¿La nueva Ley de Educación de Puebla afecta a colegios privados?
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Archivo Cuartoscuro

Nueva Ley de Educación de Puebla, ¿qué establece y por qué reclaman los colegios privados?

Rectores de universidades privadas y legisladores de oposición cuestionaron la Ley de Educación de Puebla y cómo se aprobó.
Archivo Cuartoscuro
26 de mayo, 2020
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El Congreso de Puebla, con mayoría morenista, aprobó el 15 de mayo la Ley de Educación del Estado, una legislación que ha sido criticada por universidades particulares y legisladores de oposición, quienes dicen que incrementa las medidas de vigilancia y que busca “adueñarse” de la educación privada.

Un grupo de rectores de universidades privadas del estado, denominado Consorcio Universitario, consideró que dicha ley fue aprobada al vapor, que incrementa la vigilancia y “vulnera el derecho de autogestión y decisión sobre el destino de los recursos obtenidos lícitamente por las instituciones particulares”.

Las instituciones privadas, señalaron, no se deben centrar “en la gestión burocrática y el cumplimiento de normas excesivas que no agregan ningún valor al proceso educativo de excelencia”.

Aunque el grupo firmó el texto el 14 de mayo, su mensaje se difundió nuevamente este domingo en notas periodísticas y fue retomado por los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes añadieron que la legislación fiscaliza a las escuelas privadas, impone cuotas y pretende “adueñarse de la educación privada”.

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El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, explicó en este sentido que el alcance de la ley no tiene que ver con apropiarse de los bienes muebles e inmuebles, “sino de que los mismos sirvan para los fines educativos a que son destinados”.

Artículos controversiales

Especialistas consultadas por Animal Político explicaron que se trata de una armonización con la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del 2019, de la que se desprenden párrafos similares incluidos en la legislación estatal.

La nueva ley en Puebla contempla en su artículo 105 que los bienes muebles, inmuebles y servicios destinados a la educación, tanto públicos como de privados con validez oficial forman parte del Sistema Educativo Estatal, por lo que deberán cumplir con requisitos de calidad, seguridad, accesibilidad e higiene establecidos por la autoridad educativa estatal.

Un párrafo similar, explica Arcelia Martínez Bordón, académica del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana y coordinadora del Faro Educativo de la IBERO, está incluido en el artículo 99 de la ley federal.

“Son cosas que no son nuevas, ya estaban aprobadas en la Ley General de Educación, y la ley estatal recoge y armoniza. Está en el marco de la legalidad”, explicó.

Algo similar sucede con otros artículos cuestionados por el grupo de rectores y que también tienen un artículo paralelo en la Ley General de Educación, como el 146, que permite que las autoridades revisen el aumento de cuotas, y el 147, que establece infracciones para escuelas que comercialicen “bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, con excepción de los de alimentos”.

Lo anterior, según el Consorcio Universitario, vulnera “el derecho de autogestión y decisión sobre el destino de los recursos obtenidos lícitamente por las instituciones particulares” así como la gestión lícita de recursos y de elección de proveedores, que “sin embargo pueden resultar en beneficios para los padres de familia y/o estudiantes”.

Lee: Desde 2015, menos de 1% de presupuesto de educación básica fue para calidad de la enseñanza

El artículo 117, también en la legislación federal, señala que las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria deben promover la transparencia con un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel.

Ana María Zorrilla candidata a Doctora en Derecho por la UNAM y profesora en el ITAM, coincidió en que esta ley responde a una armonización, pero consideró que le falta claridad a las disposiciones.

“Si bien el congreso local tuvo 12 meses para organizar un ejercicio de parlamento abierto y de reflexión profunda sobre este tema tan trascendental, lo hizo en muy pocos días”, dijo la especialista a Animal Político.

Agregó que la replicación íntegra de las disposiciones de la ley general “denota la falta de un ejercicio reflexivo para lograr que la legislación local se adecúe a las circunstancias propias de la entidad federativa” y que da lugar a diferentes interpretaciones.

Temor por la “ley al vapor”

José G. Mata Temoltzin, rector de la Universidad Anáhuac Puebla y que está al frente del Consorcio Universitario, consideró que la ley contiene ambigüedades que no fueron resueltas en el congreso, debido a que se aprobó por la vía rápida.

Mata Temoltzin dijo a Animal Político que, respecto del artículo 105, que menciona la integración de bienes muebles, inmuebles y servicios al Sistema Educativo Estatal no queda claro a qué se refiere.

“¿Qué quiere decir esto? No lo sabemos: no sabemos si se trata de una expropiación, de una intencionalidad o simplemente un catálogo para tener a la mano qué instituciones son. Puede ser que hoy no se pretenda tener una injerencia como tal, pero deja abierta la puerta para que cualquier autoridad en cualquier momento pueda hacerlo”, agregó.

En este sentido, María Zorrilla consideró que la expresión “formar parte” no se refiere a ser “propiedad” del sistema educativo, sino a que esos muebles, inmuebles, servicios e instalaciones “pertenecen” al mismo sistema, pero insistió en que hubo fallos en la redacción de las leyes.

El rector de la Universidad Anáhuac acusó además que previo a la aprobación de la ley, el consorcio buscó acercamiento con las autoridades, que accedieron a debatirla, pero programaron las citas para después de que ésta se había aprobado en la comisión de educación.

Las universidades del consorcio, afirmó Mata Temoltzin, no estamos en contra de ser reguladas o en contra de que la ley se nos aplique, pero no hubo disposición para el diálogo.

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Facebook: la demanda del gobierno de EU contra la red social que busca obligarle a que venda Instagram y WhatsApp

Las autoridades federales acusan a la compañía, propietaria de Instagram y WhatsApp, de prácticas ilegales para impedir la libre competencia.
11 de diciembre, 2020
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Reguladores federales y fiscales de más de 45 estados de EU demandaron este miércoles a Facebook por lo que consideran prácticas monopólicas para absorber potenciales competidores y asfixiar la libre competencia.

La demanda es uno de los pasos más significativos que ha dado hasta la fecha el gobierno estadounidense contra la compañía tecnológica y, de alcanzar su objetivo, podría llevar a los tribunales a ordenar a Mark Zuckerberg la venta de Instagram y WhatsApp.

Facebook alega que los acuerdos de compra de esas últimas empresas, ahora bajo la lupa de los tribunales, ya recibieron el visto bueno de las autoridades años atrás .

“El gobierno quiere ahora una revisión, enviando a las empresas estadounidenses el mensaje escalofriante de que no hay venta que sea definitiva”, dijo Jennifer Newstead, consejera general de Facebook.

Newstead indicó que la compañía había invertido millones de dólares para que Instagram y WhatsApp fueran exitosos y que Facebook se defendería “vigorosamente” en las cortes.

“Las leyes antimonopolio existen para proteger a los consumidores y promover la innovación, no para castigar a las empresas exitosas”, agregó.

¿En qué consisten las demandas?

Las demandas presentadas por los estados y la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) se centran en la adquisición de Instagram por parte de Facebook en 2012, la compra de WhatsApp en 2014 y las reglas que rigen a los desarrolladores de software externos.

Los demandantes acusan a Facebook de adoptar un enfoque de “comprar o enterrar” a los rivales potenciales, perjudicando a los competidores.

Y, también, a usuarios, que según los fiscales han perdido el control de sus propios datos para respaldar los ingresos publicitarios de la empresa.

Zuckerberg

Reuters
Las demandas citan correos internos de Zuckerberg.

Las demandas citan mensajes internos de Zuckerberg, como un correo electrónico de 2008 que decía que era “mejor comprar que competir”.

“Durante casi una década, Facebook ha utilizado su dominio y poder de monopolio para aplastar a rivales más pequeños y acabar con la competencia, todo a expensas de sus usuarios”, dijo la procuradora general de Nueva York Letitia James, quien lidera la batalla legal de los estados.

“Ninguna empresa debería tener tanto poder sin control sobre nuestras interacciones personales y sociales. Por eso estamos tomando medidas hoy”, agregó.


Una larga batalla legal para Facebook

por James Clayton, corresponsal de tecnología de la BBC para América del Norte

A veces es bastante difícil comprender cuán grande es el poder de esta empresa: Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram, todos propiedad de una única compañía

Lo que sostiene la Comisión Federal de Comercio (FTC) es que hay una razón por la que Facebook llegó a dominar este sector tan lucrativo: adquirió la competencia ilegalmente.

Dos personas sostienen sus celulares ante un cartel con el logotipo de WhatsApp.

Getty Images
WhatsApp es una de las apps de mensajería más utilizadas del mundo.

En 2012, Instagram estaba creciendo rápidamente. Facebook estaba preocupado.

Zuckerberg había admitido que Instagram era un competidor y lo compró por una cifra que ahora parece baja: 1.000 millones de dólares.

WhatsApp también estaba creciendo a velocidades increíbles en 2014. ¿Iba a amenazar el propio servicio de mensajería de Facebook? Zuckerberg también lo compró.

Ambas adquisiciones fueron analizadas previamente por la FTC y fueron aprobadas.

The Facebook logo is displayed on a mobile phone

Reuters
El gobierno de Trump ha tenido una relación complicada con Facebook.

Ese es el argumento de Facebook, que compraron estas empresas cuando eran mucho más pequeñas, que no había nada predeterminado sobre su éxito.

En otras palabras, no castiguen a Facebook por crear empresas estadounidenses exitosas.

La separación de Instagram y WhatsApp de Facebook ahora se decidirá en los tribunales, pero estas demandas antimonopolio llevan tiempo.

También habrá una amplia oportunidad para apelaciones, así que no deberíamos esperar una potencial ruptura de Facebook en un futuro mediato.

Pero esto es una indicación más de hacia dónde se dirigen ahora los tribunales y los políticos: las grandes empresas tecnológicas son demasiado grandes a los ojos de muchas personas.

Acusaciones de monopolio

Las demandas ocurren en un momento en el que los reguladores estadounidenses están examinando más de cerca el poder del que disfrutan las empresas de tecnología.

Este verano, los jefes de Google, Amazon, Facebook y Apple se vieron obligados a testificar ante el Congreso, como parte de una investigación más amplia sobre su influencia en el mercado.

En octubre, el Departamento de Justicia demandó a Google, acusando a la empresa de violar las leyes de competencia de Estados Unidos para mantener el monopolio de las búsquedas y la publicidad en internet.

Más de 2.500 millones de personas utilizan una de las aplicaciones de Facebook cada día.

La empresa, valorada en casi US$800.000 millones, emplea a más de 56 mil personas y reportó más de 18 mil millones de dólares en ganancias el año pasado.

El Open Markets Institute, un grupo de expertos de Washington que ha estado presionando a los reguladores para que adopten una postura más agresiva contra las empresas de tecnología, dijo que las demandas eran un “paso crítico” hacia adelante.

“Todavía hay más por hacer, pero este es un gran momento”, escribió la organización en Twitter.


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