Prestanombres de Duarte confiesan fraude y complicidad con notarios
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Empleados implicados en empresas fantasma de Duarte confiesan fraude y complicidad de notarios públicos

Exfuncionaria del DIF estatal sostiene que en 2017 quiso confesar todo tras enterarse que empresas eran fachada, pero su exjefe le advirtió que los que estaban detrás de todo “eran personas muy peligrosas”. Dijo que actualmente teme por su vida.
Cuartoscuro
24 de abril, 2020
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Empleados de mantenimiento o limpieza, secretarias, recepcionistas, mensajeros, veladores, choferes de mudanzas, estilistas, y hasta un albañil analfabeta. Todos empleados de un despacho de contadores y personas de bajos recursos que fueron convertidos, en el papel, en flamantes empresarios con la complicidad de notarios públicos. 

Fue una simulación a la que siguió otra: la de funcionarios que fabricaron licitaciones que nunca ocurrieron, por bienes que no se entregaron, y donde incluso se expidieron contratos con firmas falsificadas para que los mencionados “empresarios” no se enteraran que se les adjudicaban millones y millones de pesos del erario.

Leer más:Vinculan a proceso a 10 exfuncionarios y empresarios ligados a red de empresas fantasma de Duarte

Así se fraguó y ejecutó uno de los mayores desfalcos de recursos públicos de los que haya registro en México: el desvío de más de 3 mil 600 millones de pesos a través de empresas fantasma en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

Se trata del fraude revelado en su momento por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad pero que ahora es confesado directamente por 17 de los implicados, entre accionistas de las empresas fachada y exfuncionarios, en declaraciones rendidas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Las declaraciones fueron recabadas entre enero y marzo de este año por la Fiscalía y forman parte del expediente con el cual se solicitó a un juez órdenes de aprehensión en contra de 25 personas, entre los que se encuentra el exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdalá y el contador Víctor Manuel López Gachuz, propietario del despacho de contadores implicado en la creación de las empresas fachada.

Por ahora las investigaciones de la Fiscalía se han centrado en los pagos por poco mas de 100 millones de pesos que salieron del DIF de Veracruz a seis empresas fantasma, en los dos primeros años del sexenio de Duarte y con Karime Macías al frente de ese organismo.

Los testimonios arrojan elementos nuevos o confirman otros, como por ejemplo las actuaciones irregulares de los notarios públicos que constituyeron estas empresas dando fe de hechos que eran falsos, y el involucramiento del despacho de contadores.

Hay además la declaración de la exjefa de licitaciones del DIF Veracruz en la que señala que en 2017 quiso confesar ante la autoridad todo lo que había ocurrido tras los reportajes publicados, pero que no lo hizo pues su exjefe le advirtió que “se meterían en problemas” y que detrás de todo había “personas peligrosas”. Hoy, señala que teme por su vida y la de su familia.

10 de las 25 personas en contra de las que se giraron las órdenes de aprehensión ya fueron detenidas. Este jueves, un juez determinó vincularlos a proceso por diversos delitos entre ellos el de asociación delictuosa. Tarek y Gachuz continúan prófugos.

Falsos empresarios y notarios mentirosos

12 personas que figuran como accionistas de las empresas fantasma rindieron declaración ante los fiscales. Todos confesaron que no son empresarios y que, en general, accedieron a firmar papeles cuyo contenido no conocían, o que en el mejor de los casos les dijeron que estaban relacionados con alguna empresa, pero sin saber que serían utilizadas para desviar recursos públicos.

Peritajes practicados a los contratos concedidos por el DIF de Veracruz a estas compañías fortalecen la versión de estos falsos empresarios, pues se confirmó que sus firmas fueron falsificadas en los documentos, un hecho que también se había evidenciado en el reportaje publicado por Animal Político en 2016.

Ocho de los 12 falsos empresarios laboraron como trabajadores o colaboradores eventuales del despacho de López Gachuz. Entre ellos hay una secretaria, una recepcionista, dos trabajadores de mantenimiento, una auxiliar de oficina, un mensajero, un velador, y una auxiliar de contabilidad.

Por ejemplo, el señor Pedro Francisco Corona Montes dijo que su jefe en el despacho le propuso que si firmaba unos papeles y daba una copia de su credencial de elector le ayudarían con 1 mil 600 pesos mensuales, pago que recibió por aproximadamente 5 meses. Añadió que a “varios compañeros de mantenimiento” los usaron de la misma forma.

Otros cuatro accionistas de las compañías fantasma que rindieron declaración no eran empleados del despacho pero sí personas de bajos recursos que afirman que, por casualidad, conocieron a alguna persona que les propuso firmar documentos a cambio de algún apoyo. Entre ellos hay un chofer de mudanzas, una estilista, y un monitorista.

Pero el caso mas extremo es el de Luciano Sánchez Díaz, quien dijo que siempre ha trabajado como albañil y que no sabe leer, pero que accedió a firmar unos documentos porque un contador de nombre “Noé” (posiblemente ligado al referido despacho de López Gachuz) le pidió que “le echara la mano para constituir una empresa” a cambio de 5 mil pesos que, en realidad, nunca le pagó.

Independientemente de su perfil hay un hecho en el que coinciden todas estas personas: que los notarios que constituyeron las empresas fantasma mintieron. Esto ya que, por ejemplo, en las actas constitutivas los notarios dan fe que los accionistas aportaban hasta 50 mil pesos para constituir dichas sociedades, un hecho que los falsos empresarios negaron. Al contrario, ellos accedían a cambio de algún poyo.

Tres de los entrevistados relatan que “fueron llevados” ante oficinas que podrían haber sido las notarías y que ahí les indicaron el papel a firmar directamente pero sin que les explicaran nada más. Pero el resto afirma algo peor: que ni siquiera fueron a las notarías a realizar el trámite y que solo firmaron papeles que la persona que los convenció les entregó.

Es el caso de Moisés Jiménez García, accionista de la empresa Anzara SA de CV, que fue constituida, según su acta constitutiva, ante el notario público numero 19 del municipio de Fortín de las Flores, Gabriel Alejandro Cruz Maraboto. Pero en su declaración, Jiménez señala que él nunca ha ido a ese municipio, y que el papel que firmó se lo dio un licenciado en Boca del Río.

En la misma situación se encuentra el señor Luciano Sánchez, quien aparece como accionista de la empresa Ravsan Servicios Múltiples SA de CV supuestamente constituida ante la fe del notario público numero 2 del municipio de San Andrés Tuxtla, Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel. Pero Sánchez sostiene que en su vida ha ido a ese municipio, y que solo firmó unos papeles que le mostró el referido contador “Noé” en Veracruz.

Otros notarios que constituyeron empresas fantasma en actos simulados según las declaraciones asentadas en la investigación fueron el notario 29 de Veracruz, Julio Alejandro Hernández Gallardo; el notario público numero 10 de Córdoba, Francisco Montes de Oca López; y el notario número 11 en Boca del Río, Alberto Javier Robles MIjares.

Contratos simulados y amenazas

En el expediente también se encuentran asentadas las declaraciones de al menos cinco exfuncionarios del DIF estatal en el periodo en que Karime Macías lo presidió. La mayor parte de ellos coinciden en que se registraron irregularidades en los procesos de contratación de bienes, y dos de ellos sostienen haberse negado a participar en peticiones que consideraban ilegales.

El testimonio clave es el de Laura Elena Vega Martínez, quien laboraba como jefa del Departamento de Licitaciones del referido organismo gubernamental. Lo que la exfuncionaria confirma es que a las licitaciones se invitaba directamente a empresas que le ordenaban sus superiores, que los oficios de invitación no se entregaban a las empresas sino a personas sin identificar, que se elegía luego a la “propuesta” que resultara mas barata y que los fallos tampoco se entregaban a representantes de las compañías sino a sus jefes.

Vega Martínez sostiene que le llamaba la atención que siempre le pedían invitar a las mismas empresas y que incluso le llegaron a pedir (y así lo hizo) que firmara los contratos en el apartado que correspondía al apoderado de la empresa ganadora de la licitación.

Reconoce que hizo todo esto porque se lo ordenaba su jefe inmediato, Víctor Manuel Carrizo Yobal, subdirector de recursos materiales, quien a su vez le decía que eran instrucciones directas de “la señora”, como se referían a Karime Macías. Incluso se justificaba el simular las firmas en los contratos bajo el argumento de que el DIF necesitaba ciertos bienes y de que los proveedores ya estaban de acuerdo.

La exfuncionaria añade que luego de que se enteró por un “reportaje de Animal Político” que las empresas a las que se habían adjudicado los contratos eran fantasma, y de que en 2017 la citaron por primera vez a declarar, ella quiso confesar todo pero se desistió por una advertencia que le hizo Carrizo.

“Me dijo que no fuera a decir nada porque me iba a meter en problemas y a el también, porque eran personas peligrosas las que estaban involucradas en estos temas” añadió Vega Martínez.

Finalmente la exfuncionaria dijo que decidió confesar todo ahora porque no quiere problemas con la justicia y de ser posible busca que le den una salida alterna que evite que termine en prisión. Además, hizo responsable de lo que le llegue a pasar a ella o a su familia a todos sus superiores, pues consideró que lo que le dijo Carrizo Yobal era una “advertencia”.

En el expediente también se encuentran testimonios de exfuncionarios del DIF que estaban a cargo de inventarios y de la bodega central del organismo, quienes señalan que nunca ingresaron al menos a ese sitio los bienes que supuestamente se habían adquirido en los contratos.

Una de esas exfuncionarias, Gladys Elizabeth Hernández Marin, analista contable del área de almacén, dijo que incluso su entonces jefa, María del Socorro Pérez Castillo, le llegó a pedir que ingresara al sistema la recepción de bienes de los que no había prueba documental creíble de que se hubieran entregado, a lo que se negó y por ello fue relegada de su puesto.

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Shibu Philip

Trabajo en casa y COVID-19: 'Vigilo a mis empleados con un programa que toma fotos de sus pantallas'

Muchas personas se encuentran con dificultades para trabajar desde casa, pero ¿ayudaría a mejorar su productividad la tecnología de vigilancia?
Shibu Philip
29 de septiembre, 2020
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Shibu Philip

Shibu Philip
La firma de Shibu Philip ha utilizado el software de vigilancia Hubstaff durante el último año y medio.

Shibu Philip dice que sabe lo que es “perder un poco de tiempo en el trabajo”.

Es el fundador de Transcend, una pequeña empresa con sede en Londres que compra productos de belleza al por mayor y los revende online.

Durante el último año y medio, ha utilizado el software Hubstaff para realizar un seguimiento pormenorizado de las horas de trabajo de sus trabajadores, para saber qué teclean, cuáles son los movimientos de su ratón y los sitios web que visitan.

Con siete empleados en la India, dice que el software le garantiza que tienen “cierto nivel de responsabilidad” y ayuda a cubrir la diferencia horaria.

“Yo mismo me conozco. La gente puede tomarse un descanso extra de 10 minutos aquí o allá. Es bueno tener una forma automática de monitorear lo que están haciendo”, dice Shibu.

“Al mirar las capturas de pantalla y el tiempo que todos dedican a determinadas tareas, sé si siguen los procedimientos o no”.

“Y, si lo están haciendo mejor de lo que esperaba, también estudio el material recopilado y les pido que compartan ese conocimiento con el resto del equipo para que todos podamos mejorar”, dice.

Los empleados son plenamente conscientes de que el software está activo.

Además, pueden eliminar el tiempo dedicado a visitar sitios web que podrían haber sido registrados por accidente durante su descanso, por ejemplo, agrega Shibu.

Trabajando desde la cama

Getty Images
Si eres de los que ha tenido que colocar la laptop sobre una pila de libros de cocina durante la pandemia o te ha tocado quejarte de la velocidad del internet de tu casa, no estás solo.

¿Vagos en casa?

Dado que muchas personas alrededor del mundo trabajan ahora desde casa debido a la pandemia, la demanda de software que monitorea la actividad de los empleados ha registrado un repunte.

Hubstaff, con sede en Estados Unidos, dice que su número de clientes en Reino Unido se ha multiplicado por cuatro desde febrero.

Otra empresa llamada Sneek ofrece tecnología que toma fotos de los trabajadores a través de la cámara del laptop y las comparte para que las vean el resto de sus colegas.

Aunque se describe a sí misma como una plataforma de comunicación, su programa permite tomar una foto cada minuto.

Su cofundador, Del Currie, le dijo a la BBC que sus usuarios habían aumentado cinco veces durante el confinamiento, sumando casi 20.000 clientes en total.

Un estudio reciente realizado por académicos de la Universidad de Cardiff y la Universidad de Southampton, ambos en Reino Unido, descubrió que un temor común entre los jefes es que los trabajadores que no están a la vista “holgazanearán”, aunque los periodos de cuarentena tampoco parecen haber afectado mucho a la producción.

La encuesta también sugirió que un tercio de los que trabajan desde casa sentían que su productividad también había disminuido.

Pero ¿es la tecnología la respuesta para identificar a aquellos que podrían estar holgazaneando o para ayudar a aquellos que luchan por adaptarse a trabajar desde la mesa de la cocina a tiempo completo?


Me hubiera sentido mal de haber sabido que me vigilaban”

Josh

BBC
El fotógrafo Josh dice que tuvo problemas tanto con la logística como con la motivación

Josh, un fotógrafo de 26 años que vive en Londres, admite que lo que más le costó de trabajar desde casa fue la caída de su productividad.

Establecer un estudio improvisado en la cocina de su piso compartido de tres habitaciones fue un desafío logístico, pero también de motivación.

“Algunos días lo lograba, pero otros me sentaba y me quedaba mirando mis sandalias un buen rato, pensando: ‘No puedo hacer esto’. Es muy fácil hacer la colada o prepararte una taza de té. En casa encuentras formas de distraerte con bastante facilidad“.

Está agradecido de que su jefe no utilice ningún software de seguimiento con él.

“En aquellos días en los que era un poco más difícil estar motivado, me habría sentido mal si hubiera sabido que alguien estaba controlando mi productividad”, dice.

Josh sospecha desde hace mucho tiempo que tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH), lo que puede dificultar la concentración y la gestión del tiempo. Su médico está de acuerdo, aunque todavía está en lista de espera para una prueba.

Ha vuelto a la oficina recientemente y valora mucho tener más interacción cara a cara.

“Allí me encuentro una rutina, una estructura que realmente me ancla y me ayuda a superarlo todo”.


Trabajador en casa

Getty Images
Desde que se impusieron las restricciones para evitar la propagación del covid-19, las compañías han tenido que diseñar soluciones de emergencia para que sus empleados puedan trabajar desde casa.

Con cautela y políticas escritas

Aunque algunos jefes que usan software de seguimiento argumentan que es una herramienta válida para mantener la productividad, una investigación del Instituto de Colegiados en Personal y Desarrollo (CIPD), una asociación de profesionales del sector de recursos humanos con sede en Londres, sugiere que la vigilancia en un entorno laboral puede dañar la confianza.

“Monitorear el comportamiento de los empleados puede ser una forma justificable de reducir la mala conducta y potencialmente ayudar a gestionar el tiempo”, dice Jonny Gifford, asesor de investigación de comportamiento organizacional en el CIPD.

“Sin embargo, los empleadores deben tener políticas claras para que los trabajadores sepan cómo pueden ser monitoreados y, lo que es más importante, el sistema debe ser proporcionado”.

Los empleadores obtendrán “resultados mucho mejores” si apoyan a sus trabajadores, añade, “en lugar de centrarse en medidas de entrada potencialmente irrelevantes, como el número de pulsaciones en el teclado”.

Jonathan Rennie, socio del bufete de abogados británico TLT, también insta a las empresas que estén considerando la posibilidad de introducir dicho software con cautela.

“Los empleadores tienen la obligación legal implícita de mantener la confianza de sus trabajadores y deben ser conscientes de cómo podrían reaccionar ante la implementación masiva de software de monitoreo”, dice.

Sugiere que cualquier empresa que utilice software de monitoreo debería tener políticas escritas que expliquen cómo y por qué se está utilizando.

También debería haber una guía clara para los administradores y salvaguardas para prevenir el uso indebido o el “monitoreo excesivo”, dice.


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