Créditos a microempresas familiares, para quien esté en Censo del Bienestar
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Créditos para microempresas familiares, condicionados a aparecer en Censo del Bienestar

Esta forma de entregar los créditos excluye a quienes no se les aplicó el Censo del Bienestar y puede ser clientelar, consideró Máximo Jaramillo, especialista en desigualdad y política social.
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28 de abril, 2020
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El gobierno federal entregará un millón de créditos para microempresas familiares, pero el principal requisito es haber sido incluido en el Censo del Bienestar, un ejercicio estadístico hecho por el Coordinador General de Programas para el Desarrollo de Presidencia, Gabriel García Hernández, desde la transición y del que hasta el momento no ha hecho pública la metodología aplicada ni los datos obtenidos.

El censo fue levantado durante seis meses entre 2018 y 2019 para elegir a los beneficiarios de los programas sociales, la principal estrategia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y los encargados de aplicar los cuestionarios fueron los llamados “servidores de la nación”, que habían sido promotores del voto de Morena durante la elección de 2018, coordinados también por García Hernández.

En dicho censo, según informó García Hernández en conferencia de prensa el viernes, se preguntó si requerirían algún crédito para negocio. Quienes respondieron que sí entonces, ahora están siendo contactados vía telefónica para ser los beneficiarios de un crédito de 25 mil pesos como parte de la ayuda a microempresas ante COVID-19.

Lee: Censo del Bienestar: opacidad en registros y costos, y ahora la base para apoyos por COVID-19

Esta es la principal medida para apoyar a los pequeños comercios como tienditas, fondas, estéticas, papelerías y trabajadores informales, los que hasta el momento no habían sido incluidos entre las ayudas económicas ante la parálisis de movilidad para contener la propagación de la pandemia.

Pero no habrá una ventanilla para que cualquier afectado pueda solicitar el crédito que se pagará a 33 meses, sino que el primer criterio de elegibilidad es “ser parte del Censo para el Bienestar, preferentemente”, y sólo “en caso de existir disponibilidad presupuestaria, podrá atenderse a Personas Microempresarias no incluidas en el Censo del Bienestar”, dicen los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

Este criterio “atenta contra los derechos, porque si por alguna razón no llegaron a censarte, y más con la sospecha que no hubo una buena metodología, atenta más al excluir a quienes no están censados”, asegura Máximo Jaramillo, especialista en desigualdad y política social e integrante de Gatitos Contra la Desigualdad, uno de los proyectos del Instituto de Estudios Sobre Desigualdad, A.C (INDESIG).

Además, agrega, la falta de transparencia impide conocer la metodología de un ejercicio estadístico que podría ser vigilado externamente, como ha ocurrido con otros programas como la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la principal estrategia en materia social del presidente Enrique Peña Nieto y que la sociedad civil señaló que la cobertura tenía sesgo clientelar.

Lee: Gobierno publica decreto sobre apoyos a microempresas; 27 mil personas ya pueden solicitar créditos

“El problema cuando no es transparente es que no tenemos un instrumento lo suficientemente robusto en términos metodológicos y la principal sospecha es que los programas sociales estén aplicándose de una manera clientelar, que responda a ciertas variables no técnicas para buscar a los que más necesitan los programas. En el mejor de los casos, variables que no tengan ningún sentido, y en el peor de los casos, seguir un corte electoral”, sostiene Jaramillo.

El operador del Censo

El Coordinador General de Programas para el Desarrollo de Presidencia, Gabriel García Hernández, ha trabajado con López Obrador en los últimos 18 años como encargado de las áreas financieras y de operación política en los proyectos que el presidente ha impulsado; y sobre las que ha habido denuncias por presunto mal manejo de recursos.

García Hernández fue director de adquisiciones en la Oficialía Mayor en el gobierno en la Ciudad de México de López Obrador, entre 2000 y 2005. Al concluir el cargo, como apoderado legal, constituyó Honestidad Valiente, una asociación civil que sirvió en 2006 para recibir donativos de apoyo a la campaña presidencial de López Obrador con la alianza Movimiento Progresista. También constituyó No nos vamos a dejar, A. C. y Austeridad Republicana A. C.

En la elección de 2012, el PRI denunció ante el Instituto Federal Electoral (IFE) a la coalición Movimiento Progresista, que tenía a López Obrador como candidato, por presuntamente tener “un financiamiento paralelo” no reportado a través de Honestidad Valiente A. C., —que dirigía García Hernández— y que se calculó en mil 200 millones de pesos.

Lee: AMLO anuncia más créditos para empresas familiares afectadas por la pandemia

Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, Morena constituyó el fideicomiso “Por los demás” para dar apoyo a damnificados, el cual sumó 78.8 millones de pesos y tuvo a García Hernández al frente del manejo financiero.

El fideicomiso fue denunciado por partidos políticos por supuesto uso electoral, el INE impuso a Morena una multa de 197 millones de pesos pues, aunque no pudo demostrar el uso para desviar dinero a campañas políticas, el partido no reportó el gasto ni la procedencia de los recursos.

Además, García Hernández fue el coordinador técnico de la defensa del voto en todo el país, una estructura que coordinó a las bases para cuidar las casillas electorales y conseguir votos a favor de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque durante la transición ocupó su escaño en el Senado, desde el 1 de diciembre, García Hernández coordina los programas sociales, aunque dependan presupuestalmente de la Secretaría de Bienestar, y reporta directamente al Presidente.

Censo en la opacidad

La primera tarea en su cargo fue el Censo del Bienestar que inició el levantamiento de cuestionarios con 20 mil “voluntarios”, toda vez que aún era periodo de transición, según informó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en octubre de 2018.

Gabriel García Hernández informó en conferencia de prensa el jueves pasado que el censo duró seis meses, visitando 300 mil localidades y 30 millones de domicilios, se entrevistaron a 30 millones de personas.

Sin embargo, hasta el momento no ha hecho pública la metodología, ni los resultados obtenidos, como sí ocurre con otros ejercicios hechos por el INEGI o por la Secretaría de Desarrollo Social, con Prospera o la Cruzada Nacional contra el Hambre que al ser revisada, por ejemplo, por el Coneval se comprobó que no cumplió con el cometido de erradicar el hambre.

En cambio, el Censo del Bienestar no ha publicado la información ni en las páginas de la Secretaría de Bienestar, Presidencia o en datos abiertos, ni tampoco la ha entregado vía transparencia cuando ciudadanos la han solicitado.

En la solicitud sobre la metodología del Censo, con folio 87219 dirigida a la Secretaría de Bienestar encabezada por María Luisa Albores, respondió que “después de una búsqueda exhaustiva” se detectó que el Censo era coordinado por Gabriel García, por lo que remitió al solicitante a hacer la petición en Presidencia.

Al hacer la petición a Presidencia, con el folio 119919, respondió que no era competente para entregar la información, por lo que redirigía a la Secretaría de Bienestar, porque a ésta le correspondía tenerla, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Esto, dice Máximo Jaramillo, significa “un retroceso porque si algo se ganó en décadas de lucha es que podíamos acceder a los cuestionarios, metodología, modelo estadístico y padrones actualizados, por eso mismo se criticaba, pero a falta de toda información ahora ni siquiera se puedes criticar o buscar cómo mejorar los mecanismos”.

INAI buscará a Bienestar

De acuerdo a la Ley General de Transparencia, toda gestión pública y el destino de los recursos deber ser información pública. Desde los últimos 18 años ha sido una lucha constante porque la información sobre programas sociales sea pública, pues se presume que “todo el dinero está debidamente asignado, que no persigue generar clientelismo, ni influencia entre la población más necesitada para fines de conducción electoral”.

Así lo asegura el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, toda vez que “la gran batalla del México democrático tuvo qué ver con la dificultad que ha habido para darle a estos programas asistenciales el justo valor y una condición absolutamente indispensable es que sean escrutables”.

En entrevista con Animal Político, Francisco Javier Acuña asegura que el Censo del Bienestar, como el resto de programas y estrategias en otros sexenios, “están obligados a cumplir con los deberes que establece la Ley General de Transparencia”.

Esto significa saber el nombre de los beneficiarios de cada programa, pero salvaguardando datos personales de identificación, como dirección precisa o teléfono, por ejemplo.

Además de publicar los datos del Censo, también será necesario informar sobre los beneficiarios de los microcréditos para afrontar los estragos económicos por la pandemia de coronavirus en el país, afirma el comisionado presidente del INAI.

Por eso es que el Instituto buscará a la Secretaría de Bienestar y de Economía para establecer una mesa de trabajo para que como transparencia proactiva transparenten la información de los beneficiarios, así como han trabajado con la Secretaría de Salud para abrir los datos epidemiológicos salvaguardando los datos personales.

“Debemos intentar nuevos acercamientos para decirles que es necesario que la gente pueda identificar con mayor claridad estos programas para que los que estén en condiciones de acceder a ellos, se puedan inscribir, y también para que todos los mexicanos tengamos conocimiento de cómo se están canalizando estos recursos y el cuidado de los datos personales”, explica Acuña.

Esto porque García Hernández dijo que para transparentar la información publicarían las fotografías de los beneficiarios en sus negocios, pero las fotos son considerados datos biométricos y, por tanto, personales. Es decir, no deberían ser públicos.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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