Clínica 30 de Mexicali: así fue el brote de COVID y el contagio a estudiantes
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro Archivo

Clínica 30 de Mexicali: el brote de COVID-19 que comenzó con el contagio de estudiantes de medicina

Los primeros contagiados fueron internos que estaban destinados en urgencias. Denuncian falta de material para protección y nulo aislamiento de los pacientes.
Cuartoscuro Archivo
Por Alberto Pradilla y Andrea Vega
22 de abril, 2020
Comparte

“Los internos fueron cayendo uno por uno. El sistema está colapsado”.

El testimonio es de un interno de la clínica 30 de Mexicali, Baja California. Pide no ser identificado, como el resto de personal entrevistado. Nadie quiere hablar en público, pero todos ofrecen una misma versión: el principal centro médico del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) de la capital de Baja California, la clínica 30, lleva al menos tres semanas sufriendo un brote de coronavirus entre su personal de salud. Denuncian falta de medidas de protección e instalaciones inapropiadas para atender a pacientes que deberían estar aislados.

Dos fuentes oficiales diferentes confirmaron a Animal Político la cifra de 18 médicos sospechosos de COVID-19 en la Clínica 30, 9 confirmados y otros 9 pendientes de certificación. A ellos hay que sumarles otros 4 internos pertenecientes a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y un número no precisado de estudiantes de medicina la universidad de Xochicalco.

Además, el brote también ha afectado al personal de enfermería, pasantes de servicio social y de otras dependencias.

La revista Zeta dio la cifra de unos 34 contagiados en toda la plantilla. Un doctor que habló a condición de anonimato dijo que en total eran 147 incapacitados, de los cuales 46 ya habían sido confirmados como positivos, 28 negativos y el resto a la espera de resultados.

Animal Político no pudo verificar de forma independiente estos datos. Preguntó al IMSS y a la Secretaría de Salud de Baja California, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.

Entérate: Gobierno de BC y Salud se enfrentan por cifra de muertos por COVID-19

“Hubo brotes, fundamentalmente porque no se tuvo la medida exacta de cuándo llegaba el virus. Llegó por el área de urgencias y afectó a los más jóvenes”, explica en entrevista telefónica el superdelegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe.

“No estaban completamente preparados”, reconoce, en referencia a las instalaciones de la principal clínica del IMSS en Mexicali. Asegura que esta falta de insumos se limitó a la primera semana de la crisis pero que, desde entonces, toda la infraestructura federal ha estado equipada. Recuerda, además, que el seguro social atiende a siete de cada diez habitantes de la capital de Baja California.

La UABC confirmó casos en todo el estado entre sus estudiantes internos de pregrado y pasantes de servicio social. Hay al menos 18 que dieron positivos a la prueba de COVID-19, y otros 29 casos sospechosos, a quienes no se les ha hecho la prueba y no se ha precisado si fueron infectados dentro o fuera de las instituciones en las que estaban cada uno. La universidad Xochicalco, por su parte, no ha informado sobre el estado de salud de sus estudiantes.

El 18 de marzo se registraron los dos primeros contagios en Mexicali la capital de Baja California. Se trataba de dos mujeres que llegaron de Washington, Estados Unidos, y que fueron atendidas en el Hospital General.

Hasta el mediodía de este martes se registraban en BC 852 casos positivos acumulados de Covid-19, y 96 fallecimientos, ubicando a la entidad con el segundo lugar nacional de fallecimientos por debajo de Ciudad de México y por arriba del Estado de México que ocupaba la tercera posición.

El 22 fuera de urgencias y el 7 a casa

Los estudiantes aseguran que el “paciente cero” entre sus filas se contagió en urgencias, cuando los internos todavía estaban desplegados en todas las áreas del hospital. El nosocomio contaba con 128 internos, que son estudiantes que han cerrado el cuerpo teórico pero que todavía no han cumplido con su año de servicio social. Este primer contagio tuvo que ser antes del 22 de marzo, último día en el que los internos tuvieron acceso a las urgencias.

Fueron ubicados en áreas de Medicina Interna y Cirugía, donde, supuestamente, no tendrían riesgo de tener contacto con pacientes con coronavirus. A diferencia del Hospital General, que se ha dedicado exclusivamente a pacientes con coronavirus, en la Clínica 30 se dividieron los espacios. Una parte, para afectados por Covid19 y otra para aquellos que padecen otras enfermedades.

“Estábamos muy mal preparados”, dice un interno, para explicar por qué se produjo el brote. En su opinión no había material adecuado y tampoco un protocolo correcto, por lo que pacientes con un posible contagio por Covid-19 terminaban en otras plantas. Asegura que en los primeros días la zona de asilamiento se separó con una sábana, que posteriormente fue sustituida por unos plásticos.

Sobre la protección asegura que, por ejemplo, aprendieron a ponerse el cubrebocas con un tutorial de YouTube.

“Se supone que los pacientes pasaban por un filtrado. Sin embargo, solo se hacían pruebas a aquellos que decían haber viajado al extranjero o que habían tenido contacto con personas que habían viajado al extranjero”, dice el joven. En su opinión, esto provocó que pacientes sospechosos no fuesen testados y tuviesen acceso a otras

Él, por ejemplo, relata que tuvo que trasladar a un paciente sin protección que, cinco días después, falleció por síntomas compatibles con el coronavirus. Nunca le llegaron a hacer ninguna prueba.

“En este momento no se tenía insumos como cubrebocas o protección específica para la atención de pacientes sospechosos, ni existía un área específica de atención. Simplemente, llegaba el paciente, se manejaba como sospechosos y se aislaba en un área dentro de urgencias”, dice otro sanitario.

El 5 de abril, un interno denunció a través de su cuenta de Facebook que una paciente confirmada por COVID-19 escapó del anexo donde estaban resguardados (“cabe mencionar que no estaba aislada al vacío”, dice el joven) y atravesó dando voces sin cubrebocas varias zonas comunes. En aquel texto, el estudiante denunciaba que había 12 compañeros incapacitados por problemas respiratorios, todos ellos sin prueba.

Todos los estudiantes consultados coinciden en que las instituciones se lavaron las manos cuando ellos solicitaron protección. “Lo pedimos al hospital y nos dijo que era cosa de la universidad. Fuimos a la universidad y nos dijo que teníamos que reclamar en el IMSS”, dice uno.

Amparo ordena proporcionar material de protección

La falta de insumos no fue algo exclusivo de los alumnos. La escasez llegó hasta tal punto de que uno enfermero interpuso un amparo para que el IMSS le garantizase material de protección adecuado.

En entrevista con Animal Político, el enfermero, que pidió mantener el anonimato, dijo que se asustó cuando tuvo que atender a posibles positivos y se dio cuenta de que no contaba con la protección adecuada. Según explica, la mayoría de sus compañeros había pagado de su propio bolsillo los guantes, cubrebocas o las gafas. Así que él interpuso un amparo.

El Juez Primero de Distrito con sede en Mexicali, Roberto Antonio Alcoverde Martínez, le dio la razón. El pasado miércoles 15, el enfermero recibió sus cubrebocas (dos por turno), sus batas y sus guantes. Su abogado, Juan Francisco Rodríguez Ibarra, explica que es el primer amparo que se concede en este sentido en toda la república. Para que sentase jurisprudencia serían necesarias otras cuatro sentencias en el mismo sentido.

“Hubo negligente capacitación o explicación al resto de empleados”, considera Alejandro Ruiz Uribe. Según afirma, los sanitarios que están en las zonas COVID-19 cuentan con el equipamiento adecuado. Sin embargo, “los médicos de otras áreas se pusieron muy nerviosos y empezaron a exigir el equipo que tenían” aquellos que tratan directamente con pacientes con coronavirus. “Los protocolos internacionales no dicen eso”, asegura.

Reconoce Ruiz Uribe que la infraestructura “no estaba al cien por cien” al irrumpir la pandemia, aunque también recuerda que se trata de un fenómeno internacional para el que ningún país estaba preparado. Pone como ejemplo que en Baja California estaba prevista la construcción de ocho hospitales y clínicas presupuestadas en 8 mil 150 mdp.

“No hay colapso. Hay ventiladores, camas y espacios”, asegura.

El brote en la Clínica 30 no es el único que se ha registrado en centros médicos de Mexicali. En el Hospital General, dedicado íntegramente a Covid19, al menos 14 doctores fueron afectados, según denunció Edgar Allan López Castillo, su director hasta el 8 de abril, cuando fue destituido después de dar positivo en la prueba por coronavirus.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
Comparte

Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=HgJYOwiWtec

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.