Jueces decidirán liberación de 800 personas ante epidemia en CDMX
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Jueces decidirán caso por caso posible liberación de 800 personas ante epidemia en CDMX

Si no se cumplen los requisitos, como que la reparación de daño esté cubierta y el interno no represente un riesgo para la víctima, no procederá la liberación, aclara el Poder Judicial capitalino.
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El anuncio de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de que 800 personas obtendrán su liberación de centros penitenciarios durante la pandemia del COVID-19, no es un hecho. La decisión de si esto es procedente o no depende de jueces capitalinos que analizarán caso por caso, y otorgarán este beneficio solo si se cumplen una serie de requisitos que la ley contempla. 

Entre dichos requisitos se encuentra que el daño causado por la persona ya haya sido reparado, que este no represente un potencial riesgo para las víctimas si sale de prisión, y que haya cumplido el 75% de la pena impuesta originalmente si se trata de una libertad anticipada.

Así lo aclaró en entrevista la jueza Cuarta de Ejecución de Sanciones Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México, Karina Becerril Chávez. Los jueces de ejecución de sanciones son los responsables de decidir en definitiva si una persona puede ser liberada o no.

“En efecto se están estudiando unos 800 expedientes remitidos por el gobierno de la ciudad. Pero se respeta el procedimiento que dice la ley y en cada caso en concreto se determina si la persona privada de la libertad cumple con los requisitos para obtener el beneficio. No basta con que la persona sea mayor o tenga un padecimiento congénito para que proceda” dijo.

De acuerdo con cifras oficiales, los 800 internos que pueden obtener la libertad como meta representan el 3% de toda la población penitenciaria de la Ciudad de México.

Sobre este tema se consultó también a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México, quien confirmó la decisión de liberar o no a los reos de forma anticipada dependen exclusivamente del Poder Judicial.

A continuación, Animal Político detalla los puntos clave en torno a este plan del gobierno capitalino para que 800 reos sean liberados en el contexto de la pandemia de COVID-19.

¿Quiénes podrían ser liberados?

De acuerdo con la información dada a conocer por el gobierno capitalino, las 800 solicitudes de liberación anticipada que se han presentado ante el Poder Judicial de la ciudad están relacionadas con personas que, por su condición física o de salud, pudieran encontrarse en mayor riesgo si se enferman de COVID-19.

Se trata fundamentalmente de internas e internos de edad avanzada o con alguna condición de riesgo como embarazos o padecer alguna inmunodeficiencia.

Pero ni la edad avanzada ni una condición física bastan para que una persona pueda ser liberada antes de tiempo. La juez Becerril subraya que el interno en cuestión tiene que cubrir los requisitos que señala la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) para otorgar este tipo de beneficios. Solo quien los cumpla puede ser liberado.

Leer más: Ley de Amnistía solo sacará de la cárcel a 7% de presos y las liberaciones tardarían meses

¿Cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir?

El artículo 141 de la LNEP establece una serie de requisitos para que un interno pueda obtener el beneficio de la liberación anticipada, y que se resumen en lo siguiente:

  1. Que el interno esté purgando una sola sentencia y que ya haya cumplido, al menos, con el 75% del tiempo de esta.
  2. Que el interno no esté siendo procesado por otro delito.
  3. Que el interno ya haya cubierto el pago de reparación del daño o multa en favor de la víctima, y que su libertad no represente un riesgo razonable para ella o para todos los que hayan testificado en su contra.
  4. Que el interno haya mostrado buena conducta durante su reclusión.

Además, la jueza Becerril subrayó que solo podrán acceder a este beneficio aquellos que no hayan cometido delitos que se consideran graves como delincuencia organizada, trata de personas o secuestro.

¿Cuál es el procedimiento para liberación anticipada?

La jueza explicó que todo arranca con la solicitud formal del propio interno o del gobierno para que se le conceda la liberación antes de cumplir la totalidad de su condena. La petición es turnada entonces a un juez de Ejecución que será el encargado de analizarla y verificar si se cumplen todos los requisitos.

“Y entonces se da intervención a todas las partes. Esas partes son la Consejería Jurídica quien a través de un defensor público asiste al interno; la Fiscalía General de Justicia con el Ministerio Público; y la víctima con su asesor jurídico, ya sea público o privado. Se procede con el análisis y finalmente si se cumplen todos los puntos el juez resuelve si concede o no el beneficio” explicó Becerril.

Por otro lado, la ley contempla en su artículo 136 una modalidad distinta denominada “libertad condicional”, que permite al interno continuar con su pena fuera de prisión, pero condicionada a algún tipo de vigilancia o control (como firmar todos los días un registro o colocar un brazalete electrónico) durante el tiempo que le reste de la misma.

Los requisitos son los ya mencionados en el caso de la “libertad anticipada”, pero con la diferencia de que la persona puede solicitarla a partir de que cumple la mitad de la sentencia, siempre y cuando el delito no sea grave.

Becerril subrayó que el incumplimiento de las obligaciones que se imponen a un interno en libertad condicional puede traer consigo que la misma sea cancelada y el juez de Ejecución ordene su reaprehensión.

¿Cuántos de los 800 ya han quedado libres?

De acuerdo con autoridades del Poder Judicial de la Ciudad de México, de los casi 800 expedientes que están bajo análisis, hasta ahora solo se ha considerado procedente la liberación de una tercera parte. El resto sigue en estudio. El gobierno capitalino aseguró que 250 ya habrían obtenido una resolución favorable de libertad anticipada.

¿Cuántos internos están en riesgo alto por COVID-19?

De acuerdo con estadísticas de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de los poco más de 25 mil internos en cárceles de Ciudad de México hay 876 personas que tienen más de 60 años, de los cuales 809 son hombres y 67 son mujeres. Preservar la salud de todos ellos es prioritario pues, como ya se ha dicho, la letalidad de COVID-19 en las personas de edad avanzada es mucho mayor.

Otro sector de alto riesgo es el de las mujeres embarazadas. De acuerdo con los datos oficiales en la capital hay nueve mujeres internas que se encuentran en esa condición.

Además, la estadística del Sistema Penitenciario capitalino muestra que existen 185 internos contagiados de VIH – SIDA, lo que los ubica como una población de riesgo debido a las afectaciones a su sistema inmunológico.

A todos ellos se sumarían los internos que padecen algún tipo de padecimiento crónico como diabetes o hipertensión, pero de ellos no da cuenta la estadística.

Cabe señalar que hasta ahora la Subsecretaría del Sistema Penitenciario solo ha confirmado cuatro casos de internos infectados con el virus que causa COVID-19, todos de recién ingreso y quienes permanecen aislados en cuarentena.

¿Ayudaría la medida despresurizar los penales?

La posible liberación de hasta 800 internos ayudaría a reducir el tema de sobrepoblación penitenciaria en la ciudad, solo en la medida en que los casos se concentran en los dos reclusorios capitalinos que presentan este problema.

A nivel general la población penitenciaria en Ciudad de México es de 25 mil 41 internos, lo que se encuentra por debajo de los 27 mil 549 espacios disponibles con los que cuentan en total los 14 centros de reclusión de la capital. Es decir, en términos globales no hay sobrepoblación penitenciaria.

Sin embargo, la población carcelaria no está distribuida de forma equitativa en dichas cárceles. Los dos reclusorios mas grandes de la capital sí presentan problemas de sobrepoblación.

El Reclusorio Preventivo Varonil Oriente alberga a 7 mil 184 internos dentro de una instalación diseñada para un máximo de 6 mil 92. Equivale a una sobrepoblación del 18%.

Mientras que el Reclusorio Varonil Norte reportaba hasta el cierre de marzo pasado una población de 8 mil 435 internos, casi 36% por encima de la capacidad instalada en dicho centro que es solo de 6 mil 208 lugares.

El resto de los reclusorios de la ciudad no registran problemas de sobrepoblación.

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El Halconazo: cómo fue la masacre que dejó cientos de estudiantes muertos en México y fue investigada como genocidio

Luego de la matanza de estudiantes de 1968, los universitarios de México volvieron a salir a las calles el 10 de junio de 1971. La fecha es recordada como el "halconazo", pues enfrentaron otro tipo de represión encubierta.
9 de julio, 2022
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La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México.

Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.

Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.

Hasta el 10 de junio de 1971.

En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico -que luego daría nombre a lo ocurrido-, vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.

“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.

Pero todo terminó en una nueva matanza.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los universitarios se reunieron en Ciudad de México el 10 de junio de 1971.

Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.

A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.

Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.

El motivo de la protesta

La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.

Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas.

“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de “Tiempo suspendido”, un libro que documenta -incluso con archivos clasificados- lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.

Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) -las dos instituciones superiores más importantes del país- respondieron al llamado.

En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

INEHRM
La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno. Pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica.

Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.

El inicio del ataque

A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10.000 estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.

Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.

“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.

Jóvenes protestan el 10 de junio de 1971 en Ciudad de México

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
La policía y el ejército no buscaba disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles.

Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” -reportes dicen que eran al menos 400 o 500- en el cruce de dos avenidas.

Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.

“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.

Miembros del grupo los "Halcones"

INEHRM
Los miembros de los “halcones” fueron armados con apoyo de la policía y el ejército, según se supo después.

Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.

“Vi que la policía se bajaba para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.

“Fue una ratonera”

Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM

El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.

Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.

“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los “halcones” utilizaron armas de fuego incluso en hospitales.

Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.

También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.

Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.

“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.

El “remate” en hospitales

La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.

Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Algunos recuentos indican que ese día murieron hasta un centenar de jóvenes, pero la documentación muestra que fue una treintena.

“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospitaly agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.

La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.

“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.

Estudiantes protestando en México el 10 de junio de 1971

CUEC-UNAM
Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así.

Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.

Un “genocidio” descalificado

El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.

“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Los periodistas también fueron atacados por los “halcones”, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno.

En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.

“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.

Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.

Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.

Luis Echeverría

Getty Images
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.

El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.

50 años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.

En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.

La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.

Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.

Miembros del grupo los "Halcones"

Paco Ignacio Taibo II/La Jornada
Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971.

Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.

“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.

“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.

“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.


Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.


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