Sin visitas, insumos ni sana distancia: cárceles frente al COVID-19
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Sin visitas, insumos ni sana distancia: el panorama de la cárceles frente al COVID-19

La organización Documenta apunta que la restricción no planificada de las visitas familiares puede propiciar protestas internas y poner en riesgo la gobernabilidad de los centros penitenciarios, como sucedió durante la epidemia de la influenza AH1N1.
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3 de abril, 2020
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Mientras el gobierno federal llama a guardar la sana distancia y la limpieza extrema, en las prisiones del país decenas de miles de personas privadas de la libertad enfrentan la pandemia de coronavirus COVID-19 en cárceles con condiciones de hacinamiento, poca higiene y precarios servicios de salud, alerta la asociación civil Documenta

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también han apremiado a los gobiernos a tomar medidas que pongan a salvo a la población recluida en condición de vulnerabilidad, entre la que se cuenta a mujeres embarazadas y personas adultas mayores o con enfermedades crónico-degenerativas.

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María Sirvent, directora de Documenta, organización que defiende los derechos de las personas privadas de la libertad, señala que, frente a la crisis sanitaria, es urgente ejercer la liberación anticipada de presos establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, medida que, por un lado, protegería la salud de la población vulnerable y, por el otro, ayudaría a desahogar la saturación de las cárceles tanto federales como estatales.

De acuerdo con el más reciente informe del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), hay un total de 202 mil 337 personas en reclusión; dicho reporte indica que 110 de los 297 centros penitenciarios federales y estatales del país tienen sobrepoblación; específicamente, el 45% de los reclusos comparte su celda con más de cinco personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Inegi de 2016.

Sirvent afirma que al interior de las cárceles es imposible poner en práctica medidas como la sana distancia o el autoaislamiento, además de que hay centros penitenciarios que no cuentan con infraestructura de agua potable adecuada y tienen carencias en sus servicios médicos.

“Las medidas preventivas de contagio tienen que ser intensificadas y diferentes al interior de un reclusorio que las que están llevando hacia el exterior, porque al interior de un reclusorio, que duerman dos o tres personas en una celda ya no es una sana distancia, no puedes hacer aislamiento, y si aparte no hay agua, tampoco puedes llevar un régimen de limpieza riguroso para estar desinfectando; sí creo que se deben incrementar todas las medidas preventivas posibles porque, en caso de que entre el virus, va a ser muy difícil detenerlo”, advierte en entrevista.

“En el caso en que sí llegue el virus adentro, puede generar muchísimo contagio sin poderlo controlar, porque, si controlarlo afuera es difícil, imagínate adentro, y sobre todo porque no van a tener tampoco la capacidad de atenderlo, porque no creo que las torres médicas de los reclusorios tengan respiradores o el material que se necesita”.

Animal Político solicitó a la OADPRS, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) –dependencia a la que está adscrita administrativamente-, un informe sobre las medidas preventivas adoptadas para proteger la salud de la población en reclusión, pero no recibió respuesta.

El área de comunicación de la SSPC se limitó a decir que la autoridad rectora del sistema penitenciario federal “sigue las recomendaciones de la Secretaría de Salud”.

Sirvent afirma que en algunas prisiones del país se tomó la decisión de restringir las visitas a las personas en reclusión sin tomar en cuenta que el 70% de los internos dependen enteramente de insumos y recursos que les proporcionan sus familiares, desde artículos de higiene personal hasta dinero que deben pagar dentro de las prisiones para garantizar su supervivencia.

“No queremos decir si está bien o mal que restrinjan las visitas por una cuestión de que no existan más contagios, porque a lo mejor sí es una medida responsable, sin embargo, junto con esa medida deben ir de la mano otras medidas responsables, como va a ser que la autoridad sí pueda proveer de todos los artículos que les dan las familias al interior (a los reclusos)”, expone.

“¿Y por qué sí es probable que el virus puede entrar? Porque el personal, la autoridad penitenciaria, los custodios, la gente de enfermería, ellos entran y salen; más allá de que restrinjas la visita, hay mucha gente que sí entra y sale. Han dicho que (han seguido) el mismo protocolo que han marcado aquí afuera, pero ese protocolo no puede aplicar allá adentro”.

La especialista apunta que la restricción no planificada de las visitas familiares puede propiciar protestas internas y poner en riesgo la gobernabilidad de los centros penitenciarios, como sucedió durante la epidemia de la influenza AH1N1, cuando hubo motines en al menos cinco cárceles.

“(Se debe) garantizar la gobernabilidad del centro, porque lo que ha sucedido en otros países, ya en este contexto del coronavirus, es que cancelar la visita te genera muchos disturbios al interior, inclusive llegando hasta motines, porque es la visita la que provee todos estos utensilios, la que les lleva a los internos dinero, cigarros, muchas cosas que representan una moneda de cambio al interior, entonces, el restringir la visita y no mitigar las consecuencias, puede traer efectos muy graves, como son estos motines”, detalla.

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En Sri Lanka, por ejemplo, la confirmación de casos de COVID-19 al interior de una prisión, sumada a la decisión del gobierno de prohibir las visitas del exterior, desató protestas de internos que exigían ser puestos en libertad para evitar el contagio; dos de ellos murieron en enfrentamientos con las autoridades. Otros países en los que ha habido disturbios en prisiones por la exigencia de medidas de contención de la pandemia son Colombia, donde murieron 23 presos en choques con la Policía; Perú, con dos muertos, y Brasil, donde se fugaron más de mil 300 internos de tres cárceles.

El pasado 30 de marzo, Documenta promovió ante la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México una solicitud de preliberación de personas en centros de reclusión para garantizar su derecho a la salud e integridad ante la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, conforme la Ley Nacional de Ejecución Penal.

La asociación civil solicitó aplicar la medida en los 13 penales de la capital, en los que hay aproximadamente 24 mil 850 personas privadas de la libertad: los centros de ejecución Varonil Norte y Oriente; el centro varonil Santa Martha Acatitla; los centros femeniles Santa Martha Acatitla y Tepepan; los centros varoniles de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi) y de seguridad penitenciaria I y II; la Institución Abierta Casa de Medio Camino; la Penitenciaría del Distrito Federal y los reclusorios preventivos varoniles Norte, Oriente y Sur. 

El artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal puede beneficiar a personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de enfermedades crónico-degenerativas o terminales, no importando el tiempo que hayan compurgado o les falte compurgar de su condena. La medida también puede aplicar para personas que hayan cometido delitos sin violencia y cuya pena máxima sea de cinco años de prisión. 

“La ventana de oportunidad es muy amplia, porque aquí no está importando nada, por ejemplo, cuánto tiempo (llevan en prisión), por qué delito, no importa, dice simplemente que es por el hecho de ser adultos mayores o tener enfermedades crónico-degenerativas, yo veo este artículo como algo muy importante, porque es justo la población que estamos hablando que está en riesgo (ante el COVID-19)”, indica Sirvent.

El beneficio de preliberación excluye a personas sentenciadas por delitos graves, como desaparición forzada, crimen organizado, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, corrupción, fraude electoral y robo de hidrocarburos.

La directora de Documenta indica que no existe una estadística oficial que permita saber qué porcentaje de la población privada de la libertad en centros de reclusión está en condición de vulnerabilidad de contagio de COVID-19.

“Yo creo que ni la propia autoridad sabe bien, ese es un problema, la falta de datos, pero nosotros estamos solicitándolo y sería responsabilidad de la autoridad hacer un censo”, demanda.

“Reubican” a presos adultos mayores

El Órgano Administrativo Desconcertado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) informó que las personas privadas de la libertad mayores de 60 años fueron reubicadas a zonas aisladas dentro de los centros de reclusión federales, a fin de prevenir su contagio por coronavirus.

A través de un comunicado, también aseguró que se identificó a la población con “enfermedades de riesgo”, pero no proporcionó cifras ni indicó cómo se clasifican dichos padecimientos.

“Es importante señalar que se ha puesto especial atención en las personas privadas de su libertad mayores de 60 años, las cuales han sido reubicados a otras áreas con adecuado nivel de aislamiento sanitario. Además se clasificó a la población penitenciaria con enfermedades de riesgo, para mayor su atención y prevención”, indicó.

Afirmó que cada centro de reclusión ha implementado controles de detección de sintomatología entre los internos, el personal y los visitantes en las áreas de acceso.

“Como parte de las medidas de higiene sanitaria se colocó gel antibacterial y jabón en todos los baños de los Centros, también se efectúo una desinfección de transporte de personal y áreas comunes”, expuso.

El OADPRS no aclaró si restringió la frecuencia de las vistas familiares, pero reportó que la cantidad ha bajado.

“Durante la visita semanal sin contingencia en promedio se tiene un registro de 3 mil 099 personas, sin embargo, en esta etapa de contingencia se registra en promedio una visita de 2 mil 247 personas”, indicó.

Agregó que se implementó el permiso de una llamada semanal por cada interno para que mantenga comunicación con sus familiares, e informó que se suspendieron las visitas conyugales.

Preocupación mundial por cárceles

La OMS publicó un documento sobre prevención y control del COVID-19 en prisiones y centros migratorios en el que sostiene que las personas privadas de la libertad son especialmente vulnerables al contagio de coronavirus debido a las condiciones precarias en las que viven juntas durante periodos largos.

“La experiencia muestra que las cárceles y entornos similares donde las personas se reúnen cerca pueden actuar como fuente de infección, amplificación y propagación de enfermedades infecciosas dentro y más allá de las cárceles. La salud de la prisión, por lo tanto, se considera ampliamente como salud pública. La respuesta al COVID-19 en las cárceles y otros lugares de detención es particularmente desafiante, ya que requiere un enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad”, señala el documento.

Agrega que, a diferencia de la población en el exterior, la privación de la libertad expone a las personas a mayores riesgos de salud.

“Las personas en las cárceles suelen tener una mayor carga subyacente de enfermedad y peores condiciones de salud que la población general, y con frecuencia se enfrentan a una mayor exposición a riesgos como el tabaquismo, la falta de higiene y la defensa inmune débil debido al estrés, la mala nutrición o prevalencia de enfermedades coexistentes, como virus transmitidos por la sangre, tuberculosis y trastornos por consumo de drogas”, indica.

El pasado 25 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos evaluar la liberación de individuos vulnerables al coronavirus, como adultos mayores, personas enfermas y presos no peligrosos y quienes fueron recluidos por motivos políticos.

“En muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa. A menudo, los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles”, dijo la también expresidenta de Chile.

“En esta crisis, los gobiernos se enfrentan a cuantiosas exigencias de recursos y tienen que adoptar decisiones difíciles. Pero les insto a que no olviden a las personas que están encarceladas o recluidas en instalaciones cerradas, tales como hospitales psiquiátricos, hospicios y orfanatos, porque las consecuencias de su abandono podrían ser catastróficas”, añadió.

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COVID-19: el escándalo por la aparición de decenas de cadáveres en camiones de mudanza en Nueva York

La policía de Nueva York encontró decenas de cadáveres en camiones de mudanza en Brooklyn. Las autoridades no han confirmado si los cuerpos pertenecían a víctimas de COVID-19 pero la ciudad ha estado luchando desde marzo para gestionar la gran cantidad de muertos a causa de la pandemia.
1 de mayo, 2020
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El olor que salía de dos camiones de mudanza y el goteo que caía de su interior alarmó a los vecinos y transeúntes de la calle Utica la mañana del miércoles.

Hasta el lugar, ubicado en Brooklyn, Nueva York, llegó la policía. Lo que los agentes encontraron fue estremecedor: decenas de cadáveres almacenados en los vehículos.

La funeraria Andrew T. Cleckley había alquilado camiones y colocado unos 50 cadáveres dentro con hielo.

La policía cercó el área y luego llegó un camión refrigerado. Unos trabajadores del estado de Nueva York fueron vistos más tarde con trajes de protección moviendo los cuerpos al nuevo vehículo.

Residentes del área le dijeron a la cadena CBS que se habían estado quejando del olor desde hacía un par de semanas.

Un vecino de la funeraria le dijo al canal televisivo que el martes “tenían cuerpos por todo el piso dentro del local”.

“Estaban descargando cuerpos. Salían uno por uno, goteando sangre. Y esos tipos que estaban trabajando, estaban comiendo sin nada en las manos. Sin máscaras, sin guantes, nada, y parecía algo sospechoso debido a la cantidad de gente que estas personas recolectaban”, contó.

“Ah, y el olor, olvídate. Era abrumador”, dijo.

Funeraria desbordada

No está claro si los cadáveres pertenecían a víctimas de covid-19. Pero las autoridades y las funerarias de Nueva York han estado luchando desde marzo para hacer frente a la gran cantidad de muertos en el estado, el más afectado en Estados Unidos por la pandemia.

Andrew T. Cleckley, dueño de la funeraria, le dijo a The New York Times el jueves que se había quedado sin espacio para almacenar los cadáveres.

Policía al lado de los camiones llenos de cadáveres en Nueva York.

Reuters
La gente de los alrededores de la funeraria llamó a las autoridades para quejarse por el olor.

Las autoridades de Nueva York han enviado decenas de morgues móviles o tráileres con refrigeración a hospitales y otros puntos de la ciudad para evitar que los cadáveres se acumulen y se descompongan en lugares inapropiados, como ha ocurrido en otros países golpeados por el virus.

Sin embargo, Cleckley dijo que no había podido conseguir o comprar un camión refrigerado debido a la actual escasez de estos vehículos.

“Los cuerpos se nos salen por las orejas, le dijo al periódico.

Cleckley contó que solo en abril había recibido más llamadas de deudos pidiendo sus servicios que en todo 2019 y reconoció que había asumido “más trabajo del que podía manejar”, según The New York Times.

Hasta este jueves, más de 18.000 personas habían muerto solo en la ciudad de Nueva York a causa del covid-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins, que monitorea el avance mundial de la enfermedad en tiempo real.

En todo el país, EE.UU. había superado para entonces el millón de casos confirmados de coronavirus, más que cualquier otro país.

“Haz algo en vez de dejar los cuerpos ahí”

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo en una conferencia este jueves que se trataba de una “situación horrible” y que era “absolutamente inaceptable”.

“Las funerarias son empresas privadas. Tienen la obligación con las personas a las que sirven de tratarlos con dignidad”, dijo.

“No tengo idea de cómo una funeraria podría permitir que esto suceda”, agregó.

“¿Por qué no alertaron al estado, que los regula, o fueron a la policía de Nueva York y pidieron ayuda? Haz algo en lugar de dejar los cuerpos allí”.

Paramédicos ingresando a una persona a una ambulancia.

Getty Images
Hasta este jueves, más de 18.000 personas habían muerto solo en la ciudad de Nueva York a causa del covid-19.

Por ley, los directores de funerarias deben mantener los cuerpos en condiciones seguras para evitar la propagación de infecciones antes de ser enterrados o cremados.

El teniente John Grimpel, portavoz de la policía de Nueva York, dijo a The Washington Post que no habían puesto cargos criminales por el incidente.

Pero el Departamento de Salud de Nueva York citó a la funeraria a causa del manejo de los cadáveres, según un funcionario citado por The New York Times.

“Si hubiera sido mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, no están respetando a los muertos, estaría muy molesto”, dijo John DiPietro, un vecino de la funeraria, a CBS.

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