La Estafa Maestra: avanza al Senado juicio político contra Rosario Robles
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La Estafa Maestra: avanza al Senado juicio político contra Rosario Robles

Los diputados aprobaron el acuerdo para acusar a la exfuncionaria ante el Senado, quien se encargará de determinar sanción, si es responsable
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19 de marzo, 2020
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El juicio político en contra de Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, avanza al Senado. Con 270 votos a favor y cero en contra, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo para acusar a la exfuncionaria ante la Cámara de Senadores, quien se encargará de determinar sanción en caso de encontrarla responsable de violar reglamentos de la administración pública.

La Cámara de Diputados determinó que hay elementos para sostener la responsabilidad por “actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho cometidos en sus funciones”, según el acuerdo leído por Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados.

La Sección Instructora que realizó la investigación determinó que existen elementos para determinar que Robles violó reglamentos de la Administración Pública, toda vez que en las dependencias que encabezó ocurrieron presuntos desvíos de recursos públicos.

Lee: “Ella sabía el modus operandi”: Suman testimonios en el juicio político contra Rosario Robles

El dictamen discutido, también retomó la investigación periodística hecha por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, en el que se revela que 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con 8 universidades públicas por más de 7 mil millones de pesos.

Éstas a su vez subcontrataron a universidades públicas para supuestamente cumplir servicios pero resultaron ser fantasma o ilegales, por lo que los recursos públicos desaparecieron.

La diputada de Morena, Tatiana Clouthier, quien realizó la denuncia en contra de Rosario Robles que dio origen al procedimiento de juicio político, aseguró que “quizá el método de La Estafa Maestra fue el caso más notorio (de corrupción) del sexenio pasado porque reveló el método por el cual se desviaron recursos  públicos y porque los millones de pesos que se esfumaron estaban dirigidos a aliviar problemas como la salud, la educación o la falta de alimento. Por eso es imposible soslayar La Estafa Maestra y que no tenga consecuencias política”. 

Por ello, dijo en tribuna, el juicio político es el mecanismo mediante el cual la malversación de recursos no quede impune y para cumplir con la demanda ciudadana de combatir la corrupción.

“El instrumento de juicio político es una medida para llamar a cuentas a aquellos funcionarios públicos que dieron la espalda al juramento que hicieron al tomar protesta de su encargo”.  

Sin embargo, en su oportunidad, Alberto Javier Sánchez Rojas, abogado defensor de Rosario Robles, aseguró que este procedimiento se trata de una “crónica de una sentencia anunciada” porque la exfuncionaria ya está siendo juzgada penalmente, pues enfrenta un procedimiento judicial incluso desde la cárcel. 

También ya hubo una resolución de la Secretaría de la Función Pública en la cual determinó una inhabilitación por 10 años. Lo cual significa que “ya no hay materia para este juicio político, no la puede separar de un cargo porque ya no tiene ninguno.

Sólo el escarnio público, es exhibirla públicamente, de violar los derechos a los que tiene acceso cualquier ciudadano y violación a la presunción de inocencia”, dijo. 

Luego de conocerse la votación, la exfuncionaria respondió a través de su cuenta de Twitter: “Del tamaño de su atropello es el odio y el miedo que me tienen. Ninguna “fuerza moral” puede construirse abusando del poder para ejecutar una venganza cargada de saña. Esto va para el que tira la piedra y esconde la mano”.

 

El diputado de Morena, Pablo Gómez, quien preside la Sección Instructora, rechazó esa versión y aseguró que la Cámara tenía la obligación de ejercer sus facultades legales para llevar a cabo este juicio político ante el señalamiento de irregularidades hecho por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante varios años de revisión del gasto público. 

“No es un asunto personal, la Sección Instructora mantuvo un curso permanente de averiguar lo que había pasado. No nos interesa la persona, sino las funciones que desempeña y el gobierno al que pertenecía, porque no son hechos aislados. Hemos tomado la Estafa porque ASF puso todo en clave, pero esa Estafa está presente en Pemex y otros lados, que no investigamos porque nos ceñimos a la ley”, dijo en tribuna.

Entérate: Avanza juicio político a Rosario Robles: diputados proponen 20 años de inhabilitación

El diputado Gómez, junto con las diputadas Martha Ramírez, Ana García, sostendrán la acusación en contra de Robles ante el Senado, para continuar con el juicio político.

Vinculan a proceso a dos exfuncionarios de Quintan Roo

A tres años de iniciar la carpeta de investigación, dos exfuncionarios del Sistema Quintanaroense de Comunicación de Comunicación Social fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en La Estafa Maestra.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) acusa un posible daño patrimonial de 743 millones 804 mil pesos derivados de los convenios realizados entre el Sistema Quintanaroense con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para hacer supuestas campañas de comunicación social entre 2015 y 2016.

Los imputados son Jorge N, quien era director general del Sistema Quintanarroense y Gerardo N, quien fue director general de Administración y autorizó 104 órdenes de pago a 37 empresas para supuestamente hacer los servicios. 

Lee:Desechan juicio de amparo promovido por Robles contra prisión preventiva

Sin embargo, “no existen, en su mayoría”, la comprobación de que los servicios se hayan realizado, sobre todo porque la Fiscalía comprobó que el Sistema Quintanaroense contrató a 37 proveedores, pero sólo 4 estaban en el registro de proveedores del estado, pero el resto “no eran empresas sólidas ni mucho menos reales”, asegura la fiscal, Rosaura Villanueva Arzápalo.

En entrevista con Animal Político, la titular de la Fiscalía Anticorrupción en el estado, confirma que su investigación deriva de las las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) y la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes).

La investigación incluye 84 contratos de prestación de servicios realizados entre el Sistema Quintanaroense con 37 proveedores, aunque la mayoría ni siquiera tienen dirección en el estado.

Los imputados están acusados por el delito de desempeño irregular de la Función Pública, en la carpeta administrativa 413/2018, pero la investigación no estará limitada a reglamentos administrativos, sino a encontrar el destino final del dinero, asegura la fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción tendrá cuatro meses para recabar pruebas en el caso, por lo que entablará contacto con la Fiscalía Anticorrupción Federal, informa Villalpando, toda vez que se trata de recursos de la Federación y a que la extitular de la Sedatu, Rosario Robles, también se encuentra en un proceso penal.

Los convenios tenían como servicio “desarrollar la estrategia y programa anual de comunicación social, desde la estrategia, creatividad, producción y la difusión en radio y televisión para desarrollar campañas de comunicación; el planteamiento conceptual base para diseño y edición de material en audio, en video y gráfico y la edición de posteriores piezas de comunicación”, según establecen los convenios.

De acuerdo con las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, hay al menos siete convenios entre el Sistema Quintanaroense y la Sedatu entre 2015 y 2016; sin embargo, las denuncias penales por este posible desvío ocurrió hasta octubre de 2018. Es decir, la investigación en el ámbito local fue antes que la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.

En la audiencia de vinculación a proceso, es decir, cuando el juez determinó que sí había materia para continuar el proceso judicial, los imputados se reservaron su derecho a declarar, por lo que hasta el momento no conoce el “móvil”, es decir, no se sabe por qué decidieron contratar a esas empresas o si alguien les dio la orden de hacerlo, explica la fiscal de Quintana Roo.

De acuerdo a la legislación del estado, por este delito se prevé una pena de cárcel de entre 6 meses a 3 años, más la reparación de daño, que sería proporcional al monto que se compruebe como desviado.

Por lo pronto, el juez impuso medidas cautelares a los dos imputados que incluye el uso de brazalete electrónico, presentarse cada mes ante la autoridad judicial, y también embargo de bienes.

En el caso de Jorge N se ordenó el embargo de cuatro en el municipio de Benito Juárez, ocho automóviles y una motocicleta. Mientras que a Gerardo N, le embargaron siete predios, en Benito Juárez, Othón P. Blanco, en Quintana Roo, y en Mérida, Yucatán; más cuatro vehículos, uno de ellos de lujo.

 

 

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Colombia: por qué está en un escenario sin precedentes (y qué puede significar para su futuro)

A pesar de la violencia, Colombia fue un país reconocido por su estabilidad económica y política. Pero todo esto parece haber cambiado.
6 de mayo, 2021
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Estaciones de policía y transporte quemadas. Carreteras cortadas durante días. Desabastecimiento de productos. Un número desconocido de muertos y desaparecidos. Un estado de incertidumbre y nerviosismo agudo.

Colombia ha vivido muchos momentos delicados al largo de su traumática historia, pero ahora parece estar recorriendo un camino desconocido en al menos tres ámbitos distintos: la protesta social, la economía y la representación política.

Hubo momentos en el pasado que rompieron la historia en dos como la ola de violencia que antecedió a la firma de la Constitución de 1991 o las revueltas de 1948 tras el asesinato del candidato Jorge Eliécer Gaitán que dieron origen a las guerrillas.

El desenlace de la crisis actual es desconocido y por eso es difícil entrar en comparaciones sobre su relevancia histórica.

Lo que parece evidente, según los expertos consultados por BBC Mundo, es que la actual es una situación sin precedentes. Y que mucho se explica porque el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 abrió una caja de pandora de demandas y problemáticas antes prohibitivas por cuenta de la guerra.

“Yo tengo 74 años y le digo que nunca vi una élite política tan incapaz de llegar a resoluciones“, dice el historiador Carlos Caballero Argáez.

El gobierno de Iván Duque ha lanzado una nueva mesa de negociación para rebajar la tensión y buscar salidas consensuadas. Es lo que hizo en noviembre de 2019, cuando las protestas eran más pacíficas y puntuales y la situación del país menos grave.

Hoy el mandatario tiene desafíos por donde se mire: en su partido, en las calles, dentro de las fuerzas armadas, en materia fiscal y en lo político.

Dentro de exactamente un año Colombia estará celebrando elecciones generales y presidenciales: todo desarrollo en este momento tiene una clave electoral.

Mientras la violencia sigue siendo la principal preocupación de los colombianos, BBC Mundo habló con varios expertos para hacer un ejercicio de distancia que permita entender lo que está ocurriendo.

Un paro sostenido y amplio

Un primer elemento nuevo de esta crisis es la dimensión de la protesta social.

“La cobertura y la sostenibilidad han sido inéditos”, dice Mauricio Archila, experto en movimientos sociales.

Una manifestación en Colombia

Getty Images
Las protestas en Colombia han sido masivas y se han extendido a muchas ciudades y poblados del país.

Las protestas esta vez llegaron a pequeños y medianos municipios. Fueron convocados por jóvenes, pero cuentan con el apoyo de adultos mayores y poblaciones minoritarias. Han paralizado la producción, el abastecimiento y el transporte en rincones inesperados.

Este paro ha llegado a lugares donde antes no se solía protestar y se ha mantenido por varios días sin dar tregua”, añade Archila.

Y concluye: “Soy muy escéptico de las comparaciones, y no quiero entrar a hablar del Bogotazo (1948) ni el paro cívico de 1977, pero es cierto que este paro ha producido una alianza obrero-campesina-indígena que tal vez nunca había estado tan equilibrada”.

En efecto, al Paro Nacional es un movimiento heterogéneo plagado de contradicciones y conflictos internos. Su líder no es claro y en su interior hay representaciones de casi todos los sectores. Su futuro depende de cómo logra sortear esa diversidad.

“Pero lo que sí es evidente es que la fuerza del Paro sorprendió a toda la clase política”, opina Daniel Hawkins, investigador de la Escuela Nacional Sindical.

“En la mitad de la tercera y más fuerte ola de contagio y luego de la orden del tribunal de Cundinamarca que prohibió aglomeraciones, los políticos nunca creyeron que la gente iba para la calle de forma masiva”, apunta Hawkins.

Una protesta en Colombia

Getty Images
Las protestas se han recrudecido tras las confrontaciones con las fuerzas de seguridad pública.

Las protestas ya lograron dos efectos inesperados en un país donde la movilización social, que era esporádica y tachada de “subversiva”, rara vez tuvo consecuencias políticas: las retirada de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Lo que es difícil de pronosticar es si este movimiento, que en origen se mostró fresco y novedoso, terminará en una situación que sí tiene precedentes en Colombia: la de una violencia desbordada.

Una economía desestabilizada

La economía colombiana ha sido durante décadas la más estable de América Latina: la que menos recesiones tuvo en el siglo XX, la que no presentó hiperinflación y la que no incumplió sus compromisos de deuda en 80 años.

Pero ahora la situación es distinta.

“Pocas veces —por no decir nunca— había visto al país en una situación tan difícil como la que estamos viviendo hoy“, escribió en su columna el prestigioso economista y exministro Mauricio Cárdenas.

Iván Duque

EPA
Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma fiscal.

Y Caballero Argáez añade: “La última vez que se cuestionó la responsabilidad fiscal del país fue durante la crisis de la deuda latinoamericana (principios de los 80), pero ahí Colombia consiguió refinanciar la deuda y un acuerdo de monitoreo con el FMI que nos permitió ser el único país latinoamericano que no entró en recesión ni tuvo que reestructurar deuda”.

Hoy los bonos colombianos son calificados como “basura” en los mercados internacionales, el peso está alcanzando récords de devaluación y por primera vez en años la capacidad de pago y emisión de deuda del país están cuestionados.

“Colombia tienen un problema de recaudo (fiscal) cada vez que hay una crisis, porque su recaudo en tiempos normales siempre ha sido bajo”, dice la politóloga Mónica Pachón.

“Pero eso siempre lo habían podido solucionar con reformas tributarias de crisis con impuestos transitorios que lograban sacarnos del problema”.

“La diferencia ahora es que nunca una reforma nunca había generado semejante nivel de oposición, mucho menos sin entrar al Congreso, y su caída nos puso en un lugar incómodo”, explica la decana de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

Un enfrentamiento entre policías y manifestantes en Colombia

Getty Images
El número de fallecidos y heridos por los enfrentamientos en las protestas ha ido en aumento.

Duque ha dicho que su prioridad es lograr una reforma cuanto antes que se pueda aprobar en el Congreso. Los economistas dudan que no se logre una resolución que probablemente recaude menos impuestos, pero al menos saque al país de la crisis.

Sin embargo, el famoso modelo de la estabilidad neoliberal y ortodoxo de Colombia mostró grietas por primera vez en su historia.

Una política radicalizada

Así como estable en lo económico, Colombia ha sido un país sin muchos altibajos en lo político: salvo durante un pequeño periodo en los años 50, la democracia en su sentido más formal —elecciones cada cuatro años y transiciones de poder sin problemas— se ha mantenido intacta.

Aunque la violencia no ha dejado de ser un problema desde los años 50, el bipartidismo entre liberales y conservadores (que llegaron a alternarse en el poder por convenio) permitió que se generara la idea de que las instituciones democráticas no estaban en peligro.

Colombia siempre fue considerada, al menos en el exterior, como una democracia estable.

Pero en esta crisis la clase política se ha visto incapaz de llegar a resoluciones, apuntan los analistas. Duque llamó a los militares a controlar la situación (aunque varios alcaldes se opusieron); algunos incluso barajan escenarios de golpes de Estado y el líder en las encuestas para las elecciones de 2022 es un candidato de izquierda que militó en las guerrillas, Gustavo Petro.

Una vigilia en Colombia

Getty Images
Muchos colombianos denuncian que el Estado ha sido represor.

“La violencia de las protestas, que además es seguida por la gente desde sus redes sin entrar a entender ni profundizar, hace que la política sea más polarizada y más ideológica, con la consecuencia de que llegar a soluciones es muchos más difícil”, explica Pachón.

Uno de los efectos del proceso de paz de 2016 fue el estatuto de oposición, un mecanismo que da garantías a los críticos del Ejecutivo, pero también aumenta su capacidad de entorpecerle sus iniciativas.

“Le sumas a eso que Duque es un presidente débil incluso dentro de su partido y tienes el caldo de cultivo de la desgracia“, dice Pachón.

En Colombia, como en toda América Latina, siempre ha habido una crisis de representación política, pero quizás nunca antes se había hecho tan evidente la desconfianza de la población sobre la clase política.

“Lo que estamos viendo es un descontento generalizado y quizá irremediable, es casi una situación pre revolucionaria”, dice Caballero.

Una vigilia en Colombia

Getty Images
Los escuadrones antidisturbios han sido culpados de varios fallecimientos durante las protestas.

Las consecuencias pueden ser muchas: desde la renuncia del presidente, inédita en Colombia desde los años 50, hasta la elección de un candidato, de izquierda o derecha, que rompa con las hasta ahora estables instituciones democráticas del país.

“Esto se soluciona con un candidato que pueda generar confianza entre las diferentes poblaciones al mismo tiempo que pueda incluir al establishmentpolítico”, dice Pachón.

“Pero me temo que eso, ahora, está más lejos que nunca”.


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