Migrantes frente al COVID-19: abandonados y con fronteras cerradas
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Migrantes frente al COVID-19: entregados por EU, abandonados en México y con fronteras cerradas

Decenas de migrantes arrestados por la Border Patrol al tratar de cruzar la frontera fueron entregados al INM y abandonados en Villahermosa, Tabasco, y otros municipios cerca de Guatemala. No pueden regresar a sus países porque las fronteras están cerradas.
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Orlin Patricio Chinchilla, hondureño de 26 años, pasó en diez días de tratar de llegar a Estados Unidos cruzando el Río Bravo a dormir bajo un puente en Villahermosa, Tabasco, donde se encuentra actualmente. Fue detenido por la Border Patrol, entregado al Instituto Nacional de Migración (INM) en el Puente 1 de Piedras Negras, Coahuila, y encerrado en una estación migratoria en la misma localidad.

Ahí se produjo un motín en el que los migrantes prendieron fuego a varios colchones, por lo que el INM los trasladó en autobús a Villahermosa, casi 2 mil kilómetros al sur. Permaneció dos días encerrado.

El miércoles 8 de abril, a la 1 de la madrugada, Orlin fue liberado junto a otras decenas de centroamericanos. No puede regresar a Honduras porque las fronteras están cerradas y Migración le ha entregado un papel que le regulariza durante 90 días, pero con la advertencia verbal de que solo puede permanecer en el sur de México.

Lee: Albergues suspenden ingreso de más migrantes o aplican aislamiento por emergencia de COVID-19

Está atrapado en una ciudad en la que no conoce a nadie, más que a otros dos compatriotas con los que hizo amistad durante su encierro y con los que sale a pedir dinero para comer. El miedo al contagio por COVID-19 se ha vuelto en su contra: pocos son los que se acercan para darles alimento o agua.

En la última semana, decenas de migrantes centroamericanos han sido abandonados en Villahermosa y otras localidades del sur de México. Como Chinchilla, fueron arrestados en Estados Unidos, devueltos a México y trasladados a puntos fronterizos con Guatemala. A otros, el INM los agarró sin documentación en regla en estados norteños como Coahuila y, ante la imposibilidad de deportarlos, los trasladó al sur, donde también los dejó a su suerte.

Nunca en la historia México había recibido a migrantes de otros países deportados como si fueran mexicanos. Tampoco se había establecido una ruta de expulsión por la que Estados Unidos entrega a los centroamericanos en la frontera y México se encarga de regresarlos lo más cerca posible a sus países.

“Esto nunca había ocurrido. Es la primera vez que México es puerta abierta”, dice Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).

Esta fórmula de deportación exprés desde Estados Unidos viene implementándose desde el 20 de marzo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, la anunció como medida para prevenir el COVID-19. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) anunciaron el cierre de frontera para todo viaje “no esencial” debido a la pandemia. Dentro de este plan se incluyó la orden de dar la vuelta a todos aquellos que sean detenidos tratando de cruzar irregularmente la frontera. Antes estas personas eran arrestadas y se les abría un proceso legal. Ahora, directamente, son deportadas.

La orden tiene una validez de 30 días desde el momento en el que fue aprobada.

México respondió un día después a este anuncio. Según explicó el canciller, Marcelo Ebrard, no solo aceptaría a sus nacionales, sino que también iba a permitir que le entregasen a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Las excepciones: solo se permitiría 100 devoluciones al día (de no mexicanos) y no se aceptarían menores no acompañados, personas con síntomas de enfermedad y ancianos.

En un comunicado, la secretaría de Relaciones Exteriores dijo que buscaría acomodo legal para ellos. Nunca anunció que se convertiría en la segunda parte de una deportación a plazos.

FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM

Diez mil deportados desde el 20 de marzo

Según la página web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), en marzo fueron devueltos por la frontera sur de Estados Unidos 6 mil 306 extranjeros, sin especificar si eran mexicanos o centroamericanos. Desde entonces, la cifra ha aumentado y una información de la agencia AP hablaba ya de 10 mil deportados siguiendo esta fórmula.

Animal Político pidió información a las oficinas de prensa del INM y de CBP, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

El modelo de devolución a México ya se ensayó con el Programa de Protección al Migrante (MPP en sus siglas en inglés, o “Remain in Mexico”), por el que los solicitantes de asilo en Estados Unidos son devueltos al sur para esperar sus procesos legales. Solo en 2019 más de 60 mil personas fueron retornadas por esta vía, que ha quedado congelada debido a la pandemia.

En este caso, sin embargo, existen diferencias fundamentales. Los retornados por el programa MPP eran reconocidos como solicitantes de asilo y esperaban en libertad su cita con las autoridades estadounidenses. En este caso, los devueltos por EU no son personas que piden protección y aguardan poder convencer a un juez. Son deportados a los que nadie ha dado siquiera la oportunidad de reclamar refugio y a los que México trata de la misma manera que Washington: como migrantes irregulares a los que quiere expulsar.

Orlin, por ejemplo, dice que quería pedir protección en Estados Unidos “por problemas en mi país”. En menos de una hora habían registrado sus datos y lo habían devuelto al puente internacional. “Me dijeron que siguiera caminando hasta México”, explica en llamada telefónica desde Villahermosa. Ahora quiere regresar a Honduras, pero la frontera de Guatemala está cerrada, así que no sabe qué hacer.

“Nos sueltan aquí solo a aguantar hambre. Aquí estoy bajo un puente, charoleamos para conseguir comida o agua, porque ni eso nos dan”, dice.

“Es una decisión que viola el derecho al asilo y a un debido proceso. México está siendo cómplice de unos métodos que violan derechos”, dijo Soraya Vázquez, abogada de Families Belong Together, una organización de Tijuana que trabaja con migrantes en ambos lados de la frontera.

Estados Unidos sí ofrece, aunque con cuentagotas, datos sobre cuántas personas están siendo devueltas al sur. México, sin embargo, se niega a reconocer cuántas personas ha trasladado al sur. Fuentes de esta institución indicaron que los autobuses son los mismos que ya funcionaban cuando se puso en marcha el programa MPP.

En agosto, Animal Político reveló que el gobierno mexicano había puesto en marcha una línea de autobús entre Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas, con destino a Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera con Guatemala. De este modo, solicitantes de asilo recién retornados de Estados Unidos terminaban a más de 2 mil kilómetros del lugar en el que tenían su cita con el juez. En ese momento, funcionarios del gobierno mexicano argumentaron que era un modo de salvaguardar la integridad de los extranjeros, ya que eran abandonados en municipios con gran presencia del crimen organizado y donde se han registrado secuestros.

En este caso, Animal Político dispone de documentación oficial que prueba dos tipos de ruta de expulsión.

Por un lado, están quienes, como Orlin, fueron detenidos por Estados Unidos y entregados al INM, que los llevó al sur encerrados. Una vez en Villahermosa, decenas fueron liberados con un documento que permite la estancia legal para 90 días. Los migrantes recibieron el aviso verbal de que no podían tratar de regresar al norte, pero en el documento no viene registrado esta advertencia. Según varios de los desplazados, no se les ofreció cubrebocas ni gel ni ningún elemento de protección frente al COVID-19.

Por otro, se han fletado autobuses directos a Ciudad Hidalgo, Chiapas, en los que viajan personas a los que se entrega una “orden definitiva de salida del país”. El documento precisa que una vez llegado a la frontera con Guatemala, al extranjero no se le solicitará más requisito que “identificación estadística”.

Además, organizaciones civiles han documentado que el INM ha enviado autobuses desde el norte hasta algún punto de la frontera con Guatemala para, posteriormente, abandonar ahí a los migrantes.

Así lo denunció el miércoles el padre Juan Luis Carbajal Tejada, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala, quien denunció a través de un post en Facebook que “el INM ha dejado a tiradas a cerca de 70 personas de origen hondureño en la frontera entre Tabasco y Petén”. Días antes, autobuses trataron de dejar a unos 400 migrantes en la frontera de Talismán. Finalmente, fueron trasladados a la estación Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. De ahí fueron liberados.

El problema en la frontera sur es que Guatemala, que ha decretado toque de queda por la pandemia, ha cerrado el paso y solo está permitiendo el tránsito de sus connacionales. O, al menos, de algunos de ellos, los que llegan en autobuses del INM. Esto ha provocado que haya migrantes salvadoreños y hondureños que hayan tratado de cruzar a través del monte hacia sus países. Es decir, volver a convertirse en ilegales, esta vez, en su camino de regreso.

Además, cada vez hay menos estancias en las que quedarse. Los albergues, tanto en el norte como en el sur, están cerrando por falta de medios para prevenir el COVID-19.

El hecho de que decenas hayan sido liberadas de la estación migratoria de Villahermosa lleva a pensar que el INM tampoco cuenta con mecanismos para proteger a las personas que encierra. El 1 de abril, un solicitante de asilo guatemalteco murió tras un motín en el centro de detención de Tenosique y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que la instalación no contaba con las condiciones básicas para garantizar los derechos de los internos.

Cada vez hay menos opciones para migrantes y solicitantes de asilo, que han sido doblemente deportados y se encuentran en las condiciones más vulnerables ante la propagación de la pandemia.

Quienes no se han aventado a cruzar por el monte aguardan en los pocos albergues que quedan abiertos. Es el caso de Santos Joel Méndez, de 38 años y Mata la Plata, en Santa Bárbara, Honduras. Actualmente espera en Salto de Agua, Chiapas, “que nos abran la frontera”.

Dice el hombre que fue uno de los 13 mil beneficiarios de una tarjeta de residente por motivos humanitarios que el gobierno mexicano ofreció a los integrantes de la caravana que llegó a la frontera el 18 de enero de 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder y prometió una política humanitaria con los migrantes.

Después de un año residiendo sin problemas en México, a su permiso le ocurrió lo que a las promesas de Obrador a los migrantes, que caducó. Así que fue arrestado hace una semana mientras trabajaba en Piedras Negras, Coahuila. Denuncia haber sufrido golpes e insultos por funcionarios del INM. Obligado a perder su empleo y ya con la mitad del tránsito hacia su casa hecho, solo pide ayuda para desandar el camino y abrazar a su esposa y sus dos hijos.

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Elecciones de mitad de período en Estados Unidos: ¿por qué la esclavitud está en las boletas de 5 estados?

La abolición de la esclavitud en Estados Unidos se estableció en 1865. Pero hay excepciones en algunos lugares. Los votantes decidirán en las elecciones del próximo 8 de noviembre si las mantienen.
6 de noviembre, 2022
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Han pasado 157 años desde que Estados Unidos prohibió la esclavitud, entendida como el acto por el cual una persona es propiedad legal de otra. Sin embargo, existe una exención para los presos condenados.

En la mayor parte de Estados Unidos, la esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito.

Pero el 8 de noviembre, los votantes de cinco estados (Alabama, Luisiana, Oregón, Tennessee y Vermont) decidirán si eliminan estas exenciones de sus constituciones estatales en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.

El resultado podría permitir que los presos dejen de estar sujetos al trabajo forzoso.

Unos 800 mil encarcelados trabajan actualmente a cambio de unos centavos, o a cambio de nada en absoluto.

Siete estados no pagan a los trabajadores presos ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo.

Los partidarios del cambio dicen que se trata de un vacío legal que permite la explotación y que debe terminarse.

Pero los críticos argumentan que eliminar esa exención no es asequible económicamente y que podría tener consecuencias no deseadas en el sistema de justicia penal.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”

El sistema moderno tiene sus raíces en los siglos de esclavitud de los afroestadounidenses, dicen los investigadores de derechos humanos.

Curtis Ray Davis

Curtis Ray Davis
Davis escribió un libro sobre su experiencia en la cárcel de Luisiana.

En los años posteriores a la prohibición de la esclavitud, se aprobaron leyes que tenían como objetivo específico reprimir a las comunidades negras y que las obligaban a ingresar en prisiones donde se les exigiría que trabajaran.

En la actualidad, algunos estadounidenses negros encarcelados todavía se ven obligados a recoger algodón y otros cultivos en las plantaciones del sur donde sus antepasados fueron encadenados.

“Estados Unidos de América nunca tuvo un día sin esclavitud codificada”, dice Curtis Ray Davis II, quien pasó más de 25 años cumpliendo trabajos forzados en una prisión de Luisiana por un asesinato que no cometió, antes de ser indultado en 2019.

Davis tuvo una variedad de trabajos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana -apodada “Angola”, por el país del que fueron llevados muchos de los esclavos africanos a esa área.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”, describe Davis, a quien nunca le pagaron más de 20 centavos por hora por su trabajo. Fue “contra mi voluntad y a punta de pistola”, asegura.

Alrededor del 75% de los presos en la penitenciaría son negros, según Innocence Project, un grupo que trabaja para exonerar a los reos condenados injustamente.

Presos en una cárcel de Washington DC.

Getty Images

Argumentan que “Angola” es, esencialmente, un lugar donde la esclavitud estadounidense nunca terminó.

“Aunque la esclavitud se abolió, realmente fue solo una transferencia de propiedad de la esclavitud privada a, literalmente, una esclavitud sancionada por el estado”, afirma Savannah Eldrige de la Red Nacional Abolir la Esclavitud.

Su organización ha estado trabajando para ampliar el número de estados que prohíben la esclavitud sin excepciones y ha tratado de persuadir a los legisladores de Washington para que aprueben una ley similar que modifique la Constitución de Estados Unidos.

Colorado, Nebraska y Utah han aprobado medidas que prohíben todas las formas de esclavitud desde 2018.

Eldrige señala que el movimiento sumó el apoyo bipartidista, la única forma en que podría aprobarse en Utah y Nebraska, dominados por los republicanos.

En 2023, predice que las legislaturas de 18 estados votarán una legislación para prohibir la esclavitud.

“Consecuencias no deseadas”

Son pocos los opositores que se han manifestado en contra de los esfuerzos de los estados para eliminar el lenguaje de la esclavitud.

El movimiento encontró cierta resistencia por parte de los críticos que dicen que sería demasiado costoso pagar a los presos salarios adecuados, que no merecen la misma compensación, o que los cambios podrían perjudicar a los mismos reclusos.

Una votación en la legislatura de California para eliminar de la ley las referencias a la esclavitud fracasó este año después de que los demócratas, incluido el gobernador, advirtieran que pagar a los presos el salario mínimo estatal de US$15 por hora costaría más de US$1.500 millones.

Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

Getty Images
Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

La Asociación de Alguaciles de Oregón se opone también a la medida en ese estado, argumentando que conduciría a “consecuencias no deseadas” y a la pérdida de todos los “programas de resinserción”, que incluyen tareas mal pagadas como trabajar en la biblioteca, la cocina y la lavandería.

El grupo dice que les dan a los presos algo que hacer y “sirve como un incentivo para el buen comportamiento”, que es un factor durante las audiencias de libertad condicional.

Según ellos, existen dos problemas con la medida: que solo se aplica a los condenados, dejando fuera a las personas en prisión preventiva, y que podría significar el fin de cualquier programa penitenciario no autorizado específicamente por una sentencia judicial.

“Los alguaciles de Oregón no aprueban ni apoyan la esclavitud y/o la servidumbre involuntaria de ninguna forma”, asegura la asociación en un panfleto a los votantes, pero agrega que la aprobación de la medida “dará como resultado la eliminación de todos los programas de reinserción y el aumento de los costos para las operaciones carcelarias locales”.

Mano de obra penitenciaria

Los reclusos contribuyen a la cadena de suministro y la economía de muchas maneras, algunas de ellas sorprendentes.

Presos combatiendo el fuego.

Getty Images
Los presos son reclutados para combatir incendios forestales cada verano en algunos lugares del país.

Se les ha encargado hacer de todo, desde anteojos, placas de automóviles, hasta bancos de parques de la ciudad.

Procesan carne de res, leche y queso y trabajan en centros de soporte de llamadas para agencias gubernamentales y empresas importantes.

Puede ser difícil rastrear qué empresas utilizaron mano de obra penitenciaria, ya que el trabajo generalmente se realiza para un subcontratista.

El subcontratista luego vende los productos y servicios a grandes empresas que a veces desconocen su origen.

Las empresas que anteriormente se beneficiaron del trabajo penitenciario solo en Utah incluyen American Express, Apple, Pepsi-Co y FedEx, según un informe de junio de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Al menos 30 estados incluyen a los trabajadores penitenciarios en sus planes de operación de emergencia para desastres naturales y otros disturbios civiles.

Combaten incendios forestales en al menos 14 estados, según el informe de la ACLU.

“Necesarios pero no suficientes”

Sin embargo, es poco probable que la vida de los presos cambie de la noche a la mañana si los cinco estados con próximas votaciones respaldan un cambio.

“Estos referendos son necesarios pero no suficientes para acabar con la esclavitud”, opina Jennifer Turner, investigadora de derechos humanos de la ACLU.

Los tribunales aún tendrían que interpretar qué derechos tienen los trabajadores encarcelados y si obtendrán beneficios, como licencia por enfermedad.

Penitenciaría en Washington DC.

Getty Images

En los estados que eliminaron previamente la exención para este tipo de esclavitud hubo resultados variados.

En Colorado, un preso demandó al estado, argumentando que se estaba violando la prohibición de la esclavitud.

Pero un tribunal dictaminó en agosto que los votantes no tenían la intención de abolir todo el trabajo penitenciario y desestimó el caso.

Una cárcel en Nebraska comenzó a pagar a los reclusos entre US$20 y US$30 por semana después de que se eliminó la exención allí, según el diario The New York Times.

Se esperan más demandas legales a medida que los presos continúan presionando por derechos y protecciones.

Davis, quien fue encarcelado por error en Luisiana, dice que quitar la exención de la esclavitud para los presos eliminará un “incentivo” para que su estado natal encarcele a sus ciudadanos.

“Creo que cualquier persona de conciencia que entienda la ley de propiedad, sabe que los seres humanos no deben ser propiedad de otras personas”, le dice a la BBC.

“Y ellos no deberían ser propiedad del estado de Luisiana”.


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