Migrantes frente al COVID-19: abandonados y con fronteras cerradas
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Migrantes frente al COVID-19: entregados por EU, abandonados en México y con fronteras cerradas

Decenas de migrantes arrestados por la Border Patrol al tratar de cruzar la frontera fueron entregados al INM y abandonados en Villahermosa, Tabasco, y otros municipios cerca de Guatemala. No pueden regresar a sus países porque las fronteras están cerradas.
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Orlin Patricio Chinchilla, hondureño de 26 años, pasó en diez días de tratar de llegar a Estados Unidos cruzando el Río Bravo a dormir bajo un puente en Villahermosa, Tabasco, donde se encuentra actualmente. Fue detenido por la Border Patrol, entregado al Instituto Nacional de Migración (INM) en el Puente 1 de Piedras Negras, Coahuila, y encerrado en una estación migratoria en la misma localidad.

Ahí se produjo un motín en el que los migrantes prendieron fuego a varios colchones, por lo que el INM los trasladó en autobús a Villahermosa, casi 2 mil kilómetros al sur. Permaneció dos días encerrado.

El miércoles 8 de abril, a la 1 de la madrugada, Orlin fue liberado junto a otras decenas de centroamericanos. No puede regresar a Honduras porque las fronteras están cerradas y Migración le ha entregado un papel que le regulariza durante 90 días, pero con la advertencia verbal de que solo puede permanecer en el sur de México.

Lee: Albergues suspenden ingreso de más migrantes o aplican aislamiento por emergencia de COVID-19

Está atrapado en una ciudad en la que no conoce a nadie, más que a otros dos compatriotas con los que hizo amistad durante su encierro y con los que sale a pedir dinero para comer. El miedo al contagio por COVID-19 se ha vuelto en su contra: pocos son los que se acercan para darles alimento o agua.

En la última semana, decenas de migrantes centroamericanos han sido abandonados en Villahermosa y otras localidades del sur de México. Como Chinchilla, fueron arrestados en Estados Unidos, devueltos a México y trasladados a puntos fronterizos con Guatemala. A otros, el INM los agarró sin documentación en regla en estados norteños como Coahuila y, ante la imposibilidad de deportarlos, los trasladó al sur, donde también los dejó a su suerte.

Nunca en la historia México había recibido a migrantes de otros países deportados como si fueran mexicanos. Tampoco se había establecido una ruta de expulsión por la que Estados Unidos entrega a los centroamericanos en la frontera y México se encarga de regresarlos lo más cerca posible a sus países.

“Esto nunca había ocurrido. Es la primera vez que México es puerta abierta”, dice Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).

Esta fórmula de deportación exprés desde Estados Unidos viene implementándose desde el 20 de marzo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, la anunció como medida para prevenir el COVID-19. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) anunciaron el cierre de frontera para todo viaje “no esencial” debido a la pandemia. Dentro de este plan se incluyó la orden de dar la vuelta a todos aquellos que sean detenidos tratando de cruzar irregularmente la frontera. Antes estas personas eran arrestadas y se les abría un proceso legal. Ahora, directamente, son deportadas.

La orden tiene una validez de 30 días desde el momento en el que fue aprobada.

México respondió un día después a este anuncio. Según explicó el canciller, Marcelo Ebrard, no solo aceptaría a sus nacionales, sino que también iba a permitir que le entregasen a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Las excepciones: solo se permitiría 100 devoluciones al día (de no mexicanos) y no se aceptarían menores no acompañados, personas con síntomas de enfermedad y ancianos.

En un comunicado, la secretaría de Relaciones Exteriores dijo que buscaría acomodo legal para ellos. Nunca anunció que se convertiría en la segunda parte de una deportación a plazos.

FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM

Diez mil deportados desde el 20 de marzo

Según la página web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), en marzo fueron devueltos por la frontera sur de Estados Unidos 6 mil 306 extranjeros, sin especificar si eran mexicanos o centroamericanos. Desde entonces, la cifra ha aumentado y una información de la agencia AP hablaba ya de 10 mil deportados siguiendo esta fórmula.

Animal Político pidió información a las oficinas de prensa del INM y de CBP, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

El modelo de devolución a México ya se ensayó con el Programa de Protección al Migrante (MPP en sus siglas en inglés, o “Remain in Mexico”), por el que los solicitantes de asilo en Estados Unidos son devueltos al sur para esperar sus procesos legales. Solo en 2019 más de 60 mil personas fueron retornadas por esta vía, que ha quedado congelada debido a la pandemia.

En este caso, sin embargo, existen diferencias fundamentales. Los retornados por el programa MPP eran reconocidos como solicitantes de asilo y esperaban en libertad su cita con las autoridades estadounidenses. En este caso, los devueltos por EU no son personas que piden protección y aguardan poder convencer a un juez. Son deportados a los que nadie ha dado siquiera la oportunidad de reclamar refugio y a los que México trata de la misma manera que Washington: como migrantes irregulares a los que quiere expulsar.

Orlin, por ejemplo, dice que quería pedir protección en Estados Unidos “por problemas en mi país”. En menos de una hora habían registrado sus datos y lo habían devuelto al puente internacional. “Me dijeron que siguiera caminando hasta México”, explica en llamada telefónica desde Villahermosa. Ahora quiere regresar a Honduras, pero la frontera de Guatemala está cerrada, así que no sabe qué hacer.

“Nos sueltan aquí solo a aguantar hambre. Aquí estoy bajo un puente, charoleamos para conseguir comida o agua, porque ni eso nos dan”, dice.

“Es una decisión que viola el derecho al asilo y a un debido proceso. México está siendo cómplice de unos métodos que violan derechos”, dijo Soraya Vázquez, abogada de Families Belong Together, una organización de Tijuana que trabaja con migrantes en ambos lados de la frontera.

Estados Unidos sí ofrece, aunque con cuentagotas, datos sobre cuántas personas están siendo devueltas al sur. México, sin embargo, se niega a reconocer cuántas personas ha trasladado al sur. Fuentes de esta institución indicaron que los autobuses son los mismos que ya funcionaban cuando se puso en marcha el programa MPP.

En agosto, Animal Político reveló que el gobierno mexicano había puesto en marcha una línea de autobús entre Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas, con destino a Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera con Guatemala. De este modo, solicitantes de asilo recién retornados de Estados Unidos terminaban a más de 2 mil kilómetros del lugar en el que tenían su cita con el juez. En ese momento, funcionarios del gobierno mexicano argumentaron que era un modo de salvaguardar la integridad de los extranjeros, ya que eran abandonados en municipios con gran presencia del crimen organizado y donde se han registrado secuestros.

En este caso, Animal Político dispone de documentación oficial que prueba dos tipos de ruta de expulsión.

Por un lado, están quienes, como Orlin, fueron detenidos por Estados Unidos y entregados al INM, que los llevó al sur encerrados. Una vez en Villahermosa, decenas fueron liberados con un documento que permite la estancia legal para 90 días. Los migrantes recibieron el aviso verbal de que no podían tratar de regresar al norte, pero en el documento no viene registrado esta advertencia. Según varios de los desplazados, no se les ofreció cubrebocas ni gel ni ningún elemento de protección frente al COVID-19.

Por otro, se han fletado autobuses directos a Ciudad Hidalgo, Chiapas, en los que viajan personas a los que se entrega una “orden definitiva de salida del país”. El documento precisa que una vez llegado a la frontera con Guatemala, al extranjero no se le solicitará más requisito que “identificación estadística”.

Además, organizaciones civiles han documentado que el INM ha enviado autobuses desde el norte hasta algún punto de la frontera con Guatemala para, posteriormente, abandonar ahí a los migrantes.

Así lo denunció el miércoles el padre Juan Luis Carbajal Tejada, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala, quien denunció a través de un post en Facebook que “el INM ha dejado a tiradas a cerca de 70 personas de origen hondureño en la frontera entre Tabasco y Petén”. Días antes, autobuses trataron de dejar a unos 400 migrantes en la frontera de Talismán. Finalmente, fueron trasladados a la estación Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. De ahí fueron liberados.

El problema en la frontera sur es que Guatemala, que ha decretado toque de queda por la pandemia, ha cerrado el paso y solo está permitiendo el tránsito de sus connacionales. O, al menos, de algunos de ellos, los que llegan en autobuses del INM. Esto ha provocado que haya migrantes salvadoreños y hondureños que hayan tratado de cruzar a través del monte hacia sus países. Es decir, volver a convertirse en ilegales, esta vez, en su camino de regreso.

Además, cada vez hay menos estancias en las que quedarse. Los albergues, tanto en el norte como en el sur, están cerrando por falta de medios para prevenir el COVID-19.

El hecho de que decenas hayan sido liberadas de la estación migratoria de Villahermosa lleva a pensar que el INM tampoco cuenta con mecanismos para proteger a las personas que encierra. El 1 de abril, un solicitante de asilo guatemalteco murió tras un motín en el centro de detención de Tenosique y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que la instalación no contaba con las condiciones básicas para garantizar los derechos de los internos.

Cada vez hay menos opciones para migrantes y solicitantes de asilo, que han sido doblemente deportados y se encuentran en las condiciones más vulnerables ante la propagación de la pandemia.

Quienes no se han aventado a cruzar por el monte aguardan en los pocos albergues que quedan abiertos. Es el caso de Santos Joel Méndez, de 38 años y Mata la Plata, en Santa Bárbara, Honduras. Actualmente espera en Salto de Agua, Chiapas, “que nos abran la frontera”.

Dice el hombre que fue uno de los 13 mil beneficiarios de una tarjeta de residente por motivos humanitarios que el gobierno mexicano ofreció a los integrantes de la caravana que llegó a la frontera el 18 de enero de 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder y prometió una política humanitaria con los migrantes.

Después de un año residiendo sin problemas en México, a su permiso le ocurrió lo que a las promesas de Obrador a los migrantes, que caducó. Así que fue arrestado hace una semana mientras trabajaba en Piedras Negras, Coahuila. Denuncia haber sufrido golpes e insultos por funcionarios del INM. Obligado a perder su empleo y ya con la mitad del tránsito hacia su casa hecho, solo pide ayuda para desandar el camino y abrazar a su esposa y sus dos hijos.

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Por qué en México están apareciendo “antimonumentos” (y cómo reflejan los episodios más oscuros de su historia reciente)

Instalados por movimientos sociales en las calles de la capital mexicana, los "antimonumentos" intentan que las víctimas de casos de violencia emblemáticos y a la espera de justicia no se olviden.
8 de diciembre, 2020
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En México, un país donde nueve de cada diez delitos denunciados quedan impunes, los familiares de las víctimas luchan por conseguir que sus casos no caigan en el olvido.

Con ese objetivo afloraron en los últimos años en el país los llamados “antimonumentos”, unos memoriales que simbolizan historias muy distintas pero que comparten una finalidad: el recordar que sus casos continúan a la espera de justicia.

Todos fueron colocados en espacios de la vía pública por ciudadanos y movimientos sociales al margen de las autoridades, ya que precisamente lo que persiguen es “denunciar la inacción o poca empatía del Estado”, le dice a BBC Mundo el doctor en Antropología Alfonso Díaz Tovar.

Autor de la investigación “Antimonumentos. Espacio público, memoria y duelo social en México”, el experto destaca cómo los monumentos “tradicionales” son instalados por el Estado para que perduren en el tiempo y representen “discursos oficiales y verdades históricas”.

“Pero los antimonumentos surgen para deconstruir esas posturas oficiales mediante una apropiación del espacio público, digamos ‘caótica’, y que sí tienen una temporalidad”, apunta.

Así, según Díaz Tovar, mientras los monumentos representan ideas generales sobre la historia de una nación, los antimonumentos simbolizan historias que aún no han terminado, que actúan como una memoria que no está cerrada sobre algo pendiente y que no ha podido acceder a la justicia.

Varios de estos conjuntos están distribuidos por buena parte de México, como la imponente cruz de clavos en Chihuahua (y su réplica en Ciudad Juárez) que fue uno de los primeros que se instaló para representar a cada una de las mujeres asesinadas o desaparecidas desde los años 90.

Sin embargo, probablemente son los antimonumentos de la capital del país los que logran mayor atención, al haberse levantado en puntos emblemáticos y muy transitados de una de las ciudades más pobladas del mundo.

Esta es la historia -y la reivindicación- de los siete antimonumentos de Ciudad de México.

1. Los 43 de Ayotzinapa

Antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Marcos González

El primer antimonumento fue levantado en 2015 en memoria de uno de los casos de desaparición forzada más escandalosos y reconocidos internacionalmente en la historia reciente de México.

Un año antes, 43 jóvenes estudiantes de una escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en el municipio de Iguala.

Seis años después, el caso sigue sin resolver y está considerado como uno de los mayores episodios de violaciones de derechos humanos en el país.

El Paseo de la Reforma, una de las arterias principales de la capital mexicana, se convirtió en escenario de habituales protestas por este caso y fue el lugar donde sus padres inauguraron un gran “+ 43” en rojo, en alusión a las otras miles de personas desaparecidas en México.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se lee en la base del antimonumento.

2. La desaparición de David y Miguel

Antimonumento a la desaparición de Miguel y David

Marcos González

A pocos metros, se encuentra otro antimonumento que recuerda precisamente otro caso de desaparición que tampoco fue resuelto.

Se trata de David Ramírez y Miguel Rivera, dos jóvenes secuestrados en 2012 cerca de Ciudad Altamirano cuando se dirigían al estado de Guerrero para festejar el 20º cumpleaños de uno de ellos.

Los captores se comunicaron con la familia, que llegó a pagar un rescate. Las autoridades iniciaron una investigación pero, en todo este tiempo, ni los jóvenes fueron liberados ni se logró detener a los responsables.

Sus familiares, sin embargo, denunciaron en numerosas ocasiones “inacción” por parte de la policía, y aseguraron que fueron ellos mismos quienes investigaron el paradero de sus hijos rastreando por ejemplo la señal de sus teléfonos, que los secuestradores siguieron utilizando.

La instalación representa una forma de letra T azul que simula dos siluetas dividas a la mitad y los transeúntes son llamados a colocar un candado en su base como muestra de apoyo.

3. Incendio de la guardería ABC

Antimonumento a los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC.

Marcos González

En el mismo Paseo de la Reforma, un “ABC” de colores recuerda a los 49 niños que murieron en 2009 en el incendio de la guardería que llevaba este nombre en Hermosillo, estado de Sonora. Más de un centenar resultaron heridos.

El fuego se originó en los archivos de un edificio del gobierno estatal contiguo a la guardería mientras los pequeños dormían la siesta. Parte del personal se encontraba en la hora de la comida, y otros ya habían concluido su turno.

Las labores de evacuación fueron caóticas y se prolongaron durante 30 minutos. Vecinos de la zona abrieron boquetes en las paredes incluso con vehículos ante la falta de salidas de emergencia y extintores suficientes.

Cerca de 20 personas, entre funcionarios y encargados del cuidado de los niños, fueron condenadas a prisión. Pero cuando el año pasado se cumplió una década de la tragedia, ninguna había ingresado en la cárcel mientras se resuelven sus recursos de amparo.

Los familiares denuncian que no se ha hecho justicia y por eso colocaron el antimonumento frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual la guardería prestaba sus servicios de manera subrogada.

4. La explosión en la mina de Pasta de Conchos

Antimonumento a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos.

Marcos González

Un gran “+ 65” pide justicia para los 65 trabajadores que fallecieron en 2006 atrapados por una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila.

Un año después, la compañía a cargo de la explotación de la mina suspendió las tareas de rescate tras haber recuperado solo dos cuerpos. Argumentó que se ponía en riesgo la vida de los equipos de emergencia.

Varias familias denunciaron que, de ser rescatados los cadáveres, podría evidenciarse que las condiciones de trabajo en la mina no eran adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, como concluyó después la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El pasado octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2021 se reanudará el rescate de los cuerpos atrapados. También confirmó que este año los familiares de los fallecidos recibirían sendas indemnizaciones.

Su antimonumento se encuentra desde 2018 en Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Un año después, los familiares colocaron junto a él decenas de cascos como símbolo de los mineros que quedaban por rescatar.

5. La masacre de Tlatelolco

Antimonumento a la masacre de Tlatelolco.

Marcos González

El simbólico Zócalo de Ciudad de México fue el lugar elegido para inaugurar un antimonumento cuando se cumplieron 50 años de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Aquel día, miles de personas se reunieron en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, convocadas por un movimiento de estudiantes cada vez más activo que protestaba contra el gobierno y la violencia de la policía.

Pero ese 2 de octubre la actuación fue aún más desmedida. Cientos de soldados y miembros de grupos paramilitares iniciaron una balacera contra la multitud que participaba en un mitin pacífico. No hay un balance oficial de víctimas, aunque se estima que mataron a cientos de personas.

No fue hasta 2006 que el expresidente Luis Echeverría -quien era secretario de Gobernación en 1968 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz- quedó en arresto domiciliario acusado de genocidio, aunque fue exonerado tres años después. Ningún funcionario fue declarado nunca culpable.

La emblemática frase “2 de octubre no se olvida” y otra que reza “Fue el Ejército, fue el Estado” pueden leerse en el antimonumento dedicado a una masacre que dio un vuelco a la vida política y social de México para siempre.

6. “Antimonumenta” contra los feminicidios

Antimonumento a los feminicidios

Marcos González

Un antimonumento para denunciar la violencia contra las mujeres parece inevitable en México, un país donde diez mujeres son asesinadas cada día.

El conocido como “Antimonumenta” fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer del año pasado frente al Palacio de Bellas Artes.

Convertido en punto central de muchas de las marchas de mujeres organizadas en los últimos meses en la capital mexicana, junto a él suelen verse veladoras, flores, cruces rosas, fotografías de decenas de mujeres asesinadas o desaparecidas en el país y mensajes exigiendo justicia.

“Ni una más. No más feminicidios”, se lee en este antimonumento que fue saboteado durante una marcha de opositores al aborto el pasado año.

7. Masacre de migrantes de San Fernando

Antimonumento de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas.

AFP

El último en sumarse a la lista de antimonumentos de Ciudad de México fue un “+72” instalado el pasado agosto en Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, para reclamar justicia por la masacre ocurrida en San Fernando diez años antes.

En agosto de 2010, 72 personas migrantes -la mayoría de origen centroamericano- fueron brutalmente asesinadas en esta localidad del estado de Tamaulipas, en la frontera norte de México.

El grupo fue secuestrado mientras viajaba en autobús por el cartel de Los Zetas, que los acribilló después de negarse a pagar el dinero que les exigían por dejarlos libres.

Los captores los vendaron, los obligaron a apoyarse contra un muro y luego los balearon. Solo dos personas lograron escapar. Ninguna persona llegó a ser condenada por este espeluznante hecho.

Con el mensaje “migrar es un derecho humano”, el antimonumento fue colocado como homenaje a las víctimas de esta masacre y a todos los migrantes muertos o desaparecidos en el peligroso viaje que emprenden cada año hacia territorio estadounidense.


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