2019, el año con el mayor número de ataques a periodistas de la década
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Cuartoscuro

2019 registró el mayor número de ataques contra periodistas de la última década: Artículo 19

La organización Artículo 19 denunció que diez informadores fueron asesinados en México durante el pasado año, el primero con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia.
Cuartoscuro
26 de mayo, 2020
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Rafael Murua Manríquez, de 34 años, apareció muerto el 21 de enero en una brecha a 40 kilómetros de San Ignacio Santa Rosalía, Baja California Sur. Era director de la radio comunitaria Radiokashana, en Mulegé y se convirtió en el primer periodista asesinado en 2019. Un mes después, Samir Flores Soberanes fue tiroteado en su casa de Amilcingo, Morelos. Dirigía la radio Amiltzinko y era un activista contrario al Proyecto Integral Morelos. 

Estos comunicadores son las dos primeras víctimas mortales de ataques contra periodistas en 2019. La organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, denunció que diez informadores fueron asesinados en México durante el pasado año, el primero con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia.

“La violencia contra periodistas y medios de comunicación no cesó, por el contrario, mantuvo el crecimiento constante que se observó desde hace doce años”; dijo Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, durante la presentación del informe “Disonancia: voces en disputa” que analiza diversos aspectos del derecho a la información durante el último año. 

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Rafael Murúa, de Baja California Sur; Samir Flores, de Morelos; Santiago Barroso, de Sonora; Telésforo Santiago Enríquez, de Oaxaca; Francisco Romero, de Quintana Roo; Norma Sarabia, de Tabasco; Rogelio Barragán, de Morelos; Edgar Alberto Nava López, de Guerrero; Jorge Celestino Ruiz, de Veracruz; y Nevith Condés Jaramillo, del Estado de México son los periodistas asesinados durante el pasado año. 

Los homicidios son la agresión más grave contra periodistas. Sin embargo, la organización internacional detectó 609 casos de ataques contra informadores y medios de comunicación. 

El pasado año fue el que Artículo 19 registró más ataques contra comunicadores en la última década. En 2009, todavía con Felipe Calderón en el gobierno, fueron 238. En 2013, el primer año de Enrique Peña Nieto al frente del ejecutivo, ascendieron hasta los 330. El expresidente cerró su sexenio con 544 agresiones en 2018. 

En la última década, Artículo 19 contabilizó 3 mil 918 agresiones contra periodistas y 92 asesinatos de informadores por posible relación con su labor. 

De este modo, 2019 fue el año en el que Artículo 19 detectó un mayor número de ataques contra medios de comunicación, lo que supone un incremento del 11% respecto al año anterior. Los datos indican que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se agredió a un periodista cada 15 horas. 

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Las agresiones varían desde los diez asesinatos hasta el allanamiento, que ocurrió en 17 ocasiones, las amenazas (144), ataques a bienes materiales (40), ataque a medios de comunicaciones digitales y sistemas informáticos (6), Ataque físico (62), bloqueo, alteración o remoción de información (60), desplazamiento forzado (12), intervención o vigilancia ilegal de comunicaciones (16), intimidación u hostigamiento (166), privación de la libertad (28), tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes (3), uso ilegítimo del poder público (46). 

Sobre los victimarios, la organización denuncia que los funcionarios siguen siendo las figuras que más ataques perpetran, con 256, seguidos de atacantes desconocidos (151), particulares (131), crimen organizado (49) y partidos políticos (13). 

Las coberturas sobre corrupción y política son las más riesgosas, ya que acumulan 339 de las agresiones documentadas, seguidas de seguridad y justicia (133), movimientos sociales (62), Derechos Humanos (51), sector privado (17) o tierra y territorio (7).

Ciudad de México (84), Quintana Roo (57), Guerrero (51), Puebla (34) y Oaxaca y Veracruz (ambos con 33) son los estados con mayor número de ataques registrados. 

Uno de cada cuatro agresiones, el 27%, fue dirigida contra mujeres. 

“Un factor que impulsó el incremento de agresiones en la Ciudad de México fue la estigmatización de la prensa por el Estado. Hubo múltiples ataques a periodistas que cubren las conferencias de prensa matutinas del presidente o que publican artículos críticos sobre la gestión del ejecutivo”, dice el informe.

Recuerda el documento que los discursos beligerantes del presiente en las mañaneras, en los que ha ubicado a diversos medios como “adversarios”, son replicados posteriormente tanto por dirigentes políticos a nivel local como en redes sociales, donde son habituales las campañas de desprestigio contra comunicadores a los que se califica de “chayoteros” o “vendidos”.

El informe recuerda las investigaciones de Signa Lab, que ha detectado acciones coordinadas en redes para desprestigiar a medios a los que el gobierno considera que mantienen una línea contraria a sus intereses. Cabe recordar que recientemente un estudio de Artículo 19 y Signa Lab publicado por Aristegui Noticias desveló el uso de Notimex, la agencia de noticias del Estado, para atacar a diversas informadoras. Preguntado por esta cuestión, López Obrador se limitó a decir que él cree tanto a Carmen Aristegui, una de las damnificadas, como a Sanjuana Martínez, directora de Notimex. 

El informe critica que López Obrador “ha decidido neutralizar o anular a cualquiera que busque cuestionar su relato”, y critica el control y la polarización registradas durante el último año. “Los ataques a la prensa y a la sociedad civil lanzados desde la silla presidencial, en forma de estigma, son intencionados, como cualquier otra agresión, y buscan convertir al mensajero en el mensaje”, dice. 

La impunidad es una característica clave del contexto de agresiones contra los periodistas. Según documentó Artículo 19, de los mil 614 casos registrados desde la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión​, solo 14 obtuvieron sentencia, lo que implica un 99´13% de impunidad. 

Lee: Periodista denuncia amenaza en mañanera; AMLO le responde “abrazos, lo mejor es perdonarnos”

“Casos emblemáticos, como los de Aristegui Noticias y los periodistas Humberto Padgett y German Canseco, o el de Sergio Aguayo, evidenciaron que las autoridades judiciales y de la judicatura mantienen patrones de impunidad en los que la justicia sigue confundiéndose con la venganza”, dice el documento.

Todo ello en un contexto de nuevo gobierno que, como recuerda Artículo 19, llegó al poder con la promesa de que se había acabado la censura y los ataques contra los medios. 

Destaca la ONG como elementos positivos el reconocimiento de la violencia perpetrada en el pasado y la apropiación del espacio cívico feminista. Sin embargo, observa con preocupación la polarización que viene registrándose en la esfera pública. 

El informe también aborda el gasto económico del gobierno de López Obrador en publicidad oficial. En total, el actual gobierno presupuestó 4 mil 258 millones, frente a los 10 mil 725 de Peña Nieto. Esto implica una reducción de casi el 50%. Finalmente, el gasto apenas sobrepasó los mil 500 millones de pesos. 

Dos grupos empresariales se llevaron el 20% de todo el presupuesto: Estudios Azteca S.A. de C.V., que recibió el 10,87% de la inversión presupuestaria y Grupo Televisa S.A.B., con el 10,84%.

El informe es crítico también con las políticas de acceso a la información aplicadas por el gobierno de López Obrador. “Ha habido importantes retrocesos y la federación dejó de ser un referente en el cumplimiento de obligaciones en materia de acceso a la información, con un incremento en la falta de atención a solicitudes de información, así como en el incumplimiento de las obligaciones de transparencia y centralización de la información”, dice.

Hasta el 28 de noviembre de 2019 se presentaron 259 mil 526 solicitudes de acceso a la información, con un 6,59% de respuestas que ameritaron revisión. Es el año en el que más preguntas ser formularon y también en el que más recursos se presentaron. 

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Afganistán: qué ocurre ahora con la economía del país tras la llegada de los talibanes (y cuál puede ser el papel de China)

Ahora que los talibanes tienen de nuevo el control del país, ¿puede funcionar su sistema financiero?
18 de agosto, 2021
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La economía de Afganistán está “moldeada por la fragilidad y la dependencia de la ayuda internacional”.

Este es el problemático panorama económico que describió el Banco Mundial muchos meses antes de que los talibanes se hicieran otra vez con el control del país, algo que se concretó este fin de semana.

Y con la situación actual, las perspectivas económicas son mucho más precarias, con una nube de incertidumbre que se cierne sobre la asistencia financiera que le llega a este país.

Por una parte, Afganistán tiene recursos minerales, pero la crisis política ha impedido su explotación.

Entiende mejor: Afganistán: cómo surgió el Talibán y otras 5 preguntas clave sobre el grupo islamista

La dependencia económica es llamativa. En 2019, el Banco Mundial mostró que la ayuda para el desarrollo representaba el 22% del ingreso general nacional (que no es lo mismo que el PIB, pero sí muy parecido).

Esta es una cifra muy alta, pero es mucho menor que la de unos 10 años atrás, cuando llegaba al 49%.

Ahora esas ayudas están bajo un manto de duda. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Heike Maas, le dijo a las cadenas de su país que “no le vamos a dar otro centavo si los talibanes toman el control del país y reintroducen la ley sharia”.

Otros países que son proveedores de ayuda van a estar mirando la situación muy de cerca.

El mal de la corrupción

La fragilidad a la que se refiere el Banco Mundial se ilustra con los altos gastos en defensa y seguridad antes de que los talibanes retomaran el control: Afganistán dedica el 29% del PIB a estos gastos, una cifra muy superior al 3% promedio que tienen los países de bajos ingresos.

Además de la seguridad y los serios problemas de corrupción, detrás hay otro aspecto crítico persistente en Afganistán: la poca inversión extranjera que hay en el país.

De acuerdo con Naciones Unidas, en los últimos años no se han hecho anuncios sobre nuevas inversiones, por parte de capitales extranjeros iniciando nuevos negocios.

Desde 2014 solo se han contado cuatro inversiones de este tipo.

Pastor de ovejas en Afganistán.

Getty Images
Cerca del 60% del ingreso promedio de los hogares en Afganistán dependen de la agricultura y el campo.

Solo para comparar con dos países del sur de Asia con poblaciones parecidas, en Nepal el número de nuevos negocios con inversión extranjera es 10 veces superior al logrado por Afganistán, y Sri Lanka multiplica por unas 50 veces esa cifra en ese mismo período.

El Banco Mundial describe el sector privado afgano como “estrecho”. El empleo está concentrado en una producción agrícola limitada: el 60% de los ingresos de los hogares en Afganistán vienen de este rubro.

A esto se suma que en el país funciona una enorme economía informal e ilegal. Por ejemplo, hay minería ilegal y, por supuesto, la muy conocida producción de opio y su contrabando asociado.

El tráfico de drogas también es una fuente de financiamiento para los talibanes.

Riqueza mineral

Dicho todo esto, la economía afgana ha crecido desde la invasión en 2001.

Aunque las cifras económicas de Afganistán no son del todo confiables, lo que estas muestran, de acuerdo con el Banco Mundial, es un crecimiento promedio anual del 9% desde 2003 hasta 2013.

Después de ese año, los números del crecimiento caen un poco (que coinciden con la reducciòn de los niveles de ayuda) a un promedio de 2,5% desde 2015 hasta 2020.

Amapolas

EPA
El tráfico de drogas ha sido una importante fuente de ingresos para los talibanes.

Ahora, el país cuenta con abundantes recursos naturales y, en la medida en que mejore la seguridad y reduzca la corrupción, puede ser atractivo para los negocios internacionales.

Se pueden encontrar grandes cantidades disponibles de cobre, cobalto, carbón y hierro. También hay yacimientos de gas y petróleo.

Un material particular destaca sobre otros: el litio, que tiene una alta demanda para la producción de baterías para celulares y vehículos eléctricos.

Y va a ser fundamental para la industria automotriz en su transición hacia un modelo de “emisión cero” de gases contaminantes.

De vuelta en 2010, un general estadounidense le dijo al New York Times que el potencial minero de Afganistán era impresionante. Eso sí, como muchas salvedades.

El diario también reportó que el departamento de Defensa de EE.UU. había dicho en un informe que el país podía convertirse en la “Arabia Saudita del litio”.

Pero a pesar ello, este potencial no está ni cerca de ser explotado. Ni los afganos están cerca de percibir algún beneficio por ello.

Poderes extranjeros

Se han presentado muchos informes que revelan la voluntad de China de tomar parte. El gigante asiático parece tener mejores relaciones con los talibanes que las potencias occidentales, por lo que puede tener una ventaja si el nuevo régimen se mantiene en el poder.

Ahora, lo cierto es que las empresas chinas obtuvieron contratos para desarrollar operaciones de cobre y petróleo, pero no pasó mucho.

Es de esperar que China esté interesada. Las oportunidades están allí y los dos países comparten un corto segmento de frontera.

Pero cualquier empeño chino, ya sea oficial o empresarial, va a necesitar cierta certeza de que tendrá éxito.

Y los chinos se mostrarán reacios a comprometerse a menos que sientan que los problemas de seguridad y corrupción están lo suficientemente resueltos -o al menos, contenidos- como para permitirles extraer cantidades valiosas de estos productos de uso industrial.

Mineros en Afganistàn.

Getty Images
Afganistán posee un gran potencial de explotación de minerales.

Una pregunta clave para cualquier inversionista potencial, de China o de cualquier otro lugar, será si es probable que los talibanes serán más capaces de crear el tipo de entorno que necesita el negocio de lo que lo fue el anterior gobierno afgano.

Otro factor que puede afectar la economía es el empleo de las mujeres. En la última década, el porcentaje de la población femenina de más de 15 años con empleo ha aumentado drásticamente, aunque en 2019 era del 22%, todavía bajo los estándares internacionales.

Bajo control de los talibanes, es probable que este cambio se revierta, lo que podría dañar aún más las perspectivas económicas.

En el futuro inmediato, también existe una gran incertidumbre sobre la estabilidad financiera. En estos días se han visto largas filas de personas que intentan sacar su dinero de los bancos.

El Afghan Islamic Press, con sede en Pakistán, informó que un portavoz talibán ofreció garantías a los propietarios de bancos, cambistas, comerciantes y tenderos de que sus vidas y propiedades estarán protegidas.

Que incluso haya dudas sobre la seguridad física de los operadores financieros es impactante.

Necesitan tener confianza para que funcione el sistema financiero de Afganistán. Pero también se necesita que los clientes sientan que su dinero está seguro y eso seguramente no sucederá pronto.


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