Limitan a mineras y cementeras, pero podrán continuar Dos Bocas y Santa Lucía
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Limitan a mineras y cementeras, pero podrán continuar trabajos de Dos Bocas, Tren Maya y Santa Lucía en contingencia

"Las empresas de producción de acero, cemento y vidrio mantendrán una actividad mínima que evite efectos irreversibles en su operación", dice el Acuerdo publicado por Salud ante la emergencia por COVID-19.
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6 de abril, 2020
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La Secretaría de Salud publicó este lunes un nuevo Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para especificar con más detalle las actividades que se consideran esenciales y que podrán seguir sus labores, aunque con restricciones y acatando las medidas de higiene y sana distancia. Entre estas se enlistan las que aseguran la continuidad de los proyectos de infraestructura prioritarios del gobierno federal: Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y el Corredor Transísmico.

El pasado 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en el Artículo Primero, Fracción II, incisos c) y e) se enlistaron una serie de actividades económicas que por considerarse esenciales podían seguir operando.

El Acuerdo de este lunes emite una serie de lineamientos técnicos respecto a algunas de esas actividades, como aquellas en las que la suspensión pueda tener efectos irreversibles para su operación.

En esa categoría están enunciadas las empresas de producción de acero, cemento y vidrio, así como los servicios de tecnología de la información que garanticen la continuidad de los sistemas informáticos de los sectores público, privado y social.

Las empresas de producción de acero, cemento y vidrio, dice el Acuerdo, mantendrán una actividad mínima que evite efectos irreversibles en su operación; para ello deberán informar a la Secretaría de Economía a través del correo electrónico: [email protected], en un término no mayor a 24 horas a partir de la publicación de los presentes Lineamientos, el número total de trabajadores que para dicho efecto resulte indispensable. Asimismo, deberán cumplir con las prácticas sanitarias señaladas en el Acuerdo del 31 de marzo.

Aquellas empresas de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el Gobierno Federal – señala el documento– continuarán las actividades que les permitan cumplir con los compromisos de corto plazo exclusivamente para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Corredor Transísmico; así como los contratos existentes considerados como indispensables para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Respecto a los servicios de mensajería, estos incluyen a las empresas y plataformas de comercio electrónico, siempre y cuando cumplan con las prácticas sanitarias y de prevención señalada por Salud.

Sobre las empresas necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables, como la energía eléctrica, las minas de carbón mantendrán una actividad mínima que satisfaga la demanda de la Comisión Federal de Electricidad. Pero también deberán informar a la Secretaría de Economía el número total de trabajadores que resulten indispensables.

Las empresas distribuidoras de carbón mantendrán sus actividades de transporte y logística para satisfacer la demanda de la Comisión Federal de Electricidad, pero también con un número mínimo de empleados y acatando las prácticas sanitarias correspondientes.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta en tanto se declare terminada la emergencia que lo originó.

Esta listado de actividades se suma al emitido el 31 de marzo, en el que se estableció como sectores fundamentales de la economía: los financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados.

Así como los servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuidad.

Además de los necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría.

El resto de las actividades, de acuerdo a lo anunciado por la Secretaría de Salud, deberán suspender sus actividades hasta el próximo 30 de abril.

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Tribunal Constitucional de Perú ratifica el indulto a Alberto Fujimori y ordena liberar al expresidente

El exmandatario, de 83 años, cumple condena por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y pidió su liberación por motivos humanitarios.
17 de marzo, 2022
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El Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad, según informaron medios locales.

El Tribunal votó a favor del recurso de hábeas corpus presentado por el exmandatario para que el indulto recobrara vigencia y fuera puesto en libertad por motivos humanitarios, lo que podría suceder en las próximas horas.

Su abogado, César Nakazaki, informó en su cuenta de Twitter que se dirige al penal de El Barbadillo, donde Fujimori está encarcelado, para comunicarle la decisión del Tribunal.

https://twitter.com/CesarNakazaki/status/1504531283241807872

Los delitos por los que se condenó a Fujimori

Alberto Fujimori, de 83 años, cumple condena por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, en los que grupos parapoliciales dirigidos desde el gobierno acabaron con la vida de 25 personas.

Fujimori fue acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera las dos masacres.

La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en la capital.

También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.

Su familia solicitó en repetidas ocasiones su puesta en libertad por motivos de salud, a lo que se oponen sus víctimas, que denuncian que nunca se arrepintió de sus delitos ni abonó las compensaciones establecidas.

Manifestante contra el indulto (foto de archivo)-

AFP
El indulto a Fujimori es motivo de gran polémica en Perú (foto de archivo).

En 2017, en mitad de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori, en lo que fue interpretado como un intento de ganarse el apoyo del fujimorismo en el trámite de la moción de vacancia que se había presentado en su contra en el Congreso.

Pero la Corte Suprema anuló más tarde ese indulto porque consideró que no cabía la concesión de la medida de gracia en casos de crímenes de lesa humanidad, y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel de la que había salido temporalmente.

El Tribunal Constitucional anula ahora esa anulación y restablece la concesión del indulto.

Lo ha hecho en una votación dividida en la que, según los medios locales, tres de sus magistrados votaron a favor y tres lo hicieron en contra, dirimiéndose finalmente el asunto por el voto de calidad del presidente.


Otro capítulo polémico en una polémica biografía

Por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC News Mundo

Si nada inesperado lo impide, Fujimori saldrá de la cárcel.

La decisión del Tribunal Constitucional ha provocado gran indignación entre las víctimas de los crímenes de Fujimori y entre sus detractores.

El expresidente sigue siendo una de las figuras que más divide a los peruanos y la noticia del restablecimiento de su indulto ha vuelto a ponerlo de manifiesto. Los partidarios de su puesta en libertad subrayan su edad, sus problemas de salud y no son pocos quienes todavía le agradecen por el papel clave que le atribuyen en el saneamiento de la economía peruana y en la desarticulación del movimiento armado Sendero Luminoso.

Quienes se oponen a la liberación recuerdan la gravedad de los crímenes por los que fue condenado y los escándalos de corrupción que han salpicado a su familia, y dirigen ahora su mirada hacia Pedro Castillo.

Fue elegido presidente frente a la hija de Fujimori, según los analistas, sobre todo por el rechazon que el fujimorismo ha provocado en gran parte de la sociedad peruana.

Ya hay manifestaciones de protesta convocadas en Lima. Si son masivas, a Castillo le resultará difícil no tomar cartas en el asunto ante una liberación que para muchos es una afrenta.


Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar.

En distintos foros digitales ya se ha convocado a una manifestación de protesta esta tarde en Lima, y en otros puntos del país. Las protestas cuentan con el apoyo de varias bancadas del Congreso.

El primer ministro, Aníbal Torres, dijo en la cadena RPP que con esta decisión el tribunal “garantiza la impunidad, no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”.

Mirtha Vásquez, ex primera ministra, aseguró que el fallo “atropella la memoria y el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura de los años 90”.

Eduardo Castillo, uno de los voceros de la bancada fujimorista en el Congreso peruano, consideró en cambio que “al fin se hace justicia con el hombre que le devolvió la esperanza al país”.


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