Casas de la Mujer Indígena cierran por cancelación de presupuesto
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Cuartoscuro Archivo

Casas de la Mujer Indígena cierran por cancelación de presupuesto; Segob busca dinero en el extranjero

La secretaria Olga Sánchez Cordero dijo que se está buscando a embajadas extranjeras y a la representación de la Unión Europea para conseguir fondos y así mantener las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana.
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27 de mayo, 2020
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Apenas la semana pasada, Francisca de la Cruz recibió un llamado de auxilio de una mujer violentada en la comunidad de Cochoapa, de solo 4 mil habitantes, en el municipio Ometepec, Guerrero. Llamó al comisario para asegurarse de que atendiera la denuncia, que el marido se saliera de la casa porque violentaba a su esposa cuando bebía alcohol, y que garantizara la seguridad de ella, que por las restricciones de movilidad ante el COVID-19 no podía ir a ningún otro lado.

Francisca hizo todo por teléfono, porque ya la conocen: es la coordinadora de la asociación para mujeres indígenas “Manos Unidas”, fundada en 2003 y pionera del modelo de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs). Un modelo que se ha reproducido en 35 casas por todo el país y que desde entonces se financia con subsidios federales… hasta este año, que la Secretaría de Hacienda decidió reservar el dinero que tenían etiquetado a través del Programa de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para redestinarlo a atender la emergencia sanitaria.

Entérate: ‘Cuenta hasta 10’: la campaña con la que el gobierno pretende frenar la violencia familiar

La primera víctima de este recorte de presupuesto es justamente la CAMI de Ometepec, la pionera, que cerró sus puertas al no tener recursos para darle comida y albergue temporal a quienes huían de la violencia machista o iban a tener a sus bebés con una partera, y que ahora tienen que ser redirigidas a un hospital, en pleno riesgo de contagios de coronavirus.

Aunque las seis mujeres de Ometepec que estaban de planta ayudando a mujeres indígenas han seguido haciendo lo que pueden por teléfono, la decisión es que sin subsidios no pueden volver a abrir.

Pero no es la única CAMI en estado crítico. De acuerdo con un reporte de la red nacional de Casas de la Mujer Indígena, han alertado que ya no pueden sostenerse las casas de San Mateo del Mar, Oaxaca, que durante la contingencia ha atendido a 212 mujeres; de Pátzcuaro y Zitácuaro, Michoacán, que han atendido a 100 y 30 mujeres; de Tijuana y San Quintín, Baja California, que han recibido 60 mujeres en estos dos meses; de Zongolica, Veracruz, a 35; Matías Romero, Estado de México, a 26 mujeres; y la de Monterrey, a 11.

También han reportado que solo pueden resistir dos semanas o un mes más las de Tolimán, Querétaro, que ha atendido a 100 mujeres durante la contingencia; la de Siho, Yucatán, que recibió a 85; Huejutrla, Hidalgo, a 72; las de Nelys Palomo y Acatepec, Guerrero, a 28 y 8 mujeres cada una; y de La Paloma, Sonora, a 6 mujeres.

Cinco que eran nuevas se quedaron con las instalaciones perfectamente montadas pero sin poder abrir para empezar a dar servicios, y en al menos una hubo un brote de COVID-19 que ni el INPI ni ninguna otra autoridad atendió.

La representante de la red de CAMIs, Nelsy Maricela Ku, detalló en entrevista con Animal Político que en San Felipe del Progreso, municipio mazahua del Estado de México, la coordinadora se contagió de COVID-19. Otras dos colaboradoras, de las ocho que son, empezaron a presentar síntomas de la enfermedad, así que la casa cerró y dejó de dar atenciones a las mujeres indígenas de la zona. Tuvieron que aislarse y entre otras mujeres de la red y activistas hicieron una colecta para apoyarlas.

Ku detalló que en Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y el Estado de México había casas que el año pasado habían obtenido subsidios por primera vez pero ya no pudieron arrancar su operación. El programa tiene tres fases: en la primera, llamada “inicial”, se otorgan hasta 700 mil pesos para acondicionar un espacio; para la segunda o de fortalecimiento se otorgan hasta 850 mil pesos; y la tercera o de consolidación implica subsidios hasta por un millón de pesos.

Las CAMI son parte de un programa más grande, el Programa de Derechos Indígenas, que para 2020 tenía etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) poco menos de 200 millones de pesos, que quedaron suspendidos el 3 de abril.

Mientras que el fin de semana el gobierno anunció 250 millones de pesos para repartir en premios por la atención de COVID-19, el viernes la Secretaría de Gobernación confirmó a asociaciones civiles que se habían cancelado los menos de 200 millones con los que sobrevivían las CAMI.

Buscan dinero en el extranjero

El pasado 6 de mayo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, encabezado por Amnistía Internacional México, Equis Justicia para las Mujeres y la Red Nacional de Refugios para mujeres víctimas de violencia, envió al gobierno federal una carta exigiendo transparentar si las medidas de austeridad ordenadas para enfrentar la crisis provocada por COVID-19 dejarían sin recursos a programas destinados a protección de las mujeres.

Hasta dos semanas después, la Secretaría de Gobernación (Segob) las convocó junto a otras dependencias como el Instituto Nacional para las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a una reunión para hablar del tema.

Este lunes, las organizaciones lamentaron que su pregunta sobre dónde está el dinero para atender la violencia de género se quedó sin respuesta, ya que las funcionarias les dieron cifras de mujeres beneficiadas por los programas considerados “insignia” del nuevo gobierno, como Jóvenes Construyendo el Futuro o Tandas del Bienestar, pero no aclararon a qué programas se les recortó el presupuesto.

Solo hubo confirmación desde Segob de que el Programa de Derechos Indígenas es uno de los que quedó cancelado. Para sustituir los subsidios que daba el gobierno mexicano, la secretaria Olga Sánchez Cordero informó que se está buscando a embajadas extranjeras y la representación de la Unión Europea para conseguir fondos para mantener las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana.

Este martes, en su conferencia mensual sobre el tema de violencia de género, se le preguntó bajo qué modalidad se busca dinero en el extranjero para las indígenas mexicanas y por qué este cambio si originalmente ya estaba etiquetado en el PEF 2020. A lo que la secretaria contestó que “el presupuesto pues siempre sufre ajustes” y que ya está en pláticas para que las CAMIs reciban dinero de gobiernos de otros países.

“Yo sí quiero decirles que para mí son tan importantes que por eso precisamente voy a luchar por sus recursos. Y segundo, hay embajadas que se nos han acercado a nosotros, y que nos han dicho: tenemos presupuesto de nuestros gobiernos en el tema de violencia contra las mujeres. Entonces no estoy inventándolo, ya se acercaron varias embajadas a decirnos: oigan, nosotros queremos participar, tenemos estos recursos, en qué forma y de qué manera podemos apoyar nosotros a estos temas de mujeres, porque además, si no hacemos uso de esos recursos, pues los recursos simplemente no se van a utilizar ni se van a ejercer”, comentó.

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Senado de Estados Unidos aprueba el primer proyecto de ley de control de armas en décadas

El histórico proyecto de ley es un raro momento de cooperación entre los partidos demócrata y republicano sobre medidas para el control de armas.
24 de junio, 2022
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El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de control de armas, en la legislación sobre armas de fuego más importante en casi 30 años.

La medida fue aprobada por 65 contra 33, con 15 senadores republicanos unidos a los demócratas en la cámara alta del Congreso.

El proyecto de ley surge tras los tiroteos masivos del mes pasado en un supermercado en Buffalo, Nueva York, y una escuela primaria en Uvalde, Texas, que dejaron 31 muertos.

Ahora tendrá que aprobarse en la Cámara de Representantes antes de que el presidente Biden pueda convertirlo en ley.

En un comunicado emitido después de la votación, el presidente pidió a los miembros de la Cámara que “voten de inmediato sobre este proyecto de ley bipartidista y lo envíen a mi escritorio”.

“Esta noche, después de 28 años de inacción, los miembros bipartidistas del Congreso se unieron para atender el llamado de las familias de todo el país y aprobaron una legislación para abordar el flagelo de la violencia armada en nuestras comunidades”, declaró Biden.

Las familias en Uvalde y Buffalo, y demasiados tiroteos trágicos anteriores, han exigido acción. Y esta noche, actuamos”.

La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, prometió pasar el proyecto de ley rápidamente, a pesar de que el líder republicano Kevin McCarthy instó a sus miembros a votar en contra de éste.

“Mañana a primera hora, el Comité de Reglas se reunirá para llevar al pleno esta legislación que salva vidas”, indicó Pelosi después de la votación el jueves.

Por debajo

Aunque significativas, las propuestas están muy por debajo de lo que muchos demócratas y activistas han pedido.

Las reformas incluyen verificaciones de antecedentes más estrictas para compradores menores de 21 años y US$15.000 millones en fondos federales para programas de salud mental y mejoras de seguridad escolar.

También pide fondos para alentar a los estados a implementar leyes de “bandera roja” para retirar las armas de fuego de las personas consideradas una amenaza.

Y cierra el llamado “vacío legal del novio” al bloquear la venta de armas a los sujetos condenados por abusar de parejas íntimas no casadas.

Senador John Cornyn

Getty Images
El senador de Texas John Cornyn fue uno de los republicanos que apoyó un acuerdo de compromiso tras el tiroteo de Uvalde.

El proyecto de ley también es importante porque es la primera vez en décadas que las reformas propuestas reciben este nivel de apoyo tanto de demócratas como de republicanos.

Históricamente, los esfuerzos para fortalecer las leyes de armas de Estados Unidos han sido bloqueados por el partido republicano.

Los 50 demócratas, incluidos los miembros más conservadores del partido, los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema, se unieron a los republicanos negociadores, incluido el líder del partido en el Senado, Mitch McConnell, y el aliado cercano de Trump, Lindsey Graham.

Una gran cantidad de organizaciones de defensa tradicionalmente de tendencia conservadora, incluida la Orden Fraternal de Policía y la Asociación Internacional de Jefes de Policía, también respaldaron el proyecto de ley.

Sin embargo, dos tercios de los republicanos se opusieron a la legislación, y todos los que la respaldaron, excepto Lisa Murkowski de Alaska y Todd Young de Indiana, no se enfrentarán a los votantes este año o han anunciado su intención de no buscar la reelección.

El senador de Texas Ted Cruz, a quien se apunta ampliamente para buscar la nominación presidencial republicana en 2024, condenó el proyecto de ley como un intento de “tratar de desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley en lugar de tomar medidas serias para proteger a nuestros niños”.

Joe Biden

Getty Images
El presidente Joe Biden ha estado pidiendo medidas más firmes de control de armas tras los tiroteos recientes.

“Pasos en la dirección correcta”

El presidente Biden dijo a principios de este mes que las propuestas eran “pasos en la dirección correcta”, pero aún no son suficientes.

Biden ha presionado por reformas más importantes, incluida la prohibición de las armas de asalto, que se usaron en los tiroteos masivos de Texas y Buffalo el mes pasado, o al menos un aumento en la edad a la que se pueden comprar.

Se cree que el atacante en Texas compró dos rifles semiautomáticos días después de cumplir 18 años.

EE.UU. tiene la tasa más alta de muertes por armas de fuego entre las naciones ricas del mundo: más de 20.900 personas han muerto por violencia armada en el país este año, incluidos homicidios y suicidios, según Gun Violence Archive, un grupo de investigación sin fines de lucro.

Pero también es un país donde muchos aprecian los derechos de armas que están protegidos por la Segunda Enmienda de la Constitución para “tener y portar armas”.

La última legislación federal significativa sobre el control de armas se aprobó en 1994 y prohibió la fabricación para uso civil de rifles de asalto y cargadores de gran capacidad, pero expiró una década después.

Después del tiroteo en la escuela Sandy Hook de 2012 en Connecticut, en el que murieron 20 niños y seis adultos, los intentos de endurecer las leyes no lograron obtener suficientes votos en el Congreso.

La votación del jueves ocurrió horas después de que la Corte Suprema anulara una ley de Nueva York que restringía quién puede portar un arma legalmente, ampliando efectivamente los derechos de portación de armas e ilustrando la profunda división en los Estados Unidos sobre el tema.

El tribunal determinó que el requisito de Nueva York de que los residentes demuestren “causa justificada” -o una buena razón- para portar armas de fuego ocultas en público viola la Constitución.

McConnell dijo que la decisión de la corte, combinada con la legislación del jueves, logró “dos victorias históricas”.


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