Piden a gobierno garantizar educación especial pese a extinción de fideicomisos
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ONG pide a gobierno que garantice educación especial pese a extinción de fideicomisos

Según organizaciones, la desaparición del fideicomiso afectaría al casi un millón de estudiantes que integran alguno de los programas no escolarizados o mixtos.
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16 de junio, 2020
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Ante la posible desaparición del Fideicomiso para el Bachillerato General en sus modalidades no escolarizada y mixta, organizaciones y colectivos exigen a las autoridades federales la creación de un servicio de educación especial que garantice la no desaparición de los programas que dependían de ese presupuesto.

La desaparición de dicho fideicomiso es posible debido a que en abril pasado entró en vigor el “Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos”, por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de Hacienda publicó el Nuevo Modelo de Contrato Fideicomisos 2020 que establece dos tipos de casos, el de la liquidación (extinción del fideicomiso) y el de los fideicomisos que seguirán operando.

Sin embargo, la dependencia no aclaró si el “Fideicomiso Bachillerato General en sus modalidades no escolarizada y mixta” será uno de los que continuarán.

Los programas que dependen de este fideicomiso son: Preparatoria Abierta y Educación Media Superior a Distancia; los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED); Mi entorno Virtual de Aprendizaje (MIEVA), y reactivos (adaptación de exámenes para personas con discapacidad). 

Lee: Trabajadores de programas educativos reclaman pagos atrasados; su sueldo provenía de fideicomisos eliminados por AMLO

En un manifiesto, la red “la disCAPACIDAD nos une”, integrada por decenas de organizaciones, colectivos y activistas de todo el país, señala que la desaparición de este fideicomiso afecta a casi un millón de jóvenes con discapacidad y/o en condiciones de vulnerabilidad. 

 De éstos, más de 300 mil son atendidos en la modalidad de educación no escolarizada y alrededor de 621 mil en educación especial. 

Las organizaciones argumentan que estos alumnos están en riesgo de perder sus únicas oportunidades de estudio actuales, y por ende, de crecimiento personal. 

Señalan que aunque las autoridades se comprometieron a trabajar para dar continuidad a los servicios educativos de preparatoria abierta y educación media superior a distancia, hasta el momento “no se ha planteado una fecha para ello ni se ha dado respuesta a las diversas peticiones por parte de estudiantes y familias que la solicitan”. 

Tampoco saben si las autoridades atenderán las urgentes necesidades de todos los programas educativos, en especial las de los alumnos de los CAED, “que constituyen una de nuestras principales preocupaciones”. 

De no garantizarse los espacios para la educación de las personas con discapacidad, las organizaciones señalan que, las autoridades estarían incumpliendo los acuerdos internacionales a los que México está adscrito en esta materia.

Lee: Clases por tv: lugares sin cobertura, temario distinto y sin educación especial, dicen maestros

Frente a este panorama, la disCAPACIDAD nos une pide al gobierno “la creación de un servicio de educación especial a nivel medio superior, en el que se respete la experiencia de los maestros, contratándolos como trabajadores de la educación al servicio del Estado”. 

De esta forma, se garantizarían los derechos tanto de alumnos como de trabajadores de los programas que hoy están a la deriva.

También solicitan brindar información a los alumnos (de los programas afectados) sobre los servicios educativos de los que serán ahora usuarios, así como de sus procesos de inscripción.

Y que las opciones educativas que se les ofrezcan sean diseñadas e impartidos por maestros especializados en educación especial o maestros que comprueben la formación y experiencia requeridos para eliminar las barreras de aprendizaje y participación de las y los alumnos.

Así como garantizar la cobertura del servicio educativo para estos estudiantes en todo el país. 

“Los que integramos el colectivo La Discapacidad Nos Une, manifestamos a ustedes nuestra preocupación por las barreras y dificultades que están ya enfrentando los jóvenes debido a las decisiones tomadas y ante el incumplimiento de lo establecido en las leyes mexicanas y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, exponen. 

El manifiesto fue enviado al secretario de Educación, Esteban Moctezuma y al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero a la fecha no ha habido respuesta de su parte. 

Lee: Maestros de Universidades del Bienestar denuncian irregularidades en pagos y contrataciones

Aunado al manifiesto, el colectivo creó una petición en la plataforma Change.org para recolectar firmas de apoyo al movimiento, bajo el lema:”Nadie atrás, nadie afuera”.

Animal Político buscó a la SEP para conocer su postura sobre el manifiesto y los avances sobre una solución al problema, pero hasta la publicación de esta nota se sigue en espera de su respuesta.   

Más de dos meses sin respuesta

A mediados de mayo, alrededor de 200 trabajadores de los sistemas educativos antes mencionados reportaron atrasos en sus pagos por la desaparición del fideicomiso.

Pese a esto, las y los afectados continuaron laborando de manera habitual, pero desde casa por la pandemia que enfrenta el país.

Desde el primer retraso de pago (16 de abril) los afectados solicitaron, por correo electrónico, información acerca del estatus del fideicomiso a las secretarías de Hacienda y de Educación Pública, pero ninguna de las dependencias contestó.

Por su parte, la Dirección General de Bachillerato (DGB) solicitó a las autoridades federales la aplicación del criterio de excepción para que el fideicomiso no desaparezca, pero tampoco tuvo respuesta.

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Elecciones de mitad de período en Estados Unidos: ¿por qué la esclavitud está en las boletas de 5 estados?

La abolición de la esclavitud en Estados Unidos se estableció en 1865. Pero hay excepciones en algunos lugares. Los votantes decidirán en las elecciones del próximo 8 de noviembre si las mantienen.
6 de noviembre, 2022
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Han pasado 157 años desde que Estados Unidos prohibió la esclavitud, entendida como el acto por el cual una persona es propiedad legal de otra. Sin embargo, existe una exención para los presos condenados.

En la mayor parte de Estados Unidos, la esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito.

Pero el 8 de noviembre, los votantes de cinco estados (Alabama, Luisiana, Oregón, Tennessee y Vermont) decidirán si eliminan estas exenciones de sus constituciones estatales en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.

El resultado podría permitir que los presos dejen de estar sujetos al trabajo forzoso.

Unos 800 mil encarcelados trabajan actualmente a cambio de unos centavos, o a cambio de nada en absoluto.

Siete estados no pagan a los trabajadores presos ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo.

Los partidarios del cambio dicen que se trata de un vacío legal que permite la explotación y que debe terminarse.

Pero los críticos argumentan que eliminar esa exención no es asequible económicamente y que podría tener consecuencias no deseadas en el sistema de justicia penal.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”

El sistema moderno tiene sus raíces en los siglos de esclavitud de los afroestadounidenses, dicen los investigadores de derechos humanos.

Curtis Ray Davis

Curtis Ray Davis
Davis escribió un libro sobre su experiencia en la cárcel de Luisiana.

En los años posteriores a la prohibición de la esclavitud, se aprobaron leyes que tenían como objetivo específico reprimir a las comunidades negras y que las obligaban a ingresar en prisiones donde se les exigiría que trabajaran.

En la actualidad, algunos estadounidenses negros encarcelados todavía se ven obligados a recoger algodón y otros cultivos en las plantaciones del sur donde sus antepasados fueron encadenados.

“Estados Unidos de América nunca tuvo un día sin esclavitud codificada”, dice Curtis Ray Davis II, quien pasó más de 25 años cumpliendo trabajos forzados en una prisión de Luisiana por un asesinato que no cometió, antes de ser indultado en 2019.

Davis tuvo una variedad de trabajos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana -apodada “Angola”, por el país del que fueron llevados muchos de los esclavos africanos a esa área.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”, describe Davis, a quien nunca le pagaron más de 20 centavos por hora por su trabajo. Fue “contra mi voluntad y a punta de pistola”, asegura.

Alrededor del 75% de los presos en la penitenciaría son negros, según Innocence Project, un grupo que trabaja para exonerar a los reos condenados injustamente.

Presos en una cárcel de Washington DC.

Getty Images

Argumentan que “Angola” es, esencialmente, un lugar donde la esclavitud estadounidense nunca terminó.

“Aunque la esclavitud se abolió, realmente fue solo una transferencia de propiedad de la esclavitud privada a, literalmente, una esclavitud sancionada por el estado”, afirma Savannah Eldrige de la Red Nacional Abolir la Esclavitud.

Su organización ha estado trabajando para ampliar el número de estados que prohíben la esclavitud sin excepciones y ha tratado de persuadir a los legisladores de Washington para que aprueben una ley similar que modifique la Constitución de Estados Unidos.

Colorado, Nebraska y Utah han aprobado medidas que prohíben todas las formas de esclavitud desde 2018.

Eldrige señala que el movimiento sumó el apoyo bipartidista, la única forma en que podría aprobarse en Utah y Nebraska, dominados por los republicanos.

En 2023, predice que las legislaturas de 18 estados votarán una legislación para prohibir la esclavitud.

“Consecuencias no deseadas”

Son pocos los opositores que se han manifestado en contra de los esfuerzos de los estados para eliminar el lenguaje de la esclavitud.

El movimiento encontró cierta resistencia por parte de los críticos que dicen que sería demasiado costoso pagar a los presos salarios adecuados, que no merecen la misma compensación, o que los cambios podrían perjudicar a los mismos reclusos.

Una votación en la legislatura de California para eliminar de la ley las referencias a la esclavitud fracasó este año después de que los demócratas, incluido el gobernador, advirtieran que pagar a los presos el salario mínimo estatal de US$15 por hora costaría más de US$1.500 millones.

Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

Getty Images
Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

La Asociación de Alguaciles de Oregón se opone también a la medida en ese estado, argumentando que conduciría a “consecuencias no deseadas” y a la pérdida de todos los “programas de resinserción”, que incluyen tareas mal pagadas como trabajar en la biblioteca, la cocina y la lavandería.

El grupo dice que les dan a los presos algo que hacer y “sirve como un incentivo para el buen comportamiento”, que es un factor durante las audiencias de libertad condicional.

Según ellos, existen dos problemas con la medida: que solo se aplica a los condenados, dejando fuera a las personas en prisión preventiva, y que podría significar el fin de cualquier programa penitenciario no autorizado específicamente por una sentencia judicial.

“Los alguaciles de Oregón no aprueban ni apoyan la esclavitud y/o la servidumbre involuntaria de ninguna forma”, asegura la asociación en un panfleto a los votantes, pero agrega que la aprobación de la medida “dará como resultado la eliminación de todos los programas de reinserción y el aumento de los costos para las operaciones carcelarias locales”.

Mano de obra penitenciaria

Los reclusos contribuyen a la cadena de suministro y la economía de muchas maneras, algunas de ellas sorprendentes.

Presos combatiendo el fuego.

Getty Images
Los presos son reclutados para combatir incendios forestales cada verano en algunos lugares del país.

Se les ha encargado hacer de todo, desde anteojos, placas de automóviles, hasta bancos de parques de la ciudad.

Procesan carne de res, leche y queso y trabajan en centros de soporte de llamadas para agencias gubernamentales y empresas importantes.

Puede ser difícil rastrear qué empresas utilizaron mano de obra penitenciaria, ya que el trabajo generalmente se realiza para un subcontratista.

El subcontratista luego vende los productos y servicios a grandes empresas que a veces desconocen su origen.

Las empresas que anteriormente se beneficiaron del trabajo penitenciario solo en Utah incluyen American Express, Apple, Pepsi-Co y FedEx, según un informe de junio de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Al menos 30 estados incluyen a los trabajadores penitenciarios en sus planes de operación de emergencia para desastres naturales y otros disturbios civiles.

Combaten incendios forestales en al menos 14 estados, según el informe de la ACLU.

“Necesarios pero no suficientes”

Sin embargo, es poco probable que la vida de los presos cambie de la noche a la mañana si los cinco estados con próximas votaciones respaldan un cambio.

“Estos referendos son necesarios pero no suficientes para acabar con la esclavitud”, opina Jennifer Turner, investigadora de derechos humanos de la ACLU.

Los tribunales aún tendrían que interpretar qué derechos tienen los trabajadores encarcelados y si obtendrán beneficios, como licencia por enfermedad.

Penitenciaría en Washington DC.

Getty Images

En los estados que eliminaron previamente la exención para este tipo de esclavitud hubo resultados variados.

En Colorado, un preso demandó al estado, argumentando que se estaba violando la prohibición de la esclavitud.

Pero un tribunal dictaminó en agosto que los votantes no tenían la intención de abolir todo el trabajo penitenciario y desestimó el caso.

Una cárcel en Nebraska comenzó a pagar a los reclusos entre US$20 y US$30 por semana después de que se eliminó la exención allí, según el diario The New York Times.

Se esperan más demandas legales a medida que los presos continúan presionando por derechos y protecciones.

Davis, quien fue encarcelado por error en Luisiana, dice que quitar la exención de la esclavitud para los presos eliminará un “incentivo” para que su estado natal encarcele a sus ciudadanos.

“Creo que cualquier persona de conciencia que entienda la ley de propiedad, sabe que los seres humanos no deben ser propiedad de otras personas”, le dice a la BBC.

“Y ellos no deberían ser propiedad del estado de Luisiana”.


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