Constructora del Tren Maya fue acusada por corrupción en España
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Fomento Construcción y Contrata SA

Constructora que ganó segundo tramo del Tren Maya fue acusada por corrupción en España

Operadora CICSA, empresa de Grupo Carso, de Carlos Slim, respondió que los contratos en Panamá investigados por la justicia española son del año 2010, “mucho antes de que Grupo Carso tuviera ni una sola acción” en FCC.
Fomento Construcción y Contrata SA
Por Manu Ureste y Alberto Pradilla
1 de mayo, 2020
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FCC Construcción S.A., constructora que ganó en consorcio con Operadora CICSA SA. de CV la licitación del segundo tramo del Tren Maya por más de 18 mil 500 millones de pesos, fue imputada en octubre del año pasado en España por pagar presuntamente sobornos por 82 millones de euros a políticos y funcionarios de Panamá a cambio de obras públicas en ese país. 

Para estas obras en Panamá, FCC Construcción iba en consorcio con Odebrecht; la constructora brasileña célebre por el pago multimillonario de sobornos a múltiples gobiernos de América Latina para conseguir contratos, incluido México, donde el caso involucra a Emilio Lozoya, el extitular de Pemex que actualmente se encuentra detenido en España en espera de su extradición.

Tras el anuncio del fallo de la licitación del segundo tramo del Tren Maya, el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), órgano gubernamental encargado de esta obra, destacó que el consorcio Operadora CISA SA de CV, subsidiaria de Grupo Carso, de Carlos Slim, y FCC Construcción, de la que también es accionista el empresario mexicano, fue la mejor opción, pues presentó “la mejor relación calidad-precio”. 

Además, la dependencia mexicana expuso en un escrito que en el proceso de selección intervino la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la cual realizó “un análisis independiente al proceso de revisión de propuestas realizado por Fonatur, y manifestó su conformidad de acuerdo con estándares internacionales”. 

Por su parte, el consorcio CICSA-FCC dijo a Animal Político que el caso que investiga la justicia española es de unos contratos de 2010, años antes de que en 2016 Grupo Carso adquiriera la mayoría de las acciones de esta empresa. Y que, desde la llegada de Carso, FCC ha colaborado con la justicia española para esclarecer los presuntos actos de corrupción en los contratos de obra pública con Odebrechet en Panamá. 

El pasado 24 de abril, el fallo del primer tramo del Tren Maya también desató la polémica, luego de que se diera a conocer que China Communications Construction, una de las ganadoras de la licitación por más de 15 mil millones de pesos, también acumula acusaciones internacionales de corrupción y pago de sobornos a gobiernos extranjeros. 

De hecho, en 2011, esta constructora china fue sancionada e inhabilitada durante siete años por el Banco Mundial por prácticas fraudulentas, aunque Fonatur matizó que la sanción ya no está vigente y que, por lo tanto, podía participar en la licitación que acabó ganando.

La imputación en España por corrupción

Fomento Construcción y Contrata SA (FCC Construcción SA) fue imputada el 30 de octubre del año pasado por el juez Ismael Moreno, titular del juzgado de instrucción número dos de la Audiencia Nacional de España, la cual se encarga de delitos relacionados con el crimen organizado, como terrorismo o narcotráfico, así como aquellos cometidos fuera del país pero que corresponde juzgar a las autoridades españolas.

Animal Político tuvo acceso al auto de imputación en el que el juez Moreno detalla la presunta trama delictiva de la siguiente manera:

FCC Construcción constituyó un consorcio con Odebrecht, liderado por la constructora brasileña, para participar en el concurso de obras en Panamá. Este consorcio ganó en 2010 los contratos de las líneas 1 y 2 del metro de Panamá, y de la Ciudad de la Salud de Panamá. 

Hasta ahí, todo normal. 

Sin embargo, en 2017, tras el estallido mundial del escándalo de corrupción Lava Jato, también conocido como el caso Odebrecht, la fiscalía española inició una investigación de las operaciones del consorcio FCC-Odebrecht, y el 17 de octubre del año pasado pidió a al juez que dirigiera el procedimiento contra FCC Construcción SA, y contra sus filiales FCC Construcción Centroamérica SA y Construcciones Hospitalarias SA.

El juez acusa a la constructora española y a sus filiales de que habrían servido de “sociedad pantall” para blanquear el dinero de los sobornos, ocultarlo y triangularlo, parra obtener las adjudicaciones en Panamá.

Los indicios encontrados en la investigación, con apoyo de las autoridades de Suiza, apuntan que directivos de FCC Construcción y de Odebrecht habrían diseñado un “esquema de corrupción repetido” que consistía en inflar facturas al doble de su precio en el suministro de acero para construir las dos líneas del metro de Panamá. 

También se detectaron “facturas simuladas” en servicios como “proyectos de ingeniería de diseño, construcción de obras civiles, o instalaciones auxiliares de la Línea y Estaciones”. 

“Estos servicios nunca se prestaron y solo se facturaron para dar cobertura a los pagos de presunta corrupción por la adjudicación de los contratos de obra civil”, subraya el auto. 

Según la Fiscalía, FCC Construcción y sus directivos “conocían que los precios de compras se iban a inflar, a sobrefacturar en más del doble de su precio de adquisición”. 

El suministro de acero, inflado en precio y cantidad, habría sido facturado a cargo del contrato público. Por lo que, el dinero para los sobornos destinados a políticos y funcionarios panameños se habría obtenido a cargo del propio contrato público. Es decir, del erario de Panamá.

El desvío de dinero obtenido de esos sobrecostos y simulación de servicios se hacía a través de prestanombres y de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y de Odebrecht, que ya prestaron declaración ante la justicia española como imputados por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.

En el caso de los contratos de la Ciudad de la Salud de Panamá, el juez Moreno acusa a FCC Construcción y sus filiales de haber ejecutado el pago de sobornos a través de una red de empresas off shore en paraísos fiscales, “que transfirieron los fondos para el pago de dádivas”.

El pago de los sobornos en este caso se habría hecho a través de cuentas bancarias en Andorra y Suiza, cuyos titulares eran prestanombres de directivos de Odebrecht.

Previo a la imputación, en mayo y junio del año pasado, la constructora FCC trató de anticiparse a las acusaciones de la justicia española y presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción contra varios de sus altos directivos, que ya fueron cesados de la compañía, y aportó documentación sobre los acuerdos comerciales con Odebrecht en relación con las obras en Panamá. 

Para el juez, las ‘autodenuncias’ presentadas por FCC Construcción, más su investigación, es prueba de que varios altos directivos de la constructora española participaron, presuntamente, en acuerdos con directivos de Odebrecht “y su entramado de sociedades pantallas” para cometer actos de corrupción en el pago de 82 millones de euros en sobornos. Y no solo en obras públicas de Panamá, sino también en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.

Sin embargo, estas acusaciones no libraron a la constructora de la imputación. El juez del caso consideró que la empresa “no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa”. 

Según publicaciones en España, el juzgado central de instrucción número dos de la Audiencia Nacional tendría indicios de que la constructora habría pagado comisiones ilegales por importe de 306 millones de euros (casi 8 mil millones de pesos) para construir dos grandes viales en la capital de Panamá. 

La respuesta de CICSA-FCC

Ante esta imputación ante la justicia española, Animal Político buscó a Operadora CICSA, empresa de Grupo Carso, de Carlos Slim, que tiene también la mayoría del accionariado de FCC Construcción. 

A través del departamento de comunicación de CICSA, la constructora de Slim recalcó que los contratos en Panamá investigados por la justicia española son del año 2010, “mucho antes de que Grupo Carso tuviera ni una sola acción” en FCC. 

Y, además, subrayó que, a raíz de la llegada del Grupo Carso a FCC, y a partir de una serie de cambios operativos y administrativos en la constructora española, la colaboración con la justicia de España para investigar estos contratos es plena y transparente.

“Desde que estamos dentro de FCC y se tiene el control de ésta, no ha sucedido ningún otro acto de corrupción”, hizo hincapié el departamento de comunicación de CICSA a este medio. 

“Como CICSA, lo que nosotros sabemos es que vamos aliados con una de las mejores empresas constructoras que hay en Hispanoamérica, que es FCC”, añadió el departamento de comunicación, que señaló que tras el caso de Panamá “la empresa ha seguido operando de manera normal”. 

“Incluso, ha ganado contratos muy importantes en España, como la remodelación del estadio de fútbol de la comunidad de Madrid, La Peineta, o el contrato para remodelar el estadio del Real Madrid”, agregó CICSA.

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Por qué hace 100 años muchos en EU se negaron a usar cubrebocas contra la gripe española

En el peor momento de la gripe española de 1918 muchos estadounidenses se negaron a usar tapabocas, algo que también está sucediendo este 2020 con la pandemia de covid-19.
9 de agosto, 2020
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Manifestación en Estados Unidos contra el uso de mascarillas

Getty Images
Durante la pandemia de covid-19, se han organizado manifestaciones en contra del uso de mascarillas en Estados Unidos.

Todos hemos visto los titulares alarmantes: los casos de coronavirus están aumentando en 40 estados de Estados Unidos, con nuevos fallecimientos y tasas de hospitalización aumentando a un ritmo alarmante.

Los funcionarios de salud advirtieron que EE.UU. debe actuar rápidamente para detener la propagación o se correrá el riesgo de perder el control sobre la pandemia.

Para controlarlo existe un claro consenso de que se deben usar mascarillas en público y practicar el distanciamiento social.

Si bien la mayoría de los estadounidenses apoyan el uso de tapabocas, el cumplimiento generalizado y constante ha resultado difícil de mantener en las comunidades de todo el país.

Manifestantes se reunieron frente a los ayuntamientos de la ciudad de Scottsdale, Arizona; Austin, Texas; y otras ciudades para protestar contra los mandatos locales respecto a las mascarillas.

Varios alguaciles del estado de Washington y de Carolina del Norte han anunciado que no harán cumplir las normativas de uso.

He investigado extensamente la historia de la pandemia de 1918.

En ese momento, sin vacunas o terapias farmacológicas efectivas, las comunidades de todo el país instituyeron una serie de medidas de salud pública para frenar la propagación de una epidemia de influenza mortal: cerraron escuelas y negocios, prohibieron reuniones públicas y aislaron y pusieron en cuarentena a los infectados.

Titulares de periódicos de Chicago relacionados con la pandemia de gripe española

Getty Images
Titulares de periódicos de Chicago relacionados con la pandemia de gripe española que incluyen: “Redadas policiales en bares en la guerra contra la influenza”, “Toque de queda en la ciudad” y “Quien estornude sin taparse será detenido”.

Muchas comunidades recomendaron o exigieron que los ciudadanos usaran mascarillas en público, y eso, no los onerosos encierros, fue lo que provocó la mayor ira.

Por la patria

A mediados de octubre de 1918, en medio de una terrible epidemia en el noreste y brotes de rápido crecimiento en todo el país, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos distribuyó folletos recomendando que todos los ciudadanos usaran tapabocas.

La Cruz Roja sacó anuncios en los periódicos alentando su uso y ofreció instrucciones sobre cómo fabricar mascarillas en casa con gasa e hilo de algodón.

Algunos departamentos de salud estatales lanzaron sus propias iniciativas, sobre todo California, Utah y Washington.

En todo el país, los carteles presentaban el uso de mascarillas como un deber cívico: la responsabilidad social se había incrustado en el tejido social mediante una campaña de propaganda federal masiva en tiempos de guerra lanzada a principios de 1917, cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial.

barrendero con una máscara en Nueva York

Getty Images
Siguiendo la recomendación de la Junta de Salud de Nueva York, es “Mejor ser ridículo que estar muerto”, un barrendero usa una mascarilla en octubre de 1918.

El alcalde de San Francisco, James Rolph, anunció entonces que “la conciencia, el patriotismo y la autoprotección exigen un cumplimiento inmediato y rígido” del uso de tapabocas.

En las cercanías de Oakland, el alcalde John Davie declaró que “es sensato y patriótico, sin importar cuáles sean nuestras creencias personales, proteger a nuestros conciudadanos uniéndonos a esta práctica”.

Sin orden

Los funcionarios de salud entendieron que cambiar radicalmente el comportamiento del público era una tarea difícil, especialmente porque a muchos les resultaba incómodo usar mascarillas.

Los llamamientos al patriotismo solo podían llegar hasta cierto punto.

Como señaló un funcionario de Sacramento (California), las personas “deben ser obligadas a hacer las cosas que son mejores para sus intereses”.

La Cruz Roja declaró sin rodeos que “el hombre, la mujer o el niño que no use mascarilla es ahora un negligente peligroso“.

Numerosas comunidades, particularmente en todo el Occidente del país, impusieron ordenanzas obligatorias. Algunos condenaron a los delincuentes a penas de cárcel breves y las multas oscilaron entre US$5 y US$200.

Juicio en un parque en San Francisco

Getty Images
En San Francisco,los jueces se salieron de las cortes y los juicios se hicieron al aire libre… pero sin mascarillas.

La aprobación de estas ordenanzas fue con frecuencia un asunto polémico. Por ejemplo, el director de salud de Sacramento tuvo que intentar varias veces antes de lograr convencer a los funcionarios de la ciudad de que promulgaran la normativa.

En Los Ángeles, no fue aprobada. Un proyecto de resolución en Portland, Oregón, provocó un acalorado debate en el consejo de la ciudad y un funcionario declaró la propuesta como “autocrática e inconstitucional”, y agregó: “Bajo ninguna circunstancia me pondrán un bozal como a un perro hidrófobo“. La medida no prosperó.

La junta de salud de Utah consideró emitir una orden obligatoria de mascarillas en todo el estado, pero decidió no hacerlo, argumentando que los ciudadanos sentirían una falsa seguridad y relajarían sus cuidados.

A medida que la epidemia resurgía, Oakland debatió una segunda orden de uso de tapabocas después de que el alcalde contara enojado que lo habían arrestado en Sacramento por no llevar una puesta.

Un médico prominente que asistió al debate comentó que “si un hombre de las cavernas apareciera… pensaría que los ciudadanos enmascarados son todos lunáticos“.

Con orden

En los lugares donde las órdenes de usar mascarillas se implementaron con éxito, el incumplimiento y el desafío se convirtieron rápidamente en un problema.

Barbería en Chicago en 1918

Getty Images
En Chicago, solo uno de los barberos de este local usa mascarilla, algo que, en este caso, es imposible para cualquiera de los clientes.

Muchas tiendas que no estaban dispuestas a rechazar clientela, no prohibían el ingreso a los desenmascarados.

Los trabajadores se quejaron de que los tapabocas eran demasiado incómodos para usarlos todo el día.

Una vendedora de Denver se negó porque dijo que “se le dormía la nariz” cada vez que se ponía una. Otra dijo que creía que “una autoridad superior al Departamento de Salud de Denver se ocupaba de su bienestar”.

Como lo expresó un periódico local, la orden de usar máscaras “fue casi totalmente ignorada por la gente; de hecho, la orden es motivo de burla”.

La regla fue enmendada para aplicarse solo a los conductores de tranvías, quienes luego amenazaron con hacer huelga. Se evitó una huelga cuando la ciudad flexibilizó la norma una vez más.

Denver soportó el resto de la epidemia sin ninguna medida que protegiera la salud pública.

En Seattle, por su parte, los conductores de tranvías se negaron a rechazar a los pasajeros sin tapabocas.

Un conductor de tranvía rechaza la entrada a un viajero que no usa máscara, Seattle, Washington, diciembre de 1918.

Getty Images
Un conductor de tranvía rechaza la entrada a un viajero que no usa mascarilla en Seattle, Washington, diciembre de 1918.

El incumplimiento estaba tan extendido en Oakland que los funcionarios delegaron a 300 voluntarios civiles del Servicio de Guerra para conseguir los nombres y direcciones de los infractores para que pudieran ser acusados.

Cuando entró en vigencia una orden de mascarillas en Sacramento, el jefe de policía ordenó a los oficiales: “Salgan a las calles y siempre que vean a un hombre sin tapabocas, tráiganlo o manden a buscar el carro”. En 20 minutos, las estaciones de policía se inundaron de delincuentes.

En San Francisco hubo tantos arrestos que el jefe de policía le advirtió a los funcionarios de la ciudad que se estaba quedando sin celdas en la cárcel. Los jueces y oficiales se vieron obligados a trabajar hasta altas horas de la noche y los fines de semana para despejar la acumulación de casos.

Protestas

Muchos de los que fueron sorprendidos sin mascarillas eran personas que pensaron que podían ir a hacer un mandado o al trabajo sin que los atraparan.

En San Francisco, sin embargo, el incumplimiento inicial se convirtió en un desafío a gran escala cuando la ciudad promulgó una segunda ordenanza sobre tapabocas en enero de 1919, momento en que la epidemia se disparó nuevamente.

Muchos denunciaron lo que consideraron una infracción inconstitucional de sus libertades civiles.

Policía estadounidense con máscara.

Getty Images
La decisión de arrestar a quienes no usaran mascarillas llenó las cárceles de “delincuentes”.

El 25 de enero de 1919 aproximadamente 2,000 miembros de la Liga Antimascarilla hicieron una manifestación para denunciar la ordenanza de tapabocas y proponer formas de derrocarla. Entre los asistentes se encontraban varios médicos destacados y un miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco.

Ayer y hoy

Es difícil determinar la efectividad de las máscaras utilizadas en 1918.

Hoy en día, tenemos un creciente cuerpo de evidencia de que los revestimientos faciales de tela bien confeccionados son una herramienta eficaz para frenar la propagación del covid-19.

Sin embargo, queda por verse si los estadounidenses mantendrán el uso generalizado de mascarillas mientras la pandemia actual continúa desarrollándose.

Los ideales profundamente arraigados de la libertad individual, la falta de mensajes cohesivos y liderazgo en el uso de mascarillas y la desinformación generalizada han demostrado ser los principales obstáculos hasta ahora, precisamente cuando la crisis exige consenso y un cumplimiento generalizado.

Ese fue ciertamente el caso en muchas comunidades durante el otoño de 1918. Esa pandemia finalmente mató a unas 675,000 personas en EE.UU.

Ojalá que la historia no esté repitiéndose.


* J. Alexander Navarro es el subdirector del Centro de Historia de la Medicina de la Universidad de Michigan.

Esta nota apareció originalmente en The Conversation y se publica aquí bajo una licencia de Creative Commons.

Lee la nota original en inglés aquí.

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https://www.youtube.com/watch?v=zdkwo02LwCs

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