Créditos a microempresas familiares, para quien esté en Censo del Bienestar
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Créditos para microempresas familiares, condicionados a aparecer en Censo del Bienestar

Esta forma de entregar los créditos excluye a quienes no se les aplicó el Censo del Bienestar y puede ser clientelar, consideró Máximo Jaramillo, especialista en desigualdad y política social.
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28 de abril, 2020
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El gobierno federal entregará un millón de créditos para microempresas familiares, pero el principal requisito es haber sido incluido en el Censo del Bienestar, un ejercicio estadístico hecho por el Coordinador General de Programas para el Desarrollo de Presidencia, Gabriel García Hernández, desde la transición y del que hasta el momento no ha hecho pública la metodología aplicada ni los datos obtenidos.

El censo fue levantado durante seis meses entre 2018 y 2019 para elegir a los beneficiarios de los programas sociales, la principal estrategia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y los encargados de aplicar los cuestionarios fueron los llamados “servidores de la nación”, que habían sido promotores del voto de Morena durante la elección de 2018, coordinados también por García Hernández.

En dicho censo, según informó García Hernández en conferencia de prensa el viernes, se preguntó si requerirían algún crédito para negocio. Quienes respondieron que sí entonces, ahora están siendo contactados vía telefónica para ser los beneficiarios de un crédito de 25 mil pesos como parte de la ayuda a microempresas ante COVID-19.

Lee: Censo del Bienestar: opacidad en registros y costos, y ahora la base para apoyos por COVID-19

Esta es la principal medida para apoyar a los pequeños comercios como tienditas, fondas, estéticas, papelerías y trabajadores informales, los que hasta el momento no habían sido incluidos entre las ayudas económicas ante la parálisis de movilidad para contener la propagación de la pandemia.

Pero no habrá una ventanilla para que cualquier afectado pueda solicitar el crédito que se pagará a 33 meses, sino que el primer criterio de elegibilidad es “ser parte del Censo para el Bienestar, preferentemente”, y sólo “en caso de existir disponibilidad presupuestaria, podrá atenderse a Personas Microempresarias no incluidas en el Censo del Bienestar”, dicen los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

Este criterio “atenta contra los derechos, porque si por alguna razón no llegaron a censarte, y más con la sospecha que no hubo una buena metodología, atenta más al excluir a quienes no están censados”, asegura Máximo Jaramillo, especialista en desigualdad y política social e integrante de Gatitos Contra la Desigualdad, uno de los proyectos del Instituto de Estudios Sobre Desigualdad, A.C (INDESIG).

Además, agrega, la falta de transparencia impide conocer la metodología de un ejercicio estadístico que podría ser vigilado externamente, como ha ocurrido con otros programas como la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la principal estrategia en materia social del presidente Enrique Peña Nieto y que la sociedad civil señaló que la cobertura tenía sesgo clientelar.

Lee: Gobierno publica decreto sobre apoyos a microempresas; 27 mil personas ya pueden solicitar créditos

“El problema cuando no es transparente es que no tenemos un instrumento lo suficientemente robusto en términos metodológicos y la principal sospecha es que los programas sociales estén aplicándose de una manera clientelar, que responda a ciertas variables no técnicas para buscar a los que más necesitan los programas. En el mejor de los casos, variables que no tengan ningún sentido, y en el peor de los casos, seguir un corte electoral”, sostiene Jaramillo.

El operador del Censo

El Coordinador General de Programas para el Desarrollo de Presidencia, Gabriel García Hernández, ha trabajado con López Obrador en los últimos 18 años como encargado de las áreas financieras y de operación política en los proyectos que el presidente ha impulsado; y sobre las que ha habido denuncias por presunto mal manejo de recursos.

García Hernández fue director de adquisiciones en la Oficialía Mayor en el gobierno en la Ciudad de México de López Obrador, entre 2000 y 2005. Al concluir el cargo, como apoderado legal, constituyó Honestidad Valiente, una asociación civil que sirvió en 2006 para recibir donativos de apoyo a la campaña presidencial de López Obrador con la alianza Movimiento Progresista. También constituyó No nos vamos a dejar, A. C. y Austeridad Republicana A. C.

En la elección de 2012, el PRI denunció ante el Instituto Federal Electoral (IFE) a la coalición Movimiento Progresista, que tenía a López Obrador como candidato, por presuntamente tener “un financiamiento paralelo” no reportado a través de Honestidad Valiente A. C., —que dirigía García Hernández— y que se calculó en mil 200 millones de pesos.

Lee: AMLO anuncia más créditos para empresas familiares afectadas por la pandemia

Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, Morena constituyó el fideicomiso “Por los demás” para dar apoyo a damnificados, el cual sumó 78.8 millones de pesos y tuvo a García Hernández al frente del manejo financiero.

El fideicomiso fue denunciado por partidos políticos por supuesto uso electoral, el INE impuso a Morena una multa de 197 millones de pesos pues, aunque no pudo demostrar el uso para desviar dinero a campañas políticas, el partido no reportó el gasto ni la procedencia de los recursos.

Además, García Hernández fue el coordinador técnico de la defensa del voto en todo el país, una estructura que coordinó a las bases para cuidar las casillas electorales y conseguir votos a favor de Andrés Manuel López Obrador.

Aunque durante la transición ocupó su escaño en el Senado, desde el 1 de diciembre, García Hernández coordina los programas sociales, aunque dependan presupuestalmente de la Secretaría de Bienestar, y reporta directamente al Presidente.

Censo en la opacidad

La primera tarea en su cargo fue el Censo del Bienestar que inició el levantamiento de cuestionarios con 20 mil “voluntarios”, toda vez que aún era periodo de transición, según informó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en octubre de 2018.

Gabriel García Hernández informó en conferencia de prensa el jueves pasado que el censo duró seis meses, visitando 300 mil localidades y 30 millones de domicilios, se entrevistaron a 30 millones de personas.

Sin embargo, hasta el momento no ha hecho pública la metodología, ni los resultados obtenidos, como sí ocurre con otros ejercicios hechos por el INEGI o por la Secretaría de Desarrollo Social, con Prospera o la Cruzada Nacional contra el Hambre que al ser revisada, por ejemplo, por el Coneval se comprobó que no cumplió con el cometido de erradicar el hambre.

En cambio, el Censo del Bienestar no ha publicado la información ni en las páginas de la Secretaría de Bienestar, Presidencia o en datos abiertos, ni tampoco la ha entregado vía transparencia cuando ciudadanos la han solicitado.

En la solicitud sobre la metodología del Censo, con folio 87219 dirigida a la Secretaría de Bienestar encabezada por María Luisa Albores, respondió que “después de una búsqueda exhaustiva” se detectó que el Censo era coordinado por Gabriel García, por lo que remitió al solicitante a hacer la petición en Presidencia.

Al hacer la petición a Presidencia, con el folio 119919, respondió que no era competente para entregar la información, por lo que redirigía a la Secretaría de Bienestar, porque a ésta le correspondía tenerla, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Esto, dice Máximo Jaramillo, significa “un retroceso porque si algo se ganó en décadas de lucha es que podíamos acceder a los cuestionarios, metodología, modelo estadístico y padrones actualizados, por eso mismo se criticaba, pero a falta de toda información ahora ni siquiera se puedes criticar o buscar cómo mejorar los mecanismos”.

INAI buscará a Bienestar

De acuerdo a la Ley General de Transparencia, toda gestión pública y el destino de los recursos deber ser información pública. Desde los últimos 18 años ha sido una lucha constante porque la información sobre programas sociales sea pública, pues se presume que “todo el dinero está debidamente asignado, que no persigue generar clientelismo, ni influencia entre la población más necesitada para fines de conducción electoral”.

Así lo asegura el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, toda vez que “la gran batalla del México democrático tuvo qué ver con la dificultad que ha habido para darle a estos programas asistenciales el justo valor y una condición absolutamente indispensable es que sean escrutables”.

En entrevista con Animal Político, Francisco Javier Acuña asegura que el Censo del Bienestar, como el resto de programas y estrategias en otros sexenios, “están obligados a cumplir con los deberes que establece la Ley General de Transparencia”.

Esto significa saber el nombre de los beneficiarios de cada programa, pero salvaguardando datos personales de identificación, como dirección precisa o teléfono, por ejemplo.

Además de publicar los datos del Censo, también será necesario informar sobre los beneficiarios de los microcréditos para afrontar los estragos económicos por la pandemia de coronavirus en el país, afirma el comisionado presidente del INAI.

Por eso es que el Instituto buscará a la Secretaría de Bienestar y de Economía para establecer una mesa de trabajo para que como transparencia proactiva transparenten la información de los beneficiarios, así como han trabajado con la Secretaría de Salud para abrir los datos epidemiológicos salvaguardando los datos personales.

“Debemos intentar nuevos acercamientos para decirles que es necesario que la gente pueda identificar con mayor claridad estos programas para que los que estén en condiciones de acceder a ellos, se puedan inscribir, y también para que todos los mexicanos tengamos conocimiento de cómo se están canalizando estos recursos y el cuidado de los datos personales”, explica Acuña.

Esto porque García Hernández dijo que para transparentar la información publicarían las fotografías de los beneficiarios en sus negocios, pero las fotos son considerados datos biométricos y, por tanto, personales. Es decir, no deberían ser públicos.

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Morgues móviles y presos transportando cadáveres: cómo El Paso es una de las zonas más golpeadas por COVID

Las imágenes de presos ayudando en el traslado de cadáveres han despertado críticas y preocupación por la situación en la que se encuentra el condado de El Paso, en Texas, desbordado por el número de enfermos y muertos por coronavirus.
21 de noviembre, 2020
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Estados Unidos tenía algo más de 9 millones de casos confirmados de covid-19 cuando empezó el mes de noviembre. Solo unas semanas después, el país supera los 11 millones.

Y un condado de Texas emerge como el último epicentro de la pandemia.

En el El Paso, situado justo en la frontera con México y conocido por su paisaje desértico y sus complejos militares, los pacientes de covid-19 suponen más de la mitad de los ingresos hospitalarios, y el recuento continúa al alza.

Te presentamos cinco elementos que explican esta alarmante crisis.

Atención: alguna de las imágenes de esta nota pueden herir la sensibilidad de los lectores.

1. Hospitales desbordados

Con un aumento de casos de más de 1.000 al día en El Paso, la cifra de contagios superó los 76.000. Es aproximadamente el mismo número de casos confirmados para todo Grecia o Libia.

Los datos muestran que 1.120 residentes de El Paso están actualmente hospitalizados con el virus y se prevé que el número suba.

Esto significa que de todos los pacientes hospitalizados por covid-19 en todo el estado de Texas, uno de cada seis está en El Paso, según las últimas cifras.

Un total de 782 personas habían muerto en ese condado por la pandemia a fecha de 18 de noviembre.

Una furgoneta roja con carteles de "quédate en casa" y "apoyo a los enfermeros"

Reuters
Los habitantes de El Paso organizaron una caravana de vehículos para mostrar su solidaridad con el personal sanitario.

Tanto los hospitales como el personal sanitario están luchando para intentar hacer frente a esta situación.

Un portavoz del Centro Médico de la Universidad de El Paso dijo que el hospital reconoce la factura “física y emocional” que la pandemia les está pasando a los trabajadores de la salud.

En la carrera de las autoridades para hacer frente al creciente número de enfermos, el centro de convenciones de la ciudad de El Paso fue recientemente transformado en un hospital temporal para poder ofrecer camas adicionales.

Algunas instalaciones están tan desbordadas que los pacientes están siendo trasladados por vía aérea a otras ciudades de Texas.

El pasado lunes, el juez Ricardo Samaniego anunció que en el condado de El Paso se añadieron 500 camas de hospital adicionales, pero al ritmo de propagación del virus, esas camas estarán ocupadas para la semana que viene.

2. Morgues móviles

Al tiempo que los hospitales lidian con la gran cantidad de pacientes, la morgue de El Paso no ha podido hacer frente al aumento de muertes en el condado.

Como resultado, las autoridades tuvieron que recurrir a tráileres refrigerados. Diez de estas morgues fueron solicitadas en las últimas semanas.

Las instalaciones móviles están situadas a las puertas de la oficina del forense del condado, que ha tenido que gestionar más de 150 cuerpos en la última semana.

Una morgue móvil

Reuters
En el Paso se ha tenido que recurrir a morgues móviles para hacer frente al creciente número de muertos.

Previamente este mes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos desplegó equipos médicos para ayudar a los trabajadores sanitarios locales.

Incluso las funerarias del condado están sintiendo la presión. El director de una de ellas, Jorge Ortiz, le dijo a la emisora local KERA News que tuvo que convertir la capilla de la funeraria en un refrigerador improvisado.

Ortiz advirtió que el punto álgido de la crisis del pasado verano boreal fue “nada” en comparación con lo que se está viviendo ahora.

3. Presos que trasladan cadáveres

La ciudad continúa haciendo frente a la falta de personal y las autoridades han sido criticadas por recurrir a las prisiones locales para obtener ayuda.

Se han visto imágenes de presos que transportan cadáveres de víctimas de covid-19 de la oficina del forense y ayudan a subirlos a las morgues móviles.

Un portavoz de la oficina del alguacil dijo que a los presos, convictos por delitos menores en prisiones de mínima seguridad, se les paga US$2 la hora. El trabajo es voluntario y se les suministra equipamiento de protección. Aun así, la medida ha sorprendido a muchos.

Un trío de presos entre las morgues móviles de El Paso

Reuters
Presos voluntarios están ayudando a transportar cadáveres en El Paso.

El juez Samaniego opinó que el uso de presos debe ser un último recurso.

“Si no hay personal, nadie que pueda ayudar, y hay voluntarios, aunque sean presos, entonces eso es con lo que contamos”, dijo, citado por la emisora local KFOX14 News.

El juez añadió que las autoridades esperaban que la Guardia Nacional de Texas ayudara con esos trabajos, pero el ejército no ha confirmado que pueda gestionar la demanda.

4. Seis meses, seis familiares muertos

En los últimos seis meses, una mujer de El Paso perdió a seis de sus familiares por el virus.

Bonnie Soria Nájera relató en el popular programa de televisión Good Morning America que su tío fue el último en morir el pasado domingo. También ha tenido que enterrar a sus padres, dos tías y un primo.

Todos estaban siendo muy cuidadosos“, dijo. “Hacían solo las cosas que tenían que hacer: ir al supermercado, ir a las citas médicas”.

La madre de Nájera dio positivo en mayo. En tres días, le tuvieron que poner un respirador. Su padre se enfermó poco después con el virus y terminó en otro hospital.

Un cementerio al lado de la oficina del forense de El Paso

Reuters
Hay familias que han perdido a varios miembros a causa del coronavirus.

Una semana después de ingresar en el hospital, la madre murió. Una hora después, Nájera supo que a su papá le habían puesto también un respirador. Murió tres semanas después.

Nájera contrajo también la enfermedad, pero se recuperó. Cuando empezó a sentirse mejor, se enteró de que su primo y su tía habían muerto tras contagiarse del virus. Y la semana pasada, otra tía murió de covid-19 en el hospital

Ahora, Nájera pide a los residentes de Texas que respeten la distancia social, como su familia intentó hacer.

“Ustedes no quieren estar en nuestro lugar“, subrayó.

5. No hay cierre para El Paso

Pese a las preocupaciones de muchos habitantes de El Paso, no se prevé que se vaya a imponer un cierre en este condado del oeste de Texas.

El pasado viernes, un tribunal de apelaciones revocó una orden de quedarse en casa después de que dueños de restaurantes y el fiscal general del estado demandaran al juez Samaniego por cerrar la ciudad.

Un panel de jueces falló 2 a 1 que la orden de cerrar negocios no esenciales hasta diciembre era contraria a las directrices de reapertura aprobadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, el 7 de octubre.

Varias personas con mascarilla a las afueras de un local en El Paso

Reuters
Pese a la preocupante situación, no hay una orden de cierre en el condado de El Paso.

Algunos locales reanudaron sus actividades casi de inmediato, según medios locales.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, tildó al juez Samaniego de “tirano” por el mandato.

El juez del condado respondió que era “desafortunado” que el fiscal general buscara “regodearse” t en lugar de visitar El Paso para caminar con él entre las morgues móviles.

Samaniego añadió que estaba decepcionado por la decisión judicial, pero añadió que los residentes y visitantes de El Paso todavía tienen que respetar ciertas restricciones sobre las mascarillas, los negocios y los encuentros sociales.


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