Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, informó este sábado que presentó una controversia constitucional contra el decreto publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que permite a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad pública.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde argumenta que el acuerdo publicado el 11 de mayo se aleja de los parámetros que establece la Constitución, dejando al Ejército y a la Marina sin un marco jurídico sobre su actuación.
“Preocupa que el acuerdo contradice el texto constitucional respecto a la complementariedad y la subordinación de las fuerzas armadas que participen en tareas de seguridad pública a las autoridades civiles al establecer que el secretario de Seguridad Pública debe “coordinarse” con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar)”, indicó.
La diputada señaló que tomó esta decisión después de diálogos con organizaciones de la sociedad civil y constitucionalistas.
“El propósito de la controversia no es cuestionar la facultad del Presidente de la República para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sino asegurar que éste cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución, y con ello asegurar que sus acciones para otorgar seguridad a las y los mexicanos sean efectivas y estén sólidamente ancladas en la legalidad”, detalla en un comunicado.
Después de un amplio análisis del acuerdo del Ejecutivo Federal sobre las FFAA en tareas de seguridad pública, y de escuchar a OSC y a reconocidos constitucionalistas, considero que existen razones fundadas para solicitar a la @SCJN revise su constitucionalidad.
1/3— Laura_Rojas_ (@Laura_Rojas_) June 20, 2020
“Las Fuerzas Armadas, durante más de una década, han pedido que les demos un marco jurídico que dé certeza a su actuación y lo que busca la controversia es precisamente que se cumpla ese objetivo, y avanzar hacia un México con seguridad y en paz”, agregó.
Laura Rojas también destacó que el acuerdo deja el principio de fiscalización de las tareas de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública a los órganos de control de la Sedena y la Semar cuando la reforma establece que este debe ser realizado por “órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces”.
Desde el 12 de mayo, los elementos del Ejército y la Marina pueden ejecutar legalmente doce funciones de seguridad pública que por definición eran competencia exclusiva de los policías civiles en México, y que van desde la posibilidad de hacer detenciones por cuenta propia, hasta supervisar cruces migratorios o participar en operativos para “reestablecer el orden”.
Especialistas y organizaciones civiles advirtieron que el acuerdo presidencial no respeta dichas condiciones y por el contrario abre la puerta a una intervención amplia de los militares en la seguridad, sin fijar plazos claros, sin subordinación civil y sin controles externos.
