Protección de Áreas Naturales Protegidas, en vilo por ajuste al presupuesto
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Foto: Cortesía Javier de la Maza/Natura

Protección de Áreas Naturales Protegidas en México está en vilo por ajuste al presupuesto

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) llegó a sus 20 años de creación con el presupuesto más bajo de su historia. Esos recursos podrían reducirse aún más.
Foto: Cortesía Javier de la Maza/Natura
Por Thelma Gómez Durán/Mongabay Latam
9 de junio, 2020
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La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) llegó a sus dos décadas de existencia, que cumplió el pasado 5 de junio, con el presupuesto más bajo de su historia, pero también con la amenaza de tener aún menos recursos para el segundo semestre del 2020.

En los últimos cuatro años, el presupuesto destinado a la Conanp, organismo descentralizado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha ido en picada: en 2016 contó con 1300 millones de pesos (poco más de 60 millones de dólares), uno de los años en los que tuvo más recursos; para 2020 se le otorgó 867 millones de pesos (un poco más de 40 millones de dólares).

Lee: Poco presupuesto, deforestación y defensores asesinados: las deudas ambientales de México en 2019

Este monto se reducirá aún más con el ajuste presupuestal que el gobierno federal busca implementar, después del decreto publicado el pasado 23 de abril, donde se establece que “no se ejercerá el 75 % del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros”. Es decir, no se tendrán recursos para gastos de operación relacionados con la renta de oficinas, papelería, gasolina, mantenimiento o viáticos.

Archipielago de Revillagigedo-Foto: Napoleon Fillat-Conanp

Foto: Napoleón Fillat/CONANP

Además de estos ajustes presupuestales, hasta el pasado viernes 5 de junio, la Conanp tenía “congelados”, por la Secretaría de Hacienda, recursos que se destinan a proyectos como el llamado “Sinergia +” que la institución tiene con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Si esos recursos no se liberan en los próximos días, no se podrá renovar el contrato de 150 consultores técnicos, de los 235 que forman parte del programa con el PNUD, explicó en entrevista con Mongabay Latam, Roberto Aviña Carlin, comisionado de la Conanp.

De los 150 consultores técnicos muchos son guardaparques o trabajan en campo con las comunidades que se encuentran dentro y alrededor de las áreas naturales protegidas.

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Reajuste institucional

El programa Sinergia + —cuya vigencia es hasta 2022— tiene como objetivo fortalecer el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas. Además, permite a México cumplir con diversos compromisos establecidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica, en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, entre otros.

El 30 de junio se termina el contrato semestral de gran parte de estos consultores técnicos del programa con el PNUD, por lo que en los próximos días tendría que definirse si se contará con los recursos necesarios para la renovación de sus contratos.

“Estamos en una situación complicada”, reconoce el comisionado, quien explica que la Conanp transfiere el dinero al PNUD para que este organismo contrate a los consultores. “Desafortunadamente —señala Aviña— no son funcionarios de Conanp, su relación contractual es con el PNUD, así se ha llevado durante muchos años”.

Aviña asegura que se está revisando el presupuesto que se tenía para otros programas; además, están en reuniones con funcionarios de Hacienda para encontrar la manera de tener los recursos que permitan renovar el contrato a los 150 consultores del programa del PNUD.

Apicultores Campeche

Foto: Thelma Gómez Durán

Uno de los presupuestos que se han visto obligados a revisar, en este contexto, es el del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes), el cual subsidia proyectos en las comunidades que se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas o en su zona de influencia.

Este programa ya operaba con menos presupuesto, si se compara con otros años. En 2019, la Conanp transfirió a programas de subsidios —incluyendo el que tiene con el PNUD— 420 millones de pesos (19 millones de dólares). Para 2020 solo recibió 310 millones de pesos (14 millones de dólares) para estas acciones.

De acuerdo con datos de la misma Conanp, a principios de este año se aprobaron 1280 proyectos presentados por las comunidades para recibir recursos del Procodes. Sin embargo, a partir de los ajustes presupuestales, Aviña explicó que se revisan cada uno de esos proyectos para determinan cuáles podrán seguir y en cuáles se hará una reducción del dinero que originalmente se aprobó.

Con los recursos del Procodes se apoyan proyectos relacionados con el desarrollo de actividades productivas —como la apicultura—, el combate a los incendios, la restauración ambiental, el monitoreo biológico, entre otras acciones.

En la entrevista, el comisionado reconoció que aunque la institución reestructure algunos programas y busque la mayor eficiencia, el ajuste presupuestal del 75 % en los gastos de operación tendrá un fuerte impacto. De concretarse esa reducción, la Conanp no podrá operar “de manera óptima”.

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Quedarse sin gasolina

El pasado 5 de junio, fecha en que se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, el titular de la Semarnat, Víctor Toledo anunció que se estableció una mesa de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, para “arreglar” el tema del presupuesto en el sector ambiental.

Días antes, pero sobre todo ese mismo 5 de junio, en las redes sociales se difundieron cartas y manifiestos de más de 60 organizaciones civiles, investigadores, conservacionistas e incluso extitulares de la Sermanat. En estos pronunciamientos se solicitaba —y en algunos casos se exigía— al gobierno federal detener los recortes al presupuesto de las dependencias ambientales, en especial al de la Conanp.

Incluso se abrió una petición en Change.org, para solicitar al presidente el “Restablecimiento del presupuesto de la Conanp”. Hasta el domingo 7 de junio, más de 17 000 personas firmaron la iniciativa.

Algunas organizaciones no gubernamentales destacaron la incongruencia de disminuir el presupuesto en el sector ambiental y, al mismo tiempo, destinar recursos para megaproyectos como el llamado Tren Maya —cuyas obras ya comenzaron, sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental— y la Refinería Dos Bocas.

En la entrevista con Mongabay Latam, Roberto Aviña aseguró que a la Secretaría de Hacienda, así como al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se les entregó un análisis sobre todo lo que estaría en riesgo, en caso de que el sector ambiental no cuente con los recursos necesarios para operar.

En el caso de la Conanp, señaló, el reducir al 75 % los gastos de operación implicaría que no se cuente con recursos para hacer gran parte del trabajo de campo que permite combatir incendios forestales, evitar la propagación de plagas, realizar monitoreo y trabajar con las comunidades en el cuidado y vigilancia de las áreas naturales protegidas.

“Estaría en riesgo la operatividad básica de la Conanp”, apuntó Aviña, quien además resaltó que la institución enfrenta 406 litigios jurídicos relacionados con demandas por la expropiación de terrenos o con inconformidades con los programas de manejo de las áreas naturales protegidas. Esa defensa legal se complicaría si no se cuenta con recursos suficientes.

Para Luis Fueyo, quien estuvo al frente de la Conanp de 2010 a 2015, de concretarse la disminución del presupuesto “se estaría inmovilizando a la Conanp”.

Fueyo identifica que las áreas naturales protegidas más sensibles a este recorte, por la fuerte presión que existe sobre ellas, son la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, el Parque Nacional Huatulco, la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’ an, el Parque Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuk, la Meseta de Cacaxtla, la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California, entre otros. “Son lugares —comenta— en donde ha costado mucho trabajo construir un tejido social para que los recursos naturales se conserven”.

Para Ernesto Enkerlin, quien fue titular de la Conanp entre 2001 y 2010, los recortes al presupuesto de la institución impactarán en el trabajo de conservación que se realiza con las comunidades.

Enkerlin resalta que el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes), uno de los que se afectarán con los recortes, ha sido el detonador de proyectos productivos exitosos, por ejemplo, iniciativas de ecoturismo que han beneficiado directamente a comunidades rurales e indígenas. Si este programa se debilita, advierte, se dará un golpe al trabajo de conservación que se hace con las comunidades.

Lee el reportaje completo en Mongabay Latam

 

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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