En los suburbios de Puebla, en casas de bajos recursos económicos, viven personas que sin saber cuándo ni cómo se convirtieron en propietarios de empresas fantasma que recibieron millones de pesos en contratos de las administraciones de los exgobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad, así como del expresidente municipal de la capital del estado, Luis Banck Serrato.

En las actas constitutivas de las empresas que se encuentran en el Registro Público de Comercio (RPC), copias de los contratos y padrones de proveedores de las dependencias, Datamos identificó 196 direcciones de oficinas de empresas fantasma o de los domicilios de quienes aparecen como accionistas de dichos proveedores del gobierno estatal y del Ayuntamiento de Puebla.

Para esta investigación periodística se visitaron 93 direcciones —más de 47 por ciento del total— y se pudo comprobar que muchas de las personas que viven ahí ignoran que su nombre aparece en contratos con el gobierno estatal o que fungieron como propietarios de empresas. En otras direcciones hay oficinas abandonadas o inmuebles ilocalizables.

En apego a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, omitimos el nombre real de los presuntos accionistas o propietarios de las empresas fantasma que entrevistamos para este trabajo periodístico.

“Alicia” vive en la zona poniente de la ciudad de Puebla, rodeada de terrenos baldíos, inundaciones e inseguridad. Viste un pantalón de mezclilla y una delgada blusa. Llega a su casa en una van del transporte público que conduce su marido; se muestra confundida al enterarse de que aparece como dueña de una compañía a su nombre: Hobert S.A de C.V., proveedora del Gobierno de Puebla. Asegura que no sabe cómo se convirtió desde el 27 de enero de 2015 en accionista de esta empresa declarada fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cuenta que es amiga de “Patricia”. Se conocieron en la escuela de sus hijos. Un día, “Patricia” le pidió una copia de su identificación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) para un proyecto que no entendió en qué consistía, pero no le pareció que sus datos fuesen mal utilizados. “Ella me invitó a eso, pero jamás firmé nada, ni supe nada. (…) Sí con ella los presté (mis datos), pero nada más. Nunca más volví a saber de ella”, explica al enterarse de que también “Patricia” aparece como socia en Hobert S.A. de C.V.

En 2016 Hobert S.A. de C.V. facturó 620 mil pesos (33 mil 214 dólares) en dos contratos firmados con una institución pública llamada Convenciones y Parques, así como del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán (ITS). El 16 de abril de 2019, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el oficio 500-05-2019-7322 donde se confirmaron sus operaciones inexistentes.

Hoy, “Alicia” vive con incertidumbre porque no puede conseguir empleo: los bancos le niegan una tarjeta de nómina y los ejecutivos de las sucursales le reiteran que tienen dificultades con sus datos personales.

El abogado insiste en que el vínculo que sostiene con ambas es familiar, pero al ser cuestionado sobre la relación con “Patricia”, dice: “sí, somos primos; digo, no llevamos los mismos apellidos, pero somos primos”. Al escucharlo, “Alicia” murmura: “¿Patricia?”, pues desconocía el parentesco entre su amiga y el abogado.

Al finalizar la llamada, el esposo de “Alicia” se comunica con un “licenciado” para que le aclare el motivo por el que comprometieron los datos personales de su esposa. Nadie, dice, les da respuestas sobre cómo y porqué le crearon una empresa. El “licenciado” le dice: “ese tema ya es distinto a lo que nos hizo el favor su esposa, para un proyecto que no tiene nada que ver”, pero “se quedó atorado y, al final, hubo un problema con el banco que otro abogado distinto está resolviendo, pero no tiene nada que ver con esto. Son cosas totalmente distintas”.

Mientras su marido discute con los abogados, “Alicia” fija la mirada en la pared, asustada sobre qué hacer para evitar que el SAT decida perseguirla por ser presunta accionista de Hobert S.A. de C.V., luego de que “Patricia” rechazó las llamadas telefónicas que le hizo para preguntarle qué ocurrió con la copia de su credencial.

Confían a un amigo sus credenciales para votar

En 2014 “Laura” y “Nayeli” entregaron copias de sus credenciales para votar a un amigo de su familia; iban a crear un negocio, pero aseguran que jamás acudieron a ninguna oficina para formalizarlo. Sin saberlo, meses después aparecieron como propietarias de una proveedora del Gobierno de Puebla: Glynn Mexicana S.A. de C.V., cuyo domicilio es una casa ubicada cerca del Centro Histórico de la capital de Puebla que “Nayeli” desocupó y a la que después llegó “Laura”, su presunta socia.

Glynn Mexicana S.A. de C.V. fue proveedora en 2017 de la desaparecida Secretaría General de Gobierno (SGG) del estado de Puebla. Le pagaron 144 mil 525 pesos (7 mil 663 dólares) por 87 productos de impresión; sin embargo, el 8 de octubre de 2018 se publicó en el DOF su inclusión en el listado definitivo de contribuyentes con operaciones inexistentes.

“Laura” asegura desconocer que sus datos personales fueron utilizados para crear Glynn Mexicana S.A. de C.V.: “Hace varios años, le entregamos los datos a un amigo de mi esposo; precisamente, nos pidió nada más el IFE (credencial para votar), porque iba a hacer precisamente eso, pero nunca fuimos. Fue por ahí del 2014”, recuerda. Dice que sabe de casos similares en los que ese conocido involucró en problemas fiscales a otras personas y que bajo el mismo esquema de invitación participaron otras siete probables víctimas. Una de ellas recibió la visita del SAT por supuestamente tener una empresa a su nombre. Otra de las irregularidades que se quisieron cometer con su firma y la de “Nayeli”, comparte, fue que intentaron conseguir alrededor de 4 millones de pesos de un banco, a cambio ellas recibirían 100 mil pesos, pero rechazaron la oferta.

Lo culpan de ser el responsable

Una fachada amarilla adorna la vecindad en la que registraron el domicilio fiscal de Hinfra S.A. de C.V., una de las principales beneficiadas en dependencias estatales y municipales, durante el periodo en el que el Partido Acción Nacional (PAN) gobernó el estado. Ganó más de 25.8 millones de pesos (1.3 millones de dólares) de 27 contrataciones.

Los vecinos comparten que en repetidas ocasiones escuchan el nombre de esta empresa fantasma; por ejemplo, cuando el cartero llega a preguntar por su ubicación, pero nadie sabe qué responderle, ya que desconocen quiénes trabajan ahí o en cuál departamento se encontraron sus instalaciones, reportadas en la calle 21 Poniente 116.

En 2016 Hinfra S.A. de C.V. formó parte del padrón de proveedores de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) y publicó los datos de contacto de “Aurelia”, administradora y accionista de la empresa. Sin embargo, al buscarla en el número de contacto responde un excontador de la oficina que confirma que el fisco los investigó.

El extrabajador de Hinfra S.A. de C.V. relata a Datamos que en 2015 laboró con ellos y sus oficinas se ubicaban en la calle 21 Poniente 116 hasta inicios de 2016, cuando se cambiaron a otro domicilio del que afirmó desconocer su ubicación. Antes de renunciar a su cargo el SAT los investigó por ser contribuyentes con operaciones inexistentes: “Por eso, yo renuncié. O sea, estaban diciendo que yo era o estaba haciendo eso; entonces, no, les entregué todos los papeles al corriente y sin ningún problema”.

Para leer el reportaje completo lo puedes hacer en la siguiente liga de la página de Datamos.