Sin empleo o dinero y con hijos con discapacidad: la lucha de dos madres
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Sin empleo o dinero y con hijos con discapacidad: la lucha de dos madres

María Salomé M. y Rosalía M. son dos madres que se quedaron sin trabajo por la contingencia de COVID-19. Promovieron demandas de amparo para exigir el pago de la pensión de Bienestar para sus hijos con discapacidad.
Yo También
Por Emiliano González Islas / YoTambién.mx
20 de junio, 2020
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Mi nombre es María Salomé M. Desde hace más de 10 años me dedico a la venta de postres afuera de APAC, la institución educativa a la que asisten mis hijos Alexis, de 24 años, y D, de 12. El coronavirus nos puso a los tres en una situación sin precedentes: yo no puedo vender ni obtener un ingreso por mi trabajo, y ellos deben quedarse en casa bajo mi cuidado.

Mi decisión de dedicarme al comercio informal no es fortuita: mis dos hijos tienen argininemia, un trastorno poco frecuente que provoca discapacidad motriz y cognitiva. Por ello, en todo momento debo estar cerca de Alexis y D. para atender cualquier situación de emergencia, como una convulsión, lo que me impide tener un empleo formal.

Leer más: ¿Cómo viven las personas con discapacidad la contingencia por COVID-19? Ellos lo cuentan

Pero mi fuente de ingresos se agotó desde el 17 de marzo. Durante tres meses solo he contado con la ayuda económica del padre de mis hijos (que equivale a la mitad de la renta del departamento en el que vivimos) y con la pensión del programa de apoyo a personas con discapacidad, que otorga el gobierno y es de 2,550 pesos bimestrales. Solo Alexis es beneficiario de este programa. D. también podría serlo, de hecho le dieron una carta de bienvenida y una tarjeta de banco para recibir el apoyo. Pero de forma inexplicable, jamás lo ha recibido.

En juego, el derecho a la vida

La Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, definió el Programa de Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad como “un acto de justicia”, en una de las conferencias de prensa vespertinas que ofrece el gobierno federal para hablar sobre estos temas.

La funcionaria agregó que más de medio millón de niños, niñas, adolescentes y jóvenes están inscritos a este programa, así como más de 90 mil adultos indígenas. La meta es llegar a un millón de beneficiarios en diciembre, y actualmente están preparando la inclusión de 200 mil personas más. 

Sin embargo, hay casos como el de D., que califica para el apoyo y nunca lo ha recibido. Esta fue la razón por la que un grupo de profesionales del derecho presentó una demanda de amparo el 27 de mayo, en la que solicitó una medida cautelar urgente para garantizar el derecho a vivir con dignidad de la niña y su madre.

“Lo que argumentamos en la demanda fue una violación al derecho fundamental al mínimo vital, que se refiere a la obligación del Estado mexicano de garantizar el acceso de todas las personas a los recursos que permitan subsistir en condiciones dignas y autónomas”, dice Gabriel Baltazar, uno de los abogados que tomaron el caso de forma gratuita.

Para garantizar el mínimo vital, el Estado debe otorgar prestaciones en ciertos casos, cuando las personas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Los abogados que llevan el caso de María consideran que ella y sus hijos se encuentran en dicha situación, ya que tienen dos opciones: salir y buscar los recursos que necesitan, con el peligro de contraer una enfermedad mortal como el COVID-19, o quedarse en casa sin poder garantizar su subsistencia. Además, “la pandemia forma una especie de prisión; las personas no pueden ser autónomas si su decisión de salir a la calle implica un riesgo desproporcionado de que ellas o sus familias se enfermen”, alega Gabriel Baltazar.

Sin embargo, el 28 de mayo la Juez Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez, resolvió que el caso no era urgente al no estar relacionado de manera directa con temas donde estén en juego la salud o la integridad física, por lo que no podía revisarse durante la contingencia. Los abogados promovieron un recurso de queja que finalmente procedió, ya que involucra el derecho a la vida de una menor de edad con discapacidad. 

“Es claro que la menor promovente está en un plano de vulnerabilidad ante el virus COVID-19, riesgo que -contrario a lo dicho por el juez de distrito- puede implicar un deterioro grave en su salud e incluso la pérdida de la vida”, se lee en la resolución del recurso de queja. Asimismo, al ser María la principal cuidadora física, emocional y económica de D. y Alexis, “la vida y la salud de sus hijos dependen de la de ella”.

Leer más: Madre con COVID-19 enfrenta el reto de cuidar a su hijo con discapacidad

A la juez Gutiérrez se le ordenó revisar el caso, y el 8 de junio pasado concedió una suspensión provisional. Asimismo, ordenó que las autoridades responsables “inicien de manera inmediata un procedimiento para integrar a las quejosas a un programa social, acorde a las cualidades y contexto social que tengan a su disposición” (puedes leer el documento completo con la orden de la Juez aquí). No obstante, a la fecha ni María ni D. han recibido ningún apoyo. El propio Gabriel Baltazar reconoce que es imposible predecir cuándo podrían recibirlo, además, al ser una suspensión provisional, la pensión sólo se otorgaría durante el tiempo que dure el juicio.

El abogado reprocha que hay más personas en situación de extrema vulnerabilidad, sin posibilidades de acceder siquiera a un tribunal. “Realmente no tienen acceso a la justicia o es muy complicado, por esta tendencia de desechar demandas y porque, sin los recursos suficientes para apelar, las cosas se quedan así, en un nivel mínimo de atención. Es muy preocupante que se les cierren las vías institucionales para presentar y exponer sus problemas”.

Un caso sin respuesta: Rosalía M 

Soy Rosalía M. Vivo en Nuevo Laredo con mi hijo J, de 12 años, quien tiene síndrome de Down. En este momento me encuentro desempleada, no cuento con seguro social y soy mamá soltera.

Desde noviembre de 2018, cuando inició la transición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, me censaron para integrar a mi hijo al programa de pensiones para personas con discapacidad, nos llegó la tarjeta bancaria, pero hasta la fecha no hemos recibido ni un peso.

Mi hijo no está acostumbrado a quedarse solo con extraños, pero tuve que dejarlo con los vecinos (no tengo familiares en esta ciudad) para salir a vender platillos. Por esta situación y por el encierro, J. empezó a tener ataques, a morderse y hacerse del baño. Yo ya dejé de vender y me he dedicado a darle terapia en casa. También tiene cataratas y debo monitorearlo constantemente.

En la Ciudad de México me están ayudando a tramitar una demanda de amparo, porque en Nuevo Laredo no hay forma de conseguir apoyo. Me dijeron que tendría una respuesta en cuestión de días, pero no la he recibido.

Mientras tanto, los gastos siguen: mi hijo necesita lentes y medicamentos costosos, que yo conseguía en Estados Unidos pero ya no puedo comprar.

Nota del editor: Las entrevistas a María Salomé M. y Rosalía M. fueron escritas intencionalmente en primera persona, con base en los testimonios que compartieron con Yo También. Los nombres de sus hijos, salvo el mayor de edad, Alexis sólo ponemos su primera inicial.

Esta historia se publicó originalmente en el sitio YoTambién.mx

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Archivo personal

"Perdí el mejor empleo de mi vida por una foto en redes sociales": los peligros de la cultura de la cancelación

Los llamados al boicot a empresas o personas que tengan comportamientos considerados “errados” o inadecuados divide a los progresistas y aviva el debate en Estados Unidos.
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23 de julio, 2020
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El pasado 3 de junio, el estadounidense Emmanuel Cafferty, de 47 años, volvía a su casa después de una jornada más de trabajo.

Su rutina consistía en pasar entre 8 y 12 horas al día inspeccionando las redes subterráneas de gas y electricidad de la ciudad de San Diego, California.

Caía la tarde y hacía calor.

Al volante de la camioneta de la empresa, mantenía la ventanilla abierta y el brazo izquierdo en el exterior.

Según Cafferty, juntaba dos dedos de la mano distraídamente, en un gesto que repitió varias veces durante la entrevista con BBC News Brasil.

“En ese momento, un desconocido con un celular y una cuenta de Twitter puso mi vida del revés“, cuenta Cafferty.

Una fotografía dañina

Hacía apenas una semana que George Floyd, un hombre negro desarmado, moría después de que un policía blanco le retuviera en el suelo durante varios minutos presionándole el cuello con la rodilla en Mineápolis.

Las imágenes de la muerte de Floyd desencadenaron lo que se considera la mayor ola de protestas contra el racismo en Estados Unidos en la historia reciente.

En ese contexto, el chasquido de dedos de Cafferty fue interpretado por otro conductor como un gesto específico: un símbolo usado por supremacistas blancos.

“Ese hombre comenzó a tocar la bocina y a insultarme. Gritaba: ‘¿va a seguir haciendo eso?’ y sacó el celular para fotografiarme. Pensé que tal vez le había cerrado el paso en el tráfico, por accidente. Pero estábamos los dos parados en el semáforo y yo no entendía nada”, relata.

Dos horas después del incidente, su supervisor le llamó para decirle que había sido denunciado como racista en las redes sociales y que le suspendía del trabajo sin sueldo.

Una hora más tarde, sus colegas llegaron a su casa para llevarse la camioneta y la computadora de la empresa. Cinco días después fue despedido.

“Así fue como perdí el mejor empleo de mi vida“, dice Cafferty. Sin estudios superiores, hijo de inmigrantes mexicanos, vivía su versión del sueño americano.

Ganaba 41 dólares la hora, el doble que en su empleo anterior, y tenía cobertura de salud y de jubilación por primera vez en su vida.

Cuando consiguió la plaza, seis meses atrás, él, sus tres hijas y sus nietos salieron a comer para celebrarlo.

¿Ok o supremacía blanca?

Cafferty explica que no tenía ni idea de que el gesto que se le atribuye, comúnmente asociado con un “OK” en Estados Unidos, pudiese tener connotaciones racistas.

De acuerdo a la Liga contra la Difamación, una organización centenaria que combate los discursos de odio en Estados Unidos, el símbolo del “OK” fue adoptado en 2017 por usuarios racistas en foros de internet como 4chan. La propia organización recomienda tener cuidado con la interpretación de la señal.

“La abrumadora mayoría de las veces el gesto significa consentimiento o aprobación. Por eso no se puede presumir que alguien que lo haga lo esté usando en un contexto de racismo, a menos que exista otra prueba para apoyar esa percepción. Desde 2017, muchas personas fueron acusadas erróneamente de ser racistas o supremacistas por usar el gesto en el sentido tradicional e inocuo”, alerta la organización.

George Floyd

Twitter/Ruth Richardson
George Floyd dijo en repetidas ocasiones que no podía respirar.

Eso es exactamente lo que le pasó a Cafferty. O peor.

“En mi caso, no era un símbolo. Solo estaba chasqueando los dedos. Pero un hombre blanco lo interpretó como un gesto parecido al ‘OK’, que sería racista, y se lo dijo a mis jefes, también blancos, que decidieron creerle a él, no a mí, que no soy blanco”, afirma exasperado, al tiempo que se frota los brazos para mostrar el color de su piel.

El autor de la fotografía y del primer post contra Cafferty admitió ante el equipo local de la cadena estadounidense NBC que quizá exageró en la interpretación que hizo del supuesto gesto y que, a pesar de haber etiquetado en su publicación a la empresa en la que Cafferty trabajaba, no quería que fuera despedido.

El usuario borró el mensaje original e incluso la cuenta de Twitter. Pero ya era tarde, el post se había viralizado y el empleo estaba perdido.

BBC News Brasil no logró localizar al autor del post original.

“Una multitud de Twitter me canceló. Ya llamé a todos mis exempleadores en las seis semanas desde que aconteció el episodio y nadie me llama de vuelta. Lo primero que hace un empleador a la hora de contratar es poner el nombre en Google. El mío quedó ligado a este episodio, sin importar si era cierto o no. No sé cómo voy a seguir con mi vida de aquí para adelante”, se desahoga.

Ha tenido que acudir a terapia semanal para lidiar con el dolor y el miedo que ha sentido.

Multitud online, efectos offline

El caso de Cafferty es emblemático de lo que se considera un peligroso efecto colateral de la llamada cultura de la cancelación.

El movimiento comenzó hace algunos años como una forma de llamar la atención sobre causas de justicia social y preservación medioambiental, como una manera de amplificar la voz de los grupos oprimidos y forzar acciones políticas de marcas o figuras públicas.

Funciona así: un usuario de redes sociales como Twitter o Facebook, presencia un acto que considera equivocado, lo graba en video o lo fotografía y lo publica en su cuenta, con el cuidado de etiquetar a la empresa empleadora del denunciado y autoridades públicas u otros influencers digitales que puedan amplificar el alcance del mensaje. Es común que, en cuestión de horas, el post haya sido replicado miles de veces.

La cascada de menciones a una empresa suele precipitar actitudes sumarias para frenar el desgaste de imagen, sin que la persona a la que se denuncia pueda defenderse adecuadamente.

“En mi caso, me escucharon una vez y luego ya me despidieron. Parece que concluyeron que era un racista”, señala Cafferty.

BBC News Brasil intentó hablar con la empresa SDG&E, donde trabajaba Cafferty, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de este reportaje.

Como reacción a las primeras denuncias de usuarios contra Cafferty en Twitter, la empresa afirmó: “Creemos firmemente que no hay espacio en la sociedad para ningún tipo de discriminación” y añadió que inició una investigación sobre la conducta del entonces todavía empleado.

La cancelación va más allá del típico troleo de internet, con insultos coordinados, frecuente en disputas de opinión entre usuarios de redes.

Es un ataque a la reputación que amenaza el empleo y los medios de subsistencia actuales y futuros de la persona cancelada.

Extremadamente frecuente en Estados Unidos, hoy desprestigia también a personas anónimas, gente común como Cafferty.

“Usted puede ser cancelado por algo que diga en medio de una multitud de completos extraños si alguno de ellos lo graba en video, o por un chiste que suene mal en las redes sociales, o por algo que usted dijera o hiciera hace mucho tiempo y de lo que quede algún registro en internet”, escribió el columnista del diario The New York Times Ross Douthat en un artículo sobre el fenómeno de la cancelación.

“Y no hace falta que sea prominente, famoso o político para ser públicamente avergonzado y permanentemente marcado: todo lo que usted necesita hacer es tener un día particularmente malo y las consecuencias pueden durar mientras Google exista

¿Injusticias en el movimiento por la justicia social?

El alcance de la cultura de la cancelación en Estados Unidos ha despertado dudas ante la posibilidad de que se cometan injusticias.

El de Cafferty no es un caso único.

A finales de mayo, un investigador contratado por una consultora política progresista compartió en Twitter el resultado de un estudio que indicaba que, en los años 60, las protestas raciales violentas aumentaron el porcentaje de votos para candidatos republicanos, en cuanto que los actos pacíficos favorecieron a los políticos demócratas en las urnas.

Activistas consideraron que su comentario era una reprimenda a los actos de protesta por la muerte de George Floyd y pasaron a exigir su dimisión. El investigador fue despedido días más tarde.

El mes pasado, una profesora de teatro en Nueva York fue acusada de haberse adormecido durante una reunión online en la que se hablaba de acciones a favor de la justicia racial en el curso.

Una petición firmada por casi 2.000 personas pidió su dimisión, acusándola de racista. La profesora lo niega y alega que estaba descansando la vista mirando para abajo momentáneamente cuando se hizo la foto.

Cruce de cartas

Ante lo que calificaron como “atmósfera sofocante”, un grupo de 150 periodistas, intelectuales, académicos y artistas, considerados progresistas, decidieron publicar en Harper’s Magazine un texto titulado “Una carta sobre la justicia y el debate abierto”.

Firmada por nombres de peso como el lingüista Noam Chomsky, los escritores JK Rowling y Andrew Solomon, la activista feminista Gloria Steinem, la economista trans Deirdre McCloskey, y el analista político Yascha Mounk, la carta afirma que “el libre intercambio de informaciones e ideas, fuerza vital de una sociedad liberal, se vuelve cada día más restringido”.

Y continúa: “Si bien esperábamos esto de la derecha radical, la censura también se está esparciendo ampliamente en nuestra cultura: una intolerancia a las visiones opuestas, una moda del señalamiento público y el ostracismo, y la tendencia a disolver cuestiones políticas complejas en una certeza moral cegadora”.

JK Rowling

Reuters
Acusada de transfobia, JK Rowling firmó una carta contra la cultura de la cancelación.

En la misma línea, una de las editoras de opinión de The New York Times, Bari Weiss, renunció esta semana por medio de una carta abierta en la que acusa a la publicación de promover un “nuevo macartismo”, en referencia a la patrulla ideológica anticomunista de los años 50 en Estados Unidos.

“Artículos que eran fácilmente publicados hace apenas dos años, ahora colocan a un editor o autor en problemas. Eso si no hace que sea despedido. Si un texto se percibe como probable fuente de reacción interna o en las redes sociales, el editor ni siquiera lo publica”, escribió Weiss, contratada por The New York Times poco después de la elección de Trump en 2016, en un esfuerzo por amplificar la diversidad de voces en el diario.

En un artículo para la publicación The Atlantic, en la que cita el caso de Cafferty, el analista político Yascha Mounk explica por qué firmó el manifiesto.

Mounk aplaude lo que llama “la nueva determinación estadounidense” para desenraizar preconceptos de la sociedad.

“No obstante, sería un enorme error, especialmente para quienes se preocupan por la justicia social, considerar lo que sucedió con Cafferty como un detalle menor o el precio a pagar por el progreso”, escribió Mounk.

La respuesta a la carta dentro del movimiento progresista no tardó en llegar.

Un grupo de periodistas, artistas e intelectuales acusó a los autores de la primera carta de, desde lo alto de su éxito profesional y cómoda posición en el mercado, ignorar las dificultades de las minorías -como la comunidad negra o la comunidad LGBTIQ- en el debate público, en el mundo académico, en las artes, en el periodismo, en el mercado editorial.

“Los firmantes, muchos de ellos blancos, ricos y dotados de grandes plataformas, argumentan que tienen miedo de ser silenciados, que la llamada cultura de la cancelación está fuera de control y que temen por sus empleos y por el libre intercambio de ideas, al mismo tiempo que se expresan en una de las revistas de mayor prestigio del país”, señalan los firmantes del nuevo documento, titulado “Una carta más específica sobre la justicia y el debate abierto“.

Algunos de los que suscribieron el texto prefirieron permanecer anónimos, citando apenas la institución en la que trabajan, por miedo a las represalias.

Los autores citan por su nombre a algunos de sus antagonistas: mencionan que la escritora JK Rowling estuvo involucrada recientemente en un debate sobre la palabra “mujer”.

Una protesta por los derechos de las personas transgénero

Getty Images
Las activistas transgénero defienden su derecho a autodefinirse como mujeres.

Al comentar un texto que hablaba de “personas menstruantes”, Rowling afirmó: “Si el sexo biológico no es real, la realidad que viven globalmente las mujeres queda borrada. Yo conozco y amo a personas trans, pero borrar el concepto de sexo biológico elimina la capacidad de muchas personas de analizar el significado de sus vidas. Decir la verdad no es discurso de odio”.

Su afirmación fue tachada de transfóbica y fue duramente criticada.

La discusión política en torno a la cuestión será larga y beligerante.

Ajeno a ella, Cafferty intenta recuperar su empleo. Demandó a la empresa en la que trabajaba y al hombre que lo fotografió, pero no espera que haya un veredicto antes de un año.

Cafferty dice simpatizar con los movimientos por la justicia racial, pero indica que nunca realizó activismo político en su vida.

“Ni cuenta de Twitter tenía antes de ser cancelado”, subraya.


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https://www.youtube.com/watch?v=QkzsUZOK6-0&t=28s

https://www.youtube.com/watch?v=82qlWHpSRaw&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=4hw6wlscdUk

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