El primer caso de un integrante de una comunidad indígena que dio positivo al coronavirus se registró hace unos días en Perú. Se trata de un líder indígena que viajó a Holanda para presentar una queja contra la petrolera Pluspetrol.
Tras su retorno y aunque la prueba que le hizo el personal del Ministerio de Salud al llegar a Lima no mostró ningún problema, Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), decidió hacer cuarentena voluntaria y solicitó un despistaje del COVID-19, prueba que resultó positiva.
“El ‘apu’ se encuentra bien y no presenta ningún síntoma”, dijo Ely Tangoa, presidente de la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (Codepisan), desde Tarapoto, lugar donde Chino se mantiene en cuarentena.
Sin embargo, lo que más preocupó al líder indígena y a las organizaciones afines fue la ola de agresiones que sufrió tras hacerse pública la noticia. Mediante un comunicado, la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de San Martín (Codepisam) denunció una campaña “racista, mal intencionada y criminal” que se desató por las redes sociales contra el dirigente, situación que puso en riesgo su integridad y la de su familia.
Pero esta es solo una parte de los problemas que enfrentan hoy las comunidades indígenas. Muchas de ellas se han visto obligadas a cerrar sus territorios, a prohibir el ingreso de extranjeros o personas foráneas, han solicitado también el apoyo de autoridades para que se cumplan las restricciones, así como que se informe en las lenguas indígenas sobre los riesgos y las medidas de prevención del coronavirus.
Mongabay Latam habló con líderes indígenas y expertos de cuatro países de la región: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Un viaje necesario
El 11 de marzo, el dirigente indígena, Aurelio Chino, en representación de las comunidades nativas de los ríos Corrientes, Marañón, Tigre y Pastaza, en Loreto, se presentó ante el Punto de Contacto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), del gobierno holandés, para denunciar la contaminación de sus territorios ancestrales causados por los derrames de petróleo ocurridos en la Amazonía.
La razón de su presentación en Holanda era exigir que la empresa petrolera Pluspetrol, con sede en Ámsterdam, asuma su responsabilidad para remediar la contaminación generada por la exploración petrolera en los territorios indígenas.
Tres días después, el 14 de marzo, regresó al Perú y actuó de acuerdo al protocolo del gobierno peruano que ya había establecido la cuarentena para toda persona que llegue del exterior.
La comitiva para la presentación ante la OCDE estaba integrada por seis personas. Todas ellas se encuentran actualmente en cuarentena luego de haber sido sometidas a revisiones médicas.
Tras el anuncio en una conferencia de prensa en la región San Martín del estado de salud del líder indígena, las redes sociales se llenaron de comentarios amenazantes y acusatorios. No solo Chino fue atacado, sino también otros dirigentes.
“Fue terrible, no solo lo agredieron a él sino a varios de nosotros. Incluso yo me vi afectado”, agrega Tangoa. Mensajes en las redes sociales tildaban de irresponsable al presidente de Fediquep y lo acusaban de haber contagiado a todo el grupo con el que viajó. También se dijo que escapó de la cuarentena y se propalaron fotografías de la vivienda donde estaba recluido. Hubo mensajes en los que se instaba a “meterle bala”.
Otros mensajes apuntaban a su fallecimiento y hubo quienes aseguraban que otros líderes indígenas también eran portadores del virus. Un comunicado de Codepisam desmintió la información que circulaba en redes, así como la información de que el líder de la comunidad nativa Chumbakiwi hubiera dado positivo al test.
El Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte también rechazó los ataques contra el líder indígena. En su comunicado manifiesta que el dirigente “ha actuado en comunicación y coordinación con las autoridades correspondientes y con la seriedad y responsabilidad que lo caracteriza”.
El abogado indígena del pueblo awajún, Gil Inoach Shawit, hizo un llamado a las entidades del Estado para que se erradique la discriminación de la que es víctima el paciente indígena. “No he escuchado ningún adjetivo peyorativo y racista ni contra el paciente cero ni contra otros pacientes, pero cuando un indígena aparece con el mal, las ganas de propinarle pedradas o quemarlo vivo no faltaron», dijo el expresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Frente a ataques como estos y a la vulnerabilidad de las poblaciones ante el coronavirus, las federaciones y organizaciones indígenas de varios países de la región han tomado la decisión de aislarse y han anunciado el cierre de sus territorios hasta nuevo aviso.
El peligro sigue presente
Pese a que muchas comunidades indígenas decidieron cerrar sus territorios ante el avance de la pandemia del coronavirus, en Perú se han presentado casos recientes de turistas extranjeros, que ignorando lo dispuesto por el Estado y las federaciones, han tratado de ingresar a zonas con alta presencia de pueblos indígenas. Además, también se ha denunciado el tránsito normal de vehículos por zonas que deberían permanecer cerradas.
Zoila Merino, representante de las mujeres indígenas en la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), contó a Mongabay Latam que el miércoles 18 de marzo recibió una llamada en la que le informaban que una embarcación, proveniente de Brasil, se dirigía a la comunidad Bora de Paucarquillo, en Loreto, un lugar al que suelen llegar cada año turistas que quieren conocer la Amazonía peruana.
Los dirigentes de la comunidad acudieron a las autoridades del distrito de Pebas y en coordinación con ellos lograron impedir el ingreso de los turistas extranjeros cuando se dirigían a la comunidad nativa.
Merino teme por la salud de los pueblos indígenas en Loreto. La dirigente señala que en Iquitos todavía zarpan embarcaciones que recorren los ríos de la región y llegan hasta las comunidades. “No tenemos ningún caso de un hermano indígena que haya resultado positivo, pero tememos que eso pueda suceder”, indica.
La región Loreto es una de las que ha reportado la mayor cantidad de contagios en Perú. Hasta el jueves 26 de marzo, las estadísticas reportaban 29 personas diagnosticadas como positivas para el coronavirus.
En la selva central del país, el Comité de Autodefensa de la Cuenca del Río Ene (CARE) denuncia el mismo problema a través de un comunicado. En este caso, señalan que el tránsito es intenso en la carretera Satipo-San Martín de Pangoa-Valle Esmeralda-Pichari, una vía que une las regiones de Junín y Cusco. Pese a las medidas de restricción y cierre de vías que se dictaron en todo el territorio, los vehículos con pasajeros siguen circulando.
Los líderes asháninkas habían coordinado con las autoridades y centros poblados el cierre de todos los pasos por río y carreteras, pero esta disposición se está incumpliendo en la ruta que llega hasta Pichari, en Cusco.
Irupé Cañari, asesora legal de CARE, dijo a Mongabay Latam que los dirigentes indígenas del Comité Central de Autodefensa del Valle del Río Ene han solicitado a la Marina de Guerra del Perú, a cargo del punto de control instalado en Puerto Anapate, que no permita el ingreso de vehículos por esa vía.
“Entran camionetas con pasajeros y se muestran prepotentes. No sabemos hasta dónde van. El último control que atraviesan es el Puerto Anapate, donde está la Marina de Guerra”, señala Cañari.
El problema es que esta carretera pasa por una gran cantidad de centros poblados y comunidades nativas que están en riesgo por el tránsito de personas que llegan de ciudades lejanas como Huancayo, donde hasta el momento ya se han reportado 11 casos de personas positivas para el coronavirus.
La Defensoría del Pueblo de Perú ha exhortado al Gobierno que garantice la presencia de personal policial y militar en las regiones donde existe mayor cantidad de población indígena, con el “fin de evitar que este sector de la población peruana se vea afectado por la propagación de este virus, debido a su alta vulnerabilidad”.
En un comunicado, esta institución recordó que solo en la región Loreto existen aproximadamente 1203 comunidades que podrían estar en riesgo de contagio. El documento también indica que, según el censo de 2017, de cada diez comunidades indígenas en Perú, menos de cuatro cuentan con un centro de salud en sus territorios, situación que coloca a los pueblos indígenas en mayor riesgo.
Esta historia se publicó originalmente en Mongabay Latam. Para leerla completa da click aquí.
