La mitad de los policías en México paga parte de su propio equipo
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La mitad de los policías en México paga su propio equipo; 20% no recibe ni prácticas de tiro

En promedio, los agentes estatales ganan 11 mil pesos al mes, de los cuales invierten una parte en botas, uniformes o balas. En estados como Veracruz, la mitad de los policías ponen de su bolsa para tener un chaleco antibalas.
Cuartoscuro
25 de junio, 2020
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Los policías en México sobreviven no solo ante el creciente embate de la delincuencia, sino a sus propias carencias: salarios que no rebasan los 11 mil pesos y con los que además hay que reponer el equipo que les dan incompleto; falta de entrenamiento básico como prácticas de tiro que 1 de cada 5 policías nunca ha recibido; nulo crecimiento, pocos ascensos, abusos de jefes, insultos, desprecio.

En medio de la peor crisis de violencia de la que haya registro, las carencias de los policías estatales en el país se profundizan. El resultado: nula eficacia en el combate al crimen, constantes fallas y violaciones a derechos humanos, y una desconfianza permanente de la ciudadanía. Ello mientras al año se destinan millones de pesos a fondos de seguridad que no solo se quedan cortos, sino que se invierten mal.

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El informe “¿Qué piensa la policía?” publicado por la organización civil Causa en Común documenta la crisis que enfrentan las fuerzas de seguridad del país a partir de una encuesta realizada a casi cinco mil elementos de las corporaciones estatales. Se trata de carencias que por años vienen arrastrando las fuerzas de seguridad, y que no se revierten pese a los cambios de gobierno. 

Y aun cuando en 2019 se diseñó y aprobó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que reconoce esta crisis y diseña un plan para darle la vuelta, no ha recibido recursos a casi un año de su aprobación. En cambio, se continúa apostando política y presupuestalmente a la estrategia de militarización. 

“Lo que hay es un desprecio político total a la policía. Se les reclama que no dan resultados, que cometen abusos… pero no se les prepara para que no ocurra”, dice Luis de la Barreda, especialista en derecho penal y expresidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos de la capital.

Bajos salarios, equipo incompleto

El informe de Causa en Común arroja que al cierre del año pasado los policías estatales en México percibían un salario promedio de 11 mil 787 pesos mensuales. Pero la realidad no es la misma para todos: aproximadamente 4 de cada 10 uniformados tienen un ingreso mensual inferior a los 10 mil pesos.

Los estados con los salarios más bajos para sus agentes son Oaxaca, donde perciben 7 mil 346 pesos; Tlaxcala, donde ganan 8 mil 556 pesos; Chiapas, con 8 mil 645 pesos; Hidalgo, donde los agentes reciben 9 mil 343 pesos; y Campeche, con 9 mil 418 pesos.

Solo existen dos estados en el país donde los policías estatales perciben un salario base superior a los 15 mil pesos: Baja California, donde ganan 18 mil 201 pesos mensuales, y San Luis Potosí, donde perciben 15 mil 434 pesos.

Un problema que agrava más la precariedad salarial es que, al menos, la mitad de los uniformados deben invertir parte de su propio sueldo para adquirir el equipo básico con el que deberían de contar.

El análisis revela, por ejemplo, que a nivel nacional el 51% de los policías en promedio deben invertir de su bolsa para adquirir su calzado y sus botas, y en estados, como Veracruz, Sonora y Chihuahua, 8 de cada 10 agentes gastan parte de su salario en ello.

El 44% de los policías estatales compran con su dinero las fornituras para sus accesorios y el 42% tiene que invertir si quiere un segundo uniforme. Uno de cada tres policías en México debe comprar la papelería para sus informes y uno de cada cuatro paga la reparación de su patrulla.

Los policías incluso deben costear materiales que son vitales para su propia seguridad. Por ejemplo, el 25% de los agentes a nivel nacional ha puesto de su salario para adquirir cartuchos para sus armas. Hay entidades donde esto es mucho más grave, como Zacatecas donde el 69% de los policías estatales debe invertir en ello, en Coahuila el 59%, y en Sonora el 54%.

Incluso, al menos 1 de cada 10 policías en el país dijo que ha tenido que invertir de su bolsa para un chaleco antibalas, y los casos más graves son Veracruz, donde la mitad de los policías estatales costea con su salario dicho elemento, mientras que en Chihuahua, Estado de México y Tamaulipas una cuarta parte de los elementos dice que ha puesto de su dinero para este equipo.

En cuanto a prestaciones, el análisis de la organización revela que cerca del 10% de los policías no cuenta con aguinaldo, que es uno de los derechos laborales básicos. Y pese al riesgo que representa su trabajo, menos de la tercera parte de los agentes estatales cuenta con apoyo para gastos funerarios o con seguros de gastos médicos mayores.

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No los enseñan ni a disparar

Otro grave déficit que retrata el análisis de Causa en Común se encuentra en la capacitación de los policías estatales en las funciones más básicas.

Por ejemplo, el 21% de los entrevistados en el país reconoció que nunca ha recibido una práctica de tiro. En promedio es 1 de cada 5 policías que hoy están en las calles. Hay tres casos extremos: el de Zacatecas, Tamaulipas y Campeche, donde más del 50% de los policías encuestados dice que nunca ha ido a un campo de tiro.

Otro 36% de los policías a nivel nacional refiere que sí ha tenido una práctica de tiro, pero solamente una vez en un periodo de dos a tres años. Menos de la mitad de los agentes, el 43%, reportan haber recibido mas de una práctica de tiro al año.

Las deficiencias siguen: una quinta parte de los policías entrevistados a nivel nacional dice que no recibió capacitación sobre la forma correcta y legal de detener a una persona, ni tampoco recibió capacitación sobre el uso adecuado de la fuerza.

Una tercera parte de los policías estatales carece de capacitación adecuada para manejar una patrulla en condiciones como una persecución, mientras que casi la mitad de los uniformados no ha sido entrenado ni en recepción de denuncias, ni en proporcionar primeros auxilios.

Ascensos no, abusos sí

La mayor parte de los policías estatales, prácticamente 7 de cada 10, dice que nunca ha recibido un ascenso ni un estímulo económico.

Los casos más graves son los de Campeche, Querétaro, Durango, Sinaloa y Baja California Sur, donde el 90% o más de los policías encuestados no ha recibido un solo ascenso en su trayectoria.

Lo que sí ocurre con frecuencia es que a los policías se les pide realizar labores que son totalmente ajenas a su función e incluso implican actos de corrupción. Por ejemplo, el 21% de ellos dice que sus jefes les pidieron hacer “encargos personales”, mientras que el 12% dice que tuvo que pagar una “cuota”.

¿Para que es el pago de esa cuota? Los agentes refieren que a veces es para que se les pueda asignar una patrulla, para no cambiarlos de adscripción o no aplicarles un castigo, para recibir un ascenso, o para disminuir sus horarios laborales que en muchos casos son jornadas de días completos.

Y aunque el informe no da a conocer una proporción, dice que hay policías que reportan que sus mandos les piden tener “relaciones con ellos”. En tanto, un 5% de los agentes dice haber recibido órdenes de sus jefes para torturar a detenidos

Finalmente, el 54% de los policías entrevistados en el país sostiene que se siente discriminado por la sociedad y hay entidades como Baja California Sur o Ciudad de México donde ese porcentaje es de casi 75%.

Simulación y malgasto de recursos

De acuerdo con los especialistas, los malos resultados en el combate a la delincuencia y los abusos en que con frecuencia se ven involucrados los policías (desde detenciones arbitrarias hasta ejecuciones extrajudiciales) tienen origen en las deficiencias en capacitación y preparación que padecen desde hace años nuestras fuerzas de seguridad.

“Los bajos salarios, los horarios inhumanos, la falta de una capacitación mínima, el que no sepan si quiera tirar bien un arma o manejar una patrulla. Esto lo que nos hace ver es que hay un gran desprecio de la actividad policial. Les exigimos mucho lo cual está bien pero no es razonable pensar que lo puedan hacer si no se les prepara para ello”, dice Luis de la Barreda.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, dijo que la razón detrás de los abusos policiales es la falta de protocolos, de mecanismos de rendición de cuentas, de una adecuada capacitación y certificación de funciones básicas, de controles y de profesionalización.

Los expertos coinciden en que para darle la vuelta a todo ello se requiere de una reforma policial que impulse un verdadero servicio profesional de carrera. Los gobiernos lo saben ya que así se contempló en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que está a punto de cumplir un año de haber sido aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad.

“Pero lo que no existe realmente es voluntad política para que dichos acuerdos se cumplan. Se requiere de un acuerdo político para que el compromiso del consejo de seguridad se lleve a cabo. Mientras eso no ocurra; mientras ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales presionen, el Modelo Nacional continuará siendo una simulación. Una idea a la que no se le proporcionan recursos para poder ejecutarse”, dijo Morera.

Los especialistas consideraron que la política de militarización de la seguridad pública, con la participación de las Fuerzas Armadas y la formación bajo su tutela de la Guardia Nacional, no solo es insuficiente para restaurar la seguridad en el país sino que, además, ha contribuido al abandono en que hoy se encuentran las policías civiles.

En el caso específico de la falta de equipos que tienen que costear los policías, los especialistas consideraron que es urgente que se revise la forma en que se gastan los recursos que se destinan a fondos federales de seguridad como el FASP. 

Animal Político publicó el 23 de junio que la mayor parte de dicho fondo se destina justamente a la adquisición de infraestructura, y aun así resulta insuficiente para los agentes. Ello sumado a que luego de transcurrida la tercera parte de 2020, solo se había ejercido un 3% de dicho dinero.

“Nosotros analizamos como se había ejercido el recurso de FASP en un periodo de cinco años y la conclusión a la que llegamos es que son fondos insuficientes, que incluso se han reducido en términos reales pero que además no se ejercen en su totalidad. Hay subejercicios. Y eso surge por problemas de coordinación, de planeación y asignación de los recursos. En síntesis: se gasta poco y se gasta mal”, dijo David Blanc, investigador de Causa en Común.

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¿Por qué tantos niños mueren en Brasil por COVID-19?

La pandemia no da tregua en Brasil y estudios muestran que las cifras oficiales pueden ser menores respecto a la cantidad de niños fallecidos por el virus. Una madre relata como perdió a su hijo porque no consiguió que la enfermedad fuera detectada a tiempo.
15 de abril, 2021
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Un año después de la declaratoria de la pandemia del coronavirus, las muertes en Brasil se encuentran en su punto máximo.

Sin embargo, a pesar de la abundante evidencia de que la COVID-19 rara vez mata a niños pequeños, en la nación sudamericana han fallecido más de 800 menores por esa enfermedad, según cifras oficiales. Y esas cifras pueden ser mayores, de acuerdo a estudios.

Uno de esos casos tiene que ver el hijo de un año de la profesora Jessika Ricarte, al que un médico se negó a realizar una prueba bajo el argumento de que sus síntomas no se ajustaban al perfil del coronavirus.

Dos meses después, el menor murió por complicaciones asociadas con la enfermedad. Sucedió en Tamboril, una ciudad en el estado de Ceará, en el noreste de Brasil.

La historia

Luego de un par de años de intentos y tratamientos de fertilidad fallidos, Ricarte casi había renunciado a tener una familia hasta que quedó embarazada de Lucas.

“Su nombre proviene de ‘luminoso’. Y fue una luz en nuestra vida. Demostró que la felicidad era mucho más de lo que imaginamos”, cuenta.

El primer cumpleaños de Lucas.

Jessika Ricarte
El primer cumpleaños de Lucas.

Primero sospechó que algo andaba mal cuando Lucas, que siempre tenía buen apetito, dejó de sentir hambre.

Jessika se preguntó entonces si era debido a que le estaban saliendo los dientes.

La madrina de Lucas, una enfermera, sugirió que podría tener dolor de garganta. Pero después de que desarrolló fiebre, luego fatiga y dificultad para respirar, la madre lo llevó al hospital y pidió que le hicieran la prueba de COVID-19.

“El médico puso el oxímetro. Los niveles (de oxígeno) de Lucas eran del 86%. Ahora sé que eso no es normal”, dice Jessika.

Como no tenía fiebre, el médico dijo: “No se preocupe, no hay necesidad de una prueba de COVID-19. Probablemente sea solo un dolor de garganta leve”.

Le afirmó a Jessika que el coronavirus era raro en los niños y solo le dio algunos antibióticos.

A pesar de las sospechas de la madre, no había ninguna opción para que Lucas hiciera una prueba en laboratorios privados en ese momento.

Y Ricarte relata que algunos de sus síntomas se disiparon al final de su tratamiento de antibióticos de 10 días, pero el cansancio permaneció.

Lucas

Jessika Ricarte
Jessika tomaba videos de su hijo y las enviaba a familiares porque estaba preocupada por su condición.

“Le envié varios videos a su madrina, a mis padres, a mi suegra, y todos decían que estaba exagerando, que debía dejar de ver las noticias, que me estaba volviendo paranoica. Pero yo sabía que mi hijo no era el mismo, que no respiraba normalmente”, recuerda.

Inesperado

Era mayo de 2020 y el contagio del coronavirus estaba creciendo. Dos personas ya habían muerto en la ciudad donde vive Ricarte.

“Todos se conocen aquí. La ciudad estaba en shock“, afirma.

Israel, el esposo de Jessika, estaba preocupado de que una visita al hospital pudiera aumentar el riesgo de que ella o el hijo de ambos se infectaran con el virus.

Pasaron las semanas y Lucas se volvió cada vez más somnoliento. Finalmente, el 3 de junio, el pequeño vomitó una y otra vez después de almorzar y Ricarte entendió que tenía que hacer algo.

Regresaron al hospital donde el médico examinó a Lucas para evaluar si se trataba de un contagio de COVID-19.

La madrina de Lucas, que trabajaba allí, le dio la noticia a la pareja de que el resultado de la prueba era positivo.

“En ese momento, el centro de salud ni siquiera tenía un reanimador clínico”, dice Jessika.

El menor fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos pediátricos en la ciudad de Sobral, a más de dos horas de distancia, donde le diagnosticaron una afección llamada síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS, por su sigla en inglés).

Se trata de una respuesta inmune extrema al virus que puede causar inflamación severa de órganos vitales.

Niños

Los expertos dicen que el síndrome, que afecta a los niños hasta seis semanas después de que se infectan con el coronavirus, es un fenómeno raro.

Sin embargo, la reconocida epidemióloga de la Universidad de Sao Paulo Fatima Marinho dice que, durante la pandemia, está viendo más casos de PIMS que nunca antes.

Lucas

Jessika Ricarte

Cuando Lucas fue intubado, a Jessika no se le permitió quedarse en la misma habitación. Llamó a su cuñada para intentar distraerse de la preocupación.

“Podíamos escuchar el sonido de la máquina (de la unidad de cuidados intensivos), el ‘bip’. Hasta que la máquina se detuvo y escuchamos ese pitido constante. Y sabemos que eso sucede cuando la persona muere. Después de unos minutos, la máquina comenzó a funcionar nuevamente y comencé a llorar”, cuenta.

La doctora Manuela Monte, la pediatra que trató a Lucas durante más de un mes en la unidad de cuidados intensivos de Sobral, afirmó que le sorprendió que la condición del niño fuera tan grave porque no tenía ningún factor de riesgo.

La mayoría de los menores afectados por coronavirus tienen enfermedades o trastornos (afecciones existentes como diabetes o problemas cardiovasculares) o sobrepeso, según Lohanna Tavares, infectóloga pediátrica del Hospital Infantil Albert Sabin en Fortaleza, la capital del estado de Ceará.

Pero ese no fue el caso de Lucas.

Durante los 33 días que Lucas estuvo en cuidados intensivos, a Jessika solo se le permitió verlo tres veces.

Lucas's parents, Israel and Jessika

BBC

Lucas necesitaba inmunoglobulina, un medicamento muy caro, para desinflamar su corazón.

Afortunadamente un paciente adulto que había comprado donó una ampolla sobrante al hospital.

Lucas estaba tan enfermo que necesitó recibir una segunda dosis. Desarrolló una erupción en su cuerpo y tenía fiebre persistente. Necesitaba apoyo para respirar.

Luego el niño comenzó a mejorar y los médicos decidieron sacarle el tubo de oxígeno. Hicieron videollamadas a Jessika e Israel para que no se sintiera solo cuando recuperara la conciencia.

“Cuando escuchó nuestras voces se puso a llorar“, relata la madre.

Era la última vez que la pareja vería a su hijo reaccionar. Durante la siguiente videollamada “tenía la mirada paralizada”.

El hospital solicitó una tomografía computarizada y descubrió que Lucas había tenido un derrame cerebral.

Pese a ello, a la pareja se le dijo que Lucas se recuperaría bien con la atención adecuada y que pronto sería trasladado a una sala general.

Cuando Jessika e Israel fueron a visitarlo, el médico estaba tan esperanzado como ellos, cuenta la mujer.

“Esa noche, puse mi celular en silencio. Soñé que Lucas se me acercó y me besó la nariz. Y el sueño fue un gran sentimiento de amor, gratitud y me desperté muy feliz. Luego vi mi celular y vi las 10 llamadas que había hecho el médico”, narra.

Jessika

BBC
Jessika Ricarte

El doctor encargado le dijo a Jessika que la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno de Lucas habían bajado repentinamente y que había muerto temprano esa mañana.

Ella está segura de que si le hubieran hecho una prueba cuando ella la solicitó, a principios de mayo, habría sobrevivido.

“Es importante que los médicos, incluso si creen que no es coronavirus, hagan el examen para eliminar la posibilidad”, dice.

Indica que “un bebé no dice lo que siente, así que todo depende de las pruebas“.

Un menor en una sala de cuidados intensivos

BBC
Un menor en una sala de cuidados intensivos.

Jessika cree que la demora en el tratamiento adecuado agravó la condición de su hijo.

“Lucas tuvo varias inflamaciones, el 70% del pulmón estaba comprometido, el corazón aumentó en un 40%. Era una situación que podría haberse evitado”, indica.

La doctora Monte está de acuerdo. Ella dice que aunque una situación de PIMS no se puede prevenir, el tratamiento es mucho más exitoso si la condición se diagnostica y se trata temprano.

“Cuanto antes hubiera recibido atención especializada, era mejor. Llegó al hospital ya críticamente enfermo. Creo que podría haber tenido un resultado diferente si lo hubiéramos tratado antes”, señala.

Jessika ahora quiere compartir la historia de Lucas para ayudar a otras personas que pueden prevenir esa clase de síntomas críticos en los menores.

“En el caso de todos los niños que conozco y fueron salvados por alguna advertencia mía, la madre me dice: ‘Vi tus publicaciones, llevé a mi hijo al hospital y ahora está en casa’. Es como si fuera una parte de Lucas“, cuenta.

Los médicos usan teléfonos móviles para que los menores puedan verse con sus familiares.

BBC
Los médicos usan teléfonos móviles para que los menores puedan verse con sus familiares.

El problema

Existe la idea errónea de que los niños corren cero riesgo de un contagio de coronavirus, según Fatima Marinho, quien también es asesora principal de la ONG de salud Vital Strategies.

La investigación de la doctora sostiene que un número sorprendentemente alto de niños y bebés fueron afectados por la enfermedad.

Entre febrero de 2020 y el 15 de marzo de 2021, la COVID-19 mató al menos a 852 niños de Brasil, incluidos 518 bebés menores de un año, según cifras del Ministerio de Salud de ese país.

Pero la experta estima que más del doble de esta cantidad de niños murieron a causa de esa enfermedad dado que, señala, existe un problema grave de bajo registro debido a la falta de pruebas que reduce las cifras.

Marinho revisó el exceso de muertes por síndrome respiratorio agudo durante la pandemia y encontró que hubo al menos 10 veces más muertes que en años anteriores.

Considerando esas estimaciones sostiene que el virus mató a un aproximado de 2.060 niños menores de nueve años, incluidos 1.302 bebés.

¿Qué está pasando?

Los expertos señalan que la gran cantidad de casos de coronavirus en Brasil, el segundo en cantidad de contagios más alto del mundo, elevó la probabilidad de que bebés y niños se vean afectados.

“Por supuesto, cuantos más casos tengamos y, por ende, más hospitalizaciones, mayor será el número de muertes en todos los grupos de edad, incluidos los niños. Pero si se controlara la pandemia, este escenario evidentemente podría minimizarse“, explica Renato. Kfouri, presidente del Departamento Científico de Inmunizaciones de la Sociedad Brasileña de Pediatría.

Dr Cinara Carneiro

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Dra Cinara Carneiro

Una tasa de infección tan alta sobrepasó el sistema de salud de Brasil. En todo el país, el suministro de oxígeno está disminuyendo, hay escasez de medicamentos básicos y en muchas unidades de cuidados intensivos de todo el país simplemente no hay más camas.

El presidente Jair Bolsonaro todavía se opone a los encierros estrictos y se estima que la tasa de infección está siendo impulsada por la variante llamada P.1, considerada más contagiosa y posiblemente surgida en el norte de Brasil.

En marzo murió el doble de personas que en cualquier otro mes de la pandemia y la tendencia al alza continúa.

Otro problema que impulsa las altas tasas de contagios en los niños es la falta de exámenes.

Marinho dice que para los menores es usual que el diagnóstico llegue demasiado tarde, cuando ya están gravemente enfermos.

“Tenemos un grave problema en la detección de casos. No tenemos suficientes pruebas para la población en general, menos aún para los niños. Debido a que hay un retraso en el diagnóstico, hay un retraso en la atención del menor”, explica.

Esto no se debe solo a que exista poca capacidad de prueba, sino también a que es más fácil pasar por alto, o diagnosticar erróneamente, los síntomas de los niños que padecen COVID-19, ya que la enfermedad tiende a presentarse de manera diferente en las personas más jóvenes.

Una salubrista en Brasil

Departamento de Salud de Ceará

“Un niño tiene mucha más diarrea, mucho más dolor abdominal y dolor en el pecho que el visto en un cuadro clásico de COVID-19. Debido a que hay un retraso en el diagnóstico, cuando el menor llega al hospital está en una condición grave y puede complicarse y morir”, señala Marinho.

Problemas sociales

Aunque todo esto también se trata de pobreza y acceso a la atención médica.

Un estudio de 5 mil 857 pacientes con COVID-19 menores de 20 años, realizado por pediatras brasileños dirigido por la Facultad de Medicina de Sao Paulo identificó tanto las enfermedades de base como las vulnerabilidades socioeconómicas como factores de riesgo para el peor resultado en menores.

Marinho está de acuerdo en que este es un factor importante.

“Los más vulnerables son los niños afrodescendientes y los menores de familias muy pobres, ya que tienen más dificultades para acceder al auxilio. Estos son los niños con mayor riesgo de muerte”, indica.

Ella dice que esto se debe a que las condiciones de vivienda hacinadas hacen que sea imposible distanciarse socialmente cuando se infectan, y porque las comunidades más pobres no tienen acceso a una unidad de cuidados intensivos local.

Estos niños también corren riesgo de desnutrición, lo que es “terrible para la respuesta inmunológica”, afirma Marinho.

Cuando se detuvieron las subvenciones en medio de la pandemia, millones volvieron a entrar en graves problemas de subsistencia.

“Pasamos de 7 millones a 21 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza en un año. Así que la gente también pasa hambre. Todo esto tiene un impacto en la mortalidad”, afirma la experta.

Braian Sousa, líder de la investigación de la Universidad de Sao Paulo, dice que su estudio identifica ciertos grupos de riesgo entre los niños a los que se debe dar prioridad para la vacunación. Aunque actualmente, no hay vacunas disponibles para menores de 16 años.


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