Casas de la Mujer Indígena cierran por cancelación de presupuesto
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Casas de la Mujer Indígena cierran por cancelación de presupuesto; Segob busca dinero en el extranjero

La secretaria Olga Sánchez Cordero dijo que se está buscando a embajadas extranjeras y a la representación de la Unión Europea para conseguir fondos y así mantener las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana.
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27 de mayo, 2020
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Apenas la semana pasada, Francisca de la Cruz recibió un llamado de auxilio de una mujer violentada en la comunidad de Cochoapa, de solo 4 mil habitantes, en el municipio Ometepec, Guerrero. Llamó al comisario para asegurarse de que atendiera la denuncia, que el marido se saliera de la casa porque violentaba a su esposa cuando bebía alcohol, y que garantizara la seguridad de ella, que por las restricciones de movilidad ante el COVID-19 no podía ir a ningún otro lado.

Francisca hizo todo por teléfono, porque ya la conocen: es la coordinadora de la asociación para mujeres indígenas “Manos Unidas”, fundada en 2003 y pionera del modelo de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs). Un modelo que se ha reproducido en 35 casas por todo el país y que desde entonces se financia con subsidios federales… hasta este año, que la Secretaría de Hacienda decidió reservar el dinero que tenían etiquetado a través del Programa de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para redestinarlo a atender la emergencia sanitaria.

Entérate: ‘Cuenta hasta 10’: la campaña con la que el gobierno pretende frenar la violencia familiar

La primera víctima de este recorte de presupuesto es justamente la CAMI de Ometepec, la pionera, que cerró sus puertas al no tener recursos para darle comida y albergue temporal a quienes huían de la violencia machista o iban a tener a sus bebés con una partera, y que ahora tienen que ser redirigidas a un hospital, en pleno riesgo de contagios de coronavirus.

Aunque las seis mujeres de Ometepec que estaban de planta ayudando a mujeres indígenas han seguido haciendo lo que pueden por teléfono, la decisión es que sin subsidios no pueden volver a abrir.

Pero no es la única CAMI en estado crítico. De acuerdo con un reporte de la red nacional de Casas de la Mujer Indígena, han alertado que ya no pueden sostenerse las casas de San Mateo del Mar, Oaxaca, que durante la contingencia ha atendido a 212 mujeres; de Pátzcuaro y Zitácuaro, Michoacán, que han atendido a 100 y 30 mujeres; de Tijuana y San Quintín, Baja California, que han recibido 60 mujeres en estos dos meses; de Zongolica, Veracruz, a 35; Matías Romero, Estado de México, a 26 mujeres; y la de Monterrey, a 11.

También han reportado que solo pueden resistir dos semanas o un mes más las de Tolimán, Querétaro, que ha atendido a 100 mujeres durante la contingencia; la de Siho, Yucatán, que recibió a 85; Huejutrla, Hidalgo, a 72; las de Nelys Palomo y Acatepec, Guerrero, a 28 y 8 mujeres cada una; y de La Paloma, Sonora, a 6 mujeres.

Cinco que eran nuevas se quedaron con las instalaciones perfectamente montadas pero sin poder abrir para empezar a dar servicios, y en al menos una hubo un brote de COVID-19 que ni el INPI ni ninguna otra autoridad atendió.

La representante de la red de CAMIs, Nelsy Maricela Ku, detalló en entrevista con Animal Político que en San Felipe del Progreso, municipio mazahua del Estado de México, la coordinadora se contagió de COVID-19. Otras dos colaboradoras, de las ocho que son, empezaron a presentar síntomas de la enfermedad, así que la casa cerró y dejó de dar atenciones a las mujeres indígenas de la zona. Tuvieron que aislarse y entre otras mujeres de la red y activistas hicieron una colecta para apoyarlas.

Ku detalló que en Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y el Estado de México había casas que el año pasado habían obtenido subsidios por primera vez pero ya no pudieron arrancar su operación. El programa tiene tres fases: en la primera, llamada “inicial”, se otorgan hasta 700 mil pesos para acondicionar un espacio; para la segunda o de fortalecimiento se otorgan hasta 850 mil pesos; y la tercera o de consolidación implica subsidios hasta por un millón de pesos.

Las CAMI son parte de un programa más grande, el Programa de Derechos Indígenas, que para 2020 tenía etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) poco menos de 200 millones de pesos, que quedaron suspendidos el 3 de abril.

Mientras que el fin de semana el gobierno anunció 250 millones de pesos para repartir en premios por la atención de COVID-19, el viernes la Secretaría de Gobernación confirmó a asociaciones civiles que se habían cancelado los menos de 200 millones con los que sobrevivían las CAMI.

Buscan dinero en el extranjero

El pasado 6 de mayo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, encabezado por Amnistía Internacional México, Equis Justicia para las Mujeres y la Red Nacional de Refugios para mujeres víctimas de violencia, envió al gobierno federal una carta exigiendo transparentar si las medidas de austeridad ordenadas para enfrentar la crisis provocada por COVID-19 dejarían sin recursos a programas destinados a protección de las mujeres.

Hasta dos semanas después, la Secretaría de Gobernación (Segob) las convocó junto a otras dependencias como el Instituto Nacional para las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a una reunión para hablar del tema.

Este lunes, las organizaciones lamentaron que su pregunta sobre dónde está el dinero para atender la violencia de género se quedó sin respuesta, ya que las funcionarias les dieron cifras de mujeres beneficiadas por los programas considerados “insignia” del nuevo gobierno, como Jóvenes Construyendo el Futuro o Tandas del Bienestar, pero no aclararon a qué programas se les recortó el presupuesto.

Solo hubo confirmación desde Segob de que el Programa de Derechos Indígenas es uno de los que quedó cancelado. Para sustituir los subsidios que daba el gobierno mexicano, la secretaria Olga Sánchez Cordero informó que se está buscando a embajadas extranjeras y la representación de la Unión Europea para conseguir fondos para mantener las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana.

Este martes, en su conferencia mensual sobre el tema de violencia de género, se le preguntó bajo qué modalidad se busca dinero en el extranjero para las indígenas mexicanas y por qué este cambio si originalmente ya estaba etiquetado en el PEF 2020. A lo que la secretaria contestó que “el presupuesto pues siempre sufre ajustes” y que ya está en pláticas para que las CAMIs reciban dinero de gobiernos de otros países.

“Yo sí quiero decirles que para mí son tan importantes que por eso precisamente voy a luchar por sus recursos. Y segundo, hay embajadas que se nos han acercado a nosotros, y que nos han dicho: tenemos presupuesto de nuestros gobiernos en el tema de violencia contra las mujeres. Entonces no estoy inventándolo, ya se acercaron varias embajadas a decirnos: oigan, nosotros queremos participar, tenemos estos recursos, en qué forma y de qué manera podemos apoyar nosotros a estos temas de mujeres, porque además, si no hacemos uso de esos recursos, pues los recursos simplemente no se van a utilizar ni se van a ejercer”, comentó.

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¿Por qué América Latina es la región con más muertes en el mundo por COVID?

La efectividad de las medidas implementadas por los 5 países (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) con más muertos por COVID-19 en la región se ha visto condicionada por su falta de infraestructura sanitaria y la precariedad laboral.
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19 de octubre, 2020
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Latinoamérica tuvo tiempo para prepararse y enfrentar bien la pandemia. Pero sus condiciones estructurales en economía, vivienda y salubridad terminaron haciendo que el continente se transformara en un lugar propicio para la propagación del COVID-19.

Así lo sugiere la investigación “Respuestas al COVID-19 en cinco países de Latinoamérica”, que revisó los primeros meses de combate a la pandemia en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú: los países con más muertes del continente según las estadísticas de la Universidad John Hopkins.

Los autores -un equipo multidisciplinario- analizaron las condiciones precovid y las respuestas de los gobiernos a la pandemia.

Entre los factores prepandémicos que identificaron están la alta informalidad laboral, hacinamiento y densidad poblacional, baja infraestructura hospitalaria e incapacidad de los sistemas sanitarios para desplegar mecanismos de testeo y trazabilidad tempranamente.

Todas esas limitantes hacen que “Latinoamérica sea una región más riesgosa” pues merman tanto la capacidad de reacción de los países como la posibilidad de que la población cumpla medidas como la cuarentena, según explica Alejandra Benítez, una de las autoras del estudio.

La investigación también plantea que, aunque algunos países reaccionaron rápido, no lograron revertir estas condiciones de base, porque la ayuda económica a los hogares fue insuficiente o llegó tarde para los grupos que más lo necesitaban.

“Chile, por ejemplo, fue rápido en cerrar aeropuertos y fronteras. También, comparativamente, fue efectivo en el aumento de camas hospitalarias y ventiladores. Pero lo que no se hizo rápido fue la trazabilidad, es decir lo relativo a encontrar a las personas enfermas, aislarlas, hacerles seguimiento. En lo económico hubo respuestas rápidas, pero solo para el sector formal de los trabajadores”, explica Carolina Velasco, también autora de la publicación.

Aeropuerto en Santiago en mayo de 2020.

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Chile reaccionó rápido el cierre de aeropuertos y fronteras cuando se desató la primera ola de la pandemia.

Los factores estructurales que impidieron reaccionar bien al COVID-19 podrían implicar otro problema mayor: que la enfermedad se vuelva endémica. El fenómeno ya ha empezado a detectarse en Reino Unido.

Un estudio realizado por Public Health England, una agencia dependiente del Departamento de Salud y Cuidado Social de ese país, mostró que las restricciones aplicadas durante la pandemia han sido poco efectivas en reducir el número de infectados en algunas áreas del norte de Inglaterra, donde el covid-19 está “firmemente instalado”.

Alta vulnerabilidad, pobreza y hacinamiento

Estos lugares son zonas habitadas por minorías étnicas que se caracterizan por alta vulnerabilidad, pobreza y hacinamiento.

Aunque esto no fue un tema del estudio, las investigadoras coinciden en que los determinantes que agravaron el impacto del COVID-19 en América Latina -en particular las condiciones de pobreza e informalidad laboral y la debilidad de los sistemas sanitarios- podrían hacer que “se convierta en un virus endémico”.

En el estudio, de hecho, se identificaron zonas y comunas donde, pese a las medidas implementadas, los casos y muertes por COVID-19 no disminuyeron a la velocidad esperada.

Zona en Tijuana, estado de Baja California en México.

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Varias zonas con problemas de hacinamiento y pobreza en América Latina podrían hacer que el coronavirus se convierta en un patógeno endémico.

Por ejemplo, las comunas de más bajos ingresos en la Región Metropolitana de Chile; la zona del Amazonas colombiano y las principales ciudades del sureste de Brasil.

La investigación examinó las políticas aplicadas por los cinco países entre febrero y agosto de 2020. Para analizar el nivel de reacción de los gobiernos en comparación con la evolución de la enfermedad, se usó un índice creado por la Universidad de Oxford.

Los gobiernos reaccionan pero el contagio no cesa

Una primera área de estudio es la de mitigación y contención, que se refiere a medidas como cierre de escuelas, cuarentenas, cierre de fronteras o restricción a eventos masivos.

En este tema, dicen los investigadores, casi todos los países (excepto Brasil) reaccionaron tempranamente: muy cerca de cuando se confirmó el primer caso de COVID-19.

Sin embargo, los datos muestran que “no hay una relación evidente entre la capacidad de reacción y los resultados sanitarios”. Ello pues, pese a las medidas adoptadas, los nuevos infectados y la tasa de positividad de COVID-19, “continuaron aumentando”.

Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

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De acuerdo a investigadores, Brasil reaccionó tarde en la aplicación de medidas como cierre de escuelas, fronteras y restricciones de eventos públicos.

En el área económica, todos los países, salvo Ecuador, redujeron sus tasas de interés, crearon condiciones para otorgar créditos y establecieron medidas para proteger el empleo.

“Sin embargo, el apoyo para los trabajadores informales y los más vulnerables fue más lento”, dicen los investigadores. Tomando en cuenta las distintas medidas implementadas, Colombia fue el país más rápido en reaccionar desde que comenzó el COVID-19: tardó 16 días.

Los investigadores también compararon la rapidez en la entrega de apoyos económicos en contextos de cuarentena: es decir, con restricciones de movilidad en algunas zonas (aunque éstas no siempre se cumplen, ya que una proporción importante de trabajadores necesita salir a la calle pues vive del ingreso diario).

En el caso de Chile, por ejemplo, desde que se aplicó la cuarentena obligatoria, la primera canasta de alimentos llegó a los 50 días (a un hogar de una comuna de bajos ingresos). En el caso de Colombia, la canasta demoró 9 días y en Brasil tardó 64 días.

Los autores midieron el monto de estímulo económico entregado por cada país en contextos de COVID-19: es decir, el aporte que sale del “bolsillo” del Estado.

Personas haciendo fila en Colombia para hacer tests de coronavirus.

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De acuerdo a expertos, Colombia fue uno de los países que más rápido reaccionó en el apoyo a trabajadores informales y vulnerables.

De los cinco casos analizados, Brasil es el que realiza un esfuerzo mayor, gastando alrededor de 880 dólares por habitante (alrededor de 10% del PIB nacional), seguido de Chile, con casi 800 dólares (5.2% del PIB). Colombia y Perú gastaron casi 500 dólares (7.6%) y 380 dólares (5.6%) por habitante.

Ecuador es el país que menos apoyo entrega: 24,8 dólare per cápita y 0.4% del PIB.

Índice de apoyo económico

Ahora, al analizar la magnitud del apoyo económico que se entregó a los hogares tomando en cuenta la evolución de la enfermedad, los datos son menos optimistas.

Por ejemplo, Chile comenzó el período con bajos niveles de apoyo a las familias (menos de 40% según el índice de Oxford, que llega hasta un máximo de 100%), pero éste fue aumentando (75% a mediados de junio). En el caso de Brasil, su índice de apoyo económico fue de 50%.

Según los investigadores, aún cuando los niveles de apoyo económico aumentan, no hay una correlación entre este dato y el número de casos o la tasa de positividad.

Al revés, los casos aumentan o se mantienen. “Esto sugiere que el apoyo en temas de ingreso no tuvo la efectividad esperada, no solo porque la implementación fue lenta, sino porque la magnitud del apoyo fue limitada. El único país que muestra una disminución en la tasa de positividad que coincide con un aumento del indicador es Chile“, explican los autores.

Países con más muertes por coronavirus. Muertes por cada 100.000 personas. .

Esto ocurre en un período en que las cuarentenas fueron más fuertes y comenzó a aplicarse una mejor estrategia de testeo y trazabilidad. Lo anterior lleva a concluir a los investigadores que, en contextos de pandemia, es central una respuesta temprana e integral.

Zonas vulnerables

Los autores identificaron algunas zonas geográficas en las que las medidas implementadas fueron menos efectivas.

En Chile, por ejemplo, el virus evolucionó de manera distinta en diferentes áreas de la Región Metropolitana. En las comunas de mayores ingresos, después de una semana de cuarentena, los casos diarios bajaron; en cambio, en aquellas comunas de menores ingresos (Independencia, San Ramón, La Granja y Recoleta), los casos diarios subieron.

“Estos datos son consistentes con la demora en la entrega de medidas de apoyo económico para los grupos vulnerables. La falta de respuesta económica temprana impidió a las personas quedarse en la casa y, por lo tanto, disminuyó el efecto de las restricciones“, plantean los autores.

En Colombia, la región más afectada en número de casos y muertes es la de Amazonas (32,9 casos y 1.3 muertes por cada 1,000 habitantes), localizada en una provincia donde la informalidad laboral alcanza un 90% y el hacinamiento y la pobreza llegan a 16% y 35%, respectivamente.

Niño navegando en bote en la Amazonía colombiana.

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La Amazonía colombiana es la zona más afectada por el coronavirus en todo el país.

En cambio, las zonas de Antioquía y Valle del Cauca, que poseen menores niveles de hacinamiento y pobreza, registran también un menor número de muertes.

En Ecuador, la provincia de Guayas presenta el mayor número de casos y muertos (alrededor de 18,000 y 1,700) y Santa Helena tiene una tasa de muerte de 82.5 por cada 100,000 habitantes. Ambas provincias tienen niveles de desempleo superiores a 20%.

Además, en Guayas los niveles de acceso de la población a servicios básicos y agua potable son bajos (66.6 y 85.7%, respectivamente).

Finalmente en Brasil, la región más impactada en número de casos y muertes es el Sudeste, con un 35% y 45% respectivamente. Esta región alberga al 42% de la población nacional y concentra las ciudades más densamente pobladas y turísticas, como Sao Paulo y Río de Janeiro.

Conclusiones del estudio

El trabajo concluye que las pandemias deben ser abordadas con una mirada integral, tomando en cuenta cuatro ámbitos: estrategias sanitarias y de contención; comunicación de los datos sobre la pandemia y medidas económicas de apoyo, particularmente a los grupos más vulnerables (para que puedan, por ejemplo, quedarse en sus casas aquellos que necesitan salir a trabajar).

Vista aérea de Santa Clara de San Millán en Ecuador.

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Las pandemias deben ser abordadas con una mirada integral, tomando en cuenta cuatro ámbitos: estrategias sanitarias y de contención; comunicación de los datos sobre la pandemia y medidas económicas de apoyo, particularmente a los grupos más vulnerables

Es clave contar con una estrategia sistemática de testeo, trazabilidad y seguimiento de casos en etapas tempranas de la pandemia, para contener brotes y evitar detener por largo tiempo la actividad del país, sugieren los autores.

Asimismo, es determinante contar con un buena comunicación y coordinación ya que optimiza la toma de decisiones y da más legitimidad a la autoridad y las estrategias implementadas, mejorando el cumplimiento de las medidas.

Finalmente, los hallazgos también ofrecen algunas luces sobre cómo convivir con una pandemia que estará presente por un buen tiempo. En ello las estrategias de testeo y trazabilidad son fundamentales para la vigilancia activa de casos y brotes.

*Marcela Ramos es investigadora asistente en la Universidad de Glasgow, Escocia, Reino Unido.

*Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la nota original en este enlace.

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