Mesas vacías: el coronavirus amenaza pequeños restaurantes en CDMX
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Mesas vacías: el coronavirus amenaza pequeños restaurantes en la CDMX

Encargados y pequeños empresarios del sector restaurantero piden al gobierno implementar un esquema de rescate que incluya créditos de bajo interés, control de precios de productos básicos.
Cuartoscuro
19 de marzo, 2020
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Felipe Mendoza Gómez se desespera porque es la hora del almuerzo y no ha llegado ni un cliente.

“Nosotros teníamos gente, pero mire ahorita cómo estamos, vacío, ¡ni una mesa!”, dice.

Tiene 25 años trabajando en La casa del Pavo, por lo que el señor Felipe es un conocedor de varias crisis: le tocó la epidemia de la influenza de 2009 y también el crac de 1994, aguantando, dice, en este mismo lugar, que tiene 118 años de existencia.

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En tiempos normales, se acuerda, los 10 empleados apenas pueden con el hervidero de gente que viene al Centro Histórico, si hasta Alfonso Cuarón rodó aquí una escena de Roma en la que Yalitza Aparicio se come una torta de pavo: una postal en blanco y negro que se parece a este día en que el único ruido de fondo es el de un televisor que nadie ve.

“Lo que platico con mi patrón es que la situación por el coronavirus está tan grave que no sale para los sueldos, no salen gastos, aquí se paga luz, se paga agua, se paga teléfono, ¿y de dónde sale, si no hay venta?”, cuestiona Felipe, que funge de encargado.

No solo eso, añade: ya tienen deudas con sus proveedores y hasta han tenido que reducir el volumen de insumos como carne y bebidas.

“Un negocio, hoy en día, de por sí es difícil, y con esto se viene a agravar demasiado, entonces se han ido atrasando con pagos a proveedores y eso es un problema”, plantea.

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“Si se compraban 15 pavos, ya se están comprando siete, inclusive cuatro pavos al día. Y eso tiene que ver con la baja de clientes. No se puede hacer tampoco mucho porque, en primera, no hay para comprar, y, en segunda, si se compra y no hay para consumir, ¿de dónde?, es un círculo, ¿no?”.

Encargados y pequeños empresarios del sector restaurantero de la Ciudad de México coinciden en que el gobierno debe implementar un esquema de rescate que incluya créditos de bajo interés, control de precios de productos básicos, así como prórrogas para el pago de servicios públicos y del seguro social de sus trabajadores en nómina.

Sus exigencias son semejantes a las planteadas por las principales cámaras empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y Concanaco-Servytur, que además pidieron otras medidas como la devolución del IVA y la reducción del impuesto sobre la nómina.

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“Muchos negocios van a quebrar, muchos nos vamos a quedar sin empleo, el gobierno tiene que ver esa situación, de alguna manera tiene que darle apoyo a los empresarios para que esto siga subsistiendo”, demanda Felipe, y agrega que está dispuesto a renunciar a una parte de su salario para colaborar.

“Uno también, como empleado, entiende: es nuestra fuente de empleo, es cuestión de que todos tenemos que poner de nuestra parte y el gobierno tiene que hacer la suya, ¿no?”, dice.

A las 3 de la tarde, Briseida José Juárez, dueña del Café Alameda, ubicado en Santa María la Ribera, es la única persona comiendo en una de las 12 mesas de su propio local.

“Es raro: a esta hora ya estaríamos como locas”, comenta aludiendo a las cuatro trabajadoras que tiene contratadas; dos de ellas están sentadas a otra mesa, una juega con su hijo pequeño.

El Café Alameda da empleo a cuatro mujeres; la dueña, de 29 años, es madre de dos hijas.

El Café Alameda da empleo a cuatro mujeres; la dueña, de 29 años, es madre de dos hijas.

“¿De qué van a vivir?”, murmura Briseida para que no la oigan ellas. “¿Voy a quitarles el trabajo? Viven al día, igual que muchos; yo les voy a pagar su semana, ya tengo apartado su sueldo para que pasemos esta cuarentena, para un mes… Ya después no sé cómo se vayan a poner las cosas, la veo complicada”.

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Briseida tiene 29 años y es madre soltera de dos niñas. No solo sus hijas dependen de ella, dice, sino también sus trabajadoras y hasta sus mismas familias. Ve el local vacío y Briseida comparte que está preocupada, que perdió el sueño, que sufre estrés.

“Si no vendo, no me va a salir ni para la venta, ni para sueldos, para surtir, todo se va a parar. Yo tengo dos hijas que dependen de mí, la escuela, la comida, todo depende de mí, y todo eso me preocupa, y también las trabajadoras, porque tienen hijos, y si yo tengo que cerrar ellas se van a quedar sin trabajo, son mujeres con hijos, una de ellas es madre soltera, realmente necesitan el trabajo…”, dice casi de un golpe. “Sí te quita el sueño, te quedas pensando: ¿qué va a pasar?”.

Vicente Ramírez Mauro, dueño de la fonda La Santa María, ubicada en la misma colonia, cerca del Kiosco Morisco, resume: “Sí para la economía, pero los gastos no”. Su principal preocupación, cuenta, es el pago de la nómina de las cinco mujeres que emplea. Calcula que requiere 38 mil pesos para cubrir un mes de sueldos, pero le molesta pensar en que tendrá que recurrir a un préstamo en medio de una crisis.

“El gran problema que ha tenido el país es vivir de prestado”, justifica.

En su local, también vacío a la hora de la comida, Vicente recuerda cómo ha preparado el escenario para un cierre definitivo.

“Guárdense unos centavitos”, les advirtió ya a las trabajadoras, “ahorren lo más que puedan, porque, si entramos en cuarentena, yo no les voy a poder pagar 40 días sin trabajar, ahorren lo más que puedan, vayan pensando qué van a hacer, compren despensa, yo también tengo que ir pensando cómo le voy a hacer”.

El restaurante La Santa María, abierto hace 7 años, da empleo a 5 mujeres.

El restaurante La Santa María, abierto hace 7 años, da empleo a 5 mujeres.

Vicente evoca emergencias sanitarias del pasado: la influenza AH1N1, el dengue, el zika.

“Uno se pone a pensar que no es tan grave la situación ahora”, comparte.

Al local entra una pareja y él hace un gesto con la mano como diciendo: ¿ves?

“Estamos acostumbrados a las crisis”, dice.

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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