COVID-19: Dependencias permiten trabajo en casa, aunque cada una a su modo
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Cuartoscuro Archivo

COVID-19: Dependencias permiten trabajo en casa a empleados con más riesgo, aunque cada una a su modo

Distintas dependencias permiten realizar su trabajo desde casa a empleados en situación vulnerable ante el coronavirus.
Cuartoscuro Archivo
20 de marzo, 2020
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“Dorian” tiene cáncer y está en el último tramo de su tratamiento con quimioterapia. “Ya estoy bastante bien, con buenos resultados”, celebra.

De pronto, el exterior se volvió una amenaza absoluta, pues sus defensas son débiles y más vulnerables ante el coronavirus.

“Mi riesgo es mayor que el resto de la gente”, observa.

Entérate: Estados envían a descansar a sus trabajadores vulnerables por COVID-19

Para ir a su trabajo en la Secretaría de Educación Pública debía tomar el microbús, intentando protegerse con un tapabocas. Sabe conducir, precisa, pero su padecimiento se lo impide.

“Mi caso es más peligroso y es lo que me tenía muy nervioso. Me daba mucho miedo, estuve con tapabocas toda la semana pasada y ésta”.

Ahora, “Dorian” está tranquilo. Desde este jueves, la SEP permitió a trabajadores en condición de vulnerabilidad no asistir a la oficina y trabajar desde casa, como medida preventiva ante la pandemia de COVID-19.

“Me da muchísima tranquilidad. Estoy haciendo el mismo trabajo, no estoy haciendo menos, no se trata de que seamos irresponsables, hay una ética de cada profesional”, expone en entrevista telefónica desde su casa.

“Estoy haciendo hasta más trabajo”, apunta, “porque estoy en el teléfono, en la tablet, en mi computadora, en los chats”.

“Dorian” no es el nombre real de este servidor público con 20 años de carrera en la SEP, pero solicitó proteger su identidad. Otros trabajadores de la dependencia con enfermedades crónico-degenerativas y autoinmunes, así como adultos mayores y mujeres embarazadas, también gozan del beneficio de trabajar desde casa.

La SEP es una de las seis instituciones federales que ya han tomado algunas medidas para permitir realizar su trabajo desde casa a trabajadores en situación vulnerable ante el coronavirus.

Las otras instituciones que se han sumado a esta política de prevención son las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como el Infonavit, según constató Animal Político mediante diversas consultas a las áreas de comunicación social de las dependencias.

Desde el pasado martes, la Dirección General de Recursos Humanos de Hacienda giró un oficio interno a los coordinadores administrativos y responsables de área, en el que les informó que las y los funcionarios públicos en condición de vulnerabilidad “no deberán presentarse a laborar hasta nuevo aviso”, según la circular 376-153.

Ante la falta de una directriz desde la Secretaría de Salud, que no ha emitido una instrucción general de reforzar los lineamientos de prevención para reducir el contacto social, las medidas adoptadas por la Administración Pública Federal han sido disímiles y sin coordinación.

Por ejemplo, en la STPS y el Infonavit se concedió el permiso de “home office” a funcionarios con edades desde los 60 años, mientras que en la SHCP y la SRE es a partir de los 65 años.

En esas instituciones se extendió el beneficio a personas con enfermedades crónico-degenerativas y autoinmunes, así como a mujeres embarazadas, pero, en el caso de la STPS, se incluyó también a trabajadoras en etapa de lactancia.

En el Infonavit se concedió el permiso a las y los funcionarios que tengan a su cargo el cuidado de menores de 13 años de edad debido al cierre de escuelas, una medida que no adoptaron las otra cuatro instituciones.

“La instrucción es que todos los que tenemos más de 60 años nos fuéramos a nuestras casas desde el día de ayer (miércoles) y hasta nuevo aviso, y las personas que son menores de 60 años van a hacer guardias de aquí a que se defina si todos nos vamos”, indicó una funcionaria de mando medio de la STPS y quien hace un mes tuvo influenza.

“Por el transporte público, el Metro, el Metrobús, es un peligro estar arriesgando a la gente, sobre todo a los adultos mayores, creo que tenían que irse incluso desde la semana pasada”, añadió.

Otras dependencias federales consultadas afirmaron que no han implementado medidas de este tipo porque la Secretaría de Salud aún no lo ha solicitado.

Se trata de las Secretarías de Gobernación (Segob), de la Función Pública (SFP) y de Bienestar, así como del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Hasta el momento seguimos operando normalmente, siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud, con las medidas de prevención pertinentes que recomienda”, indicó el área de comunicación de la SFP.

“Los protocolos los establece Salud para todas las dependencias públicas. No hemos recibido ninguna instrucción al respecto”, informó por su parte el área correspondiente de Gobernación.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) autorizó desde este viernes que sus trabajadores de 60 años en adelante, quienes tengan enfermedades crónicas y personas inmunosuprimidas podrán permanecer a laborar desde su casa.

Mediante un oficio firmado por el titular de la dependencia, Román Meyer, también se ordena ausentarse al personal que presente síntomas semejantes a los del coronavirus, como fiebre alta, dolor de garganta, tos seca y resfriado.

La SRE toma la delantera

Desde el miércoles, la Dirección General de Recursos Humanos de la Cancillería ordenó a las coordinaciones administrativas elaborar un programa de guardias, para reducir la concurrencia del personal al centro de trabajo.

Se ordenó que la salida de todos los funcionarios sea a las 18:00 horas, y se recomendó remplazar las reuniones de trabajo presenciales por las videoconferencias.

También se solicitó suspender el servicio social, las prácticas profesionales y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en los que colaboran más de 600 personas.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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