¿Qué ocurre con los familiares de una mujer víctima de feminicidio?
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¿Qué ocurre con los familiares de una mujer víctima de feminicidio?

Aunque Ligia logró que los responsables del feminicidio de su hija fueran sentenciados apenas el año pasado, la guerra continúa.
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6 de marzo, 2020
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Ligia Canto tiene 63 años. Los últimos doce los ha pasado en una lucha que aún no termina y que le arrebató la vida a su hija Emma Gabriela, quien fue asesinada en la puerta de su casa por órdenes de su exesposo, Martín Medina Sonda, socio de José Manuel Sainz Pineda, tesorero del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier.

“A veces lloro, reniego, insulto, miento madres, me peleo con dios le pido perdón, pero tengo que seguir porque aunque después de la sentencia uno diga ‘gracias, Dios’, los asesinos todavía tienen recursos”, dice Ligia.

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Durante la conversación telefónica, habla con voz entrecortada a momentos, pero luego recupera la entereza no sólo para continuar la entrevista, sino para estar en pie después de que ella y su familia enfrentaron fabricación de delitos, el feminicidio de Emma, lo tortuosos juicios en contra de los asesinos y el autor intelectual y ahora por la guardia y custodia de sus tres nietos de 11, 13 y 15 años de edad que sigue en proceso.

Ligia se convirtió en una abogada adicional a los cinco que llevaron el caso de su hija. Ni siquiera se permitió un periodo de duelo, de llorar por haber perdido a Emma. “Tienes que hacer a un lado tu dolor y abocarte en ser más frío y más práctico. Estábamos ante un escenario donde no sólo teníamos que ver a los niños, sino el proceso judicial. Nos volvimos policías toda la familia para poder investigar”.

Aunque lograron que los responsables fueran sentenciados apenas el año pasado, la guerra continúa, pero “¿sabes cuál es mi mayor temor? No durarles a mis nietos, no dejarlos protegidos lo suficiente como para que toda esta gente que les ha hecho daño se les acerque, porque él, Martín Medina, es la persona que más ha torturado a estos niños.

Pero me ayuda el aprender a dar gracias a Dios, primero por haberme permitido ser madre de alguien tan valiente como Emma, caminar con ella en esta lucha y ser testigo de que ella y los niños se volvieran a reencontrar, contemplar la felicidad de los niños y ella”.

Ligia se refiere a uno de los procesos más difíciles que ambas enfrentaron en 2012, cuando Emma, después de sufrir violencia por parte de su esposo en Tabasco, decidió separarse de él e irse a vivir a Mérida con sus tres niños.

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Pero un día, él llegó con una camioneta y un chofer diciéndole que se la daba para que “sus hijos no anduvieran en transporte público. Luego te la pongo a tu nombre”. Aún así, en varias ocasiones ella le devolvió el vehículo, pero él se negaba a recibirlo.

Tiempo después supieron que en Tabasco iniciaba un procedimiento judicial en su contra por el presunto delito de “retención ilegal de bienes” por el uso de la camioneta, a partir de una denuncia interpuesta por una de las empresas de las que Martín Medina era socio.

Las notificaciones se giraban en Tabasco, aunque ella vivía en Mérida, por lo que un día, policías ministeriales armados la detuvieron enfrente de sus hijos para que enfrentara un juicio y, aunque el delito no ameritaba prisión preventiva, el juez determinó que, al vivir en otro estado, existía riesgo de fuga, por lo que fue recluida en un penal.

Se estaban enfrentando no sólo a Martín Medina, sino a sus relaciones políticas con la administración de Granier y, por lo tanto, al sistema. “Había peso político, no jurídico en el caso”, dice Ligia.

En mayo de 2012, cuando empezaban las campañas políticas para gobernador, Ligia decidió ir a los mítines de los candidatos de todos los partidos. “Me iba con mis carteles a pedir justicia, dando vueltas alrededor de la gente para que vieran los carteles y gritando a todo pulmón.

Además recordó que Martín Medina había sido detenido en 2007 con 8 millones de pesos en efectivo en una camioneta. “Eso llamó la atención de la gente, de la prensa, y así tuvimos contacto con candidatos. Hasta en los debates tocaron el tema. Fue tan evidente de fabricación de delitos que la fiscalía se desistió de acusar a mi hija”, meses después de su detención.

Parecía que la guerra estaba ganada, por eso Ligia nunca dejó el activismo, incluso se unió a la protesta por el caso de Yakiri Rubio, la joven que en legítima defensa asesinó al hombre que la violó e intentaba matarla en la Ciudad de México.

El juez Santiago Ávila Negrón dictó auto de formal prisión en contra de Yakiri por homicidio calificado y se trataba del mismo juez que también giró una orden de aprehensión en contra de Emma Gabriela por el delito de abuso de confianza a la par del proceso que se llevaba en Tabasco. Eso abría la posibilidad de ser trasladada a Santa Martha Acatitla, lo que se convirtió en un arma de amenaza. Por eso, dice Ligia, se sumó a la familia de Yakiri en su protesta.

Pero en ese periodo, Ligia fue detenida por la presunta falsificación de documentos oficiales y clonación de tarjetas bancarias en Guadalajara, por lo que fue trasladada al penal de Puente Grande al tratarse de un delito federal. Estuvo 10 días, y fue liberada debido a que los supuestos denunciantes no existían, habían falsificado las identificaciones creando identidades falsas.

Una abogada más en la investigación de Feminicidio

Tras investigaciones sobre desvío de recursos en la administración del exgobernador Granier, él como su extesorero Manuel Sainz Pineda, y Martín Medina terminaron en prisión. Éste último fue sentenciado a 12 años de pena por enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita en 2016.

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Meses después, pese a una serie de intentos por no conceder el divorcio a Emma Gabriela, le notifican en la cárcel que por fin habían quedado divorciados. Según supieron años después, ahí comenzó el plan para el asesinato de Emma.

El 27 de marzo de 2017, Emma fue atacada por un hombre quien la degolló al abrir la puerta de su casa. Eso hizo un antes y un después en la vida de toda la familia.

“La mayor parte de la familia, de las amistades se alejaron por miedo. Y tú, aunque tu corazón te dice ellos te necesitan (sus nietos), había que buscar la forma que otros lo arropen, sus tíos, tías, para nosotros estar en la Fiscalía y hacer una investigación de forma paralela con los abogados”.

Así empezó su participación casi como una abogada más para revisar los 40 tomos de todos los procesos judiciales en los que estuvo involucrada su hija y su familia. Sólo en el juicio familiar por el divorcio había 120 amparos. “Con los abogados nos sentábamos a trabajar desde las 8 de la mañana y nos daban las 3 de la mañana revisando papeles”.

“Fue terrible revisar expedientes y volver a recordar lo que pasamos juntas, todas y cada una de las pruebas que sirvieron para amarrar la culpabilidad de Martín y no quede ninguna duda razonable de su participación”, dice Ligia.

Su rutina comenzaba a las 5 de la mañana cuando despertaba. Iba a casa de su otra hija donde vivían los tres pequeños para despertarlos, vestirlos, darles desayuno y llevarlos a la escuela. Después se iba a la Fiscalía. “Había gente que no tiene claro lo que es un proceso judicial, que esto tiene un tiempo y límite para conseguir y acceder a la justicia, me decían, ‘por qué estás tanto tiempo ahí’.

Gracias a esas investigaciones detectaron un factor clave: las empresas de Martín Medina mencionadas entre los procesos previos. Los abogados pidieron los estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y así encontraron una transferencia de 100 mil pesos a uno de los autores materiales. Eso pudo ligar la participación intelectual del exesposo.

En el proceso tuvo que aguantar que uno de los abogados a quien había pagado 50 mil pesos para revisar el expediente, “se pasó al otro lado” y defendió al empresario. También durante el juicio, escuchar de los autores materiales, cómo planearon el feminicidio de Emma. “Pero yo tuve que dejar mi cabeza fría para seguir”.

En septiembre de 2019, Medina fue condenado a 45 años de prisión por el feminicidio de Emma Gabriela, pero ya ha interpuesto amparos para apelar la sentencia. Además, junto a sus padres mantiene abierto un proceso judicial para pelear la guardia y custodia de sus tres hijos.

Ahora, además de continuar el proceso de la apelación y pagar a los abogados, también tiene que costear los peritajes psicológicos, de trabajo social para los niños y el resto de la familia como parte del proceso de custodia.

Ligia fue trabajadora administrativa del ISSSTE durante 35 años. Ya jubilada, destina toda su pensión y la de su esposo al pago de abogados y la manutención de sus nietos. Sus otros cuatro hijos también cooperan, pero a sus posibilidades porque también tienen sus propias familias.

Además, cada uno a tenido que cargar con el rechazo social. Cuando el hijo mayor va a buscar trabajo lo primero que le preguntan es si es ‘hermano de Emma’, y enseguida lo rechazan. “A veces entro yo a algún lugar siento como cambia el ambiente, se vuelve un entorno hostil, como diciendo ya llegó la revoltosa”, dice Ligia, quien a cada momento de la conversación insiste en que está en pie y seguirá luchando.

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Vacuna contra COVID: por qué algunas dosis acaban en la basura y qué se puede hacer para evitarlo

El mundo vive una carrera por hacerse con las escasas vacunas disponibles contra la COVID. ¿Por qué algunas acaban en la basura o se vacuna a personas no prioritarias?
5 de febrero, 2021
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Enfermeras cargan dosis de la vacuna en Nantes, Francia.

Reuters
Muchos países se enfrentan al reto de administrar las vacunas antes de que se estropeen.

Golpeado por la pandemia de covid, el mundo se enfrentó primero al reto de desarrollar en tiempo récord una vacuna. Ahora, al de distribuirla a escala planetaria sin malgastar una sola de las preciadas dosis.

Con la oferta de vacunas disponibles lejos aún de cubrir la ingente demanda mundial, los gobiernos han establecido rigurosos planes de vacunación que establecen los colectivos que deben ser vacunados primero: generalmente, personas mayores, enfermos crónicos y trabajadores de los servicios de salud.

Sin embargo, no han tardado en aparecer las noticias de personas no pertenecientes a estos grupos prioritarios que recibían la vacuna, o, algo más sorprendente aún, de dosis que acababan en el cubo de la basura.

En la ciudad de Trelew, en la Patagonia argentina, la prensa local informó de que hubo que desechar 140 dosis de la vacuna rusa Sputnik-V porque se había roto la cadena de frío en su conservación.

En España, el general al mando de las Fuerzas Armadas tuvo que dimitir después de que se hiciera público que había recibido la vacuna, pese a que algunos de sus colaboradores les dijeron a los medios españoles que lo había hecho precisamente para evitar que se echaran a perder las dosis sobrantes en su departamento tras vacunar a las personas prioritarias.

En México, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, condenó por “inmoral” al médico que vacunó a dos familiares después de un error en el sistema de citas del hospital en el que trabaja.

Son solo algunos ejemplos de noticias que han provocado malestar y críticas en muchos países cuando la mayoría de la gente sigue a la espera y en muchos casos aún sujeta a distintos grados de confinamiento.

El desafío de optimizar las vacunas

Lo cierto es que los sanitarios se pueden ver a veces ante un incómodo dilema, ya que las vacunas requieren condiciones especiales de conservación y, en algunos casos, sobre todo en pequeñas localidades o lugares alejados, no pueden cumplirse a rajatabla los estrictos criterios fijados por los gobiernos.

La vacuna fabricada por Pfizer, por ejemplo, debe conservarse a temperaturas muy bajas y, una vez descongelada, ha de usarse antes de 5 días.

La Sputnik-V se comercializa en ampollas de cinco dosis, por lo que si se quiere evitar malgastar ninguna, debe haber un número igual de pacientes listos para recibir el pinchazo.

Una profesional de la salud recibe la vacuna en un hospital de Ciudad Juárez, México.

Reuters
Los trabajadores sanitarios figuran entre los colectivos prioritarios en la mayoría de países.

Como explicó en conversación con BBC Mundo el doctor Pablo Bonvehí, jefe de la sección Infectología y Control de Infecciones del CEMIC, un centro de investigación médica de Buenos Aires, “la prioridad es no desperdiciar la vacuna“.

“Una campaña de vacunación, y más una como esta, es siempre un gran desafío de ingeniería”, indica el experto. Y no siempre es posible acomodar la disponibilidad de vacunas con el número de pacientes dispuestos a ponérsela, su disponibilidad para acercarse a los centros de vacunación a recibirla y las necesidades de espacio para mantener la distancia social en ellos.

A esto se suma el problema de los pacientes que no acuden a las citas programadas, sea porque no pueden desplazarse o porque, como los seguidores del movimiento antivacunas, rechazan la inmunización o desconfían de los gobiernos y los fabricantes de medicamentos.

¿Qué hacer entonces con la dosis sobrante cuando ya se ha cubierto el cupo de pacientes prioritarios agendados para el día?

Contenedores de residuos sanitarios en Manchester, Inglaterra.

Getty Images
En algunos países ya ha habido noticias de vacunas que acaban en la basura.

En Estados Unidos ya ha habido centros sanitarios que han empezado a convocar por la emisora de emergencias a los paramédicos que quieran vacunarse una vez cubierto el cupo diario para evitar que se echen a perder las dosis sobrantes.

Y un equipo médico del estado de Oregón que quedó atrapado en una congestión de tráfico comenzó a vacunar a otros automovilistas retenidos ante la imposibilidad de volver a refrigerar a tiempo las dosis que llevaban consigo.

Mejor en un brazo que en el cubo de la basura

Ante la emergencia sanitaria global, los centros médicos a nivel local se enfrentan al desafío de vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, conservando adecuadamente las vacunas y priorizando a los grupos de población de riesgo establecidos por las autoridades nacionales.

En esa tarea titánica, han encontrado una inesperada colaboración en los grupos de espontáneos que hacen fila junto a las clínicas y los centros de vacunación a la espera de que se les administre alguna de las dosis no utilizadas, una imagen cada vez más frecuente en Estados Unidos y en Israel, el país que lidera la frenética carrera global por la vacunación.

“A todas las dificultades se suma la de la incertidumbre acerca de las dosis que se van recibir y cuándo”, señala el doctor Bonvehí.

Para los dispensarios locales se complica aún más llevar una planificación adecuada de la vacunación ya que en muchos casos los gobiernos tampoco han podido ofrecer un calendario claro de vacunación y son ellos quienes centralizan la adquisición de los medicamentos.

Un hombre carga una bombona de oxígeno en Manaos, Brasil.

Reuters
América Latina es una de las regiones más golpeadas por la pandemia y muchos países aún no han podido comenzar a vacunar.

Para los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, que se encuentran detrás de los más ricos en la lista de espera global por recibir la vacuna en la cantidad y con la regularidad suficientes, hacer un uso óptimo de las que llegan se hace más crítico si cabe.

Bonvehí propone que “en las citas se llame a pacientes suplentes, para que, si alguien no se presenta, no haya que desperdiciar ninguna dosis”.

Y la Organización Mundial de la Salud ha pedido que los países más prósperos, que han comprado muchas más dosis de las necesarias para vacunar a toda su población, envíen las que no usen a los países en desarrollo.

Todo, porque, como le dijo Amesh Adalja, especialista en enfermedades infecciosas de la Johns Hopkins University, a la cadena NPR, “una vacuna en un brazo siempre va a ser mejor que una vacuna en el cubo de la basura”.


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