al gobierno.

Esto podría comenzar a despejarse a partir de la próxima audiencia de García Luna en la corte de Brooklyn, que estará a cargo del juez Brian Cogan, el mismo que dirigió el juicio a “El Chapo” y limitó los testimonios sobre presunta corrupción en México.


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